La Policía de la Ciudad encabezó un “operativo de ordenamiento y limpieza” para desalojar a los militantes que se habían instalado frente a la casa de la expresidenta Cristina Kirchner, en el barrio de Constitución. Las agrupaciones permanecían en las inmediaciones del domicilio ubicado en Humberto 1° y San José desde el martes pasado, cuando se confirmó la condena a seis años de prisión contra la dirigente política.

Según pudo saber por fuentes policiales, el operativo comenzó cerca de las 2.30 de la madrugada y se extendió por solo media hora. En este marco, más de 160 efectivos y agentes de Espacio Público retiraron elementos que ocupaban las veredas y calles, como pasacalles, banderas y cartelería.

Entre los objetos que fueron secuestrados se encuentran también ocho gazebos, mesas para servir comida, sillas, banquetas, sombrillas y seis parrillas. Además, se realizaron tareas de limpieza en paredes de casas vecinas que habían sido vandalizadas.

Según indicaron desde la fuerza policial porteña, el operativo se desarrolló con normalidad y sin que se registren incidentes con los manifestantes que se encontraban en el lugar.

En los últimos días, el edificio de la calle San José 1111, en donde la expresidenta pidió cumplir la prisión domiciliaria, se convirtió en el epicentro de convocatoria de agrupaciones kirchneristas, que montaban guardia en las veredas aledañas desde la semana pasada.

Sobre la pared del edificio había carteles pegados, hechos a mano, con leyendas de apoyo como “Dios, Patria, Cristina”, o “Gracias por los ovarios. Te amamos”. A su vez, seis hombres de la custodia de la expresidenta están apostados en la puerta de ingreso, delante de dos vehículos negros que se utilizan para los traslados. En la vereda está también Diego Carbone, jefe de la custodia de Cristina Kirchner.

El sindicato La Bancaria, que conduce el diputado nacional kirchnerista Sergio Palazzo, había instalado uno de los gazebos que ahora fueron retirados en la esquina de Humberto Primo y San José. El sindicato preveía tener presencia las 24 horas con militantes en esa suerte de carpa.

El tránsito vehicular también se corta por momentos en las calles San José y Humberto Primo, cuando los manifestantes que se encuentran sobre las veredas pasan a la calzada. El día de mayor convocatoria fue el martes pasado, cuando la expresidenta llegó a su departamento tras pasar casi toda la jornada en la sede del Partido Justicialista (PJ).

Se espera que esto vuelva a repetirse este miércoles 18 de junio, cuando la dirigente peronista se presente para notificarse en Comodoro Py tras ser condenada en la causa Vialidad por la Corte Suprema de Justicia. La confirmación llegó a través de un descargo publicado este viernes, donde también expuso los motivos por los que solicitó la prisión domiciliaria en ese mismo domicilio porteño. Según argumentó, esta solicitud no se basa en un privilegio, sino en “estrictas razones de seguridad personal”.

Las organizaciones sociales ligadas al kirchnerismo ya confirmaron que este miércoles marcharán desde la casa de la exfuncionaria hasta los tribunales federales en señal de apoyo y contra el dictamen de la Justicia que la condenó a prisión y la inhabilitó de por vida a ejercer cargos públicos.

El dirigente social Juan Grabois criticó el operativo de desalojo realizado por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires contra los militantes que acampaban en las inmediaciones del departamento de la exvicepresidenta y afirmó que demuestra “otro paso más fuera de los límites democráticos”.

“Que una fuerza de seguridad publique una pieza audiovisual de propaganda política -de mala calidad pero propaganda al fin- con escenas de violencia y música de combate sobre “la residencia de Cristina Kirchner” es otro paso más fuera de los límites democráticos… y otro punto que anotamos en la libreta de cuentas que vamos a ajustar en breve», escribió en sus redes sociales.

Una exfuncionaria del Gobierno de Gildo Insfrán en Formosa denunció en los medios de comunicación y ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados a un integrante del Gabinete provincial por un presunto acoso sexual e institucional.

Se trata de Silvia Tarantini, exdirectora del Registro de Personas Jurídicas de la provincia, quien asegura que el ministro de Gobierno formoseño, Jorge González, la sometió a un acoso sistemático durante buena parte de los 14 años que trabajó bajo sus órdenes.

El poderoso funcionario provincial le propinó a Tarantini, entre otros aprietes, insinuaciones sexuales a cambio de cargos legislativos o ascensos en la jerarquía del gobierno de Insfrán, según relató la mujer a .

“La relación siempre fue tensa, de mucha presión, de mucho acoso laboral y también de acoso sexual. Al principio, de manera velada: piropos, insinuaciones, como para ver si yo me enganchaba en algo. Yo me quedaba callada, bajaba la cabeza, no decía nada. Era mi jefe”, afirmó.

“En algunas oportunidades me insinuó que si yo tenía algo íntimo con él, si era un poquito más cariñosa… me dijo: ‘si vos sos un poquito más cariñosa conmigo, yo te puedo… vos podés ser la próxima subsecretaria’”, reconstruye Tarantini. “En otra ocasión me ofreció ser diputada provincial, y en otra, diputada nacional”, agregó.

intentó comunicarse con el ministro González, con la secretaría de prensa de la provincia y con otras figuras del gabinete, pero al momento no obtuvo respuestas. Tampoco hubo pronunciamientos por parte del Gobierno respecto a la acusación, que Tarantini amplió en Radio Uno de Formosa.

La denuncia fue anterior, ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, que preside la diputada Sabrina Ajmechet, aprovechando una visita de un comité a la provincia, del que también formó parte la diputada Lilia Lemoine.

Por el momento, Tarantini asegura que no iniciará acciones legales, al menos no en Formosa, cuya Justicia considera “cooptada”. Sin embargo, no descarta hacerlo más adelante, con pruebas que mantiene a resguardo en una escribanía fuera de la provincia.

“Quiero resguardar mi integridad física y psicológica, pero sobre todo la física, tanto mía como la de mi familia y mi entorno, y también mis bienes, porque la represalia va a ser desmedida. Yo los conozco. La Policía de Formosa responde al ministro de Gobierno, justamente quien era mi jefe”, sostiene.

Tarantini trabajó durante 30 años en el Gobierno provincial. Según relata, su relación con González siempre fue tensa, pero la presión para desplazarla del cargo creció cuando él se convirtió en ministro.

Asegura que el respaldo político de Insfrán la sostuvo en el cargo durante años. Ese apoyo comenzó a resquebrajarse cuando insinuó que iría a la Justicia a presentar una denuncia. En diciembre de 2019, el ministro González le comunicó que “el gobernador había aceptado su renuncia”, tras presentarla junto a otros funcionarios, como es habitual frente a un cambio de Gobierno, explica.

“Tuve una crisis hipertensiva, estuve internada, sufrí un ACV; todo eso está documentado. Me dejó una incapacidad permanente: soy hipertensa de por vida, estoy medicada y me afectó el oído derecho. Tengo una incapacidad severa, uso audífonos y padezco una disminución auditiva del 70%”, detalla.

La provincia de Formosa enfrenta elecciones de medio término el 29 de junio. Se renovarán 15 de las 30 bancas en la Legislatura. La nueva conformación tendrá la tarea de poner en marcha la reforma constitucional con la que Insfrán, que gobierna la provincia de manera ininterrumpida hace 30 años, aspira a un noveno mandato.

Tarantini eligió dar a conocer su historia ahora porque la semana pasada cumplió los 30 años “de servicio” para la jubilación, un momento que estaba “esperando con ansias” para hacer público el caso, según cuenta. Coincidió con la visita de la comisión de Derechos Humanos y aprovechó para volcar allí su testimonio.

Como exfuncionaria, Tarantini describe un entramado de agresiones y presiones por parte de figuras cercanas al poder en Formosa y sostiene que los abusos en la provincia son “estructurales”, aunque reconoce que son pocos quienes se animan a denunciarlos públicamente.

Además, afirma que durante su gestión en el Registro de Personas Jurídicas se le prohibía otorgar personerías a entidades que no fueran “compañeras” y que la obligaban a participar en maniobras de “fraude electoral”.

“Ellos tienen tomado todo. No lo digo porque lo escuché, lo digo porque formé parte”, dijo ante la comisión de Derechos Humanos.