Mientras el Gobierno empieza a sondear a gobernadores para discutir el Presupuesto y abre una nueva instancia de negociación con Mauricio Macri, Karina Milei y sus delegados profundizan el raid partidario en el territorio y apuestan por la polarización con la oposición más dura. En la mesa política del Gobierno, sin embargo, hay ideas diferentes sobre la conveniencia de presionar demasiado al PRO, críticas al trabajo de Casa Militar por los incidentes en La Plata y hasta sorpresa por la moderación de las protestas.
Las autoridades del oficialismo en la Provincia desembarcarán el próximo sábado en Mar del Plata, donde Javier Milei y Santiago Caputo se convencieron en 2021 -al organizar el sorteo de la dieta del entonces diputado- que había agua para tirarse a la pileta de una candidatura presidencial. Por ahora no está previsto que el jefe de Estado regrese a la ciudad donde «la vio» por primera vez.
El titular de la comisión de Presupuesto José Luis Espert, que ya camina la Provincia como candidato, será de la partida después de limar sus diferencias con el presidente del partido bonaerense Sebastián Pareja, que el viernes estuvo con Menem y Karina en La Plata. La hermana del Presidente todavía mira con desconfianza al economista y no le cierran la puerta a una eventual candidatura en 2025.
En el primer piso de la Casa Rosada esperan que la jueza María Servini otorgue el lunes el reconocimiento del partido nacional de La Libertad Avanza, cuya presidencia estrenó la hermana del Presidente en Parque Lezama, y también la versión porteña, que presidirá la presidenta de bloque de legisladores porteños Pilar Ramírez.
En el armado libertario de la Ciudad creen que el aval judicial servirá para quedarse con el nombre que del bloque se disputa con Ramiro Marra. Jorge Macri, a pesar de los pedidos de la propia secretaria general, se mantuvo ajeno a la disputa a pesar de los votos en contra que cosechó el código urbanístico. Además de argumentos institucionales, el jefe de Gobierno, según la perspectiva de algunas de las espadas legislativas del PRO, tiene también tiene razones políticas de peso: Marra tiene el doble de diputados que la delegada de la hermana del Presidente, aunque el bloque de Karina y los diputados que responden a Patricia Bullrich tienen destino de fusión, como ya ocurrió en la Provincia.
Pintadas contra Karina Milei en La Plata. Foto: Juano Tesone
Sin embargo, mientras la ministra de Seguridad dice por lo bajo que quiere acelerar la formalización de la ruptura total con el PRO para asociarse a LLA, en la Casa Rosada le ponen paños fríos. Uno de los delegados políticos de Karina Milei se convenció esta semana de que no es conveniente seguir irritando demasiado a Macri y al PRO, que fueron la piedra angular de la estrategia oficial del Gobierno para blindar el veto para los fondos universitarios.
Advertisement
«A Patricia le tiran una buena y después la frizan«, fue el diagnóstico lapidario de un dirigente que conoce las ambiciones de Bullrich. La ministra irrumpió con fuerza en la mesa política de Milei de los martes y abrió la puerta para el blindaje a las jubilaciones con acercamientos a radicales. El eje del jefe de Gabinete Guillermo Francos y su segundo, Lisandro Catalán, -que se recelan con Bullrich- retomaron el control exclusivo de las negociaciones políticas.
Aunque Bullrich se había bajado de una eventual candidatura, en el Gobierno dejaron de promoverla como eventual candidata en el terruño de Macri; gestos. De todos modos, en la Rosada insisten en no ir juntos en la Capital para relegar al kirchnerismo y avisan que no guardarán demasiados lugares en las listas para el PRO si coinciden con ellos en Provincia.
Santiago Caputo escuchó los mismos argumentos en contra de la estrategia de Bullrich -que decían los consejeros karinistas- de boca de Cristian Ritondo. Por ahora prima el pragmatismo. El jefe de bloque PRO estrenará en los próximos días la mesa exclusiva de contención y discusión política que le ofreció el asesor preferido de Milei. Síntoma del cambio en la estrategia, por primera vez, esta semana, se escucharon elogios al presidente del PRO en los despachos importantes de Balcarce 50 que habitan los principales detractores del ex mandatario.
La principal espada legislativa de Macri está más pendiente en cuidar los intereses de los tres distritos del PRO en el Presupuesto 2025, en especial de la Ciudad, que reclama que se incluya la cuota de la coparticipación que restituyó la Corte Suprema. También peleará para que la Nación termine de ejecutar obras paralizadas en municipios bonaerenses gobernados por el macrismo. Francos y Catalán, por ahora, privilegiaron a los jefes comunales del PJ. Ritondo asiste a las reuniones de Presupuesto acompañado por Luciano Laspina y Daiana Fernández Molero.
Más que la pirotecnia de la Ley Hojarasca, el proyecto de Federico Sturzenegger, con las que el Gobierno quiere barrer con 70 leyes de 10 presidencias e irritar al kirchnerismo, en el PRO quieren acelerar la ley de hidrógeno verde, los cambios para el voto de argentinos en el exterior, iniciativas que afectan a los sindicatos y «ficha limpia«, una propuesta que no convence a los colaboradores más cercanos al Presidente que negocian con delegados de Cristian Kirchner el dictamen para los pliegos de Ariel Lijo y de Manuel García Mansilla para la Corte Suprema, que el Gobierno siente a tiro.
Con la discusión interna en el Gobierno sobre cómo lidiar con sus aliados del PRO (que no ocultan su voluntad de diferenciarse y discutir ley por ley) como telón de fondo Bullrich visitará este martes el Congreso para informar sobre el capítulo de Seguridad dentro del Presupuesto mientras el ministro de Economía Luis Caputo, por ahora, evita la discusión parlamentaria.
En la cartera de Seguridad criticaron con dureza la supervisión «muy desprolija» de Casa Militar en el desembarco de Karina Milei en La Plata, donde hubo incidentes y militantes estuvieron a cargo de algunos controles que incluyeron controles de metales. La interna entre la Policía Federal y Casa Militar trasciende gobiernos.
Advertisement
En el Gobierno no preocupan demasiado los escraches y episodios de violencia, por ahora menores, aunque el Presidentes y las primeras figuras del Gobierno, como Bullrich, se indignan en las redes. «Los escraches y todo lo que sea micro va a ir aumentando a medida que la situación económica no mejore. Hoy es todo politizado y las agresiones son todo ganancia para el Gobierno«, razonan en el Ejecutivo.
Quienes monitorean la tensión social en la calle se sorprendieron por la moderación de las protestas por el veto a los fondos universitarios. En el Gobierno apuestan que el reclamo de los estudiantes -las tomas, en particular- quedará parcialmente deslegitimado. En el Gobierno rechazaron la alternativa que propuso el cordobés Martín Llaryora para que el Ejecutivo convoque a una mesa de diálogo y el vicerrector de la UBA Emiliano Yacobitti advirtió que la partida del Presupuesto es insuficiente.
En ese marco, en medio de las peleas con las universidades y la promesa e derogar el decreto que impide que la SIGEN audite a las universidades, el referente marplatense de LLA y diputado bonaerense Alejandro Carrancio presentó en sociedad en La Plata, antes de que hablara Karina Milei, la agrupación con la que los libertarios pretenden disputar los centros de estudiantes de las universidades, una idea que –como adelantó Clarín– también generaba rispideces en la mesa chica del Presidente.
La posibilidad de un habilitar un espacio de diálogo tripartito entre el Gobierno, empresarios y sindicalistas deberá esperar un buen tiempo para ver la luz. La cúpula de la CGT decidió bajarse de la convocatoria que funcionarios de Javier Milei habían comenzado a organizar con ese objetivo esta semana, molesta por la fuerte presión de la Casa Rosada de imponer un tope del 1% mensual a los aumentos salariales de 2025 y, en paralelo, habilitar en esa mesa de discusión el debate de una reforma laboral profunda, como prometió el Presidente en el discurso con el que celebró su primer año de gestión.
Con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a la cabeza, el Gobierno sondeó en los últimos días a los miembros de la mesa chica cegetista y a referentes del Grupo de los 6, el entramado empresario que integran la UIA, las cámaras de Comercio y Construcción, ADEBA, la Bolsa de Comercio y la Sociedad Rural, para avanzar en el llamado a una reunión inaugural del diálogo tripartito, cuya fecha buscaba consensuar.
Logró el aval inmediato de los dirigentes empresarios pero, a pesar del guiño inicial de algún sindicalista, una mayoría significativa de la central obrera rechazó la invitación y pateó para delante la alternativa de sumarse al diálogo. «No hay clima para ninguna reunión, menos para que nos quieran imponer una agenda de reforma», advirtió, molesto, un importante jefe cegetista consultado por Clarín acerca de la convocatoria alentada por la administración libertaria.
Desde la primera línea de la central obrera esgrimen razones de sobra para rechazar sentarse a la mesa en los términos de la propuesta oficial, pese a la tregua de facto que rige desde hace varios meses en la relación entre ambos, lo que fortaleció al bloque dialoguista dentro de la central y desactivó cualquier medida de fuerza general antes de fin de año. Pero la tensión de los sindicalistas escaló con fuerza en los últimos días de la mano de las complicaciones que aparecen en el marco de las paritarias que negocian en sus respectivas actividades.
El caso más notable es el de Camioneros, aunque no el único. Tras desembarcar después de muchos años en la conducción de la CGT ante el portazo de su hijo mayor, Hugo Moyano aceleró las discusiones con las cámaras del transporte de cargas para definir el aumento salarial del sector, pero se encontró con la firme resistencia del Gobierno para autorizar aumentos por encima del 1% mensual desde enero, en línea con la inflación proyectada por el Ministerio de Economía.
El jefe camionero revisó su reclamo original (una suba se 15% en tres tramos por el período diciembre-febrero) y acercó posiciones con los empresario para firmar una mejora trimestral de entre 7% y 8%. Pero la Secretaría de Trabajo, que encabeza Julio Cordero, también rechazó ese esquema y dejó a Moyano a un paso de lanzar un conflicto, lo que podría anunciarse este jueves. «El Gobierno ni sabe lo que quiere, es muy difícil cerrar un acuerdo de esta forma», se sinceró en reserva un referente del sector empresario que participa de la negociación con el líder camionero, sorprendido por la postura de los funcionarios.
Advertisement
Como Moyano, son varios los sindicalistas que pegaron el grito en el cielo por la presión oficial para que cierren aumentos con un techo del 1% mensual. En algunos casos, esa presión se tradujo en la no homologación de acuerdos salariales ya firmados en diversas actividades. Uno de ellos involucra el entendimiento que selló el sindicato de Sanidad, que encabeza el también miembro del triunvirato de conducción cegetista Héctor Daer, con las cámaras del sector asistencial por el que se fijó una suba de 4% para octubre, 3,8% para noviembre y 3,6% para diciembre.
El Gobierno transmitió al gremio que por decisión del ministro de Economía, Luis Caputo, no se validarían incrementos superiores al 1% y, a la par, exigió a los empresarios la firma de un compromiso para no trasladar a los precios la recomposición salarial. La homologación sigue estancada, aunque los aumentos ya se están pagando. Y el mismo cuadro de situación se repite en otras actividades del sector privado con subas firmadas pero no validadas por las autoridades. La CGT aguarda este jueves las deliberaciones del Consejo del Salario para determinar si el Gobierno aplicará la misma política al aumento del salario mínimo, el que mayor deterioro sufrió frente a la inflación durante el año.
A ese telón de fondo se sumó en las últimas horas la creciente preocupación sindical por una avanzada del Gobierno para imponer en la mesa de diálogo el debate de una reforma laboral más amplia y habilitar mediante decretos y resoluciones cambios en algunas condiciones laborales. «No vamos a prestarnos a un diálogo que solo pretende hacernos validar una reforma», advirtió otro referente de peso de la conducción cegetista ante la consulta de este diario.
El mismo gremialista también reprochó la falta de cumplimiento de los compromisos que asumieron los funcionarios de Milei con la entidad, como la reglamentación del capítulo anti-bloqueos de la Ley Bases y el freno de las iniciativas parlamentarias para limitar la reelección de los sindicalistas y el cobro de las cuotas solidarias a no afiliados por parte de los gremios. «El proyecto se frenó por la gestión de la CGT con algunos aliados, pero los libertarios firmaron todos el dictamen», afirmaron desde la central.
Una preocupación similar deslizó otro gremialista respecto a la decisión del Gobierno de avanzar con cambios en las condiciones de trabajo vía resoluciones, como el que -aseguran en la CGT- se prepara para eliminar la obligatoriedad del seguro de vida del trabajador que las empresas deben costear según lo establecido en la legislación laboral vigente.
POLITICA2 días ago
