POLITICA
En el Senado impulsan una sesión en homenaje al papa Francisco y se trasladaría el debate por Ficha Limpia

La sesión homenaje al papa Francisco -tras su deceso- que Diputados realizará en las próximas sería replicada el jueves por el Senado, según confiaron anoche desde los principales bloques de la Cámara alta a Infobae. Bajo la idea de un encuentro para honrar la memoria de Jorge Bergoglio, quedaría allí pospuesta la intención de sancionar esta semana la ley de Ficha Limpia: su discusión pasaría, en el mejor de los casos, al 8 de mayo.
Vale aclarar que nunca hubo una sesión convocada para esta semana por Ficha Limpia, más allá de las idas y vueltas para incorporarla en un potencial temario con los consensuados pliegos de los embajadores argentinos en Estados Unidos y España, que continuarán a la espera. Todo esto se iba a resolver hoy, a las 19, en una reunión de Labor Parlamentaria que de igual manera se concretará para definir los alcances del encuentro pensado para el jueves, que ahora cambió de agenda.
Además, algunos legisladores viajarían a Roma y, según deslizaron a este medio desde al menos tres despachos, “sería con sus propios medios”. Es que Infobae corroboró que algunos empujaron con discreción la posibilidad de armar una “comisión” de legisladores para asistir al funeral y que el Congreso fuera el “facilitador” de pasajes y viáticos.
Por ahora, la actividad de las comisiones en agenda -la mayoría, reuniones constitutivas para ratificar o modificar autoridades- quedará en manos de los presidentes de las mismas. Recién pasadas las 19 de ayer, la Cámara alta informó a través de un comunicado su adhesión al duelo y la bandera argentina del Palacio Legislativo izada a media asta durante siete días.
El jueves 1 de mayo no fue considerado para una eventual sesión debido a que será feriado por el Día del Trabajador. Esto se estirará al viernes 2, que aparece en el calendario oficial como “no laborable con fines turísticos”.
Qué dice la ley de Ficha Limpia
La norma modifica las reglas de elegibilidad para los candidatos a cargos públicos y bloquearía a quienes tengan una condena confirmada en segunda instancia relacionada con delitos contra la administración pública, como el caso de Cristina Kirchner.

En concreto, abraza a los “delitos de fraude en perjuicio de la administración pública contemplado en el artículo 174, inciso 5 del Código Penal”. También, a los “delitos previstos en los capítulos VI-Cohecho y tráfico de influencias, VII-Malversación de caudales públicos, VIII-Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, IX-Exacciones ilegales, IX bis-Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, y XIII-Encubrimiento, todos ellos contemplados en el título XI-Delitos contra la administración pública, del libro segundo del Código Penal”.
Además, quedarán comprendidos en este mecanismo “todo otro delito doloso contra la administración que conlleve enriquecimiento que sea dispuesto de conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la Constitución”.
En Diputados se eliminó la denominada “cláusula Petri” -en referencia al texto que produjo, entre otros, el ministro de Defensa, Luis Petri-, por lo que el artículo uno sostendrá la vigencia de la Ficha Limpia en “aquellos casos en que la sentencia condenatoria resulte confirmada por un órgano judicial de instancia superior, hasta su eventual revocación o cumplimiento de la pena correspondiente, y siempre y cuando la confirmación de la condena se produzca con anterioridad al plazo establecido en el artículo 25 del Código Electoral Nacional”. Es decir, a la confección de los padrones hasta 180 días antes de la elección general.
Por otra parte, “si la confirmación de la condena en instancia superior se produjera con posterioridad a dicho plazo, la prohibición tendrá efecto a partir de la finalización del proceso electoral”. En tanto, “la ilegibilidad regirá desde la fecha de la sentencia, salvo lo dispuesto en el párrafo anterior, hasta su eventual revocación o hasta el cumplimiento de la pena correspondiente”.
En el artículo 2, el inciso A se cambió en la Cámara baja por el siguiente: “La Cámara Nacional Electoral llevará un registro público de ficha limpia en donde constarán las sentencias dictadas en los términos del artículo 1, sus eventuales revocaciones y los datos identificatorios de las personas alcanzadas por dichas sentencias”.
Junto a los cargos electivos, los involucrados en la ley tampoco podrán ser designados como “jefe de Gabinete de Ministros, ministros, secretarios, subsecretarios, autoridades de entes y organismos descentralizados e instituciones de la Seguridad Social”, así como de cuerpos colegiados, personal diplomático, ni representantes en empresas con participación estatal de cualquier clase.
POLITICA
El detalle técnico que perturbó la votación por la reforma laboral: la bronca de Mayans y la explicación de Villarruel

Justo antes de votar el proyecto de reforma laboral, la aclaración de la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, cayó como un balde de agua fría para el peronismo. La vicepresidenta explicó que se procedía a votar a favor de las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados -con la modificación en el régimen de licencias médicas– o por la negativa, y por lo tanto a favor del dictamen original, es decir de la reforma laboral que las incluía.
“Tengo que aclarar el sentido del voto nuestro”, aseguró José Mayans, el titular del bloque Justicialista apenas escucho las palabras de Villarruel. “Nuestro bloque y los bloques que nos acompañan votamos en contra tanto del proyecto enviado por el Senado, como del proyecto enviado por Diputados. No estamos de acuerdo con ninguno de los dos proyectos, por eso votamos en contra”, expresó.
Villarruel lo interrumpió y buscó aclarar sus dichos. “En esta votación están disponibles solamente dos opciones. La primera opción es la aceptación de las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados. La segunda opción es la negativa a las modificaciones del proyecto de ley, y por ende se ratifica el dictamen original”, señaló.
Inesperadamente, quien salió a respaldar la posición del bloque opositor fue Patricia Bullrich, titular del bloque de la Libertad Avanza. “A mí me parece absolutamente razonable lo que dice el senador Mayans”, apuntó la exministra de Seguridad.
“Acá estamos discutiendo un proyecto y nosotros vamos a votar que si y ellos van a votar que no. Esa opción ha quedado restringida. Me parece que está bien que voten que ‘no’, y que se interprete que es una opción por ‘no’ al proyecto, porque sino van a quedar como que votan el proyecto que no quieren votar y no me parece justo», añadió.
“Yo entiendo, pero no tenemos opción por el artículo 81 de la Constitución Nacional”, interrumpió Villarruel. Insistió en esa idea mientras las senadores Juliana Di Tullio y Anabel Fernández Sagasti protestaban desde sus bancas.
Y Villarruel expresó con firmeza: “Entiendo las acotaciones tal como las están planteado, pero el voto es por la aceptación de las modificaciones por la Cámara de Diputados al proyecto de ley o por la negativa a las modificaciones del proyecto, ergo votan por el dictamen”, dijo. “O sea la segunda, es por la insistencia del dictamen original”, señaló. Y remarcó: “No tengo otra opción, señores”.
Mayans realizó entonces un nuevo pedido. “Pero en ese caso, tenemos entendido que quedó nulo el artículo 44, o sea que hubo una modificación en la composición general de la ley. Nosotros reclamaríamos que se lea la ley completa para saber cómo quedó el articulado completo“, indicó. Y añadió: ”Podemos hacerlo así para que haya claridad y obviamente [aclarar] que nosotros no vamos a votar ni un solo artículo, ni estamos de acuerdo ni con la del Senado ni con la Diputados, por eso votamos en contra, para que quede bien en claro que votamos en contra, no la interpretación que usted dice».
Fue entonces que ahí intervino el senador Fernando Salino del bloque de Unión por la Patria de San Luis. “Esto se lo debió aclarar al miembro informante que empezó diciendo ‘está en consideración este proyecto’”, replicó el legislador. “Si está en consideración el proyecto, votamos por la negativa. Nuestra negativa es claramente en general y en cada uno de sus artículos, aún cuando la formalidad proponga otra cosa», expuso.
Villarruel reiteró su línea argumental con intención de cerrar la discusión. “Cuando el secretario parlamentario leyó, era la votación sobre el dictamen. Estamos votando sobre un dictamen», apuntó. “Se insiste sobre el dictamen original o se aprueban las modificaciones de la Cámara de Diputados. ”Cada uno, luego le da el simbolismo que quiere“. Y no dio lugar a más debate. “Se vota, se vota”.
Después de que unos legisladores se terminaran de identificar y la aclaración de José María Carambia y Natalia Elena Gadano (Alianza por Santa Cruz) de que se abstenían, se procedió a votar.
Tras una breve discusión que empiojó la votación, la reforma laboral se aprobó por 42 votos a favor, 28 en contra y 2 abstenciones.
Senado de la Nación,Reforma laboral,Victoria Villarruel,Conforme a,,Celebraciones y rechazo. Las repercusiones del arco político tras la sanción en el Senado de la reforma laboral,,Es ley. El Gobierno sancionó la reforma laboral y le torció el brazo al PJ y la CGT,,Investigó al poder. Anularon la destitución de Cecilia Goyeneche y vuelve a ser fiscal anticorrupción,Senado de la Nación,,Es oficial. Cuándo entra en vigor la reforma laboral de Milei que sancionó el Congreso,,Uno por uno. Cómo votó cada senador en la sesión en que se convirtió en ley la reforma laboral,,Reforma laboral completa. Artículo por artículo, así es el proyecto de Javier Milei
POLITICA
La CGT ajusta su impugnación contra la reforma laboral: qué decisión clave tiene que tomar en tiempo récord

Los abogados de la CGT trabajan contrarreloj para elaborar la impugnación ante la Justicia de la reforma laboral, pero se tomarán este fin de semana para definir, con la plana mayor cegetista, ante qué fuero harán la presentación: el laboral o el contencioso administrativo.
No es una decisión menor. A fines de 2023, el amparo de la CGT contra el capítulo laboral del DNU 70 fue presentado ante la justicia laboral y la jueza de feria del fuero nacional del Trabajo, Liliana Rodríguez Fernández, hizo lugar parcialmente al recurso y declaró la invalidez de los artículos 73, 79, 86, 87, 88 y 97 del decreto.
Ese antecedente, sin embargo, no significa que los asesores legales de la CGR piensen en seguir el mismo camino: en este caso, el eje de la denuncia es una ley sancionada por ambas cámaras parlamentarias y no un decreto de necesidad y urgencia, por lo que no tiene peso, como interpretó la justicia laboral cuando falló contra el DNU 70, el argumento de que no había urgencias que justificaran al Poder Ejecutivo a tomar decisiones que le corresponden al Poder Legislativo.

En este caso, la CGT debe exponer fundamentos sólidos por los cuales hay diversos artículos de la reforma laboral que son contrarios a la Constitución Nacional, aunque fueron convertidos en ley por el Congreso (al menos, se espera que eso suceda este viernes en el Senado).
Para la elaboración del escrito de la CGT colaboraron expertos en Derecho Constitucional como Alberto García Lema, cercano al peronismo, y Ricardo Gil Lavedra, de origen radical, ambos de lazos con la central obrera.
En la Casa Rosada también tomaron sus recaudos: los abogados del Estado ya estudian de qué forma pueden neutralizar en la Justicia la impugnación de la CGT contra la reforma laboral. En uno y otro sector todos dan por hecho que el próximo round por los cambios en la legislación del trabajo tendrán como escenario los tribunales, pero no necesariamente los juzgados laborales nacionales, sospechados de ser afines al sindicalismo.

Es que uno de los motivos por los cuales la CGT eludiría la justicia del trabajo es que tienen la sensación de que allí hay revulsión interna por la decisión del gobierno nacional de acelerar el traspaso del fuero laboral nacional al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. “Hay un clima raro entre los jueces y no se sabe qué pueden hacer ante un recurso como el de la CGT”, deslizó un jefe cegetista.
Para este sindicalista, con décadas de rodaje en el poder en la Argentina, en el ánimo de algunos magistrados podría pesar el hecho de que el gobierno de Javier Milei hoy cuenta con un “volumen político y parlamentario que no tenía” en 2023, cuando dictó el DNU 70.
Los líderes cegetistas saben que se juegan a todo o nada contra la reforma laboral a través de lo que dictamine la Justicia. No alcanza, como afirmaban hasta hace pocas semanas, el hecho de que exista jurisprudencia legal contra la reglamentación del derecho de huelga en los servicios esenciales, que formó parte del DNU 70 (y quedó frenado por la justicia laboral), también del decreto 340 (que invalidaron en el mismo fuero) y ahora del proyecto de reforma laboral que debate el Senado.

“Van a tener muchos líos; esta reforma tiene violaciones a conceptos de carácter constitucional y a la vuelta de la esquina se van a chocar contra otra pared de nuevo”, advirtió la semana pasada el cotitular de la CGT Jorge Sola (Seguro) al confirmar la impugnación que preparan.
Justamente uno de los artículos que formarán parte de la presentación de la CGT ante la Justicia es el que regula el derecho de huelga en el transporte, la educación, la salud y numerosas actividades. Para hacerlo se obliga a garantizar un servicio mínimo de funcionamiento en caso de medidas de fuerza: 75% en servicios considerados esenciales y 50% en servicios trascendentales.
Hay especialistas que no están vinculados con el sindicalismo que también objetan ese articulo: uno de ellos es Jorge Triaca, ex ministro de Trabajo de Cambiemos, que dijo al diario La Voz del Interior: “La redacción actual me parece difusa y menos clara que los antecedentes existentes, lo cual podría generar una mayor judicialización posterior a la sanción de la ley”.
Quizás con la expectativa de no romper los canales de diálogo con el Gobierno para incidir en la reglamentación de la reforma laboral, la CGT desistió de realizar este viernes otro paro o una nueva movilización ante el Congreso y, en cambio, anunció una marcha este lunes al Palacio de Tribunales, sólo de dirigentes y delegados, para acompañar la impugnación judicial. Antes, de todas formas, deberá tomar una decisión clave de la que puede depender el futuro jurídico de la reforma laboral.
CGT
POLITICA
Reforma laboral: celebraciones del oficialismo y rechazo opositor tras la sanción en el Senado

El Senado sancionó la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. Tras la votación, dirigentes del oficialismo y de la oposición expresaron sus posiciones en redes sociales. La ley fue aprobada con el respaldo de La Libertad Avanza, la UCR, el Pro y bloques provinciales, mientras que las distintas expresiones del peronismo votaron en contra.
El presidente Javier Milei escribió: “HISTÓRICO. Tenemos modernización laboral. VLLC!”. Minutos después también publicó una foto de los senadores que hicieron posible la aprobación de la norma acompañada por el siguiente texto: “Felicitaciones LLA y aliados”. En respuesta al mensaje publicado por el Presidente, también expresó satisfacción el ministro de Economía, Luis Caputo. “Argentina será próspera!!!”, afirmó
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, señaló: “Tres reformas estructurales sancionadas en 48 horas. Empleo y flexibilidad, justicia y orden, comercio y prosperidad. Dios bendiga a la República Argentina”.
En tanto, la senadora y jefa del bloque parlamentaria de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, respondió a la publicación del Presidente en la que felicitaba al bloque oficialista y aliados: “Este equipo de Senadores hizo historia. De verdad. Si hicimos todo esto en dos meses, imagínense todo lo que vamos a hacer cuando arranquen las sesiones ordinarias”.
Desde la oposición, la senadora Juliana Di Tullio sostuvo: “Va a ser la primera ley que vamos a derogar cuando volvamos a ser gobierno. La Argentina no se vende y los trabajadores no se arrodillan”.
Por su parte, la diputada Paula Penacca escribió: “Se acaba de aprobar la reforma de flexibilización laboral. Una ley dictada por el FMI para beneficiar a un puñado de empresarios y perjudicar al conjunto de los trabajadores y trabajadoras que ya vienen siendo brutalmente golpeados por este gobierno nefasto”. Y agregó: “No es la primera vez que intentan quitarle derechos a trabajadores y trabajadoras. Y tampoco será la primera vez que organizados y movilizados los volvamos a recuperar. El pueblo siempre vuelve”.
El diputado Itai Hagman comparó esta norma aprobada con la Ley Banelco. En ese marco, contó que dicha ley se sancionó en mayo de 2000 y se derogó en marzo de 2004. “Duro 4 años nada más y en el medio el desempleo solo creció”, recordó.
En ese sentido sostuvo: “Nuestro desafío ahora es que esta dure menos y que nunca vuelvan a gobernar la Argentina los miserables que solo se dedican a joderle la vida a los laburantes y destruir la industria nacional”.
Por su parte, la senadora Anabel Fernández Sagasti escribió: “La Argentina volverá a ser un país donde los trabajadores tengan derechos. Y nosotros estaremos ahí para lograrlo, no tengan dudas”.
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