POLITICA
En segunda instancia, la justicia suspendió el decreto de Javier Milei que ponía límites a las huelgas
La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ratificó este lunes un fallo de la jueza nacional Moira Fullana que ante una presentación de la CGT suspende dos artículos del decreto 340/2025 firmado por el presidente Javier Milei que ponía límites a las huelgas en sectores de servicios esenciales.
El fallo fue emitido esta tarde por la Sala IV de la Cámara, con lo cual se confirmó la resolución de la jueza Moira Fullana que había actuado en primera instancia.
Los jueces que ratificaron el fallo de Fullana fueron Héctor Guisado y Silvia Pinto Varela. Asumieron que “no está resuelta la cuestión de fondo” pero cuestionaron los intentos del Gobierno de avanzar por decreto sin discusión previa en el Congreso.
La resolución de la cámara suspendió la aplicación del decreto que regulaba las huelgas en los denominados servicios esenciales para evitar paros totales en la salud o en sectores del transporte y las telecomunicaciones.
En este fallo, al que tuvo acceso Clarín, la cámara también recordó que «el Poder Ejecutivo Nacional dictó el decreto 340/2025 que, si bien se titula Apruébase el Régimen de excepción de la Marina Mercante Nacional” alude a una ley del Congreso «que reglamenta la huelga en los servicios esenciales» o de importancia trascendental.
En ese punto, la Cámara observó que «en un DNU referente a la Marina Mercante sustituye un artículo de una ley, cuyo texto había intentado modificar el Decreto 70/2023 (el contenido de ambos decretos sobre el tema en cuestión presenta similitudes pero no es idéntico)».
Y, al respecto advirtió que esta misma Cámara ya «en primer término suspendió cautelarmente el decreto 70/23 y luego lo declaró inconstitucional; cuyo resultado final se encuentra para ser tratado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación» en otra causa iniciada por un amparo presentado por la Confederación General del Trabajo.
El miércoles 21 de mayo, a través de un decreto destinado a regular el funcionamiento de la marina mercante, el Gobierno resolvió volver a la carga con su objetivo de limitar el derecho a huelga, mediante el DNU 340/25 que fue firmado por buena parte del Gabinete.
El texto estableció la ampliación de las actividades consideradas esenciales, incorporando al transporte de cargas y personas, la educación y los servicios de telecomunicaciones, y les impuso la obligación de garantizar la prestación del 75% de los servicios en caso de una medida de fuerza.
Además, en otro de los artículos, el decreto creó la figura de actividades consideradas de importancia trascendental, que abarca los sectores más diversos, y al que le impuso la obligación de mantener un mínimo de la 50% de la prestación en las jornadas de huelga.
Entre las actividades alcanzadas en ese parámetro figuran los principales rubros industriales (alimentación, metalúrgica y la construcción), el funcionamiento de los bancos, los comercios y locales gastronómicos y todos los sectores vinculados a la exportación.
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Paro nacional: los nuevos rubros esenciales que no pueden adherirse
La CGT repudió el decreto y presentó un amparo en la justicia. Entre los fundamentos, sostuvo que el decreto reglamenta de manera restrictiva el derecho de huelga, ampliando arbitrariamente la lista de actividades consideradas “servicios esenciales” e imponiendo niveles mínimos de prestación.
Por otra parte, subrayó que la medida viola el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, los Convenios 87 y 98 de la OIT, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otras normas con jerarquía constitucional que garantizan la libertad sindical y el derecho a la huelga. Por estos motivos, solicitaron una medida cautelar de no innovar para suspender de forma inmediata la aplicación de los artículos 2° y 3° del DNU 340/2025, a los que hizo lugar la jueza laboral este lunes.
Hasta la publicación del decreto del Gobierno, la legislación argentina, siguiendo los parámetros establecidos por la OIT, sólo consideraba como esencial aquellos servicios cuya interrupción pudiera poner en peligro la vida, la salud o la seguridad de la población. Así se incluían como esenciales las actividades vinculadas a los servicios sanitarios, la provisión de agua y energía y el control del tráfico aéreo.
POLITICA
En una jornada marcada por la condena a Cristina, Diputados no logró destrabar la comisión que investiga Libra
La comisión especial de la Cámara de Diputados que investiga el escándalo por la criptomoneda $Libra volvió a fracasar este martes en su intento por designar autoridades. La reunión, coordinada por el secretario Parlamentario, Adrián Pagán, terminó una vez más con un empate en 14 votos entre los bloques que exigen avanzar con la investigación legislativa y los que consideran que la causa debe quedar en manos de la Justicia, tanto en el país como en tribunales internacionales.
El encuentro se realizó en el Anexo del Congreso, en un clima de fuerte tensión política y sin perspectivas de destrabar el conflicto en el corto plazo.
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Las candidaturas fueron las mismas que el 30 de abril: Gabriel Bornoroni por el bloque libertario y Sabrina Selva por Unión por la Patria, y el resultado volvió a ser un empate. Sin embargo, la comisión logró avanzar en las propuestas de citaciones para la próxima reunión informativa, que se realizará el miércoles 25 de junio a las 16.
Desde los distintos bloques se presentaron múltiples propuestas de citaciones. La oposición reclamó la presencia en el Congreso del presidente Javier Milei, del periodista Alejandro Bercovich y de Hayden Davis, señalado como creador de la criptomoneda $Libra, una iniciativa impulsada por el Frente de Izquierda.
Por su parte, Unión por la Patria pidió convocar a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a Mauricio Novelli y Manuel Torres Godoy, organizadores del Tech Forum, el evento que reunió a desarrolladores tecnológicos.
El bloque Democracia para Siempre propuso los testimonios de Alejandro Melik, de la Oficina Anticorrupción; María Florencia Zicavo, de la Unidad Especial de Investigación del Ministerio de Justicia —que cerró el caso $Libra por instrucción del presidente Milei—; y del diputado español Gerardo Pisarello Prados. En tanto, Encuentro Federal postuló a Fernando Molina, Santiago Siri y a la periodista Irina Hauser.
Durante la reunión, el diputado Christian Castillo (Frente de Izquierda) afirmó que “es evidente que está hasta las manos el presidente Javier Milei. Por eso hay una protección que le quieren dar al presidente, a la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, y al vocero, Manuel Adorni. Pedimos que se los cite al Congreso”, expresó ante la comisión.
En esa misma línea, el legislador Juan Marino (UxP) advirtió que “están incumpliendo el reglamento si no dejan designar a las autoridades”. Mientras tanto, el secretario Adrián Pagán intentaba contener los cruces que, por momentos, elevaron la tensión, sobre todo ante la persistente paridad de 14 votos entre los dos sectores.
El diputado radical Fernando Carbajal, integrante del bloque Democracia para Siempre, apuntó contra el oficialismo por la paralización de la comisión de juicio político en Diputados. “Quedó patentizada la conformación del bloque de la impunidad, defensa de la corrupción, conformado por La Libertad Avanza y sus bloques vasallos“, afirmó. Y agregó: “Siguen bloqueando el funcionamiento de la comisión. Hubo ofrecimientos muy razonables para resolver el funcionamiento y se niegan porque el objetivo es impedir que la comisión funcione”.
Carbajal anticipó que desde su espacio promoverán el juicio político. “Evidentemente, es el único ámbito constitucional donde vamos a poder investigar y evitar la impunidad que buscan el bloque oficialista y sus aliados”, afirmó.
A esa posición se sumaría la Coalición Cívica, según indicó la diputada Mónica Frade: “Vamos a evaluar esa posibilidad”, declaró. En tanto, desde el inicio del conflicto, Unión por la Patria y el Frente de Izquierda impulsan el enjuiciamiento del presidente Javier Milei.
La disputa se concentra en torno a la presidencia de la comisión, que fue adjudicada por la oposición a la diputada libertaria Marcela Pagano. Sin embargo, esa designación fue desconocida por el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, lo que mantiene a la comisión paralizada.
En medio de la incertidumbre, el PRO propuso como presidente al exconsejero de la Magistratura Alejandro Fargosi, y a especialistas en criptomonedas, uno de los ejes del escándalo. La Libertad Avanza, junto con Innovación Federal y la Liga del Interior que lidera Pablo Cervi, enviarán sus propuestas en los próximos días.
La condena a Cristina Kirchner tensó aún más el debate
La condena a Cristina Fernández de Kirchner también sobrevoló la discusión. La diputada de UxP Carolina Gaillard cuestionó a los miembros de la Corte Suprema y reivindicó el juicio político impulsado en 2023, bajo su presidencia: “Ese proceso dejó en evidencia las responsabilidades de los jueces supremos”, señaló.
Desde el PRO, la diputada Silvana Giudici sostuvo que “la justicia llega, así pasen 16 años y 17 jueces”, en alusión al tiempo transcurrido desde el inicio de las causas contra la exmandataria.
Varios legisladores se pronunciaron también a través de las redes sociales. La diputada radical Pamela Verasay expresó: “Se hizo justicia. Cristina Kirchner deberá cumplir su condena. No se trata de proscripción, sino de una sentencia firme por corrupción sistemática”.
En contraste, la diputada Cecilia Moreau (UxP) advirtió que “es la crónica de un fallo anunciado que viene gestándose desde hace tiempo”.
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El senador José Mayans fue más allá: “El programa económico se cae a pedazos. El gobierno lleva el endeudamiento a niveles insostenibles y responde metiendo presa a Cristina con un juicio viciado de nulidad”. Para el formoseño, la justicia actúa con celeridad “porque temen que Cristina arrase en la provincia de Buenos Aires y vuelva a ser presidenta”.
Mayans concluyó: “Por supuesto que va a cumplir el fallo. Siempre estuvo ajustada a derecho. El que se fugó fue el autor del lawfare, Pepín Rodríguez Simón, que volvió y ni siquiera pisó una comisaría. Así está la justicia argentina”.
criptomonedas, Libra, Diputados
POLITICA
Comisión $LIBRA: la oposición convoca a Milei y a su hermana Karina y no descarta activar el juicio político
A duras penas, la oposición pudo reactivar esta tarde la comisión investigadora del caso de la criptomoneda $LIBRA, constituida en la Cámara de Diputados para indagar en la presunta responsabilidad del presidente Javier Milei en la promoción de ese criptoactivo. Luego de una tensa discusión con el oficialismo, logró que fueran invitados el propio presidente y su hermana Karina Milei dentro de dos semanas y no descartó la promoción del juicio político si los libertarios bloquean la investigación.
La comisión tuvo asistencia perfecta de sus 28 miembros, 14 por el oficialismo y sus aliados y los restantes 14 por la oposición. Esta situación de paridad frustró un nuevo intento opositor para designar como presidente a un representante de ese sector que garantice el funcionamiento del cuerpo. Desconfiados, los opositores advirtieron a los libertarios que si obstaculizan la pesquisa podrían impulsar el enjuiciamiento al Presidente porque tendrían la mayoría en la Comisión de Juicio Político.
Por de pronto, la coordinación de la comisión seguirá en manos del secretario parlamentario, Adrián Pagán, quien deberá librar las invitaciones propuestas por la oposición para dentro de dos semanas. Entre los citados figura, para que comparezca de manera remota, el joven norteamericano Hayden Mark Davis, quien lanzó la memecoin de la polémica que luego fue promovida por Milei en su cuenta X, para colapsar a las pocas horas. También fueron invitados Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, los dos empresarios que trabajaron en el proyecto y que registraron ingresos frecuentes en la Casa Rosada. Difícilmente comparezcan, de allí el silencio oficialista.
También fueron convocados Alejandro Melik, titular de la Oficina Anticorrupción; María Florencia Zicavo, de la Unidad Especial de Investigación del Ministerio de Justicia y Gerardo Pisarello Prados, diputado español que investiga el caso. Además se invitó a los periodistas Irina Hauser y Alejandro Bercovich, como así también a los especialistas en criptomonedas Fernando Molina y Santiago Siri. El bloque de Pro pidió convocar al abogado Alejandro Fargosi.
“Es bastante improbable que los principales implicados en el caso asistan a la comisión. Sin autoridades designadas y sin reglamento para funcionar difícilmente podamos avanzar demasiado. En cambio, la Comisión de Juicio Político cuenta con un reglamento y puede hacer comparecer a los testigos por la fuerza pública. Ese es el Plan B que podríamos activar”, explican en la oposición.
Esta alternativa se lanzó luego de que el oficialismo se mantuviera en sus trece y no aceptara designar a un diputado opositor para presidir la comisión. Los libertarios, junto a Pro y al radicalismo, insistieron en proponer al frente de la presidencia a Gabriel Bornoroni, jefe del bloque oficialista. Para los opositores este nombramiento es inadmisible.
“Queda patentizada la conformación del bloque de la impunidad, de defensa de la corrupción, conformado por La Libertad Avanza y sus bloques vasallos, que siguen bloqueando el funcionamiento de la comisión”, despotricó Fernando Carbajal, del radicalismo opositor.
“Hubo ofrecimientos muy razonables para resolver el funcionamiento y se niegan porque el objetivo es impedir que la comisión funcione. Frente a esto, vamos a promover el juicio político porque, evidentemente, es el único ámbito constitucional en el que vamos a poder lograr el objetivo de investigar y que los corruptos no queden impunes”, agregó.
La diputada Mónica Frade (Coalición Cívica), apoyó la propuesta de Carbajal. “Si no hay autoridades designadas, ¿quién va a interrogar a quienes son citados a la comisión? ¿Cómo se va a llevar adelante la investigación? No se puede funcionar así”, advirtió.
“Nosotros no estábamos de acuerdo con la propuesta del juicio político, nos parecía desmedido, por eso propusimos la comisión investigadora como salida intermedia, hoy nos percatamos que no va a ser posible y, por lo tanto, vamos a propiciar el juicio político de los involucrados”, asestó.
La legisladora Carolina Gaillard (Unión por la Patria) reivindicó la herramienta del juicio político.
“La Cámara de Diputados, en el proceso de juicio político, no destituye a nadie. Se limita a hacer la tarea de instrucción, de recabar la prueba. Fue nuestra primera propuesta, pero a muchos colegas les parecía que era mucho. Pero en la situación en la que estamos, con una comisión que difícilmente pueda avanzar, parece la única alternativa”, dijo.
Bajo una consigna universal de rechazo a lo que consideran una proscripción hacia Cristina Kirchner tras la confirmación de la condena a Cristina Kirchner, agrupaciones de estudiantes comenzaron a desarrollar este martes tomas en facultades de distintas partes del país.
Una de las primeras en implementar esa medida de protesta fue la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, cuyo Centro de Estudiantes comunicó la decisión de llevarla a cabo desde las 22 de este martes, “en defensa de la democracia”.
Además, se precisó que los gremios docentes y no docentes de la institución realizarán un paro este miércoles, por lo que no se dictarán clases, manteniendo el estado de alerta y movilización.
Hacia la noche de un martes en el que la Corte Suprema ratificó la pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para la expresidenta por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, las redes sociales comenzaron a nutrirse de publicaciones que daban cuenta de las tomas.
Por caso, una cuenta atribuida a Julia Benito, presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, reflejó una protesta en Ciudad Universitaria “contra la proscripción a Cristina”.
“La universidad no olvida a aquellos que la defendieron siempre”, se leyó en el mensaje, escrito junto a un emoji con los dedos en “V”. Otro video muestra como despliegan una bandera con el rostro de la expresidenta en el hall central.
LA UNIVERSIDAD QUE SOÑAMOS NO ES POSIBLE CON CRISTINA PROSCRIPTA. Universidad tomada.
El movimiento estudiantil de la UNLP se organiza en defensa de la democracia.
No a la proscripción. Todxs con Cristina. pic.twitter.com/7TzSuQmXsU— Agrup. Rodolfo Walsh (@agrupRW) June 11, 2025
Por su lado, estudiantes de la Universidad de La Plata tomaron simbólicamente el Rectorado para manifestar su descontento. También realizaron una movilización desde plaza San Martín y un corte en 7 y 50, y se declararon en “estado de alerta y movilización permanente.
En tanto, la Agrupación Rodolfo Walsh, que conduce el Centro de Estudiantes de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP, confirmó la toma también en esa sede.
“La Universidad que soñamos no es posible con Cristina proscripta”, argumentaron, antes de decretar “tomada” la casa de estudios. Y completaron: “No a la proscripción. Todxs con Cristina”.
En la FHyCS de Misiones en contra de la proscripción a @CFKArgentina pic.twitter.com/SpJDVB94Hl
— L.ua.na.🦒 (@LuaDippaa) June 11, 2025
Otra casa de estudio donde se llevaba adelante un reclamo por el fallo contra Cristina era la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones.
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