POLITICA
“En quince meses, el costo de la VTV en Buenos Aires pasó de 9.870 pesos a 63.400 pesos”
Según Eduardo Bisognin, el sistema de la VTV se presenta como una medida para mejorar la seguridad vial, pero su efectividad es cuestionada por las estadísticas. «En 2014, sin VTV, hubo 102 muertos en accidentes; en 2016, con la VTV, la cifra subió a 137. Los accidentes no se deben principalmente a fallas técnicas de los vehículos, sino a errores humanos y el mal estado de las rutas», expresó. El entrevistado subrayó que el verdadero problema está en la falta de infraestructura vial adecuada y en la falta de campañas de concientización, en lugar de un sistema obligatorio y monopólico como la VTV.
El origen del sistema de la VTV en la provincia de Buenos Aires remonta a 1995, durante la presidencia de Eduardo Duhalde, cuando se estableció un contrato monopólico por veinte años. «Cuando aparece la palabra ‘monopolio’, es porque quieren sacarles plata a los ciudadanos y dársela a amigos cercanos», denunció Bisognin. A pesar de que el estado recauda impuestos de la VTV, el grueso del negocio está en manos de unas pocas empresas favorecidas por el poder político.
En cuanto a la licitación y concesiones de las estaciones de VTV, Bisognin advirtió que el proceso sigue siendo monopolizado. «En la última licitación, en la provincia de Buenos Aires, solo se habilitaron dieciseis lugares para más de 3 millones de vehículos, y siete empresas, las mismas que operan en CABA, se quedan con el control», afirmó. Esto ha generado sospechas sobre la transparencia de los procesos licitatorios.
Uno de los puntos más polémicos que destacó fue el vinculo entre las empresas concesionarias y un grupo de servicios relacionados con el control informático de la VTV. Según denuncias, una empresa, vinculada al exministro de Transporte, Jorge D’Onofrio, estaría ofreciendo estos servicios a las concesionarias meses antes de la licitación, lo que plantea serias dudas sobre la legitimidad del proceso.
El alto costo de la verificación vehicular también fue un tema recurrente en la conversación. «En quince meses, el costo de la VTV en Buenos Aires pasó de 9.870 pesos a 63.400, lo que representa un aumento desproporcionado», explicó, señalando que la cifra es aún más alta que en provincias como San Luis, donde el costo es la mitad. Este aumento, según Bisognin, no tiene justificación y evidencia un claro negociado político.
Otro punto crítico fue la inclusión de motos en la obligatoriedad de la VTV. «No tiene sentido hacer que las motos pasen por la VTV. Lo único que importa en una moto es que los frenos funcionen; el casco es lo más importante para la seguridad», aseguró Bisognin.
A pesar de las críticas y denuncias, el gobierno nacional intenta desregular el sistema de la VTV, aunque la propuesta no avanza a nivel provincial. «El decreto del presidente Javier Milei, que busca modificar la frecuencia de la VTV, aún no ha sido aprobado por las legislaturas provinciales. Mientras tanto, el negocio sigue en pie», concluyó. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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POLITICA
Tras ser declarado “persona non grata” por el Gobierno, el Encargado de Negocios de Irán abandonó el país
El Gobierno argentino confirmó que el encargado de negocios iraní, Mohsen Soltani Tehrani, abandonó el país, luego de que se le dieran 48 horas para irse de Argentina en el marco del conflicto bélico en Medio Oriente y las amenazas de la República Islámica ante el posicionamiento geopolítico del presidente Javier Milei, alineado a Estados Unidos e Israel.
“En cumplimiento de lo dispuesto por el Gobierno argentino el ex Encargado de Negocios a.i. de la República Islámica de Irán ya ha abandonado el territorio nacional”, confirmó el canciller Pablo Quirno.
El conflicto Argentina-Irán comenzó a escalar en las últimas semanas luego del inicio de los ataques de EEUU e Israel sobre Teherán. Sobre todo, luego de las declaraciones de Milei durante una exposición en la universidad Yeshiva en New York, donde afirmó que Irán es “enemigo” de la Argentina, el pasado 9 de marzo. “Nos han metido dos bombas, una en la AMIA y otra en la Embajada de Israel. Por lo tanto, digamos, son nuestros enemigos”, sostuvo en aquel momento.
La respuesta del régimen iraní no se hizo esperar. En un duro editorial publicado en el diario oficialista Tehran Times, Irán afirmó que el presidente argentino “cruzó una línea roja imperdonable” y que “no puede permanecer indiferente ante las posiciones hostiles del actual gobierno” libertario. Y agregó, además, que “deberá diseñar una respuesta proporcionada a esta enemistad”. Esto ocurrió el pasado 17 de marzo.
Antes de este cruce de declaraciones, Casa Rosada ya había ordenado a principios de marzoelevar el nivel de seguridad a “Alto”e implementarunprotocolo especialdestinado a resguardar objetivos sensibles en el país, bajo la coordinación de la Secretaría de Inteligencia de Estado, el Ministerio de Seguridad Nacional y la Dirección Nacional de Migraciones.
En primer lugar, se dispuso un servicio permanente de cobertura de la comunidad judía y sedes diplomáticas de los estados involucrados en el conflicto bélico, como las Embajadas de EEUU e Israel y la AMIA. En esos puntos, se agregó un refuerzo, durante las 24 horas, con móviles y efectivos de Objetivos Diplomáticos de la Policía de la Ciudad y de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA. Esa alerta alta sigue activa.
Un nuevo contrapunto inició el martes, cuando el gobierno argentino declaró “organización terrorista” a la Guardia Revolucionaria de Irán, y dispuso su incorporación al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), una medida que habilita sanciones financieras, congelamiento de activos y restricciones operativas. Medida similar ocurrió con Hamas, Hezbollah y la Fuerza Quds, el brazo externo de la Guardia Revolucionaria.
En un comunicado oficial, se aseguró que el actual líder de esa fuerza, Ahmad Vahidi, está acusado por la organización del atentado en la AMIA y permanece prófugo.
“La República Argentina fue víctima de dos de los atentados terroristas más graves de la historia, perpetrados en la década de 1990 por el brazo operativo del CGRI en la región, la organización Hezbolá”, indicaron en un comunicado emitido por la Oficina del Presidente en X.
A modo de rememorar a las víctimas de los ataques, las autoridades indicaron que el episodio que tuvo como blanco a la Embajada de Israel en Argentina en 1992 dejó un saldo de 29 muertos y más de 200 heridos, mientras que en 1994 hubo 85 muertos y más de 300 heridas que se encontraban en las inmediaciones de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).
Esta vez, la respuesta de al República Islámica, a través de su representación diplomática en Uruguay, incluyó una advertencia hacia la Argentina. En el texto, difundido en las últimas horas, Teherán afirmó que “condena enérgicamente la acción ilegal e injustificada del gobierno argentino” y sostuvo que se trata de “una ofensa imperdonable al pueblo iraní”. “Esta decisión […] genera responsabilidad internacional para el Estado argentino”, señaló el comunicado.
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POLITICA
El Gobierno confirmó que el máximo representante diplomático de Irán ya abandonó la Argentina
El canciller Pablo Quirno anunció este sábado que el máximo representante diplomático de Irán en el país, el encargado de negocios Mohsen Soltani Tehrani, abandonó la Argentina luego de ser declarado persona non grata y haberle avisado que tenía que dejar el territorio dentro de las siguientes 48 horas.
“En cumplimiento de lo dispuesto por el Gobierno, el exencargado de Negocios ad interim de la República Islámica de Irán ya ha abandonado el territorio nacional”, confirmó en su cuenta de X.
El jueves, el gobierno de Javier Milei le ordenó a Tehrani que abandone el país en 48 horas, en lo que significó un quiebre definitivo entre ambos países, momentos después de que la embajada iraní en Uruguay condenada la decisión de la Argentina de declarar a la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista.
“La decisión [de expulsar a Tehrani] se adopta en respuesta al texto difundido el día de ayer por el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán, que contiene acusaciones falsas, ofensivas e improcedentes contra la República Argentina y sus más altas autoridades. Dichas manifestaciones constituyen una inaceptable injerencia en los asuntos internos de nuestro país y una tergiversación deliberada de decisiones adoptadas l derecho internacional y al ordenamiento jurídico nacional”, indicó Cancillería entonces en un comunicado.
Así, el Gobierno resolvió avanzar sin pausa en el distanciamiento con Irán. Tehrani era la última representación del régimen en el país y su expulsión es el “paso previo” a romper relaciones diplomáticas, según detallaron fuentes del Poder Ejecutivo.
La embajada de Irán en Buenos Aires era encabezada por un encargado de negocios desde agosto de 1994, un mes después del atentado a la AMIA, en el que fueron asesinadas 85 personas y causa en la que ese país está sindicado como responsable. Tehrani, por su parte, era desde 2021 el máximo representante diplomático de Irán en la Argentina.
La decisión de expulsarlo va en línea con la lógica geopolítica que Milei tiene desde su llegada al poder, que se expresa en una condena al terrorismo y en completa alineación con Estados Unidos e Israel, que están en guerra desde el 28 de febrero pasado con Irán.
El miércoles por la tarde, Irán condenó que la Argentina declarara a la Guardia Revolucionaria iraní como organización terrorista.
“Esta medida no solo perjudica seriamente las relaciones bilaterales entre la Argentina e Irán, sino que también establece un precedente peligroso en las relaciones internacionales y genera responsabilidad internacional para el gobierno argentino”, expresó el régimen.
Asimismo sostuvo que la declaración es un “error estratégico y un insulto injustificable al pueblo iraní”. Y advirtió que Javier Milei y el canciller Quirno “se convirtieron en cómplices de los crímenes cometidos y quedaron del lado equivocado de la historia” al alinearse con los ataques de EE.UU. e Israel que comenzaron el 28 de febrero.
El gobierno argentino incorporó esta semana al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento. Su inclusión implica no solo su declaración como organización terrorista, sino también el congelamiento administrativo inmediato de bienes, dinero y activos de la entidad, y la prohibición de la posibilidad de operar en el sistema financiero nacional.
Toda actividad que esté vinculada a la Guardia Revolucionaria debe ser reportada a la Unidad de Información Financiera (UIF), por lo que se establece un sistema de seguimiento y control.
La Guardia Revolucionaria es un conglomerado militar, político y económico que fue fundado como una fuerza militar paralela al ejército regular de Irán en 1979, tras la Revolución Islámica. Hoy está presente en todos los estamentos, incluso en la política: de las 290 bancas de la Asamblea Legislativa, unas 30 pertenecen a oficiales superiores.
Las implicancias para la Argentina
La decisión del Gobierno argentino ocurre mientras se intensifican los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra el régimen iraní. Milei se plantó el mes pasado como uno de los aliados de Donald Trump y Benjamin Netanyahu, sus dos principales socios internacionales.
Además, se declaró el mandatario “más sionista del mundo” y proclamó a Irán públicamente como “enemigo”. Allí mencionó el vínculo de la república islámica con los atentados a la AMIA y a la Embajada de Israel.
Esto último tiene relación fundamental con la decisión de la gestión libertaria. A principios de marzo Irán designó como comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria a un acusado por el atentado a la sede de la mutual judía en la Argentina en 1994. Ahmad Vahidi tiene un pedido de captura de Interpol desde 2007 después de gestiones realizadas desde la Argentina para dar con los acusados iraníes por el ataque en el que murieron 85 personas.
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POLITICA
La Iglesia advirtió que crecieron los pedidos de ayuda y alertó por una situación “muy complicada”
El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, advirtió que cada vez más personas recurren a la asistencia social y que la situación es “muy complicada” en los grandes centros urbanos. Además, pidió reforzar la atención a los sectores más vulnerables.
El arzobispo de Mendoza sostuvo que perciben un crecimiento en la cantidad de personas que piden ayuda a Cáritas.
“Se nota el incremento del número de personas que piden la asistencia de Cáritas”, sostuvo en diálogo con radio Mitre y planteó que “en los grandes centros urbanos la situación es muy complicada”.
Al ser consultado por la relación con el Gobierno, Colombo deslizó: “Nosotros en realidad siempre estamos pensando en función del bien común. Nunca es en el tono de una oposición política o partidaria”, afirmó.
El titular de la Conferencia Episcopal insistió en que el objetivo es garantizar respuestas a los sectores más afectados. “Nos importa profundamente la atención de las personas más vulnerables”, subrayó.
En otro tramo de la entrevista, Colombo también abordó la situación de las personas con discapacidad y el funcionamiento de las instituciones que las asisten. Señaló que desde hace meses no se registran pagos vinculados a prestaciones, lo que afectó el sostenimiento de distintos espacios.
Y detalló que varias instituciones dependen de esos recursos para su funcionamiento cotidiano. “En muchos casos, por ejemplo, los cotolengos de Don Orione dependen de lo que se tiene que pagar para el pago de profesionales y para mantener también muchas de las estructuras que esos centros imponen”, explicó.
Leé también: Por qué el 28,2% de pobreza es un índice menor al esperado
El pedido de la Iglesia al Ministerio de Salud
La Iglesia le envió una carta al ministro de Salud, Mario Lugones, donde denuncia el retraso y la insuficiencia de los aportes estatales que atraviesan las instituciones dedicadas al cuidado y acompañamiento de personas con discapacidad. Reclaman “una respuesta concreta, visible y urgente”.
En la misiva de los obispos expresan que “muchas de esas instituciones se encuentran hoy en una crisis económica de extrema gravedad, debido al retraso y la insuficiencia de los aportes estatales, lo que ha generado déficits que comprometen aspectos esenciales de la atención, como la alimentación, los medicamentos y el pago de los salarios de quienes dedican su vida al cuidado de las personas con discapacidad”.
Frente a este panorama, la Iglesia advierte que “los compromisos de organismos nacionales no se regularizan desde finales de 2025, mientras las instituciones deben afrontar costos actualizados de funcionamiento y personal”.
“Por eso suplicamos que pueda encontrarse una respuesta concreta, visible y urgente que permita dar estabilidad a este sector tan vulnerable. La discapacidad no puede quedar expuesta a recortes, ni las personas que viven esta realidad pueden ser sometidas a disputas administrativas o coyunturas políticas”, concluyó la carta.
Iglesia católica, Pobreza, Discapacidad
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