No es un secreto que los pedidos de los intendentes pueden pesar más que un currículum intachable y una buena nota de examen a la hora de designar jueces y fiscales. Pero el proceso que acaba de concluir en el Senado bonaerense, con el acuerdo para 131 funcionarios judiciales, parece fuera de toda escala.

A fin del año pasado, Axel Kicillof había enviado más de 200 pliegos al Senado, un cuerpo que tiene que prestar acuerdo para este tipo de designaciones. Eran nombres de aspirantes a cargos de jueces, fiscales, defensores y asesores de incapaces, indispensables para cubrir vacantes en distintos fueros y jurisdicciones. El gobernador los elige a partir de ternas con orden de mérito que le eleva el Consejo de la Magistratura y los manda al Senado.

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El rol de los senadores es clave. Son el último filtro para, según la Constitución provincial, garantizar la “solvencia moral, la idoneidad y el respeto por las instituciones y los derechos humanos” de los candidatos. Primero interviene la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos: analiza cada caso y entrevista, en persona, a cada candidato. Recién después de este minucioso proceso los pliegos llegan al recinto para ser sometidos a votación.

Todo eso, en la teoría. La realidad fue un poco distinta y tuvo más acting que el documental Justicia divina. Para empezar, los pliegos de Kicillof tardaron meses en llegar a la comisión. Uno de los motivos fue que faltaban en esa tanda ciertos pliegos que impulsaba la presidenta del Senado, Verónica Magario, exintendenta de La Matanza. Eran nombres para cargos estratégicos de ese mismo departamento judicial.

Una vez que se destrabó esa rosca y entraron los nombres de La Matanza, el proceso se retomó en la comisión de Asuntos y Acuerdos, que preside Emmanuel González Santalla, de La Cámpora. Pero lo que pasó ahí fue más desprolijo aún.

Según documentos oficiales que reveló TN el año pasado, esa comisión de 15 miembros entrevistó a 205 candidatos (y analizó sus pliegos) en apenas tres jornadas. Cada una duró unas cuatro horas, por lo que cada pliego se habría estudiado en un promedio de tres minutos y medio.

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Además de las entrevistas exprés -si es que las hicieron-, algunos senadores de esta comisión ni siquiera se involucraron. Sergio Berni -un duro crítico de los jueces cada vez que estalla un caso de inseguridad- se conectó por Zoom desde un auto para una de estas jornadas. Y otro de los días simuló estar conectado, pero era una participación fantasma: apagó la cámara para ocultar que, en realidad, a esa hora estaba en un acto con Kicillof, en Zárate.

Finalmente, el último miércoles 131 de esos 205 pliegos llegaron al recinto y se aprobaron. Irónicamente, fue en pleno escándalo internacional por el desempeño de una jueza bonaerense, Julieta Makintach, la que actuaba para la película Justicia divina mientras juzgaba la muerte de Diego Maradona.

Aunque ya estaba por terminar mayo, ese día el Senado tuvo su primera sesión ordinaria en todo año. Una vez concluida, con todo aprobado al estilo de una escribanía, Magario celebró el acuerdo para los pliegos con este mensaje en su cuenta de X: “Seguimos reafirmando nuestro compromiso con el buen funcionamiento institucional del Poder Judicial y la defensa de los derechos de las y los bonaerenses”.

El paquete de 131 nombres aprobados esconde varios que son polémicos. Por ejemplo, el del juez Sebastián Carreira Ochoa, uno de los candidatos de Magario, que ahora asciende a la cámara penal de La Matanza a pesar de un detalle: ser hijo de la fiscal general de ese departamento judicial.

También ascendió a camarista un candidato impulsado por el massismo, el juez de Garantías de Tigre Diego Efraín Martínez, que tuvo allí como secretaria a la jueza Makintach. Hace unos años, Elisa Carrió había impugnado un ascenso de Martínez, al cuestionar procedimientos arbitrarios e injustificados que habría hecho su juzgado, y vínculos con fiscales de la misma zona que terminaron procesados: Julio Novo, hoy en juicio por presunto encubrimiento al narcotráfico, y Claudio Scapolán.

Scapolán enfrentó un jury que se sesionó en este mismo Senado y lo destituyó. Uno de los testigos a su favor fue el propio juez Diego Martínez. Scapolán enfrentaba denuncias graves, como el presunto uso de la estructura de su fiscalía para cometer delitos, y hasta la supuesta participación en cadenas de narcotráfico con otros funcionarios públicos. Lo removieron en 2023. Solo se opuso una senadora del Frente Renovador que sigue en la comisión que trata los pliegos: Sofía Vanelli.

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Otra consecuencia del paquete de pliegos aprobados es que quedan integradas sin ninguna mujer las cámaras penales de San Isidro, La Matanza, Mar del Plata, Junín y Bahía Blanca. Así se está armando el Poder Judicial bonaerense de los próximos veinte años.

Y hay algo más. Si en el futuro alguno de estos 131 funcionarios se convirtiera en otro caso Makintach (o en otro caso Novo, o Scapolán) nadie podría saber quién avaló su designación y quién no. Porque en la Legislatura de los Chocolates, que ya se prepara para votar la reelección indefinida de legisladores, no queda registrado cómo votó cada legislador. Solo se registra si un proyecto se aprobó o se rechazó.

La única forma de identificar los votos es prestando atención desde el palco de prensa del recinto. Pero en esta sesión, Magario no dejó que los periodistas acreditados usaran esos palcos, y los mandó a cubrir la sesión por YouTube. ¿El argumento? Que hacen mucho ruido y distraen a los senadores.

La medida tiene un agravante: las sesiones donde se votan pliegos judiciales son de las pocas que tienen que tener carácter público sí o sí. Así lo ordenan el artículo 175 de la Constitución bonaerense y el reglamento de la cámara alta. Tampoco importó.

Verónica Magario, Axel Kicillof