Frente al avance de la causa $LIBRA, el oficialismo confirmó a Lilia Lemoine, una de sus más fieles lugartenientes, para que presida la Comisión de Juicio Político y, eventualmente, bloquee los intentos de remoción contra el presidente Javier Milei o sus ministros.

La Comisión de Juicio Político es una más sensibles de la Cámara de Diputados, ya que es la encargada de darle impulso -si sus miembros así lo resuelven- al proceso de enjuiciamiento contra el presidente de la Nación, sus ministros y los jueces de la Corte Suprema por mal desempeño en sus funciones u otras causales. De allí el interés de todos los oficialismos de comandar esta comisión con un legislador de confianza y controlar su mayoría para bloquear cualquier intento de remoción.

Los libertarios confirmaron para esta misión a Lemoine, una de las diputadas más aguerridas del bloque. La comisión se constituirá este martes por la tarde y todo indica que será una primera reunión caliente. No solo por el perfil de su nueva presidenta, sino porque la oposición también eligió a sus espadas más combativas para integrarla y agitarán la causa $LIBRA para incomodar al oficialismo.

“Creo que la candidatura de Lilia Lemoine, más allá de que se trata de una presidencia que le corresponde al oficialismo, expone con claridad el momento que atraviesa el Gobierno frente a causas especialmente sensibles, como Andis y el caso $LIBRA. Los libertarios solo buscan soldados leales, y Lemoine lo es a los objetivos de los Milei”, afirmó Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), quien fuera el presidente de la comisión investigadora del caso $LIBRA y ahora integrará la Comisión de Juicio Político.

Si bien la investigación sobre la presunta estafa cometida con la criptomoneda $LIBRA avanza con nuevas revelaciones, la oposición decidió que por ahora no presentará un pedido de enjuiciamiento contra el presidente Milei. Pese a que están convencidos de que su figura fue clave para que la maniobra se consumase, los opositores quieren evitar que el proyecto sea rechazado in limine, sin siquiera habilitar su tratamiento, por la Comisión de Juicio Político bajo el control de Lemoine.

“Vamos a esperar a reunir nuevos elementos probatorios y, cuando los tiempos políticos sean más propicios, recién entonces presentaríamos el pedido de juicio político”, deslizan.

Por de pronto, los opositores enviarán a sus soldados más combativos a la comisión. De Unión por la Patria, por caso, estarán representados Juan Grabois, Teresa García, Ramiro Gutiérrez, Juan Marino, Paula Penacca, Eduardo Valdez y Cecilia Moreau.

Ese bloque ya formuló dos pedidos de juicio político contra el presidente Milei; el último de ellos lo presentó el diputado Marino en febrero pasado luego de que el primer mandatario reivindicara la operación que impulsó Donald Trump en Venezuela para desplazar al presidente Nicolás Maduro y llevarlo a tierra norteamericana para su juzgamiento.

Desde que Milei asumió la presidencia, la Comisión de Juicio Político nunca funcionó. Si bien se integró, la designación de autoridades quedó trabada luego de que el oficialismo impulsara inicialmente a Marcela Pagano para presidirla y, posteriormente, su postulación fuera objetada por el propio entorno presidencial. El conflicto derivó en un enredo administrativo que nunca se resolvió.

Menem intentó desconocer la integración de Pagano al sostener que su incorporación no se había formalizado, una interpretación que fue rechazada por la mayoría de los integrantes de la comisión. La disputa terminó favoreciendo al oficialismo y el cuerpo nunca se puso en funcionamiento.

Con un acto multitudinario ante lo más representativo del Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia se mostró unida al anunciar una propuesta de nuevo reglamento para elegir jueces, y reclamó reducir la discrecionalidad de los procedimientos para devolver la confianza del ciudadano en la Justicia.

Con más de 400 personas reunidas en la Sala de Audiencias del cuarto piso del Palacio de Justicia, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti presidieron el acto desde un estrado elevado.

Estuvieron el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y su segundo, Santiago Viola; el procurador general Eduardo Casal; los vocales del Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad Inés Weinberg, Marcela De Langhe y Santiago Otamendi, y ministros de la Suprema Corte bonaerense.

Además, fueron de la partida los jueces de la Cámara de Casación Diego Barroetaveña, Daniel Petrone, Guillermo Yacobucci y Mariano Borinsky, entre otros.

El salón, dominado por una oscura boiserie, estuvo colmado por magistrados, abogados y representantes del Consejo de la Magistratura como Agustina Díaz Cordero, Alejandra Provítola, Fernanda Vázquez, Eduardo Vischi y Alberto Lugones.

Rosatti, que no firmó la acordada donde se propuso este nuevo reglamento de selección de jueces, pero que luego participó de la presentación, abrió el acto para recordar que el mecanismo de selección actual de magistrados prevé la participación de los tres poderes del Estado.

Rosenkrantz, que venía trabajando en esta propuesta desde hace meses, la describió en detalle. Dijo: “Nos sentimos obligados a promover la iniciativa por una necesidad imperiosa de mejorar el procedimiento de selección de magistrados”.

El juez dijo que con esta propuesta se proponen “estimular al Consejo de la Magistratura”, que viene debatiendo 15 proyectos desde hace más de un año, sin aprobar ninguno.

Defendió que la propuesta venga de la Corte, como organizadora del Poder Judicial. Así como Rosatti recordó su paso por la Convención Constituyente de 1994, cuando se creó el Consejo de la Magistratura actual, Rosenkrantz rememoró su rol como asesor del expresidente radical Raúl Alfonsín en esa reforma, con las ideas que trabajó el jurista Carlos Nino.

“La conclusión a la que arribamos en la Corte es que el sistema puede y debe mejorar mucho”, reclamó Rosenkrantz y dijo que es necesario reconocer que “la administración de justicia requiere saberes técnicos” y “jueces expertos en derecho”.

Por eso, explicó que se harán dos evaluaciones: una general de derecho mediante un banco de preguntas seleccionadas con inteligencia artificial (IA) y corregidas de manera automática; y una segunda parte donde se redactará una sentencia. Además, se valorará el desempeño universitario y académico de los magistrados, sus publicaciones en revistas indexadas, con evaluación de sus pares.

La estrategia, según dijo Rosenkrantz, es “eliminar la discrecionalidad” en cuento al desempeño universitario, que es un indicador del estudio del derecho. El proyecto pretende superar estos déficits.

“La evaluación escrita tendrá garantías reales de objetividad: un multiple choice de corrección informática y redacción de sentencias”, dijo y propuso exámenes anónimos, con codificación digital, donde los que elaboren las consignas no son los que las corrigen. No serán a libro abierto, como ahora.

Rosenkrantz fundamentalmente se detuvo en las entrevistas personales, que dijo son “una fuente de queja de los aspirantes serios, para evitar la alteración del orden de mérito sin parámetros claros ni límites cuantitativos”.

“La entrevista sirve para la identidad del candidato, pero no es para reescribir el orden de mérito construido con criterios objetivos y transparencia”, señaló y propuso como regla los “concursos anticipados”, antes de que se produzca la vacante.

“La discrecionalidad desplaza al mérito y lo hace de manera opaca, sin dejar rastros”, dijo y señaló que la iniciativa está guiada por “la convicción de que la democracia necesita jueces de los que nos podamos sentir orgullosos. Los ciudadanos deben creer de nuevo en los jueces”, aseguró.

El magistrado pidió que el Consejo de la Magistratura trate este proyecto sin modificarlo en lo sustancial, y que lo apruebe pronto. Aplausos cerrados coronaron su discurso.

El juez Lorenzetti, por su parte, remarcó que esta es una propuesta “hecha en conjunto desde la Corte” para todo el país, no solo para la justicia federal y nacional, sino las justicias provinciales, donde dijo que hay una tendencia a designar jueces aliados a los oficialismos locales.

“El problema del déficit estructural no es solo en el Consejo de la Magistratura de la Nación, sino en los procesos de muchas provincias, con un deslizamiento hacia una partidización cada vez más intensa de jueces y juezas”, dijo Lorenzetti sin eufemismos.

Lorenzetti consideró que hay “un puente que se transita demasiado seguido entre los Poderes Ejecutivos y los Poderes Judiciales”.

“Hay que llamar la atención sobre este proceso y ponernos a trabajar y regularizar para disminuir la discrecionalidad”, dijo y reclamó “evitar que la selección de jueces y juezas sea arbitraria y un concurso que responda a intereses que nadie tiene claro cuáles son, que varían en los cambios políticos del momento. Es importante que seamos sinceros en el diagnóstico: sabemos lo que sucede”.

“Dejemos de lado la participación de personas que poco tienen que ver con el Poder Judicial y que muchas veces inciden. Y eso hay que decirlo: es la queja generalizada de jueces y juezas”, sostuvo, en alusión a manejos opacos que determinan la selección de jueces que responden luego a factores de poder.

“Este mensaje de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es para toda la Nación”, remarcó Lorenzetti y pidió celeridad en los concursos del Consejo de la Magistratura y en la designación de los candidatos por parte de los restantes poderes.

Lorenzetti insistió en limitar la entrevista de selección como mecanismo para acomodar postulantes. “Hay que acotar el margen de discrecionalidad, porque tenemos que tener parámetros objetivos. Es difícil explicar los cambios en las listas de concursantes solo basados en una entrevista. Es más seguro contar con los antecedentes”, explicó.

En la misma línea, dijo que la propuesta de la Corte busca que la ciudadanía vuelva a discutir y defender la independencia de los poderes judiciales y los ministerios públicos.

“El poder nunca se autorestringe. Necesitamos un Poder Judicial fuerte que proteja a los ciudadanos y establezca límites. Eso se hace con jueces imparciales. Y este es un mensaje de la Corte como cabeza de un poder del Estado, para la población, para proteger su derecho a una justicia independiente con jueces y juezas imparciales”, concluyó.