El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, enfrenta una ofensiva de la oposición en el Congreso por el viaje a Estados Unidos de su esposa en el avión presidencial. El bloque de Unión por la Patria (UxP), encabezado por Germán Martínez, presentó este jueves un pedido de interpelación e incluso dejó abierta la posibilidad de impulsar una moción de censura contra el funcionario.

“El jefe de Gabinete deberá dar las explicaciones necesarias sobre los hechos de conocimiento público y el cuerpo deberá analizar la posible moción de censura”, señala el proyecto presentado por la bancada kirchnerista. La iniciativa pide citar a Adorni para ser interpelado en los términos del artículo 101 de la Constitución Nacional.

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Según el texto, el funcionario deberá dar cuenta de “presuntas irregularidades en el uso de bienes del Estado y fondos públicos”.

En particular, los diputados ponen el foco en el traslado, alojamiento y gastos de su esposa en Nueva York durante una comitiva oficial y piden conocer qué partida presupuestaria se utilizó para cubrir esos costos.

También solicitan detalles sobre un reciente traslado del jefe de Gabinete a Punta del Este en una aeronave privada durante el feriado de Carnaval. En ese punto exigen que se acredite la modalidad de pago, el origen de los fondos y la identidad de la persona física o jurídica que financió ese viaje, al considerar que sería ajeno a sus funciones públicas.

El proyecto también pide que se investigue “cualquier otra utilización indebida de recursos públicos” que pudiera surgir del proceso de interpelación o de hechos de público conocimiento vinculados al ejercicio de la función pública.

Además, los legisladores plantean que la Cámara podría tratar una moción de censura e incluso la remoción del jefe de Gabinete en la misma sesión en que se realice la interpelación.

En paralelo, el Congreso se prepara para la próxima presentación del funcionario ante el Parlamento. La Constitución establece que el jefe de Gabinete debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternando entre ambas cámaras, para informar sobre la marcha del Gobierno.

Adorni asumió el cargo el 4 de noviembre. El último informe de gestión fue presentado el 27 de agosto de 2025 por el entonces jefe de Gabinete Guillermo Francos ante la Cámara de Diputados. Se espera que el actual ministro coordinador concurra al Senado hacia fines de abril.

Denuncia penal y pedido de informes

La polémica también generó otras reacciones en el Congreso. La diputada exlibertaria Marcela Pagano (bloque Coherencia) adelantó que presentará una denuncia penal contra Adorni.

“Presenté una denuncia penal para que se investiguen los delitos que el propio Manuel Adorni describía en su conferencia de prensa de 2024 acerca de los privilegios de la casta política que él ahora usufructúa a cara descubierta. Javier Milei debería exigirle la renuncia indeclinable a este soldado de la casta”, escribió la legisladora en sus redes sociales.

El diputado socialista Esteban Paulón (Provincias Unidas) presentó un pedido de informes para que el Gobierno explique quién pagó el viaje, qué rol cumplió la esposa del ministro y si se evaluaron posibles incompatibilidades o conflictos de interés.

El legislador santafesino también pidió conocer los detalles de la inclusión de Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete, en la comitiva presidencial.

Parte de estas preguntas ya habían sido respondidas por el propio Adorni en declaraciones periodísticas el martes. “Son trabajos muy sacrificados y era mi deseo que mi mujer me acompañe. Vengo una semana a deslomarme a Nueva York; quería que me acompañe”, señaló. También aseguró que “al Estado no le costó ni un solo peso”.

Qué dice la Constitución

El artículo 101 de la Constitución Nacional establece que el jefe de Gabinete puede ser interpelado para el tratamiento de una moción de censura con el voto de la mayoría absoluta de cualquiera de las cámaras.

Además, para que sea removido del cargo se requiere el voto de la mayoría absoluta de los miembros de ambas cámaras del Congreso.

Ese mismo artículo también fija que el jefe de Gabinete debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternando entre Diputados y el Senado, para informar sobre la marcha del Gobierno.

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Hernán Cappiello,Conforme a

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 7 rechazó una medida cautelar solicitada por la CGT en la causa presentada contra el Estado Nacional para suspender la aplicación de los artículos 90 y 91 de la ley 27.802, conocida como Ley de Modernización Laboral, y del Convenio de Transferencia de la Función Judicial en Materia Laboral al ámbito de la Justicia del Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Quien firmó el fallo es el titular de ese juzgado, Enrique Lavié Pico, el mismo magistrado que a comienzos de 2024 rechazó dos amparos contra el DNU 70/2023.

Ahora, en la central obrera afirmaron a Infobae: “Estamos definiendo lo que sigue en materia judicial, pero sí es seguro que vamos a continuar el reclamo judicial”.

La CGT promovió el 6 de marzo pasado una acción de amparo en la que pidió la declaración de nulidad e invalidez constitucional de los citados artículos de la ley 27.802, publicada en el Boletín Oficial en esa misma fecha. En su presentación, la central obrera requirió de modo específico una medida cautelar innovativa que suspenda la aplicación tanto de estos artículos como del convenio de transferencia hasta que se dicte sentencia definitiva, alegando que la ejecución de la nueva ley suprime la Justicia Nacional del Trabajo y traslada competencias, lo que –según su escrito– podría dificultar una reparación futura.

Además, la CGT solicitó que se prescinda del informe previsto en el artículo 4° de la Ley 26.854, que regula las medidas cautelares en causas donde el Estado Nacional es parte, argumentando que representa a un grupo vulnerable, o, en su defecto, que se dicte una medida interina conforme a la normativa mencionada. En ese sentido, sostuvo que el derecho invocado se encuentra avalado por diversas omisiones legales y presuntas violaciones de garantías constitucionales, y argumentó que la medida cautelar no afecta el interés público ni implica erogaciones para el erario.

En relación al pedido, el juez Enrique Lavié Pico explicó en su fallo que este tipo de medidas cautelares de carácter innovativo son de aplicación excepcional, ya que alteran el estado de hecho o de derecho vigente previo a la decisión judicial y constituyen un anticipo del eventual fallo final. Indicó que su otorgamiento debe ser restrictivo porque la cautelar pedida por la CGT coincide, en la práctica, con el objeto principal de la demanda.

El magistrado señaló que la finalidad de las medidas cautelares es asegurar la eficacia de la sentencia y que no corresponde dictar decisiones preventivas cuyo resultado sea equivalente a la sentencia definitiva. En este caso, Lavié Pico entendió que la petición excede la finalidad conservativa propia de esta herramienta y no se advierte el peligro en la demora que justifique su dictado, a la luz de los elementos presentados.

La resolución remarcó que la vía sumarísima elegida –acción de amparo– asegura una decisión pronta sobre el fondo del asunto, motivo por el cual no se configura, según el juez, un daño irreparable que torne ilusoria una futura sentencia. Por ese motivo, el juzgado resolvió rechazar la medida cautelar solicitada.

De acuerdo con lo decidido, se librará oficio a la parte demandada (Estado Nacional) para que, en un plazo de 5 días, produzca el informe correspondiente según el artículo 8º de la Ley 16.986, que regula la acción de amparo contra actos u omisiones de la autoridad pública que lesionen derechos constitucionales, y ofrezca toda la prueba que pretenda utilizar. Se indicó además que la actora deberá adjuntar copias digitales de la documentación presentada y que la confección, suscripción y diligencia de los oficios deberán ser realizados por la parte demandante a través de los sistemas informáticos o canales oficiales previstos.

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