Uruguay vivió una verdadera celebración cívica con calles repletas de banderas, militantes de todos los partidos en convivencia en las puertas de las escuelas desde antes de las 8 de la mañana, y tras el cierre de las mesas a las 19.30, ahora crece la expectativa por el resultado para saber quién será el sucesor del presidente Luis Lacalle Pou. También hay incertidumbre sobre los dos plebiscitos para reformar la Constitución. Votó el 84% del padrón electoral.
Aunque los últimos sondeos publicados dan una gran ventaja a Yamandú Orsi (57), candidato del Frente Amplio (FA), las mismas encuestas marcan que no le alcanza para ganar en primera vuelta porque es necesario un voto por arriba del 50% para vencer.
Igualmente, la emoción a la hora de ir a votar se sentía en cada esquina de Montevideo. En Uruguay no hay elecciones de medio término por lo que solo van a las urnas cada cinco años y eligen al presidente, al vice y a todos los representantes del Congreso. De ahí la alegría en las calles.
Las banderas flameaban desde las ventanillas de los autos, colgaban desde balcones, aparecían en los cochecitos de bebés. Pero además, ese civismo uruguayo que permite que todos los expresidentes vivos puede compartir actos y encuentros, también baja a la ciudadanía.
En las puertas de las escuelas, los militantes reparten boletas en un clima de total armonía y convivencia. Termo bajo el brazo, comparten las torta fritas y comparten agua en una jornada que al sol se presentó calurosa después de varios días de lluvias.
En muchas localidades hubo electores antes de las 8 de la mañana. Uno de los electores cumplidores fue el ex presidente José «Pepe» Mujica, que se presentó en silla de ruedas en la Escuela N° 149 de Cerro, uno de los barrios de Montevideo. A los 89 años, repartió críticas al gobierno de Javier Milei y remarcó que los desafíos para el nuevo gobierno son «la seguridad y el aumento de la riquezas».
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Más allá de que a la hora de ir a votar todos descuenta que la Presidencia se definirá en el balotaje del 24 de noviembre, hay varias expectativas para cuando se abran las urnas y a eso de las 22 se den los primeros resultados.
Por un lado, quien competirá contra Orsi en el balotaje. El perfilado para esa competencia es el oficialista Álvaro Delgado, del Partido Nacional y apadrinado por un Lacalle Pou que no tiene reelección. Más atrás, el mediático abogado penalista Andrés Ojeda, del Partido Colorado, busca sacarle el lugar a Delgado.
Hoy, en Uruguay gobiernan los blancos del Partido Nacional, en una coalición que Lacalle Pou armó de cara al balotaje de hace cinco años con los Colorados y otros partidos, como Cabildo Abierto. En el país están prohibidas las alianzas electorales y por eso se presentan por separado.
Por esa razón, esta noche una de las expectativas es ver cuántos votos sacan todos los partidos que conforman la coalición para proyectarlos hacia el balotaje contra el Frente Amplio.
Si bien no se conocerá al presidente, la incógnita que se despejará será la conformación del Congreso. Hoy se saldrá la nueva composición del Congreso, con 30 senadores y 99 diputados y las mayorías para el nuevo gobierno que arrancará en marzo del año que viene.
Expectativas por los dos plebiscitos en Uruguay
Además de las boletas de los candidatos, en los cuartos oscuros había dos boletas con la palabra «Sí», una en amarillo y otra en blanco. Se trata de los dos plebiscitos para reformar la Constitución por dos razones diferentes.
La central obrera y el Partido Comunista, ambos dentro del FA, lograron juntar firmas para llegar al plebiscito una reforma jubilatoria polémica. Con una boleta blanca, los uruguayos que estén de acuerdo debían agregarla al sobre. De no ingresarla se cuenta como un rechazo. Debe llegar al 50% más un voto para ser aprobada.
Tras la modificación que el Gobierno de Lacalle Pou logró en el Congreso el año pasado, la edad de retiro de la jubilación subió, en escalas, de 60 a 65 años, para los nacidos después de 1977. El plebiscito retrotrae la edad, pero también elimina las jubilaciones privadas de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFPS), estatizarlas, e igualar la jubilación mínima al salario mínimo. Fue criticado por todos los candidatos presidenciales, incluido Orsi del Frente Amplio.
Por otro lado, la boleta amarilla es para reformar la Constitución y sustituir el artículo 11 para habilitar los allanamientos judiciales nocturnos en viviendas, hoy prohibidos. Fue promovido por el oficialista Partido Nacional y también se define este domingo.
Poco antes de lo previsto, Alberto Fernández se presentó en el cuarto piso de Comodoro Py, ante el juez federal Julián Ercolini en el marco de la causa donde se lo acusa de haber ejercido violencia de género contra la ex primera dama, Fabiola Yañez. La indagatoria se celebrará después de un nuevo intento del ex mandatario de postergarla.
El ex presidente de la Nación se encuentra acusado de lesiones graves agravadas por haberse cometido en un contexto de violencia de género y contra su pareja, Fabiola Yañez.
La primera fecha se había fijado para el 19 de diciembre pasado, pero después de recusar al juez Julián Ercolini y de que éste rechazara los argumentos planteados, el caso llegó a la Cámara Federal porteña. Ante esa primera circunstancia el magistrado resolvió postergar, durante una semana, la audiencia indagatoria.
Como el expediente llegó ante la instancia superior, donde de manera unipersonal el camarista Eduardo Farah resolvió confirmar al magistrado del caso, se ordenó que este martes a partir de las 11 de la mañana, bajo la representación de la abogada Silvina Carreira, Fernández deberá declarar.
A menos de 24 horas de tener que declarar, el ex Jefe de Estado presentó un escrito pidiendo la postergación de la indagatoria. El planteo fue rechazado por el juez del caso. En simultáneo, ante la Cámara de Apelaciones, Alberto Fernández en una audiencia unipersonal con el juez Roberto Boico, pidió recusar Ercolini y sostuvo que lo investiga «para vengarse, tiene animosidad hacia mí y me quiere preso».
En esta causa por hechos de violencia de género, el único acusado es Alberto Fernández, con lo cual una vez que se escuche su descargo, el magistrado deberá resolver si hay elementos suficientes para sostener la responsabilidad penal que la fiscalía a cargo de Ramiro González le atribuyó al solicitar que sea indagado.
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Los delitos atribuidos
La imputación formulada en su contra refiere a lesiones leves y graves, agravadas por el vínculo y por haberse cometido en un marco de violencia de género contra la ex primera dama.
La investigación inició en agosto del año pasado, cuando la ex primera dama lo denunció penalmente horas después de la información exclusiva que publicó Clarín sobre las pruebas que en sus manos tenía la justicia federal que exponían posibles hechos de violencia contra Yañez.
El análisis de todas las pruebas reunidas durante los meses de pesquisa permitió al fiscal federal Ramiro González “acreditar que el ex presidente Fernández ejerció distintos tipos de violencia contra su pareja, prácticamente, desde el inicio de su relación. De acuerdo a las definiciones de la ley 26.485 de Protección Integral a la Mujer, se pudo detectar violencia psicológica, física y económica”.
Esos sucesivos actos de violencia, consideró el fiscal, ocurrieron durante «la particular relación asimétrica de poder con el agresor, por lo menos desde el año 2016 hasta que se formalizó la denuncia”.
Lo que señala la acusación es que Fernández “ejerció de un modo sistemático violencia psicológica contra Fabiola Yáñez bajo las formas de acosos, hostigamientos, controles, indiferencia, insultos, culpabilización, destrato, retiro de la palabra, ninguneos y hostilidad”.