POLITICA
Elecciones en Corrientes: frustrado el acuerdo con Valdés, LLA rechazó a otros socios y cerró su lista casi en soledad
CORRIENTES.- Luego del frustrado acuerdo que venía labrando el gobernador Gustavo Valdés con los negociadores del presidente Javier Milei para sumar a La Libertad Avanza a la alianza oficialista de Corrientes, el panorama político local entró en una acelerada reconfiguración.
El proceso terminó anoche con la presentación de seis alianzas provinciales y 455 armados comunales que competirán por los 296 cargos en juego en 73 de los 74 municipios que renovarán autoridades el próximo 31 de agosto.
Pero más allá de esta cuestión, que aún debe pasar por el escáner de la Justicia Electoral para conseguir validación, desde el punto de vista político lo más trascendente tiene que ver con el desmembramiento que sufrió el denominado grupo La Alondra, que de cinco potenciales candidatos a gobernador pasó a cerrar una propuesta que contiene poco más que el sello de La Libertad Avanza, porque el modo de negociación libertario repelió toda chance de un acuerdo más amplio.
Primero se fue el Partido Nuevo, del exgobernador Raúl “Tato” Romero Feris: quisieron escuchar propuestas, pero al final ratificaron su pertenencia al oficialismo local. Luego se conoció un acuerdo, aún sin letra chica, entre el gobernador Valdés y el senador nacional Carlos Mauricio Espínola, que era una de las figuras que le aportaba músculo a esa intención de coronar una alternativa al oficialismo que hace más de dos décadas gobierna la provincia.
Hasta aquí, “Camau” ejecutaba plenamente la partitura libertaria en el Senado de la Nación, sobre todo en los temas más complejos para el gobierno de Milei. Está por verse ahora en qué consiste el acuerdo, pero la lupa está puesta en futuras acciones parlamentarias.
Anoche se conoció, asimismo, que otra de sus figuras convocantes, el intendente de Gobernador Virasoro, Emiliano Fernández, decidió dar un paso al costado, centrarse en su municipio y acordar su participación en Encuentro por Corrientes (ECO), la alianza de Ricardo Colombi.
“Es imposible negociar en un clima de destrato”, dijeron a cerca del alcalde virasoreño, quien ahora podría encabezar la lista de Colombi en el casillero de los diputados provinciales.
Y en la mañana de este martes, la alianza de Valdés anunció que Hacemos por el país, partido liderado por Juan Schiaretti a nivel nacional y Elvira Miranda a nivel provincial, que también estuvo en La Alondra, se sumó a la alianza encabezada por el radicalismo de Valdés.
Otra incógnita es lo que terminará haciendo el diputado José Romero Brisco, hijo del exgobernador José Antonio Romero Feris, que se sumó al grupo prolibertario como candidato a gobernador, pero en el proceso perdió hasta el sello de su Partido Autonomista, asunto que está en litigio.
Romero Brisco guarda silencio, pero conforme pasan los minutos se aleja su chance de ser candidato a gobernador, al tiempo que se diluye una máxima que sostuvo en los últimos meses: que no aceptará ninguna participación política que surja de la imposición.
No obstante ello, La Libertad Avanza armó una alianza con el sello presidencial y la estructura provincial que podría prestarle el actual presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Cassani, que se fue del gobierno local enojado por supuestas faltas de diálogo y por el rumbo que tomaron las acciones de la administración Valdés.
Pegó el portazo de manera inconsulta, según denunciaron muchos dirigentes de su partido, Encuentro Liberal, y ahora podría ser el candidato a vicegobernador de la oferta libertaria que encabezará el diputado nacional Lisandro Almirón.
Hasta la elección pasada, Encuentro Liberal (ELI) fue el socio mayoritario del radicalismo gobernante en Corrientes, pero ahora el partido está fragmentado, y gran parte de su dirigencia, algunos funcionarios, legisladores e incluso intendentes decidieron desconocer la decisión de Cassani y continuar en alianza con el gobierno provincial, razón por la cual deberá validar en agosto su cuantía electoral.
El diputado Almirón, por su parte, de alguna manera se salió con la suya, porque desde el primer momento detonó toda posibilidad de acuerdo primero con el radicalismo (“Ni en pedo” acuerdo con los radicales, dijo en un programa de la señal Ñande Cable), y de consenso dentro del propio grupo La Alondra, cuyos participantes quedaron entrampados, desde el vamos, en la incoherencia de irse de un lugar denunciando falta de diálogo, para llegar a otro donde no se pudo discutir nombre de alianza, ni candidaturas ni el manejo de las estrategias políticas y electorales, centradas todas en Buenos Aires.
Eso es lo que denuncian por lo bajo todos los dirigentes que estuvieron allí y terminaron buscando otros horizontes. Y es lo que denunció públicamente el propio gobernador Valdés cuando dio por terminada la posibilidad de acuerdo: “No hay acuerdo, piden demasiado”, respondió ayer ante la consulta de .
Más tarde, en rueda de prensa, luego de la presentación de la alianza Vamos Corrientes, horas antes del cierre del plazo en la Justicia, dijo que “es muy difícil negociar con La Libertad Avanza, no sabemos qué [cantidad de votos] tienen y nos piden demasiado”. Y sostuvo: “Nosotros tenemos poder territorial, el gobierno provincial y 64 intendencias”. “Vamos a seguir luchando por el cambio, pero cada uno va con su propia lista”, cerró el gobernador.
En este contexto, La Libertad Avanza competirá por la gobernación en Corrientes. Integrará la coalición que llevaría a Almirón como candidato a gobernador y eventualmente a Pedro “Perucho” Cassani como candidato a vicegobernador. La alianza está conformada por seis partidos: Encuentro Liberal (ELI); el partido Fe, el Federal, Unidos por Corrientes, Unión Celeste y Blanco y La Libertad Avanza.
La alianza más importante en tamaño es la coalición oficialista Vamos Corrientes, que preside el gobernador Gustavo Valdés. Según informó en las últimas horas la Justicia Electoral, son alrededor de 25 partidos provinciales y otros tantos comunales que hacen un total de 34 agrupaciones que se expresaron en favor de marchar juntos en este rumbo, bajo la batuta de la UCR. Y además de tener representación en toda la provincia, consiguió el acompañamiento de 64 sobre 74 intendentes, lo que implica, a priori, un robusto acompañamiento territorial.
Otro de los sectores que inscribió alianzas anoche fue Encuentro por Corrientes (ECO). Es la segunda con mayor cantidad de socios: anotó una decena de partidos, todos liderados por el exgobernador Ricardo Colombi, que se fue del radicalismo peleado con Gustavo Valdés por una idea no corroborada aún de que sería Juan Pablo Valdés, hermano del gobernador, el candidato sucesor. Por lo tanto, Colombi balconeó todo este tiempo el movimiento de los demás partidos haciendo ofertas a todas las escuderías. Lo tendrá a Emiliano Fernández y candidatos a intendentes de varios frentes en distintas comunas.
El tercer frente con más fuerzas es Limpiar Corrientes, liderado por el Partido Justicialista, que lleva como candidato a gobernador a Martín “Tincho” Ascúa. Luego aparece La Libertad Avanza y finalmente la alianza “Cambiá Corrientes”, de la dirigente Sonia López, del Partido Comunista. La sexta coalición es Unidad Correntina, conformada por tres partidos, aunque este espacio no estaría firme por una disputa judicial que ofrecería novedades en breve.
El mapa electoral correntino se conformará también por una oferta libertaria que irá por fuera del sello presidencial. Se trata del Partido Ahora, y de la candidatura de un entusiasta militante de Milei, Exequiel “Teke” Romero, uno de los primeros libertarios de Corrientes, pero que fue expulsado del armado oficial cuando este quedó en manos del diputado nacional Almirón.
Como van solos, su partido se inscribirá recién el 12 de julio, fecha prevista para la presentación de candidatos. Las elecciones serán el 31 de agosto. En Corrientes rige un sistema de doble vuelta. Para evitar el balotaje, el ganador debe conseguir más de 45 puntos o 40 puntos y una diferencia de 10 con el segundo.
máximo kirchner, verónica magario, axel kicillof, serio massa, carlos bianco
POLITICA
El Gobierno convocó a paritarias a los sindicatos estatales y el secretario general de ATE criticó a Javier Milei
El gobierno nacional convocó de manera urgente a los gremios estatales –ATE y UPCN– a una audiencia presencial para reabrir la negociación paritaria. La citación fue formalizada este lunes mediante una cédula de notificación emitida por el Ministerio de Capital Humano, que fijó el encuentro para el miércoles 23 de julio a las 15 horas.
En ese marco, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, a través de un mensaje publicado en su cuenta de X, apuntó directamente contra el presidente Javier Milei. “Vos aumentaste tu patrimonio un 500% en el último año y le bajaste los impuestos a los ricos. Espero que a nosotros no nos sigas ajustando”, escribió. En el mismo posteo, Aguiar celebró la convocatoria, pero advirtió que no aceptará una oferta que no contemple la recomposición total del poder adquisitivo perdido. “Sacaste del freezer las paritarias Milei, ahora espero que saques los salarios del subsuelo”, expresó.
En esa misma línea, el dirigente sindical anticipó que ATE concurrirá a la audiencia con la exigencia de que la propuesta salarial supere el índice de inflación. “No vamos a firmar ninguna oferta que se ubique por debajo de la inflación. No aceptamos que nuestros salarios tengan cepo”, sostuvo Aguiar. En ese sentido, el dirigente gremial también reclamó que el ingreso mínimo en la administración pública ascienda a $1.869.000. “Es nuestro derecho constitucional a una retribución justa. Es el sueldo que nos permite cubrir el valor de la canasta familiar”, sostuvo.
El antecedente inmediato de esta negociación se remonta a abril, cuando el Gobierno resolvió un aumento mensual del 1,3% durante los meses de marzo, abril y mayo. Eso representó una suba del 3,9% a nivel trimestral. A eso se sumaría un bono no remunerativo de $45.000 a cobrar junto con los sueldos de mayo. La propuesta fue aceptada por la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), el gremio con mayor representación en la administración pública nacional, pero fue rechazada por ATE.
La última paritaria de la Administración Pública Nacional abarcó el periodo desde junio 2024 a mayo 2025. En ese plazo, el aumento alcanzó un 20,8%, por debajo de lo que fueron los registros inflacionarios. Desde entonces, la organización sindical reclama la reapertura de la paritaria y la recuperación del salario real.
En ese marco, de cara a esta nueva negociación, el secretario general de ATE anticipó cual será la postura del sindicato al que representa: “En tan solo 19 meses tu Gobierno destruyó los ingresos de todos los trabajadores del Sector Público. Si la propuesta no contempla la recuperación de todo el poder adquisitivo perdido, no habrá posibilidad de ningún acuerdo”.
@JMilei,pic.twitter.com/Iu0BG3Ouvu,July 21, 2025,Paritarias,Conforme a,,Minuto a minuto. Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno,,»Es bastante largo lo que tengo para decir». El Gordo Dan simuló un problema técnico en su programa y «habló» sin audio del cierre de listas de LLA,,LN+. Francos especuló sobre el futuro del Gobierno en 2026 tras las elecciones: “Totalmente distinto”,Paritarias,,Nuevas cifras. Cómo queda la escala salarial de la Uocra, tras la paritaria de julio 2025,,Desde julio. Cómo se aplican los aumentos a empleadas domésticas y de cuánto es el bono,,Con el aumento. Cuánto cobran las empleadas domésticas en agosto
POLITICA
Fentanilo mortal: el ovillo de vínculos entre un laboratorio relacionado con el “tráfico de efedrina” y HLB Pharma
La Municipalidad de Rosario, a través de su alcalde Pablo Javkin, querellante en la causa que investiga dos lotes de fentanilo de uso clínico contaminado asociado a la muerte de más de 50 pacientes, presentó ayer documentación que vincula a varias de las personas a las que el juez Ernesto Kreplak les inhibió sus bienes y les prohibió salir del país por considerarlos sospechosos por la producción y venta del medicamento adulterado a través del Laboratorio Ramallo y HLB Pharma.
El funcionario ya había denunciado presuntos “nexos narcos” entre los empresarios Ariel García Furfaro y Jorge Manuel Salinas los ex socios del laboratorio rosarino Apolo que estalló el 27 de junio de 2016 por sobrecalentamiento en una caldera con mantenimiento deficiente. Los directivos de Apolo, entre los que figuraban Marcelo Ferré, Jorge Gómez, Ariel García Furfaro y su hermano Damián y Marcela Vozza fueron acusados de “estrago culposo agravado y lesiones graves culposas”, ambos en concurso ideal y en carácter de autor. El laboratorio figura en la causa conocida como el “triple crimen de General Rodríguez” por el tráfico de efedrina a cárteles mexicanos.
Apolo llegó a acuerdos individuales para resarcir a los cinco vecinos heridos y los propietarios de viviendas afectadas por la onda expansiva de la explosión del Laboratorio Apolo. El 20 de mayo de 2019, el juez Hernán Postma avaló un acuerdo entre los imputados y suspendió el juicio a prueba contra los acusados Gómez y Ferré, a quienes se les impuso una probation insólita: una vez por semana debían concurrir a realizar tareas de limpieza en el Museo Justicialista ubicado en San Nicolás.
Los otros imputados, como Ariel y Damián García y Vozza, fueron sobreseídos al aplicarse el “criterio de oportunidad”. Otro dato llamativo de la resolución judicial, fue que el abogado Ariel García Furfaro era el representante legal del mismo Museo Justicialista de San Nicolás. En la presentación judicial, Javkin opinó que, si en su momento la Justicia hubiese investigado en profundidad los hechos, quizás los empresarios farmacéuticos no hubiesen podido adquirir los laboratorios vinculados a la elaboración y venta del fentanilo contaminado. Apolo tenía expedientes abiertos en la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) por irregularidades en la fabricación de medicamentos. Salinas también estaba imputado en una causa por contrabandear suero desde Paraguay al laboratorio Apolo.
Es el mismo Salinas que fue procesado por fraude al PAMI, junto a otros empresarios, por desviar más de 21 millones de pesos -unos siete millones de dólares de entonces- mediante facturas truchas y contratos irregulares. La denuncia la realizó Graciela Ocaña, la ex titular de ese organismo y ex ministra de Salud de Cristina Fernández de Kirchner.
El intendente de Rosario recordó en la presentación como querellante ante el juez Kreplak que varias de las personas vinculadas a la causa que investiga “han tenido contacto con personas que hoy están condenadas por narcotráfico, como Mario Segovia, el denominado ‘Rey de la Efedrina’”. “La información relevada por esta parte permite confirmar que varios de los involucrados en la causa por la explosión del Laboratorio Apolo, a la cual estaban vinculados Ariel García Furfaro, su hermano Damián y Jorge Salinas, integran o han integrado los órganos societarios de las empresas responsables del producto contaminado que dio origen a esta investigación. De hecho, se verificaría una continuidad estructural, comercial y operativa entre Laboratorio Apolo y los laboratorios implicados en esta causa, HLB Pharma y Laboratorios Ramallo. Las personas jurídicas involucradas han mantenido activos registros de producción farmacéutica, sin interrupción significativa, y se encontraban habilitadas por autoridades competentes al momento de producir el fentanilo distribuido a efectores públicos, entre ellos el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez de esta ciudad”, se sostiene en el escrito presentado ante Kreplak. El magistrado aceptó a la Municipalidad de Rosario como querellante.
En diálogo con Infobae, el alcalde de Rosario dijo que los dueños de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo SA “tienen vínculos con el narcotráfico”, y solicitó que se investiguen posibles desvíos de la sustancia al mercado ilegal.
Javkin recordó que, en abril de 2016, dos meses antes de la explosión de la caldera del Laboratorio Apolo había logrado nuevamente la habilitación para producir e importar efedrina ya que habían denunciado la pérdida del certificado que lo habilitaba. En la causa judicial a la que accedió este medio, y que motorizó Ocaña se destaca que:
- Apolo tenía habilitación para importar y manipular sustancias controladas, como la efedrina, pero carecía de capacidad real de producción farmacéutica a escala. Eso generó sospechas de que actuaba como pantalla para desviar esos químicos al mercado ilegal.
- Según la investigación judicial, Apolo importó grandes cantidades de efedrina, mucho mayores a las necesarias para elaborar medicamentos legales, y no pudo justificar su destino.
- El nombre del laboratorio apareció en los documentos de la causa por el triple crimen de General Rodríguez. El 13 de agosto de 2008, en un descampado de esa localidad de la zona oeste del Conurbano bonaerense fueron encontrados asesinados Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina, estaban vinculados a una red de desvío de efedrina desde Argentina hacia carteles mexicanos.
- La explosión en 2016 que destruyó sus instalaciones fue inicialmente considerada un accidente, y así quedó plasmado en el expediente; sin embargo, Javkin lo interpreta como un intento de encubrimiento o sabotaje, para eliminar evidencia clave del caso de la efedrina.
Las vinculaciones de García y Salinas
En la presentación judicial de ayer, la Municipalidad de Rosario aportó documentación oficial que vincula de manera concreta a los empresarios con al menos tres sociedades santafecinas.
- Apolo SA: sus responsables y/o quienes aparecen en los informes societarios como accionistas, tendrían vinculación directa y personal con los directivos de las firmas Ramallo y HLB Pharma Group SA, dichos datos surgen de los registros públicos.
- En la Municipalidad de Rosario Apolo SA tramitó oportunamente una habilitación bajo el rubro: depósito de soluciones parenterales. “Inicio de actividades: 01/10/1999; permiso de habilitación N° 3444/2011. Vencido el 20/05/2016. Certificado de habilitación de Laboratorios Apolo SA permiso N° 3925/2011 de fecha 09/06/2011. Legajo N° 51096/16 de trámite de renovación de habilitación de Laboratorio Apolo SA suscripta por Marcela Vozza. Pedido libre multa del laboratorio firmado por Jorge Salinas en su carácter de apoderado, y acta de asamblea de aprobación de balances -2010,2011 y 2012- de fecha 3 de septiembre de 2013. Firmada por los accionistas Jorge Manuel Salinas y Ariel García Furfaro», informaron.
- Alfarma SRL (inhibida en sus bienes por el juez Kreplak) de titularidad de Furfaro, involucrada en la causa bajo examen, cuenta con registros de operaciones en la ciudad de Rosario. En efecto, surge de nuestros sistemas informáticos que el laboratorio “Alfarma SRL, fue titular de un permiso de habilitación cuyos detalles se enuncian a continuación: rubro Droguería. Inicio de actividades 01/10/2007. Permiso de habilitación N° 1098/2019 – VENCIDO EL 10/05/2024. SOLICITUD DE RENOVACIÓN Nº 2463/2024 en trámite.
- Droguería ABC 1 SA, es una sociedad que tiene objeto vinculado a las de las sociedades investigadas y que además contaba con habilitación municipal y cuyo accionista es el Furfaro, lo que da cuenta de que el Sr. García Furfaro, fue directivo y/o titular de al menos 3 sociedades vinculadas a la actividad en la ciudad de Rosario más allá de la sustitución o modificación de las razones sociales.
El Ministerio de Capital Humano eliminó el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios (Renacom), una base de datos creada en 2020 para acreditar la existencia de espacios gestionados por organizaciones sociales que brindan asistencia alimentaria. La medida se formalizó a través de la Resolución 393/2025, publicada este lunes en el Boletín Oficial con la firma del secretario nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Juan Bautista Ordoñez.
El Renacom había sido creado por el Ministerio de Desarrollo Social con el propósito de validar la existencia de comedores y merenderos comunitarios, dotar de transparencia a la asignación de recursos públicos y generar información estadística confiable sobre los dispositivos de asistencia alimentaria. Sin embargo, según argumenta la resolución actual, ese objetivo inicial se vio alterado por las modificaciones introducidas por el Programa “Alimentar Comunidad”, que eliminó el requisito de estar inscripto en el registro para acceder a los fondos estatales.
La normativa oficial sostiene que, en el nuevo esquema de gestión, el acceso a la asistencia alimentaria se verifica mediante relevamientos presenciales en los territorios, lo cual torna innecesaria la existencia del registro.
Por esos motivos, la resolución firmada por Ordoñez argumenta que el Renacom ya no cumple con los fines para los cuales fue creado, y que su mantenimiento resulta incompatible con los criterios actuales de administración de programas sociales. También señala que la continuidad del registro implicaría una superposición de funciones, una asignación ineficiente de recursos y dificultades para generar datos estadísticos confiables.
Para señalar las deficiencias señaladas, en el texto se retoma un informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) que observó múltiples problemas en el funcionamiento del registro, como registros duplicados, campos incompletos, datos inconsistentes en los domicilios y errores en los formatos de carga. En ese marco, el organismo de control interno señaló que la integridad y la confiabilidad de la información brindada por el registro se encontraba afectada.
En ese sentido, el Ministerio de Capital Humano fundamentó la eliminación del registro en la necesidad de fortalecer la eficiencia y la transparencia de las políticas sociales. También remarcó que el nuevo modelo de ejecución del Programa “Alimentar Comunidad” permite acreditar el funcionamiento de los comedores y merenderos mediante controles directos —en persona o a través de medios tecnológicos— sin necesidad de inscripción previa en una base centralizada.
Por otra parte, esta determinación, según se explica en el texto de la norma, se enmarca en una política de la cartera que conduce Sandra Pettovello, orientada a optimizar los recursos públicos y a prescindir de instancias de intermediación entre el Estado y los destinatarios finales.
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