El líder de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, reaccionó minutos después del anuncio del vocero presidencial, Manuel Adorni, de la eliminación del asueto por el Día del Empleado Público, que se celebra el viernes 27 de junio.

El portavoz de Javier Milei comunicó este miércoles en conferencia de prensa que eliminará vía decreto la jornada no laborable que hasta ahora gozan los empleados públicos e hizo hincapié en que “ese día es pagado con el sueldo de cada uno de los contribuyentes del país”. En ese contexto, el sindicalista, uno de los más combativos del sector, emitió una rápida respuesta.

“En la Argentina no existen los emperadores, Milei. El único que goza de privilegios del Estado sos vos, Adorni, cara dura”, introdujo Aguiar en su cuenta de X, en medio de la movilización sindical que organizó a la sede del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que comanda Federico Sturzenegger.

Tras ello, el gremialista le achacó al vocero supuestos ingresos de allegados suyos a su área. “Llenaste la Secretaría de Comunicación de familiares y militantes libertarios con sueldos millonarios. Ustedes no lo pueden entender, no tienen un día para ustedes porque no laburaron un solo día en sus vidas”, atacó.

“El Gobierno pretende eliminar por decreto un día histórico, el Día del Trabajador del Estado, sancionado por la Ley 26.876 (que rige desde 2013). Quieren destruir el Estado y también a los estatales, por eso intentan eliminar el día que nos reconoce como tales, pero no van a poder”, advirtió luego.

A modo de cierre, el sindicalista aseveró: “Es un nuevo acto despótico propio de un régimen autoritario y autocrático. PD: ¡Entérese! Sólo el Congreso puede derogar una ley que el mismo sancionó“. Más allá de supuestos nombramientos que hizo mención Aguiar dentro de la Secretaría de Comunicación que administra Adorni, sí el vocero ejecutó este mes la designación de su hermano, Francisco Jorge, como director representante del Ministerio de Defensa -a cargo de Luis Petri- en el directorio del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAFPRPM), un organismo central en la administración de las jubilaciones y pensiones de las Fuerzas Armadas.

Adorni habló de la medida en su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada. “El Estado no es un lugar donde deban tomarse un sabático o privilegio que el trabajador del sector privado carece”, planteó el funcionario de la administración libertaria.

“Esta medida fue en consonancia con la concepción del Estado de este gobierno. La Argentina que rendía culto al estatismo en detrimento del privado es cosa del pasado”, sostuvo.

La última reacción de Aguiar contra Adorni había sido en febrero, cuando el vocero anunció sus redes la firma de un decreto que convierte a Yacimientos Carboníferos de Río Turbio en una sociedad anónima. “¡YCRT no se toca! Adorni, el único que no debería ser estatal sos vos. Esta es una medida inentendible del Gobierno que abre las puertas a la privatización de la empresa, pero no va a lograrlo. Si profundizan por este camino, se desatará como en otras oportunidades una pueblada. Intentos similares existieron en los ‘90, también en el 2018 y no pudieron. Hemos resistido permanentemente las propuestas de concesionarla, desguazarla y hasta dividirla en unidades económicas y pudimos mantenerla en pie”, advirtió el titular de ATE en aquel entonces.

La Justicia rechazó un pedido clave de la defensa de Cristina Kirchner en una causa civil que involucra directamente a la expresidenta. La decisión judicial impacta en el reclamo que el Estado le hace por una cifra millonaria.

La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal rechazó el pedido de Cristina Kirchner para cerrar la causa civil en la que el Estado Nacional la demandó por 22.500 millones de pesos. Este monto corresponde a los daños y perjuicios derivados de su condena penal en la causa Vialidad.

La decisión fue tomada por los jueces Guillermo Antelo, Florencia Nallar y Juan Perozziello Vizier, integrantes de la Sala III. Los magistrados desestimaron el recurso de queja presentado por la expresidenta contra la decisión inicial del juez de primera instancia, quien también había rechazado su solicitud.

Durante la gestión de Mauricio Macri (2015-2019), la Dirección Nacional de Vialidad impulsó una denuncia penal contra Cristina Kirchner y sus exfuncionarios. Además, presentó una demanda civil por $22.500 millones contra cada uno de los imputados.

Según la cotización de 2018, la cifra equivale a 1125 millones de dólares. Esta causa corre en paralelo al proceso penal, que ya cuenta con una condena firme.

En los juicios civiles, existe una regla conocida como “caducidad de la instancia”. Esta figura legal implica el cierre del reclamo cuando la parte demandante no realiza ninguna acción durante un período de seis meses.

En este caso, Cristina Kirchner argumentó que la Dirección Nacional de Vialidad no había realizado ninguna actividad en la causa durante ese lapso. Por lo tanto, solicitó que se desestimara el pedido de indemnización.

Los jueces de la Cámara consideraron que no se cumplieron los plazos establecidos para la caducidad de la instancia. Señalaron que, luego de que todos los demandados contestaran la demanda el 10 de marzo de 2023, Carlos Santiago Kirchner, primo de los Kirchner, presentó un escrito en el que informaba su absolución en el caso Vialidad.

Carlos Kirchner solicitó ser excluido de la lista de demandados. La Dirección Nacional de Vialidad recibió este escrito y solicitó el expediente en préstamo para digitalizarlo. Posteriormente, el 18 de septiembre de 2023, el apoderado de Cristina Kirchner planteó la caducidad de la instancia.

Los camaristas determinaron que la actividad de Carlos Santiago Kirchner interrumpió los plazos, lo cual afecta a todas las partes del proceso. Con este argumento, rechazaron el pedido de la expresidenta.

En este expediente, la defensa de Cristina Kirchner ya solicitó en dos oportunidades la “caducidad de la instancia”. Argumentó que la causa debía cerrarse debido a que la Dirección Nacional de Vialidad había dejado transcurrir seis meses sin realizar ninguna acción.

El primer planteo, presentado el 18 de septiembre de 2023, fue rechazado tanto por el juez de primera instancia como por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal.

Ante esta situación, la defensa de la expresidenta, representada por el abogado Luis Goldín, presentó un nuevo pedido ante el juez de primera instancia. En esta ocasión, argumentó que la DNV muestra un “desinterés” en el reclamo.

Según el letrado, “si contamos los plazos de forma apegada a lo que manda el código, la caducidad de instancia operó el 28 de marzo de 2025”. Agregó que “el plazo de seis meses contando días inhábiles para decretar la caducidad es palmario y no hay discusión, incluso descontando las ferias judiciales y regalando días para cálculos redondos, el extenso plazo inactivo por parte del actor es inaceptable”. Este nuevo planteo aún fue resuelto.

Este contenido fue producido por un equipo de con la asistencia de la IA.