El Gobierno, Javier Milei y la política en general ingresaron plenamente al “modo electoral”. Si bien los políticos están en campaña constante y es inimaginable pensar en la toma de decisiones sin tener en cuenta el impacto que pueda tener en los votos, los comicios suman un factor: cuando son inminentes, ese espíritu se refuerza, y campos ajenos al escenario electoral se ven dominados por la misma lógica de persecución del voto.

El oficialismo atraviesa, por muchas razones, un muy buen momento político. Si uno observa los objetivos que se trazó Milei al llegar al poder y los confronta con lo que ya logró -con independencia de que esos objetivos a la ciudadanía les parezcan buenos o malos-, obtiene resultados en aquello se propone. Cumple con lo que había prometido. Y eso se refleja en el clima público.

Así lo muestra el Índice de Confianza en el Gobierno, elaborado por la Universidad Di Tella. El índice, que va de cero a cinco, hoy se ubica en 2,45. Tuvo una variación de 4,9% respecto de la medición anterior de junio, por lo que mejoró y se encuentra estabilizado. Importa señalar algo: quienes estudian la opinión pública afirman que la gente va a las urnas con una memoria de tres a seis meses. El promedio de Milei, en lo que va de su gestión, es de 2,50, superior al de Nestor Kirchner (2,49), Cristina Kirchner (1,71 y 18,83), Mauricio Macri (2,27) y Alberto Fernández (1,69) durante sus presidencias.

Un gráfico elaborado por el economista Fernando Marull analiza el mismo índice, al que llama “Luna de Miel”, pero pone el foco únicamente en julio (mes 19 de gestión) y equipara con los demás mandatarios. Milei está mejor que nadie: 49%. Debajo se encuentra Mauricio Macri (45%) y Alberto Fernández y la segunda presidencia de Cristina Kirchner (34%). En último lugar, el primer mandato de la expresidenta, con 25%. Habrá que ver si, como le pasó a Macri, el porcentaje de Milei sigue subiendo hasta las elecciones.

Esto es lo que cree el Gobierno. Guillermo Francos, jefe de Gabinete, cree que van a estar en el orden del 41 al 45% en materia de votos. Es una elección impresionante, más que nada por sus consecuencias institucionales. Podrían ver, en el mejor de los casos, un bloque de Diputados de La Libertad Avanza (LLA) de 90 legisladores. Les daría un importante margen de maniobra, a pesar de no tener la mayoría, es decir, el manejo del quórum.

El buen momento de la administración Milei se debe a la baja de la inflación, liberación del cepo con estabilidad cambiaria y ordenamiento del espacio público. Hay también una alianza explícita y enfática con el sector agropecuario, espacio dinámico y ligado al antiperonismo, reforzada con la baja de retenciones que anunció el Presidente el sábado. Y después dos aspectos menos concretos y más abstractos. Uno lee en los diarios medidas que para un sector de la población son desagradables. Caída del salario del sector público, despidos en el Estado, reducción del déficit fiscal por la vía de la baja del gasto público, que afecta a las jubilaciones y subsidios por discapacidad. Hay un ángulo desde el cual mirar desde el que uno podría decir: “Todo eso merecerá un castigo en las urnas”. Pero no necesariamente es así.

Hay una consigna que se repite en las redes sociales. “Esto es lo que yo voté”, dicen los seguidores de Milei. “Está cumpliendo con el ajuste, la receta que nos había prometido y lo que queríamos”. Eso le da una base firme de adhesión. Aun así, no todos los que lo votaron están tan convencidos. También hay desencanto. Igual hay que hacer un cambio a nivel mental: muchas medidas que eran consideradas desagradables, hoy para un sector de la sociedad argentina son convenientes.

El otro problema y signo de esta época: aún para quienes ven estas novedades como antipáticas, todavía la “agenda negativa” no fue politizada. En el buen sentido. No aparecen figuras novedosas, que no estén ligadas al pasado, capaces de convertir esa agenda en algo interesante, que atraiga el voto y seduzca. Gran parte de la mejora que encarna Milei también tiene que ver con un vacío de la oposición.

Todo esto constituye la base de un Gobierno que entra al tramo final de la campaña con índices muy positivos. Existe algo técnico desde el punto de vista de la política, pero que todos los que analizan o asesoran en campañas electorales recomiendan: mantenerse firme en la obsesión. No vacilar en lo que representa el producto que uno vende. En esto Milei es muy consecuente. La idea del equilibrio fiscal o de ordenar las cuentas públicas es algo que no negocia, lo que nos ilumina la escena del Congreso y los vetos a los que apuesta el Presidente, frente a temas tan indiscutibles como una mejora en las jubilaciones y la protección de los subsidios para la discapacidad. O más discutibles, como la moratoria previsional, que ha destruido el sistema. El Gobierno cree que va a conseguir un tercio de la Cámara de Diputados que le permita resistir a los que insistan con estas leyes.

Hay es una duda que debe estar trabajando la cabeza de la oposición, y que pone en jaque a Unión por la Patria. ¿Les conviene conseguir el quórum para discutir el veto si después el veto se va a convalidar? Eso se presentaría como una derrota. El oficialismo está en condiciones de sostener el veto también por una cuestión electoral. La alianza que sella en la provincia de Buenos Aires con el Pro obliga a muchos diputados a cambiar su voto y defender al Gobierno. ¿Qué hará María Eugenia Vidal? ¿Se seguirá absteniendo al igual que otros ocho diputados?

Lo que se discute es el costo fiscal de estas medidas. Hay una discusión entre el Poder Ejecutivo, que ve algunos números, y la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), que los analiza de otra manera. La reforma previsional, que implica un 7,2% de aumento más un bono, significa para el Congreso el 0,3% del PBI en 2025. Desde el Ministerio de Economía alegan que representa el 0,9% -el triple-. Hay diferencias. Hay dos bibliotecas. En relación a 2026, la OPC dice que será de 0,7% y Economía de 1,3%. Si nos detenemos en la moratoria y la prestación universal para adultos mayores, para el Congreso sería del 0,09%. La cartera que lidera Luis Caputo, curiosamente, calcula un impacto menor: 0,04%. En 2026, sería del 0,1% y 0,2% respectivamente. En materia de discapacidad, tanto el Parlamento como el Ministerio de Economía coinciden en la cifra del 0,4%. Diferente es respecto del 2026: 0,4% para el Parlamento y 0,8% para Economía -el doble-. En resumen, para el Congreso, el paquete de leyes tendría un costo del 0,8% y 1,2% del PBI en 2025 y 2026 respectivamente. Para el Ministerio de Economía, se sitúa en 1,4% y 2,3%.

Una aclaración: aún para la oficina del control parlamentario del Congreso, los recursos que propone la oposición para estos aumentos no llegan a cubrirlos. El Gobierno tiene derecho a decir ‘me están produciendo un gasto adicional y no me dan los recursos’.

Es una negociación complicada. Está asociada además con el sostenimiento del veto en relación con los gobernadores. El vínculo con los jefes provinciales es complejo ya que se cruza con lo electoral. El Gobierno compite con el peronismo y, a la vez, necesita del peronismo para obtener gobernabilidad desde el Congreso. Es un dilema de cómo manejarse: con los gobernadores, pensando en el Parlamento, o contra los gobernadores pensando en ganar las elecciones en las provincias.

Esta negociación complicada se va a notar especialmente cuando se tenga que tratar en Diputados las leyes que los gobernadores promovieron en el Senado. Básicamente, el reparto del impuesto de la reforma del impuesto a los combustibles y, sobre todo, la idea que tienen los gobernadores de repartir parte de los ATN de manera automática con los índices de coparticipación. Habría que pensar que acá el Gobierno está cerca de decir: “El impuesto a los combustibles no se toca, pero estaríamos dispuestos a abrir un juego con las provincias para que esos ATN —que en realidad están pensados en la ley de coparticipación como un recurso que maneja exclusivamente el Poder Ejecutivo para emergencias— se puedan discutir”. Bueno, ya no lo manejaría el Poder Ejecutivo, tampoco sería para emergencias, sería para gasto corriente. Aparece algo que sugirió Sturzenegger: se modifica la ley de coparticipación.

Es una negociación complicada porque el Gobierno quiere paz con los gobernadores en el Congreso y guerra en la campaña electoral en cada provincia. Y esto produce ruido, sobre todo en las provincias donde La Libertad Avanza está muy activa. La operación electoral está en manos de Karina Milei y su grupo. Centralmente, los Menem, que acompañan a la hermana del Presidente están muy tentados de pelear en todas las provincias, porque hay algunas donde las encuestas les dicen que están muy bien. Y esto agrede a los gobernadores y los pone a la defensiva, inclusive a gobernadores muy amigos.

El caso más emblemático es Gustavo Sáenz de Salta, que es un gobernador con mucha comunicación con el Gobierno, que lidera un grupo de mandatarios del norte, pero que ve que en la provincia de Salta la Rosada le planta una candidata, María Emilia Orozco, que quiere hacerle perder la elección y que lo trata, con ese estilo de La Libertad Avanza, muy agresivamente, poco menos que de narcotraficante. El mismo gobierno o la misma fuerza política que le está pidiendo apoyo en el Congreso.

Donde el Gobierno está muy bien y está tentado de pelear es en Mendoza, Córdoba, Entre Ríos, Misiones, Tucumán, Salta, Catamarca, Río Negro, Neuquén. Dicen que hasta en La Pampa. Y es interesante el proceso que se da en muchas provincias porque el discurso de La Libertad Avanza es: “Queremos motosierra”. Y obliga a muchos gobernadores —en algunos casos, peronistas— a decir, para satisfacer ese discurso y esa demanda: “Bueno, tengo que hacer un ajuste fiscal que en realidad no quiero hacer”.

Hay todo un enredo también con la agenda y con este nuevo criterio por el cual cosas que siempre fueron antipáticas para un sector del electorado, hoy son simpáticas.

Sobre este panorama general se recorta la gran pelea, que es la bonaerense. Es una gran pelea porque adelanta todo lo demás. Basta imaginar si el gobierno gana la provincia de Buenos Aires: el clima que le impone al resto, con independencia del impacto que tiene sobre la interna peronista. En la provincia de Buenos Aires se despliega —asordinada, pactada, contenida— la gran crisis interior del kirchnerismo con Kicillof, que se levanta contra Cristina.

El Gobierno cree que en la primera sección electoral, que es todo el conurbano norte, va a hacer una muy buena elección y va a sacar sobre el resto, en especial sobre el peronismo, una diferencia superior al 10%. Algunos dicen 15%, y hay encuestas que llegan, con mucho optimismo, hasta 20%.

La gran batalla se da en la tercera sección electoral, y es una batalla ligada a un tema crucial: el impacto que tiene sobre la política el problema de la delincuencia, de la seguridad, de la instalación de mafias, de los delitos complejos.

Cristina Kirchner le decía a Kicillof: “No desdobles, porque si mantenés la elección bonaerense solapada con la elección nacional, vamos a estar discutiendo de economía. Somos dos países, dos ideas, la peleamos. Pero si adelantás la elección, te van a instalar temas bonaerenses, no temas nacionales. Y el tema bonaerense es la seguridad”. Y, sigue Cristina: “No es que vos, Axel, estés haciendo un pésimo gobierno. Es que no hay forma de hacer buen gobierno en esa materia en la provincia de Buenos Aires, al menos hasta ahora. Entonces, te vas a exponer a que te castiguen por tu peor aspecto en términos de gestión pública”.

Daría la impresión de que, obviamente, el gobierno nacional lo vio y pone a un comisario a llevar la bandera de La Libertad Avanza en la tercera sección electoral. Se trata de Maximiliano Bondarenko, que viene involucrado con la política por una vieja relación con Emilio Monzó. Fue concejal de Florencio Varela y hoy es el candidato del Gobierno en la tercera sección electoral, que es donde se libra la gran batalla con el peronismo. Porque el peronismo fue inventado para esa sección electoral en los años 40: Avellaneda, Lanús, Quilmes, Berazategui, Florencio Varela, Almirante Brown, Berisso, Ensenada… Cuna del peronismo. Toda esa región donde el peronismo espera poder compensar lo que pierde en la primera sección. Y ahí va un comisario que ya es motivo de una polémica porque Kicillof echó a 24 oficiales de la Policía Bonaerense porque fueron a un asado con Bodarenko, que es candidato de la oposición. Kicillof cree que están conspirando, haciendo política. Ingenuos los comisarios que se prestaron al asado. Bondarenko contesta: “Son mis amigos”. Kicillof supone que la policía se está involucrando en la campaña. Y desde la oposición a Kicillof —es decir, desde el gobierno nacional— dicen: “Cuidado con la bonaerense”, porque dado que se adelantó la elección, las urnas las custodia esta policía, a la que Kicillof quiere tener disciplinada, pero es también la fuerza de Bondarenko.

Entonces, la Policía Bonaerense, que es crucial en la provincia, en general por malas razones, ahora tiene otra razón para ser protagónica: que por primera vez se adelanta la elección, y tiene un rol importantísimo en la disputa concreta por el voto.

Bondarenko, como ya vemos, es un blanco. El otro es Verónica Magario, la vicegobernadora, que va como candidata testimonial. Problema: Cristina lo desaconseja. ¿Qué quiere decir testimonial? Que corre en la elección y después Renuncia y sigue como vicegobernadora. No va como diputada de la Cámara. Magario es la cara femenina de la gestión de Fernando Espinoza, el muy controvertido líder de La Matanza. También ahí está el problema de la seguridad. Un funcionario de Espinoza, Miguel Saredi, denuncia: “Patricia Bullrich sacó de La Matanza, retiró a las fuerzas federales para generar inseguridad”.

En esta frontera de la hostilidad del gobierno nacional en modo electoral con Espinoza y con Magario, aparece Leila Gianni, que es una militante de La Libertad Avanza, que adquirió protagonismo al comienzo del Gobierno con denuncias que generaron toda una crisis dentro del Ministerio, cuyas consecuencias todavía están operando.

Leila Gianni es la primera candidata a concejal de Milei en territorio de Magario y Espinoza, y emite este tuit: “Prepárate, que se te viene la noche, @FerEspinozaOK, Fernando Espinoza. Y no la de Puerto Madero donde te gusta doblarte, pendeviejo bolichero. Se te termina el reinado de corrupción y magia, lo único que construyeron. La Matanza se libera. La Matanza se pinta de violeta en septiembre. VLLC.» Se presenta esta competencia que, como vemos, es bastante agresiva entre Gianni y Espinoza –quien obviamente no contestó– Como la Bella y la Bestia. ¿Quién será la Bestia?

Esto es importante porque le pone el tono a la pelea en la tercera sección electoral, y en la medida en que se vaya acercando al 7 de septiembre, será cada vez más caliente.

Hay una proyección de todo lo que ha pasado en la provincia de Buenos Aires sobre la Ciudad de Buenos Aires. El Pro selló una alianza defectuosa con La Libertad Avanza, porque quedó mucha gente afuera. Tanto Ritondo como Santilli no lograron contener a todo el Pro. ¿Van a ir juntos o van separados en la ciudad? Esto es importante porque en la Ciudad de Buenos Aires, en octubre, además de elegirse diputados nacionales, se eligen tres senadores: dos por el partido que sale primero, uno por el partido que sale segundo. Entonces, en el laboratorio electoral del gobierno razonan así: “Si vamos juntos con el Pro, hacemos una gran elección. No queda nada del centro a la derecha, una elección de más de 50 puntos, seguramente”.

Patricia Bullrich se volvió abanderada de esta elección, y está pensando en proyectarse hacia 2027 como candidata a jefa de Gobierno de la Ciudad. Si van juntos con el Pro para hacer esa gran elección del 50% o más, le dejan el senador por la minoría al peronismo —al peronismo de Juan Manuel Olmos, de Santoro—. Podrían ir separados con el Pro y, en ese caso, jugarse La Libertad Avanza los dos senadores de la mayoría, y que el Pro saque el de la minoría. Tendría tres senadores en vez de dos en el Senado. ¿Qué se prefiere? ¿Senadores en el Senado o un gran triunfo impactante en la Ciudad? Hasta ahora, lo segundo. Irían juntos para arrasar en la Ciudad de Buenos Aires y que el senador por la minoría se lo lleve el peronismo. Seguramente Cristina va a querer que sea alguien de La Cámpora. ¿Mariano Recalde? No sabemos. Quiere decir que acá hay una discusión entre popularidad, impacto electoral puro y poder de fuego en el Senado.

Este es el mapa electoral para el cual Milei pidió un acuerdo interno que lo gestiona Guillermo Francos: un acuerdo entre Santiago Caputo y Karina Milei y, sobre todo, los Menem, que tienen una enemistad con el “Mago del Kremlin”. Y todo esto es parte —o se supone, como pasa siempre— de que hay peleas automáticas donde el proyectil ya lleva el nombre del que lo disparó. Puede ser que un tercero se esté haciendo una fiesta, pero ambos bandos —el de Karina y el de Santiago Caputo— creen que todas sus desgracias vienen del otro lado.

Este fin de semana hubo una nota de Camila Dolabjian en , que fue adelantada por Francisco Olivera en Odisea el 22 de abril, donde aparece, desde el área de poder de Santiago Caputo, una contratación directa en la empresa Educar. Es una Sociedad del Estado; no tiene los regímenes de vigilancia que tiene una oficina pública cualquiera. Se trató de una contratación por las licencias del sistema de Wi-Fi de las escuelas nacionales interconectadas de todo el país que fue para la empresa Cisco, que tiene esas licencias desde la época de Macri y que está representada en la Argentina por la firma OCP Tech, del empresario Leonardo Scatturice, quien adquirió notoriedad por aquel avión que entró a la Argentina sin control, en Bombardier, con una empleada de Scatturice, que es Laura Belén Arrieta.

Todavía sigue el escándalo del avión por no haber tenido los controles que corresponden por parte de la Aduana. Inclusive ahora hay una gran pelea ahí adentro, un poco sórdida, por presiones sobre algunos funcionarios de la Aduana de Aeroparque, por ese teléfono que sería la clave. Es el teléfono con el que Belén Arrieta intercambia mensajes con una funcionaria de la Aduana, donde aparentemente alguien dio la orden de que no se revise la aeronave. La Justicia quiere saber cuál es esa comunicación y hay mucha resistencia, obviamente, en dar ese dato.

Entonces, aparece la noticia de esta contratación directa para la empresa de Scatturice por 78 millones de dólares. La empresa y el Gobierno dicen que corresponde, que es una adjudicación directa porque no solamente la empresa ofrece precios más convenientes, sino porque todo el sistema ya está ligado a Cisco. Habría que desmantelar todo el sistema existente. Dolabjian dice: “Cuidado, porque hubo dos empresas que compitieron y no se llamó a licitación. Se tendría que haber llamado”.

Lo cierto es que ahora aparece otra novedad: los síndicos de la empresa Educar —los que tienen que controlar— mandan una carta al entonces presidente interventor de la empresa, Eduardo González, diciendo algo así como: “Usted se tomó licencia del 4 de octubre al 17 de octubre, delegó la firma en el gerente general para cuestiones administrativas, y en ese plazo, el 10 de octubre, el gerente general firma un contrato con la empresa OPC Tech”, que es la empresa de Scatturice. “Esto es irregular. Usted tiene que dar de baja este contrato”, le dicen. Esto sucedió en octubre de 2024. Los síndicos dicen que el contrato debe ser anulado.

Curiosamente, el 30 de octubre, el interventor al que le mandan esta nota —y que aparentemente se tomó licencia, muchos dicen que porque no quería firmar el contrato— es relevado de su cargo. Lo sacan, lo dejan con otras funciones dentro del Gobierno, en el área de medios de comunicación (de la que González se está yendo ahora), y se designa al frente de la empresa para que siga este procedimiento a su actual interventor, que es Gastón Martín.

Las fuentes del Poder Ejecutivo a las que consultamos dicen: “Bueno, sí, se firmó el contrato, pero no implicó nada económico, nada financiero. Era para mantener las condiciones del proceso de venta y contratación. Lo económico se firmó después, en noviembre, que es la orden de compra. Por lo tanto, la advertencia que hacen los síndicos no corresponde”.

Esta es una polémica que seguramente va a seguir, porque es raro que los síndicos recomienden una acción directa y digan: “Esto hay que anularlo”. Es cierto que en este tipo de empresas —que no son enteramente administración pública, son como empresas privadas pero cuyo propietario es el Estado— los síndicos tienen mayor protagonismo y mayor influencia.

¿Por qué aparece esto? Se debe, no digamos a irregularidades, pero sí a cosas muy raras. Pero en el Gobierno hay quienes dicen: “Todo esto se sabe porque hay un ataque a Caputo”. ¿De dónde viene? ¿De los Menem? ¿De otro lado? Hay una teoría. Caputo, entre otras cosas, maneja ARCA, la ex AFIP. Allí designó a gente importante. Entre otros, Andrés Vázquez, titular de la DGI y de vínculo cercano a Scatturice. La DGI, saludablemente, está embarcada en una gran batalla por la evasión y subfacturación de Tabacalera Sarandí de Pablo Otero, el “Señor del Tabaco”. Esto llegó a la Justicia porque la dirección de jurídicos de la DGI se presentó ante un juzgado federal diciendo: “Daría la impresión de que el ‘Señor del Tabaco’ inventa clientes, a los cuales les vende cigarrillos y después desaparecen. Una especie de compradores fantasma. Necesita facturas en blanco que compensen todo lo que genera de negro”. Es una hipótesis y no una acusación. Tampoco se habla de imputación. Es, por el momento, una operación inusual. La Justicia lo tomó a través del fiscal Eduardo Taiano, quien llamó a personal de la DGI a declarar pero no participó de esa audiencia. Es decir, Taiano no tuvo la curiosidad de escuchar a los expertos que le habían presentado el caso. Finalmente, resolvió que no había nada que investigar y cerró el tema.

Este lunes, María Servini de Cubría, titular del Juzgado Federal N°1, donde está radicada la causa, decidió anular lo hecho por Taiano e investigar. “Quiero saber si la DGI va a participar como querellante”, planteó Servini. Es una pésima noticia para el “Señor del Tabaco”.

No es la única información “rara”. Es un secreto a voces en el submundo de los servicios de inteligencia que el “Señor del Tabaco” tendría contratado al tenebroso Antonio Stiuso como lobista. Y ahora descubrimos, cuando se reconstruye la historia de Scatturice, que este empresario tiene una vieja guerra con Stiuso. Es más, se sospecha que Stiuso ahora hasta lo quiere meter en la investigación de la muerte de Nisman que, es muy curioso, sigue Taiano. Hay que investigar lo de Scatturice y las contrataciones de Educ.ar. Pero también hay que saber que todo esto lo podemos estar conociendo por una guerra oscura muy poco defendible. Esta es la Argentina del sottogoverno, del que hablaba Norberto Bobbio. Esta es la Argentina sobre la que flota, exitoso, Javier Milei, con enfrentamientos que lo afectan en su propia intimidad.

La Justicia condena las candidaturas testimoniales porque las considera un fraude al electorado. Sin embargo, cuando debió resolver si oficializaba postulaciones sospechosas, las aceptó, porque entendió que no podía ejercer un “control preventivo” y adivinar si, una vez electos, los candidatos iban a asumir o no.

No obstante, los jueces advirtieron que si los postulantes “no son honestos” y no asumen luego de las elecciones, se estaría frente a una “inaceptable manipulación de las instituciones de la República”.

Este criterio lo estableció en 2009 la Cámara Nacional Electoral y vale para las elecciones nacionales, pero el parámetro es atendible además para analizar la situación de las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre, donde 23 intendentes del conurbano se postularon y se sospecha que la mayoría no tiene planes de asumir.

La Cámara Nacional Electoral se pronunció sobre el tema cuando analizó si oficializaba las candidaturas a diputados nacionales de Daniel Scioli, que en ese momento era gobernador bonaerense, y de Sergio Massa, que era intendente de Tigre.

En primera instancia, el juez electoral Manuel Blanco (que falleció en 2014) habilitó las candidaturas denunciadas por al UCR, el GEN y la Coalición Cívica. Los cuestionamientos incluyeron también a la postulación de Néstor Kirchner, que no tenía ningún cargo cuando se candidateó (era presidenta su mujer, Cristina Kirchner) y sí asumió como diputado.

La Constitución Nacional le impide a un gobernador ser en simultáneo legislador, como hubiera sido el caso de Scioli. Tanto él como Massa habían sugerido que si ganaban las elecciones no iban a asumir sus cargos legislativos.

La Cámara Nacional Electoral, con el voto mayoritario de los jueces Santiago Corcuera y Rodolfo Munné (ya fallecido), admitió las postulaciones. Votó en disidencia el juez Alberto Dalla Vía, que integra hoy el tribunal, junto con Corcuera y Daniel Bejas.

La Cámara resolvió que lo que establece la Constitución es una incompatibilidad que en el caso de Scioli le impedía el desempeño simultáneo de los cargos de gobernador y diputado, pero que “no limita la participación electoral”. Si el funcionario en cuestión resultaba electo, lo que debía hacer era renunciar para asumir en el Congreso, dijeron los jueces en aquel momento.

Scioli obtuvo una banca de diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, pero siguió en la gobernación.

Los jueces convocaron a Scioli y a Massa. Por escrito, ambos de manera ambigua se comprometieron a asumir. Aunque luego no lo hicieron.

“Si se configurase un supuesto de lo que vulgarmente se ha dado en llamar ‘candidatura testimonial’, no podría ser oficializada”, señalaron Corcuera y Munné, porque “habría candidatos que no pretenden ser representantes y por lo tanto no podrían ser oficializados por defraudar al elector, pues se habrá quebrantado la relación representante-representado que nuestros constituyentes han plasmado en la letra y en el espíritu de la Constitución Nacional y asimismo configurará un apartamiento ético, con la consiguiente desazón que producirá en parte del electorado”.

Los jueces afirmaron que Scioli y Massa le dijeron tres veces a la Justicia Electoral, por escrito, que iban a ocupar las bancas si eran electos. Primero, al aceptar las candidaturas; luego, con una comunicación del apoderado del partido que dijo que estaban “dispuestos a asumir los cargos, dando fe de ello” y, por último, ellos mismos lo hicieron personalmente, al “ratificar íntegramente las afirmaciones realizadas por los apoderados y manifestar, además, su disposición para la asunción del cargo al que han sido propuestos”, recordaron los camaristas.

Como Scioli y Massa se comprometieron en ese momento a asumir, los jueces oficializaron su candidatura y advirtieron que “es de toda evidencia que no puede exigírsele a la justicia desentrañar las intenciones, propósitos o planes íntimos de quienes se presentan al electorado requiriéndoles el voto. Tal especie de ‘control preventivo’ de las conductas futuras de quienes puedan resultar electos es inimaginable en un Estado de Derecho”.

Dijeron además que “si, por acciones futuras, llegase luego a comprobarse que los candidatos no fueron ‘honestos’ en sus expresiones”, ello significaría “una inaceptable manipulación de las instituciones de la República, a la vez que una grave lesión al proyecto de Nación al que todos, electores y candidatos, deben tributar”. Eso es lo que ocurrió, ganaron y no asumieron en el Congreso.

Los jueces señalaron que aún cuando se supusiera que las postulaciones eran ficticias «escapa a las atribuciones del Poder Judicial resolver sobre la base de hipótesis, conjeturas, suspicacias o sospechas -sean estas fundadas o no-“. Advirtieron: ”Pese a que nuestra tarea resulte antipática e ingrata”.

El juez Dalla Vía, en su disidencia, entendió que bastaban las sospechas. En cuanto a Scioli dijo que el artículo 73 de la Constitución Nacional “es un límite de elegibilidad para los gobernadores de provincia mientras estén en ejercicio de sus mandatos”, consideró que les prohíbe “postularse como candidatos a cargos legislativos en los distritos que los eligió previamente para ejercer la más alta función ejecutiva provincial”.

Citó “copiosa doctrina constitucional” y el debate de la Convención Constituyente. Así, en su voto en minoría, sostuvo que Scioli no estaba habilitado para ser candidato a diputado en 2009.

En cuanto a las candidaturas “testimoniales”, “eventuales” o “condicionales”, Dalla Vía señaló que son manifiestamente inadmisibles.

Dijo que “quiebran” el sistema representativo instituido en la Constitución Nacional. Agregó que “la oferta electoral presupone un compromiso de carácter político por parte de quien la ejerce y si bien el vínculo jurídico-político de la representación se perfecciona con el sufragio, no pueden desconocerle las consecuencias que de la oferta electoral derivan en cuanto a los derechos y expectativas de los ciudadanos”.

Destacó que así como es reprochable no cumplir con la plataforma electoral, “tanto más reprochable resulta la postulación a una candidatura que no se esta dispuesto asumir” y afirmó que “ese compromiso forma parte de los procesos políticos cuya legitimidad el fuero electoral está llamado a proteger y preservar”.

Dalla Vía dijo, en 2009 que había, como lo hay ahora, “un estado de incertidumbre en el seno de la opinión pública”, con respecto a si los candidatos estaban dispuestos a asumir en caso de resultar electos, y que esa duda no había sido despejada por los postulantes “en virtud de la ambigüedad de las manifestaciones realizadas” por ellos. Manifestó que no se podía entonces “extraer una clara convicción” sobre la voluntad de los candidatos de “asumir los cargos” y que “tanto menos” permitía interpretar que iban a hacerlo.

Dalla Vía insistió en que las candidaturas testimoniales son admitidas ni toleradas “por resultar contrarias a la Constitución Nacional”.

La Cámara Nacional Electoral es el máximo tribunal de los comicios por debajo de la Corte Suprema de Justicia. Si bien no decide en estas elecciones bonaerenses, porque su competencia son las nacionales, sus criterios fijan el estándar constitucional mas reconocido sobre cómo interpretar las reglas en los procesos electorales.

Las candidaturas testimoniales no están prohibidas en la provincia y si bien despiertan polémica, los intendentes buscan convertirse en candidatos para territorializar la elección y no perder el control local. Sólo unos pocos intendentes anticiparon que sus candidaturas no serán testimoniales y que, efectivamente, asumirán su nuevo cargo de resultar electos.

La alianza Fuerza Patria –que aglutina al kirchnerismo, al kicillofismo y al Frente Renovador de Sergio Massa– postula a 17 intendentes. Somos Buenos Aires –que reúne a sectores de la UCR, del peronismo no kirchnerista, de la Coalición Cívica y del Pro disidente–, a cuatro, y Frente La Libertad Avanza, a dos.

Cristina Kirchner ya le dijo a sus candidatos que no iba a tolerar testimoniales y que si se postulan, deben asumir. Lo propio le dijo Karina Milei a los suyos, aunque desde la Casa Rosada advierten que un pedido del Presidente al candidato electo –para designarlo en un cargo ejecutivo– podría ser una excepción justificada de la regla.