El Gobierno nacional otorgó un aumento de 2 por ciento más una suma fija de $50.000 a los empleados de la administración pública nacional como parte de la negociación sellada en diciembre. Pese a esta suba, los salarios de los estatales cayeron en 2025 unos 14 puntos con respecto a la inflación que relevó el Índice de Precios al Consumidor (IPC), del Indec.

De acuerdo al Boletín Oficial, el personal de la Administración Pública Nacional recibirá un aumento del 2% y el pago de una suma fija de $50.000 para diciembre de 2025. Dichos montos fueron acordados en la última Comisión Negociadora Sectorial, celebrada entre el 28 de noviembre y el 26 de diciembre del año pasado.

En la reunión habían participado representantes de la jefatura de Gabinete de Ministros, del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, del Ministerio de Economía, de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

La propuesta de las autoridades, firmada en el acta de acuerdo, fue aceptada por la UPCN, liderada por Andrés Rodríguez. Por otro lado, bajo la conducción de Rodolfo Aguiar, ATE la rechazó en la última audiencia.

Los sueldos de los trabajadores del Estado fueron los que más perdieron frente al aumento de precios del año pasado, según datos oficiales.

En noviembre, el último dato del Índice de Salarios difundido por el Indec mostró que los salarios del sector público nacional tuvieron una mejora mensual del 1,3% frente a una inflación del 2,5% en el mismo período. Es decir, una diferencia del 1,2%.

Ese escenario se replicó durante buena parte de 2025, año que concluyó con una mejora de ingresos públicos que no logró mantenerse al ritmo del avance inflacionario, y apenas compensó menos de la mitad de los aumentos de precios del año.

De acuerdo con un relevamiento del Instituto de Estudios y Formación de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) los aumentos de los estatales acumularon un 17,1% frente a una suba inflacionaria del 31,5%.

Esa diferencia entre paritarias de trabajadores del sector público y el IPC terminó el 2025 con un atraso del 14,4%.

ATE reunirá mañana al Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas de cara al tratamiento de la reforma laboral en el Senado, previsto para el próximo 11 de febrero.

“Este proyecto se tiene que caer completo y para que eso suceda tenemos que salir a las calles antes de su tratamiento en el Senado”, señaló el secretario general Rodolfo Aguiar.

“Tenemos que lograr que el Gobierno no pueda tratar el proyecto en las sesiones extraordinarias, y asestaríamos así una primera derrota parcial. En nuestro caso, vamos a reunirnos todos los sindicatos estatales para definir un plan de acción concreto que se inicie en los próximos días”, planteó Aguiar.

Además de la propia ATE, asistirán a la reunión los sindicatos judiciales, de salud, de vialidad, de energía, jerárquicos bancarios, de PAMI, portuarios, docentes e investigadores universitarios, entre otras actividades, precisaron en el gremio.

Alberto Fernández ostenta el mérito de ser el mejor refutador de sí mismo. Aunque ha sido capaz de desdecirse en cuestión de horas, la contradicción en él es como un vino de guarda, que reluce en toda su dimensión con el paso del tiempo. Su travesía en la cima del poder lo obligó a un ejercicio de adaptación política fenomenal que origina a menudo el sorprendente efecto de oír a la misma persona defender con énfasis apasionado una posición y la contraria.

La fugacidad de sus convicciones explica en buena medida la dificultad que ha encontrado para construir poder propio, generar confianza y aglutinar apoyo detrás de sus iniciativas prioritarias, convertidas de manera recurrente en un derroche de energía improductiva.

La última cruzada a la que se arrojó el Presidente es la guerra a la Corte Suprema, declarada en su mensaje de buenos deseos por el Año Nuevo. El Alberto del presente distingue en Horacio Rosatti, que preside desde 2021 el tribunal, a una suerte de autócrata que “se alza contra el orden constitucional” en defensa de oscuros intereses corporativos. Propone echarlo por la vía del juicio político, al igual que a los otros tres jueces, a quienes señala como cómplices de ocasionar un menoscabo a las instituciones con una conducta “al margen de la razón, prudencia, discernimiento y el buen juicio”.

Pero, ¿qué decía el Alberto del pasado reciente sobre esos hombres que ahora retrata como conjurados contra la democracia, después de una serie de fallos insatisfactorios para su gobierno y para Cristina Kirchner, la jefa política que ya no lo reconoce como propio? Difícil encontrar elogios más nítidos que los surgidos de su verba de profesor de Derecho.

En 2016, consultado sobre qué virtudes veía en la gestión del entonces presidente Mauricio Macri, dijo: “Me parece que mandó a la Corte Suprema a dos jueces a los que nadie puede cuestionar su integridad moral y su integridad técnica”. Hablaba de Rosatti y de Carlos Rosenkrantz. Apenas cuestionaba el intento inicial de Macri de designarlos por decreto y dejaba sentado que le hubiera gustado atender la paridad de género. Pero enfatizaba: “No son mujeres, pero son buenos jueces, jueces probos”.

Fernández conoce a Rosatti desde el siglo pasado. El juez al que ahora presenta como un delegado del poder económico y de la oposición macrista fue constituyente por el peronismo, intendente de Santa Fe por el mismo partido y se sumó casi desde el principio al gobierno de Néstor Kirchner. Primero como procurador del Tesoro (es decir como el jefe de los abogados del Estado) y después como ministro de Justicia. Fernández era el jefe de Gabinete.

Rosatti dejó aquel gobierno en 2005 en medio de tensiones políticas que incluyeron sus reparos a aprobar licitaciones de cárceles que promovía el secretario José López, famoso luego por revolear bolsos llenos de dólares en la puerta de un convento. En su salida se enemistó con Fernández por motivos que ninguno de los dos contó.

El paso de los años nunca privó a Fernández de destacar como un hito la “refundación de la Corte” en los años de Kirchner, que incluyó la salida de los jueces que había designado Carlos Menem. Como ministro de Justicia, Rosatti tuvo un papel protagónico en el último tramo de ese proceso.

“Yo fui parte del gobierno que puso la Corte Suprema más digna que la democracia recuerda, ¿tengo que explicar qué quiero hacer con la Justicia?”, le decía Fernández a en una entrevista durante la campaña de 2019. Se ponía ese escudo ante las sospechas de que el plan inconfesable de su presidencia era gestionar la impunidad judicial para Cristina Kirchner, con quien se había amigado después de años de combatirla en público.

Aquella “Corte digna” incluía a los otros dos miembros que ahora exige echar por inhabilidad moral. En la misma campaña electoral, durante una entrevista en televisión, llegó a calificar como “gente de bien” a Juan Carlos Maqueda, otro juez con pasado como dirigente peronista, nombrado por Eduardo Duhalde y que sobrevivió sin acusación alguna al recambio que impulsó Kirchner. Reconoció que tenía contactos con él y con Ricardo Lorenzetti, el cuarto blanco de la ofensiva actual. “Al doctor Lorenzetti hace un año largo que no lo veo. Fui a tomar un café con él porque me dijo: ‘¿Estás cerca de Tribunales?, venite a tomar un café’”, contó el entonces candidato del Frente de Todos, al blanquear una relación de familiaridad con el juez al que en 2004 él promovió para la Corte cuando era un abogado de Rafaela que ejercía la profesión fuera de los radares de la alta política nacional.

El derrotero que termina en la denuncia de máxima gravedad institucional contra los cuatro integrantes del tribunal había tenido un capítulo previo el año pasado cuando Fernández juntó a los gobernadores del Frente de Todos para promover la creación de una “Corte federal” de 25 miembros, uno por provincia. Otro proyecto condenado al fracaso de antemano y que expuso una vez más su virtud de polemista con el archivo propio. El Presidente que percibía en 2022 “una crisis de funcionamiento que atenta contra la legitimidad de la Corte” postulaba cuando era un desertor del kirchnerismo: “La Corte debe tener cinco miembros, debe funcionar con cinco miembros y deben ser miembros tan probos como los que están”. Las ilusiones de aumentar sus integrantes eran, a su juicio de experto, “una fantasía en parte impulsada por una idea teórica de Eugenio Zaffaroni”.

Como candidato a presidente giró hacia posiciones críticas del servicio de Justicia para reprochar el avance de las causas de corrupción contra Cristina Kirchner. Pero siempre preservó a la Corte y enfatizó que no iba a promover cambios drásticos en función de la impunidad de nadie. “No lo voy a hacer: grábelo”, le dijo a Mario Pereyra, ya fallecido conductor de Cadena 3, en una tensa charla radial de 2019 en la que se puso en duda si iba a tomárselas contra el Poder Judicial en caso de ganar.

La incapacidad política del Gobierno para satisfacer los reclamos judiciales de Cristina Kirchner se hizo notable desde 2020. No avanzó la reforma judicial, no logró nombrar al procurador general, no presentó siquiera un candidato para la vacante que existe en la Corte, no pudo renovar como quería la Cámara Federal, no saca del pantano el Consejo de la Magistratura (donde Rosatti ejercerá la presidencia mientras no se pacte una nueva ley). El ministro de Justicia, Martín Soria, solo tomó contacto con la Corte para leerles en la cara un panfleto cargado de acusaciones temerarias. La vicepresidenta fue condenada por fraude al Estado y los últimos fallos del máximo tribunal han contrariado al Gobierno. Amagó con incumplir el último -el que lo obliga a aumentarle los giros nacionales a la Ciudad de Buenos Aires- y a los dos días reculó.

Ahora, al ponerse al frente del juicio político, Fernández ofrece sus servicios otra vez a una clienta que ya no le cree. Se suma a la tesis del “vacío jurídico” que expuso la vicepresidenta (oh, curiosidad, una idea original de Zaffaroni) y desata un conflicto constitucional de bajo vuelo, en el que puede todo menos ganar.

Consigue, eso sí, retener centralidad en el año electoral e ilusionarse con llenar el formulario que el kirchnerismo duro pone delante de quien quiera tener su apoyo para las presidenciales: hay que bancar la idea del golpe de Estado encubierto y explicar cómo el sistema judicial está amañado para sacar a Cristina de la cancha.

El problema para Alberto es que el kirchnerismo solo olvida por conveniencia. Antes que a él y a sus excusas, en La Cámpora y alrededores son más proclives a aceptar un candidato que ignora los tambores de guerra y habita en los salones del establishment, como Sergio Massa, si es que logra el módico milagro de atenuar la inflación.

El peronismo también navega incómodo la impostura que vende el Gobierno sobre la Corte golpista. Solo un puñado de gobernadores se subieron a la batalla convencidos, en busca del aplauso de Cristina Kirchner. El resto oscila entre sumarse en voz baja o escapar de un proceso que solo puede terminar en un enchastre de acusaciones surgidas de pinchaduras ilegales. Los principales sindicalistas de la CGT tampoco levantaron la voz, siguiendo el ejemplo de Massa, y en la Casa Rosada se desesperan por garantizar que no se retobe nadie de su exigua mayoría en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. Al menos para sacar un dictamen acusatorio que permita desgastar por más tiempo a los jueces.

De ese modo, el último año del mandato de Fernández empieza como un tributo a sí mismo. El presidente que se define como un “hombre de diálogo” y que vino a “acabar con la grieta” se despide a todo volumen con un rock&roll institucional destinado a dejar apenas el rastro perdurable de un ruido estéril.

Los gobernadores permanecen dispersos frente a la aceleración de las reuniones individuales que protagoniza el ministro del Interior, Diego Santilli, de cara al tratamiento de la reforma laboral durante las sesiones extraordinarias del Congreso. A la estrategia de diálogo bilateral delineada por el Gobierno, se agregan la debilidad de los incipientes bloques entre mandatarios, el receso legislativo y las licencias, que los fragmenta más de la cuenta.

Los jefes provinciales que mantienen afinidades geográficas o ideológicas conservan el diálogo, con variada intensidad según el caso. No obstante, no constituyen frentes consolidados que planteen una negociación colectiva con el Poder Ejecutivo, pese a compartir la inquietud por el artículo 191 del proyecto de modernización laboral, que reduce la recaudación de Ganancias y, en consecuencia, perjudica la coparticipación.

El panorama contrasta con el estallido de encuentros grupales que se produjo durante los últimos meses del año pasado, tanto durante la campaña electoral como en la previa del tratamiento legislativo del Presupuesto 2026, finalmente aprobado. Actuaron en bloque para presionar por el reparto del impuesto al combustible y de los Aportes del Tesoro de la Nación (ATN).

En diálogo con , una funcionaria del gabinete de Axel Kicillof (provincia de Buenos Aires) reconoció que los viajes de Santilli “debilitan los proyectos en conjunto” de los jefes provinciales, aunque destacó que esto no sucede con los peronistas del ala más opositora. “El problema es cómo [el Gobierno] va comparando voluntades de manera individual. Distintas provincias han votado por una obrita, una concesión de un recurso natural o un cambio en el presupuesto”, expresó.

Hay un grupo de mandatarios de origen peronista que dialoga permanentemente con el Gobierno y cuyos legisladores suelen acompañarlo en las votaciones en el Congreso. Se trata de Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Salta), quienes suelen trabajar en conjunto con Hugo Passalacqua (Misiones) y Rolando Figueroa (Neuquén), según enumeró el catamarqueño a .

Estos gobernadores se reunieron reiteradamente a fines de noviembre, en vísperas del recambio de bancas y del tratamiento del Presupuesto 2026, que sus legisladores finalmente apoyaron. Incluso intentaron conformar un interbloque, pero el ensayo terminó frustrado.

Entre estos mandatarios, Santilli mantuvo encuentros durante enero con los jefes provinciales de Salta y Neuquén y “estará yendo a ver a los gobernadores de Misiones, Tucumán y Catamarca en algún momento, aunque aún no hay fecha definida”, según supo de una fuente cercana al ministro.

Jalil espera que el diálogo entre estos líderes provinciales se reactive de forma privada la próxima semana, en la previa al debate de la modernización laboral. Pese al intento frustrado de conformar un interbloque, señaló que el trabajo conjunto de los legisladores que les responden “está funcionando en el Congreso, cada uno con su bloque”. Asimismo, indicó que están “preocupados” por el artículo referido a Ganancias.

En un peronismo que atraviesa una crisis de liderazgo, aparece otro conjunto de gobernadores, más identificados con el kirchnerismo, que también se encuentra en estado de alerta por el impacto de la reforma en la recaudación de las provincias.

Kicillof, Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Elías Suárez (Santiago del Estero) se reunieron el 16 de diciembre en la Casa de La Pampa en la ciudad de Buenos Aires, junto a diputados y senadores nacionales, en una demostración de trabajo conjunto.

Una funcionaria cercana a Kicillof señaló que estos gobernadores tienen la intención de “votar juntos” contra la reforma laboral y “sumar votos para conseguir que no se vote”.

Este grupo conserva un “diálogo totalmente fluido” -que contrasta con las conversaciones que mantienen con gobernadores de otros espacios- y tiene el objetivo de frenar las iniciativas impulsadas por el oficialismo en el Congreso. Su tarea será meramente defensiva, dado que consideran que sus proyectos serían “puramente declamativos” en tanto entienden que no llegarían al recinto, explicó la dirigente.

Entre ellos, solo el pampeano y el santiagueño fueron convocados y mantuvieron encuentros con Santilli desde que asumió su cargo. “Ziliotto [se reúne] pero no se mueve un milímetro. Tiene muy claro su lugar”, dijo.

Por su parte, dos fuentes de Provincias Unidas, el bloque que se referencia principalmente en los mandatarios de Córdoba (Martín Llaryora), Santa Fe (Maximiliano Pullaro), Chubut (Ignacio Torres) y Jujuy (Carlos Sadir), coincidieron en que el diálogo con Nación convive con el vínculo entre los mandatarios, sin obstaculizarlo. “Que reciban y conversen con Santilli no significa que entre ellos no tengan una coordinación”.

Sin embargo, una fuente parlamentaria del espacio dijo que la comunicación entre jefes provinciales “está bastante más fría” en comparación a los meses de campaña. “La iniciativa la tiene el Gobierno”, dijo, y admitió que la estrategia nacional de negociar individualmente fue “rompiendo”.

Provincias Unidas dejó atrás las presentaciones públicas que repitió en numerosas ocasiones durante la campaña. Luego del 6,95% de los votos -que quedó lejos de sus expectativas-, mermaron las apariciones colectivas.

“No hay algo concreto que obligue a hacer una demostración en conjunto en pleno verano”, explicó una fuente que coordina el vínculo entre los gobernadores de Provincias Unidas, en diálogo con .

Explicó que cada uno está concentrado en la agenda de su respectiva provincia y que el diálogo grupal lo acapara la reforma laboral. “Estamos de acuerdo con que tiene que haber una modernización. Lo que planteamos es que no tiene que ser cada ley en contra de los recursos de las provincias”, dijo, y mencionó el artículo sobre Ganancias: “Ahí ningún gobernador está de acuerdo”.

Una fuente del equipo de Pullaro agregó que en el proyecto “hay cosas que se deberían modificar”, pero que de todos modos “no va a haber trabas”.