La justicia avanza en su investigación sobre los posibles defectos en la producción y “desvío de calidad” de medicamentos de los laboratorios HLB Pharma Group S.A. y Ramallo S.A. responsables de la elaboración de varios lotes contaminados de fentanilo de uso clínico vinculado a la infección microbiana de 90 pacientes, 51 de los cuales fallecieron. En las últimas horas, el juzgado federal de La Plata a cargo de Ernesto Kreplak envió una comisión de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) al edificio central de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ubicado en Avenida de Mayo 869, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con una resolución que ordenaba “la entrega inmediata de la totalidad de los expedientes administrativos relacionados con “desvíos de calidad” en medicamentos producidos por HLB Pharma Group S.A. y Ramallo S.A.. Entre los documentos requeridos se encuentran “actuaciones administrativas y expedientes internos de ANMAT”. El escrito hace referencia a 133 reportes que van desde el año 2018 hasta el 14 de mayo de 2025 y en concreto se mencionan cinco en especial.

Para el magistrado esa documentación es de tal importancia que la orden autorizaba “el uso de la fuerza pública y la habilitación de días y horarios inhábiles si fuera necesario para la ejecución de la diligencia”.

El objetivo era “asegurar y secuestrar toda la documentación relacionada con los lotes investigados, garantizando la obtención de pruebas para la averiguación de la verdad y el cumplimiento del proceso penal”.

La fuerza federal se hizo presente en el edificio porque los investigadores ya habían solicitado “la totalidad de los expedientes” generados a raíz de observaciones realizadas por la ANMAT a los laboratorios cuya cara visible es el empresario Ariel García Furfaro y no había sido entregada en su totalidad.

El descubrimiento surgió porque en una planilla Excel figuraban que “en el expediente Ex-2025-48744345-APN-INAME#ANMAT el 14 de mayo el Departamento de Vigilancia Post -Comercialización y Acciones Reguladora señaló que entre el período de junio de 2018 a esa fecha, “el área gestionó un total de 133 notificaciones por desvíos de calidad sobre productos de las firmas HLB PHARMA GROUP S.A. y Ramallo S.A.” En dicho documento figuran cinco documentos que no fueron proporcionados al Juzgado Criminal y Correccional Federal 3 de La Plata.

La medida coercitiva no fue necesaria. Los funcionarios que dependen del Ministerio de Salud de la Nación, a cargo de Mario Lugones, proporcionaron los expedientes solicitados. Así y todo, el juzgado podría insistir con un nuevo requerimiento de información.

Según se recuerda en el documento oficial presentado ante la autoridad sanitaria, y a la cual accedió este medio, el juez Kreplak precisó que el Hospital Italiano de La Plata “reportó, en abril de 2025, dieciocho casos de contaminación microbiana en pacientes por la administración del producto FENTANILO HLB (citrato de fentanilo inyectable, lote 31202, vencimiento septiembre 2026), resultando en el fallecimiento no esclarecido” de primero 9 pacientes, cifra que con el correr de los días se elevó a 15.

Hace dos semanas el magistrado aceptó a ese hospital privado como parte querellante. Es decir, lo admitió como “víctima”. Ahora los abogados patrocinantes no solo tienen acceso a la causa, sino que pueden requerir medidas de prueba y requerir detenciones o declaración indagatoria de los directores técnicos de los laboratorios y autoridades, como presidentes y vocales al tratarse de sociedades anónimas. Hasta ahora no lo hicieron.

El magistrado detalló en el requerimiento a la ANMAT, organismo que depende del Ministerio de Salud de la Nación que los resultados de las medidas preliminares que fue adoptando para esclarecer los hechos “han ido incorporándose de manera progresiva y, de modo preliminar, denotan un escenario sanitario crítico con motivo del desvío de calidad en la elaboración de, al menos, el producto Fentanilo HLB”.

Varias hipótesis y espera de peritos designados por la Corte bonaerense

Según pudo reconstruir este medio el juzgado, la fiscalía y la querella trabajan sobre varias posibles hipótesis que podrían haber llevado a la contaminación de varios lotes de fentanilo del HLB Pharma:

-Se están analizando todos los antecedentes sobre objeciones que la ANMAT realizó sobre las dos firmas vinculadas como “defectos en proceso de producción de todo tipo de medicamentos. La estrategia es entender el contexto en el que se produce la campaña en la cual están los lotes contaminados del “Fentanilo HLB 0,05 mg/ml por 5 ml”.

-En este contexto resulta necesario entender también cuáles fueron las alertas previas que tenían los laboratorios. Los hechos tienen relevancia para la construcción de la imputación a los posibles responsables.

-Se realizan peritajes con el prestigioso Cuerpo Médico Forense de La Plata.

-Según la interpretación de un abogado que interviene en el expediente, en este punto es “es imprescindible realizar un peritaje de la elaboración del cuestionado fentanilo”. Se lo denimona Batch Record

-El Batch Record en la industria farmacéutica, es el “Registro de Lote”. Se refiere al conjunto de documentos en el que se consigna, de manera detallada, en todo el proceso de fabricación de un lote específico de un medicamento. Es un requisito clave en las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM o GMP, por sus siglas en inglés), normas internacionales que regulan la producción de productos farmacéuticos para garantizar su calidad y seguridad.

-Este peritaje es imprescindible para corroborar si los laboratorios siguieron los protocolos; si hay algunas falencias y en ese caso cuáles fueron.

Para obtener esa información se deben estudiar todos los expedientes de la ANMAT sobre HLB Pharma y Laboratorios Ramallo y peritajes sobre los libros que contienen los El Batch Record.

Para ese punto específico se necesita la intervención de un farmacéutico y un bioquímico. Como El Cuerpo Médico Forense no tiene peritos especializados en esas materias.

Como la destacada institución depende de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires integrada por Hilda Kogan, Sergio Gabriel Torres, y Daniel Fernando Soria, el juzgado del juez Ernesto Kreplak solicitó la designación de un bioquímico y un farmacéutico para realizar esos peritajes.

Ahora bien, si se habrían respetado todos los protocolos, si se hubiese hecho todo perfecto como se tenía que hacer por parte de los laboratorios y la contaminación se produjo igual es relevante conocer los antecedentes de la ANMAT sobre los “desvíos de calidad” de los productos elaborados.

Tanto en España como en Argentina hay un casos anteriores que atribuyen responsabilidad penal e incluso de manera objetiva, es decir, sin que haya habido una negligencia o una falencia en el proceso de producción de acuerdo con los estándares aplicables ya que, de todos modos, la contaminación se produjo dentro de la planta elaboradora, se responsabiliza a las autoridades de las firmas ya sean directores técnicos, CEO y autoridades del directorio, según los casos.

Las pericias y la evaluación de los expedientes de la ANMAT serán claves para determinar si en los laboratorios se cometieron los presuntos delitos “doloso” o “culposo”.

En el caso de la elaboración del fentanilo de la firma HLB Pharma es valorable conocer al detalle las “alertas” previas sobre “desvíos de calidad” en la producción de medicamentos detectadas por la autoridad sanitaria. Esto abriría la puerta sobre a la no solución de los problemas detectados a pesar de las advertencias.

La denuncia contra HLB Pharma Group S.A. se inició a raíz de la denuncia efectuada, el 12 de mayo de 2025 por Adrián Basualdo Galli, Coordinador del Área Asuntos Judiciales de la Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica ante la División Delitos Contra la Salud Pública de la Policía Federal Argentina.

Según declaró “en dicha oportunidad ese mismo día tomó conocimiento de que la semana pasada el Hospital Italiano de La Plata informó a la ANMAT que durante el mes de abril del corriente año 18 pacientes presentaron casos de contaminación microbiana por el suministro del producto Fentanilo HLB en dicho nosocomio, posteriormente identificado por la ANMAT como ‘Fentanilo HLB/ Fentanilo (Citrato), concentración 0,05 mg/ml, en forma farmacéutica solución inyectable, lote 31202, vencimiento septiembre 2026’”. Las ampollas medicinales estaban contaminadas, según los estudios realizados por el hospital privado con las bacterias Klebsiella pneumoniae MBL y Ralstonia pickettii.

“Delitos contra la salud pública”

En el escrito se informó que el Ministerio Público Fiscal impulsó la acción penal contra los posibles responsables de la fabricación y venta del fentanilo mortal en los términos del Capítulo IV, Título VII del Código Penal de la Nación “Delitos contra la salud pública. Envenenar o adulterar aguas potables o alimentos o medicinas”, dictamen fiscal en el cual aclaró “sin perjuicio, claro está, de que del devenir de esta hoy incipiente investigación podrían surgir otras hipótesis delictivas y/o calificaciones jurídicas”.

Los capítulos y artículos invocados en el expediente judicial FLP 17371/2025 e impulsados por la Fiscalía Federal 1 penaliza:

– “A quien envenenare, corrompiere o adulterare aguas potables, sustancias alimenticias o medicinales, de modo peligroso para la salud pública.- “Prevé penas de 3 a 10 años de prisión”.

-“Sanciona al que venda, despache o distribuya estos productos envenenados, corrompidos o adulterados”.- “Las penas pueden agravarse si resultan daños a la salud o muerte de personas”.- “Pena para quien propagare enfermedades peligrosas o contagiosas”.- “Se agrava si es por imprudencia o violación de leyes sanitarias”.- “Sanciona a quien violare disposiciones dictadas por la autoridad competente para impedir la introducción o propagación de epidemias”.

El magistrado aclaró en el requerimiento a la ANMAT que: “El expediente permanece abierto a nuevas hipótesis y la Justicia aguarda el resultado del análisis de los documentos incautados para determinar eventuales responsabilidades penales”.

La perpetuidad en sus cargos siempre fue un sello distintivo del sindicalismo argentino, cuyos líderes suelen permanecer en el poder durante tres, cuatro o cinco décadas. Sin embargo, en las últimas semanas surgieron tibios e inéditos indicios de renovación dirigencial en gremios poderosos que este año irán a elecciones e incluso en la CGT, que elegirá su nueva conducción en noviembre próximo.

Curiosamente, justo cuando una parte de la dirigencia política da señales de aferrarse a la reelección indefinida, como sucedió esta semana en que la Legislatura bonaerense aprobó un polémico proyecto en ese sentido, los sindicalistas, siempre criticados por tener garantizada su continuidad perpetua, comenzaron a dar inusuales pasos al costado.

No son demasiados como hablar de una tendencia, pero sí hay casos de importantes dirigentes que anunciaron que no seguirán en sus puestos y otros que analizan hacerlo y lo confirmarían en breve.

El ejemplo destacado es el de Héctor Daer: primero reveló en abril pasado a sus colegas que no seguirá otro mandato al frente de la CGT y luego, el 30 de mayo, se confirmó que no se presentará para ser reelegido en la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) Filial Buenos Aires, que tendrá elecciones el 7 de agosto próximo.

El líder sindical se desempeña desde hace 9 años como titular cegetista y desde hace 24 años en ATSA. Al referirse al cierre de su liderazgo en la central obrera, Daer dijo: “Después de 9 años al frente de la CGT tenemos que generar un recambio”. Sobre su segundo renunciamiento, en su entorno hablaron sobre su sensación de “un ciclo cumplido”. Públicamente, sólo señaló: “Dejo la Secretaría General de @AtsaBsAs, pero no me bajo de la militancia”.

Aún así, la renuncia a su reelección no significa que también abandone la titularidad de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA), que lidera desde mayo de 2022: en la lista Celeste y Blanca del oficialismo que participará de los comicios de ATSA Buenos Aires, Daer figura como primer congresal, desde donde podrá ser reelegido en el cargo de secretario general de FATSA, cuyas autoridades se renovarán en 2026.

El candidato que sucederá a Daer es Javier Pokoik, secretario Gremial del sindicato desde hace 12 años, definido por quienes lo conocen como “alguien intelectualmente impecable y comprometido con una organización horizontal, con concepto de equipo”. Lo secundará Norberto Maschio, actual secretario de Prensa. Ambos se enfrentarán en las urnas a la Lista Bordó, de izquierda, liderada por César Latorre.

La decisión de Daer es toda una rareza en el sindicalismo argentino, donde sus líderes suelen permanecer largas décadas en el poder: según un relevamiento efectuado por Infobae, al menos 13 dirigentes gremiales llevan 30 años o más al frente de sus organizaciones; otros cuatro, 20 años o más; y media docena están en su cargo de secretarios generales más de una década.

El ranking de los más veteranos al frente de sus gremios lo encabeza Pedro Victorio Zambelletti, secretario general de la Unión Personal de Pinturas y Afines de la República Argentina (UPFPRA), quien asumió por primera vez en enero de 1974. En materia de permanencia en su puesto le sigue Jorge Sansat, con 49 años como líder de la Unión Personal Aeronavegación de Entes Privados (UPADEP).

El tercer lugar en el podio de supervivencia al frente de un gremio es de Amadeo Genta, del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA). De 87 años, el dirigente de los municipales porteños lleva 41 años consecutivos como secretario general. Asumió con el retorno de la democracia, en 1983, y negoció con las gestiones porteñas de todos los colores políticos. Genta irá por una nueva reelección en las elecciones de SUTECBA del 9 de octubre, y competirá con una lista opositora que encabeza Carlos Elías. Si vuelve a ganar, tendrá 91 años cuando finalice su nuevo mandato.

Donde habrá renovación es en el Sindicato Único del Personal Aduanero de la República Argentina (SUPARA): su titular, Carlos Sueiro, falleció este viernes, aunque ya había anunciado que no se iba a presentar en las elecciones que se harán el 13 de agosto, luego de permanecer 40 años en el cargo.

Su candidato a sucederlo es Daniel Mallotti, de 60 años, con 33 años de trabajo en la Aduana, 10 años como delegado y cuatro años como secretario de Organización de este gremio de 6000 afiliados. Todo indica que competirá contra dos listas opositoras: una es encabezada por Flavia Ojeda y otra, por Silvio Minisini, que llevará como candidato a secretario adjunto a Ricardo Echegaray, el controvertido ex jefe de la AFIP y de la Aduana del kirchnerismo.

Donde existe una situación incierta es en el Sindicato Único de Trabajadores de Peajes y Afines (SUTPA): en las elecciones de este año, su actual titular, Florencia Cañabate, se presentará para obtener un nuevo mandato, pero Facundo Moyano, su secretario adjunto, aún no decidió si la vuelve a acompañar o si se quedará fuera de la estructura del gremio.

El cronograma electoral del gremialismo seguirá el 22 de julio en el Sindicato de Petróleo y Gas de Río Negro, Neuquén y La Pampa, donde Marcelo Rucci, su actual titular desde 2021 luego de los 38 años de liderazgo de Guillermo Pereyra, buscará su primera reelección en una entidad estratégica porque tiene peso en Vaca Muerta.

El 7 de agosto será el turno de las elecciones en la Asociación Bancaria: Sergio Palazzo se presentará para una nueva reelección como secretario general, mientras que el 22 de septiembre se votará en la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), donde Luis Barrionuevo apostará a convalidar su liderazgo a nivel nacional y volverá a enfrentarse con Dante Camaño, titular de la seccional Capital del sindicato, quien anunció que también competirá por el mismo cargo que su ex cuñado.

Otros jefes gremiales que tendrán elecciones este año son Gerardo Martínez (UOCRA), en noviembre; Rodolfo Daer (Alimentación), aún sin fecha; Jorge Sola (Sindicato del Seguro), también en noviembre, y Sergio Sasia (Unión Ferroviaria), en diciembre.

Los primeros comicios sindicales de 2025 tuvieron lugar en mayo pasado en la Federación de Obreros y Empleados Telefónicos de la República Argentina (FOETRA), donde Claudio Marín fue elegido secretario general por el oficialismo. Hasta ese momento, en su condición de secretario adjunto, completaba el mandato de Osvaldo Iadarola, fallecido en 2022.

Donde se perfila una renovación más pronunciada será en la CGT, sobre todo en su cúpula: Daer ya anunció que no seguirá en el triunvirato y lo mismo tendría decidido otro cotitular, el barrionuevista Carlos Acuña (estaciones de servicio). Aún no se sabe qué tiene en mente Hugo Moyano sobre la continuidad o no de Octavio Argüello como cosecretario general. Hay quienes deslizan que el líder del Sindicato de Camioneros resignaría un lugar en la máxima conducción para promover a su hijo Jerónimo, de 25 años, como secretario de Juventud.

Aún no está definido si se mantendrá el triunvirato o se buscará un único titular, pero si sigue un esquema de poder colegiado suenan los nombres de “nuevos” dirigentes como Jorge Sola (Seguro), actual secretario de Prensa de la CGT; Maia Volcovinsky, secretaria adjunta de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN); Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) y Daniel Vila (Carga y Descarga).

El otro espacio sindical de relevancia que cambiará de autoridades es la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que en octubre o noviembre deberá realizar un congreso para elegir al sucesor de su titular, Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), quien ya anunció que no quiere seguir al frente de la poderosa entidad.

Hasta ahora, salvo contadísimas excepciones, los sindicalistas sólo dejaban su lugar de poder por problemas de salud, fallecimiento o en el raro caso de que perdieran las elecciones (algo poco usual porque todos saben cómo frenarle el paso a la oposición).

¿Habrá más dirigentes que llevan décadas en sus sillones de siempre y darán un paso al costado? Es lo que se considera más probable. Hay cuestiones vinculadas con la edad y la salud, pero, además, luego de 30 o 40 años de gestión, muchos dirigentes están sufriendo el “factor Milei”, es decir, el desafío de un gobierno que arrincona a los sindicalistas rompiendo el libreto que les sirvió para manejarse en el poder durante largas décadas y para contener a unas bases de trabajadores que hoy ya no logran decodificar.

Por eso esos inéditos indicios de renovación comienzan a perfilarse en esa corporación que hasta ahora parecía ajena a cualquier tipo de cambio. Ahora, el desafío será que los sindicalistas que toman la posta encarnen un modelo mejorado, adaptado a los desafíos del siglo XXI, y no terminen siendo una versión ligeramente remozada de la dirigencia de siempre.

Los gobernadores de todos los signos políticos empiezan a poner en actividad el grupo de Whatsapp en busca de articular políticas comunes frente a lo que entienden como un “ahorcamiento” de parte de la Casa Rosada.

Promesas incumplidas, escasez de fondos y un diálogo que no encuentra una solución a los principales reclamos animó a los mandatarios provinciales que empiezan a presionar con anuncios de proyectos de ley que, de aprobarse, dejarían al oficialismo sin posibilidades de veto en el Congreso de la Nación.

Hace pocos días atrás la totalidad de los gobernadores reunidos en el Consejo Federal de Inversiones firmó lo que podría convertirse en un proyecto de ley por el que cambian el modelo de distribución del componente para obras viales del impuesto al combustible y la forma de distribuir los Adelantos del Tesoro Nacional (ATN).

La medida apunta a romper el cerco que impuso la administración nacional a las transferencias a las administraciones provinciales de lo recaudado por el impuesto a los combustibles y a lograr un reparto menos discrecional de los ATN.

Este proyecto, que aún no fue ingresado al Senado de la Nación, está siendo redacatado por el bloque de Unión por la Patria a la espera de la orden de los jefes de los estados provinciales.

A esto se le sumó en las últimas horas la intención de un grupo de gobernadores del centro norte de avanzar con un proyecto de ley para tener tarifas eléctricas diferenciales en el verano.

Funcionaría en espejo a lo que se denomina “zona fría”: durante el invierno desde el sur de la provincia de Buenos Aires hasta Tierra del Fuego los usuarios residenciales tienen descuentos en las tarifas de gas de entre el 30% y el 50% con el objetivo de aliviar el impacto del consumo energético. Unos 13 gobernadores del norte van a insistir con el pedido de tarifa eléctrica diferencial durante el verano para hacer frente a las temperaturas extremas.

La iniciativa abarca a Catamarca, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y Tucumán, además de algunos departamentos de las provincias de Córdoba y Santa Fe.

El proyecto establece el financiamiento, vía un cargo adicional en las boletas del resto del país, de la reducción de los precios diferenciales de la energía, potencia y transporte, durante los meses de diciembre, enero, febrero y marzo de cada año.

Ambos proyectos generan malestar en la Casa Rosada porque implicaría una readecuación de los ingresos que tienen las arcas nacionales y un aumento del costo de la tarifa eléctrica.

Pero no solo por eso, sino que deja al Ejecutivo en una encerrona que no podrá sortear como vino haciendo hasta ahora. Si esto avanza en Diputados y en el Senado, los impulsores no solo cuentan con los votos suficientes para aprobarlo sino también para insistir en el recinto en el caso de que Milei lo vete.

“Todo está sobre la mesa y todo forma parte de la negociación. Las provincias estamos muy ahogadas, no tenemos fondos y las promesas del Gobierno se incumplieron. Guillermo Francos -el jefe de Gabinete- ayer dijo que tenían 68 obras en rutas y que ya se lleva devengados más de 100 mil millones de pesos, esto es realmente insuficiente. Todos los distritos tenemos problemas con las rutas nacionales y se están ‘comiendo’ los impuestos que son nuestros, entonces no pueden decir que estamos afectando el superávit“, señaló un gobernador de los que participó del encuentro del CFI.

Por el lado de los gobernadores del norte esta no es la primera vez que presentan el reclamo y enfrentan más escollos en el Parlamento. Sin embargo, apuntan a la necesidad frente a las temperaturas “extremas” que no solo afecta a los usuarios residenciales sino también a la producción.

“Necesitamos energía más barata porque tenemos que usar riego intensivo por las altas temperaturas para poder producir. Además, no puede ser que nosotros generamos la energía y cuando vuelve nos sale más caro”, explicó un jefe de estado provincial del norte del país.

Los jefes de Estado provinciales quieren avanzar lo más rápido que se pueda para no quedar metidos en las internas por las elecciones de medio término. El Gobierno avisa que no está dispuesta a ceder y apuesta a retrasar cualquier dicusión, por ejemplo a través de estrategias parlamentirias como retrasar el llamado a las comisiones de Presupuestos que controla en ambas cámaras.

El escenario para el oficialismo en el Congreso se complica aún más si se tiene en cuenta que en el Senado hay proyectos con media sanción que Milei ya dijo que iba a vetar: un aumento de 7,2% de las jubilaciones, la reapertura de la moratoria jubilatoria y emergencia en discapacidad.