Con la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, el Gobierno dejará sin funciones a más de 5100 empleados públicos. Forma parte de la reestructuración de los organismos viales de la secretaría de Transporte que impulsó el Ejecutivo para centralizar las dependencias.

La Casa Rosada pasará a disponibilidad a toda la planta de trabajadores que depende del organismo y tiene previsto reubicarlos en parte en las áreas de Economía que absorban la gestión de los 40.000 kilómetros de Vialidad y en la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte.

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La mesa técnica de Balcarce 50 asegura que los empleados contarán con un año con goce de sueldo a la espera de que ser reubicados y que podrán ser capacitados para otras tareas, además de realizar servicios tercerizados del Estado. “Estamos evaluando la cantidad de empleados que van a necesitar las nuevas dependencias”, aseguran en el oficialismo.

Los trabajadores que Nación defina no reubicar contarán con una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses, tomando como base el sueldo más alto del último año. El capítulo de Empleo Público de la Ley Bases habilita también transferencias de agentes a provincias y municipios.

El Gobierno pone la mira en el articulado que le da herramientas para evitar pagar indemnizaciones en casos en que se hayan encontrado irregularidades, como el incumplimiento del horario, inasistencias injustificadas y el abandono de tareas, entre otros puntos.

El Ejecutivo trabaja además en el inventario de inmuebles, flota automotor, maquinaria agrícola, industrial y vial junto con el resto de los bienes que debe presentar ante la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). Deberá transferir también las sumas líquidas y la tenencia en títulos públicos y/o letras a una cuenta del Tesoro. Vialidad tenía asignado un presupuesto de $456.777 millones.

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La Casa Rosada aplicará los mismos procesos para las estructuras y empleados de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial (CNTySV) y de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), que se disolvieron esta semana. La Junta de Seguridad en el Transporte se convirtió en la Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación.

Nación le cedió el control en rutas a la Gendarmería Nacional -que depende del Ministerio de Seguridad- tras la transformación de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). El Ministerio de Economía asumió todas las funciones de Vialidad Nacional sobre el estudio, construcción y mantenimiento de rutas e impulsó también la creación de un Consejo Vial Federal.

Gobierno, Vialidad

Con la disolución de Vialidad Nacional y las agencias bajo su órbita, el Gobierno dejará sin funciones a más de 5.100 empleados públicos que serán pasados a disponibilidad. Algunos serán reubicados mientras que otros, despedidos.

En relación a las reubicaciones, estas tendrán lugar en las áreas de Economía que absorban la gestión de los 40 mil kilómetros de Vialidad y en la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte.

Desde la mesa técnica de Balcarce 50 aseguran que los empleados contarán con un año con goce de sueldo a la espera de ser reubicados y que podrán recibir capacitación en otras áreas y tareas, además de realizar servicios tercerizados al Estado.

El Gobierno anunció el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad y otros organismos de transporte

En caso de los trabajadores que no serán reubicados, se les dará una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses, tomando como base el sueldo más alto del último año.

El Gobierno tiene  en la mira el articulado que otorga herramientas al Estado, su empleador para evitar pagar indemnizaciones en caso de que se hayan encontrado irregularidades, como el incumplimiento de horario, inasistencias injustificadas y el abandono de tareas, entre otros puntos.

La Casa Rosada aplicará los mismos procedimientos con las plantas de trabajadores de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial (CNTySV) y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

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El peronismo disidente, que tiene como principal armador nacional al ex gobernador de Córdoba Juan Schiaretti, acordó la composición de un frente electoral que contiene a Hacemos por Nuestro País, donde confluyeron el cordobés y Florencio Randazzo; el espacio Para Adelante, de Facundo Manes; la Coalición Cívica (CC), de Elisa Carrió; el GEN, de Margarita Stolbizer; el Partido del Diálogo, de Emilio Monzó, y el Partido Socialista, de Mónica Fein.

El frente se llamará “Somos Buenos Aires” y, según explicaron en el nuevo espacio, se trata de una expresión política “alejada de los extremos”. Al frente de las negociaciones estuvieron el ex gobernador de Córdoba, Randazzo; el intendente de Tigre, Julio Zamora; el titular del Movimiento de Unidad Popular (MUP), Federico Martelli; y el diputado radical Pablo Juliano.

La intención del nuevo esquema es plantearse como una alternativa al bloque oficialista que edificaron La Libertad Avanza (LLA) y el PRO, y al frente Fuerza Patria, que será el cascarón de proa de la nueva propuesta del peronismo bonaerense. La que se fundó anoche es una alternativa que aglutinó a varios sectores que formaron parte de Juntos por el Cambio.

Una de las novedades del acuerdo es que la Unión Cívica Radical (UCR) ingresó como partido a la alianza. El acuerdo lo cerraron los apoderados y líderes de las dos vertientes en la que está dividida: Miguel Fernández y Pablo Domenichini. Lograron un ordenamiento clave en la antesala del cierre de alianzas y el acompañamiento de cerca de 26 intendentes.

“Frente a la crisis política, económica y social que atraviesa la Argentina y nuestra provincia, y ante la creciente polarización que impide encontrar soluciones de fondo, queremos ofrecerle a los bonaerenses una alternativa seria, moderna y sensata”, expresaron los principales referentes del nuevo espacio.

Según indicaron los referentes de la flamante alianza, con la propuesta que construyeron buscan interpelar a los ciudadanos para poder revetir el alto porcentaje de ausentismo que hubo en las elecciones del primer semestre. Evitan definirse como una “vía del medio” y advierten que son una expresión que tiene capacidad de crecer en el corto plazo.

“Es necesaria una propuesta que no busque resucitar las coaliciones que ya fracasaron ni se conforme con ser un furgón de cola de los libertarios”, sostuvieron los principales dirigentes de la coalición, donde apuestan a que esta iniciativa sea el primer paso para construir un proyecto político que pueda ser una alternativa en el 2027.

Schiaretti pretende que esta alianza sea la base bonaerense de un proyecto nacional que pueda edificarse en los próximos dos años. Un primer paso para construir una opción a Javier Milei y al peronismo, que luego de traspasar una interna destructiva, cerró la unidad y se dispone a presentar listas conjuntas.

“Esta alianza es una declaración de pertenencia. Habla de lo que nos une más allá de las diferencias. Es el reflejo del ADN colectivo, de quienes creen en el trabajo honesto, la familia, la justicia y el bien común”, indicó Zamora, que rompió definitivamente con Unión por la Patria (UP) y consolidó su partido vecinal en la provincia de Buenos Aires.

El tigrense se acercó a Schiaretti y Randazzo varios meses atrás, y empezó a trabajar en la construcción de una opción electoral. Fue sumando a dirigentes del peronismo que se sienten cómodos en la coalición opositora y decidió romper lazos con el Partido Justicialista (PJ). Problablemente sea el candidato a senador en la primera sección electoral.

Al espacio podría sumarse el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, distanciado del kirchnerismo hace cuatro años y enfrentado a Máximo Kirchner y La Cámpora. Gray aún no definió si participará o no. Espera y estira su decisión, aunque descarta estar en el mismo espacio que los Kirchner.

Quienes cerraron su ingreso son los ex intendentes Joaquín de la Torre (San Miguel) y “Juanchi” Zabaleta (Hurlingham), y el actual jefe comunal de Chivilcoy, Guillermo Britos. En los dos primeros casos, son figuras que van a reforzar el armado en la sección con mayor cantidad de electores de la provincia. El tercer dirigente será uno de los faros en el interior bonaerense.

El acuerdo que alcanzó el peronismo disidente es más amplio de lo que se esperaba dentro del universo político. En la etapa final la cúpula negociadora pudo sumar nombres propios con alto grado de conocimiento y sellos partidarios con historia y, en algunos casos como el radicalismo, con anclaje territorial a través de un importante grupo de intendentes.

Facundo Manes fue uno de los principales promotores de la alianza. El legislador aseguró que “la sociedad necesita una nueva herramienta política para cambiar el país sin destruir el sueño argentino: un país próspero, de clase media, con trabajo de calidad, educación, conocimiento y producción”.

En las próximas horas los referentes del nuevo espacio volverán a reunirse para comenzar con el punteo de las listas y la discusión sobre el proporcionalidad en la representación. Una tarea que siempre es compleja y tensa las negociaciones hasta el límite.