Nathan Rothschild, hijo de la famosa familia de banqueros y uno de los magnates más grandes de todos los tiempos, con su célebre frase, sintetizó una verdad inmutable: «Dénme el control del dinero de una nación y no me importa quién dicte sus leyes». El dinero no solo corrompe, sino que condiciona el rumbo político de un país. Hoy, las revelaciones del financiero Hayden Mark Davis dan cuenta de una realidad inquietante: «Le mando plata a Karina y Milei firma todo lo que quiero». Una afirmación de esta naturaleza desnuda el grado de permeabilidad del poder político frente a los intereses privados, y coloca a la ciudadanía en una posición de absoluta indefensión. Y la prueba de que Milei le firma lo que quiera la da el mismísimo presidente con su tweet, que choca con los principios legales más básicos.

A este respecto, la Ley de Ética Pública (Ley 25.188) regula el comportamiento ético de los funcionarios públicos y establece en su artículo 2 que estos deben priorizar el interés público sobre el privado. En su inciso g), se prohíbe expresamente el uso de bienes, servicios o información oficial para promover productos o empresas privadas. Aquí surge un punto crucial: la ley menciona el verbo “promover”, y es probable que esta misma distinción semántica haya sido el detonante de la estrategia discursiva de Milei, que insiste en que no “promovió” sino que simplemente “difundió” la criptomoneda. Un matiz aparentemente sutil, pero que podría ser utilizado para eludir las implicancias de la ley, dado que promueve implica un respaldo activo y un incentivo, mientras que difundir podría entenderse como un acto informativo sin connotaciones de apoyo directo. Sin embargo, la diferencia es insignificante cuando los efectos de esa difusión son tan devastadores.

En este caso, el engaño mediante redes sociales dirigido a un público confiado, derivó en un perjuicio millonario. Antes los niños jugaban al Estanciero, un juego donde simulaban negocios inmobiliarios y agroganaderos, arriesgando fortunas ficticias en función del azar. Hoy, las criptomonedas han reemplazado esos billetes de colores, pero con consecuencias reales: las personas apuestan como si fuese un juego, sin notar que los dados están cargados por quienes manejan el mercado. El hecho de que la publicidad engañosa incluyera un hipervínculo que direccionaba a los usuarios a una plataforma especulativa desconocida no es un dato menor. Esa acción fue determinante para que miles de personas depositaran su confianza (y su dinero) en una estructura financiera sin respaldo.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que el involucrado promueve inversiones dudosas. Existe un antecedente que no puede ser ignorado: antes de asumir la presidencia, Milei ya había impulsado otra inversión en una criptomoneda ignota, que también resultó ser un fiasco. En aquella oportunidad, incluso admitió haber recibido una compensación económica por dicha promoción. Este dato resulta clave para analizar su responsabilidad subjetiva: no se trata de un desconocimiento técnico, sino de una conducta reiterada que denota dolo (entendido como conocimiento e intención). Eso sin contar las seis reuniones que los gerenciadores de Libra mantuvieron con su hermana, Karina, y que le impiden alegar cualquier hipótesis de desconocimiento.

Más preocupante aún es la conexión que surge entre el financiero Davis y la estructura de toma de decisiones del gobierno. La afirmación de que «Milei firma todo lo que quiero» plantea una cuestión estructural sobre la captura del Estado y el vaciamiento del interés público en favor de una minoría privilegiada.

La situación es grave y el mensaje es claro: cuando el dinero compra voluntades, las leyes se convierten en una mera formalidad. Hoy, la responsabilidad recae no solo en la Justicia, sino en la sociedad toda, que debe exigir explicaciones y respuestas concretas. Si Karina Milei es efectivamente el «jefe», la pregunta ya no es solo quién gobierna, sino para quién se gobierna.

La Justicia no puede mostrarse indiferente ante una presunta estafa de tamaña envergadura. Más aún, la opinión pública debe presionar para que los organismos de control y el Poder Legislativo cumplan con su rol de equilibrio institucional. La impunidad no es una opción.

Mientras tanto, a las consecuencias legales, se suman aquellas en el frente político: «la credibilidad se gana por gramos y se pierde por kilos» reza la popular frase. La confianza en las instituciones y en quienes ejercen el poder se construye con pequeños actos de transparencia y coherencia, pero se derrumba de manera estrepitosa ante un solo hecho de corrupción. La ciudadanía, que deposita su confianza en los gobernantes, espera que las decisiones políticas estén guiadas por el interés común, y cuando se revelan actos de manipulación y negociaciones espurias, el daño es irreparable.

El problema radica en que la pérdida de credibilidad no solo afecta a los involucrados directos, sino que erosiona la fe en el sistema democrático en su conjunto. Si quienes gobiernan pueden ser cooptados por el poder del dinero, sin consecuencias legales ni políticas, la sociedad se ve empujada a la resignación o, peor aún, a la indiferencia. La restauración de la confianza requiere mucho más que promesas: exige justicia efectiva, sanciones ejemplares y un compromiso real con la transparencia. (www.REALPOLITIK.com.ar)

 

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