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POLITICA

En un nuevo intento por obtener la libertad el padre Grassi se enfrenta a la Justicia: “Soy inocente”

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El sacerdote Julio César Grassi, condenado a quince años de prisión por abuso sexual infantil y corrupción de menores, mientras era titular de la Fundación caritativa Felices los Niños, busca ser beneficiado con la libertad condicional al haber cumplido gran parte de la pena impuesta por la Justicia.

Representándose a sí mismo, ya que dentro de la cárcel se recibió de abogado, el cura intenta convencer al Tribunal en lo Criminal N°1 de Morón, de que está listo para reinsertarse en la sociedad y que fue condenado injustamente, ya que se autodenominó como “inocente” de los cargos de pedofilia.

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Soy inocente, y estoy respetando lo que la ley me está pidiendo. Tengo un sentimiento genuino de ser inocente, porque soy inocente, y estoy respetando lo que la ley me está pidiendo, para acceder al beneficio de la libertad condicional”, le dijo el sacerdote a los jueces en el inicio de su testimonio.

Grassi mantuvo una conversación virtual desde dentro el penal de Campana, en donde se encuentra detenido y en donde cumplió los dos tercios de la pena impuesta por su grave delito contra la integridad de dos menores de edad, de los que se aprovechó por ser director de un hogar de niños vulnerables.

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Ante la atenta mirada de los integrantes de la audiencia, entre ellos el abogado Juan Pablo Gallego, querellante en la causa por el Comité de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño en Argentina (Casacidn), quien se opone a la salida en libertad. También estaban presentes en la audiencia, el particular damnificado Sergio Piri, en representación de la víctima conocida como Gabriel.

Los magistrados a cargo del tribunal, Mariana Maldonado, Juan Carlos Uboldi y Claudio José Chaminade, y la fiscalía de ejecución a cargo de Mario Ravizzini, deberán analizar si el sacerdote es apto para estar en sociedad nuevamente, debido a que mantiene su envestidura católica, por lo que podrá impartir misa y estar cerca de menores en donde podría reincidir.

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POLITICA

El Gobierno traspasa el Servicio Penitenciario a CABA para tratar la sobrepoblación en las comisarías

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El Gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires acordaron iniciar el proceso de traspaso del Servicio Penitenciario Federal a la administración porteña, una demanda que la Ciudad venía solicitando debido a la sobrepoblación en comisarías. El acuerdo se cerró en una reunión entre la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el jefe de Gobierno, Jorge Macri, quien expresó la necesidad de que el distrito se encargue de la “responsabilidad de los presos de su distrito y así profundizar su autonomía”.

La transferencia de competencias implica que el Gobierno porteño asuma el cuidado y la gestión de las cárceles en su territorio para presos involucrados en delitos no federales. El subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Julián Curi, y otros funcionarios participaron en el acuerdo para iniciar el traspaso gradual.

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La sobrepoblación en las alcaidías de Buenos Aires generó varios problemas de seguridad, incluyendo doce fugas en los primeros meses del año. El Gobierno porteño utilizó cárceles contenedores en barrios como Chacarita y Saavedra como medida temporal para aliviar la situación, ya que las comisarías estaban desbordadas. Jorge Macri y otros funcionarios porteños insistieron en que las comisarías “no están preparadas para la cantidad de detenidos”, solicitando que la administración nacional se encargue de los reclusos hasta ahora.

Para la Ciudad, este traspaso implica la creación de un servicio penitenciario propio. Actualmente, solo el 5% de los presos en territorio porteño son juzgados por tribunales locales, mientras que el resto sigue bajo jurisdicción federal y nacional. Aún no se transfirió el Poder Judicial en la Ciudad, lo que plantea un desafío en la gestión de estos detenidos, quienes permanecen bajo juicio federal.

El Observatorio de Políticas Penitenciarias y Derechos Humanos de la Justicia porteña informó que, al primero de abril de 2024, había casi 2.000 detenidos en comisarías y alcaidías de la Ciudad, cifra que dobla la capacidad ideal de estas instalaciones. Este contexto de hacinamiento y las demandas reiteradas llevadas al gobierno porteño a buscar una solución concreta a través de la gestión del sistema penitenciario local.

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