POLITICA
En una jornada marcada por la condena a Cristina, Diputados no logró destrabar la comisión que investiga Libra

La comisión especial de la Cámara de Diputados que investiga el escándalo por la criptomoneda $Libra volvió a fracasar este martes en su intento por designar autoridades. La reunión, coordinada por el secretario Parlamentario, Adrián Pagán, terminó una vez más con un empate en 14 votos entre los bloques que exigen avanzar con la investigación legislativa y los que consideran que la causa debe quedar en manos de la Justicia, tanto en el país como en tribunales internacionales.
El encuentro se realizó en el Anexo del Congreso, en un clima de fuerte tensión política y sin perspectivas de destrabar el conflicto en el corto plazo.
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Las candidaturas fueron las mismas que el 30 de abril: Gabriel Bornoroni por el bloque libertario y Sabrina Selva por Unión por la Patria, y el resultado volvió a ser un empate. Sin embargo, la comisión logró avanzar en las propuestas de citaciones para la próxima reunión informativa, que se realizará el miércoles 25 de junio a las 16.
Desde los distintos bloques se presentaron múltiples propuestas de citaciones. La oposición reclamó la presencia en el Congreso del presidente Javier Milei, del periodista Alejandro Bercovich y de Hayden Davis, señalado como creador de la criptomoneda $Libra, una iniciativa impulsada por el Frente de Izquierda.
Por su parte, Unión por la Patria pidió convocar a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a Mauricio Novelli y Manuel Torres Godoy, organizadores del Tech Forum, el evento que reunió a desarrolladores tecnológicos.
El bloque Democracia para Siempre propuso los testimonios de Alejandro Melik, de la Oficina Anticorrupción; María Florencia Zicavo, de la Unidad Especial de Investigación del Ministerio de Justicia —que cerró el caso $Libra por instrucción del presidente Milei—; y del diputado español Gerardo Pisarello Prados. En tanto, Encuentro Federal postuló a Fernando Molina, Santiago Siri y a la periodista Irina Hauser.
Durante la reunión, el diputado Christian Castillo (Frente de Izquierda) afirmó que “es evidente que está hasta las manos el presidente Javier Milei. Por eso hay una protección que le quieren dar al presidente, a la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, y al vocero, Manuel Adorni. Pedimos que se los cite al Congreso”, expresó ante la comisión.
En esa misma línea, el legislador Juan Marino (UxP) advirtió que “están incumpliendo el reglamento si no dejan designar a las autoridades”. Mientras tanto, el secretario Adrián Pagán intentaba contener los cruces que, por momentos, elevaron la tensión, sobre todo ante la persistente paridad de 14 votos entre los dos sectores.
El diputado radical Fernando Carbajal, integrante del bloque Democracia para Siempre, apuntó contra el oficialismo por la paralización de la comisión de juicio político en Diputados. “Quedó patentizada la conformación del bloque de la impunidad, defensa de la corrupción, conformado por La Libertad Avanza y sus bloques vasallos“, afirmó. Y agregó: “Siguen bloqueando el funcionamiento de la comisión. Hubo ofrecimientos muy razonables para resolver el funcionamiento y se niegan porque el objetivo es impedir que la comisión funcione”.
Carbajal anticipó que desde su espacio promoverán el juicio político. “Evidentemente, es el único ámbito constitucional donde vamos a poder investigar y evitar la impunidad que buscan el bloque oficialista y sus aliados”, afirmó.
A esa posición se sumaría la Coalición Cívica, según indicó la diputada Mónica Frade: “Vamos a evaluar esa posibilidad”, declaró. En tanto, desde el inicio del conflicto, Unión por la Patria y el Frente de Izquierda impulsan el enjuiciamiento del presidente Javier Milei.
La disputa se concentra en torno a la presidencia de la comisión, que fue adjudicada por la oposición a la diputada libertaria Marcela Pagano. Sin embargo, esa designación fue desconocida por el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, lo que mantiene a la comisión paralizada.
En medio de la incertidumbre, el PRO propuso como presidente al exconsejero de la Magistratura Alejandro Fargosi, y a especialistas en criptomonedas, uno de los ejes del escándalo. La Libertad Avanza, junto con Innovación Federal y la Liga del Interior que lidera Pablo Cervi, enviarán sus propuestas en los próximos días.
La condena a Cristina Kirchner tensó aún más el debate
La condena a Cristina Fernández de Kirchner también sobrevoló la discusión. La diputada de UxP Carolina Gaillard cuestionó a los miembros de la Corte Suprema y reivindicó el juicio político impulsado en 2023, bajo su presidencia: “Ese proceso dejó en evidencia las responsabilidades de los jueces supremos”, señaló.
Desde el PRO, la diputada Silvana Giudici sostuvo que “la justicia llega, así pasen 16 años y 17 jueces”, en alusión al tiempo transcurrido desde el inicio de las causas contra la exmandataria.
Varios legisladores se pronunciaron también a través de las redes sociales. La diputada radical Pamela Verasay expresó: “Se hizo justicia. Cristina Kirchner deberá cumplir su condena. No se trata de proscripción, sino de una sentencia firme por corrupción sistemática”.
En contraste, la diputada Cecilia Moreau (UxP) advirtió que “es la crónica de un fallo anunciado que viene gestándose desde hace tiempo”.
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El senador José Mayans fue más allá: “El programa económico se cae a pedazos. El gobierno lleva el endeudamiento a niveles insostenibles y responde metiendo presa a Cristina con un juicio viciado de nulidad”. Para el formoseño, la justicia actúa con celeridad “porque temen que Cristina arrase en la provincia de Buenos Aires y vuelva a ser presidenta”.
Mayans concluyó: “Por supuesto que va a cumplir el fallo. Siempre estuvo ajustada a derecho. El que se fugó fue el autor del lawfare, Pepín Rodríguez Simón, que volvió y ni siquiera pisó una comisaría. Así está la justicia argentina”.
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La Justicia pidió a Migraciones reforzar controles para evitar una posible salida del país de Cristina Kirchner
El tribunal que condenó a Cristina Kirchner, encargado de hacer cumplir la pena tras el fallo de la Corte Suprema, envió un comunicado a Migraciones para clausurar toda posibilidad de que la expresidenta pueda radicarse en un país sin tratado de extradición con Argentina, como Cuba, y permanezca allí a la espera de algún cambio en el escenario político.
La idea que motiva el pedido, según fuentes cercanas al tribunal, es evitar casos como el de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, el exasesor de Mauricio Macri que, teniendo un pedido de captura, se declaró en rebeldía durante tres años en Uruguay, en el marco de una causa por presuntas amenazas en la que ya fue sobreseído.
De este modo, el tribunal que preside el juez Jorge Gorini busca desactivar cualquier maniobra “especulativa” que proyecte una estadía de la expresidenta fuera del país, a la espera de un eventual cambio de gobierno que le permita recibir un indulto. Una gran cadena de supuestos que la Justicia busca cortar de raíz.
El comunicado a Migraciones fue solo una de las primeras medidas de la Justicia, luego de que la Corte dejara firme la sentencia contra la expresidenta y las actuaciones volvieran al Tribunal de origen.
Al igual que otros condenados, Cristina Kirchner pidió, a través de su abogado defensor, Alberto Beraldi, cumplir la pena en su casa. Desde ayer, esa solicitud está en manos del fiscal del juicio, Diego Luciani, que tiene tres días para pronunciarse. Luego, volverá al juez Gorini que lo definirá junto a sus colegas del tribunal.
En esa línea, Gorini ordenó también un “amplio” estudio socio ambiental para valorar las condiciones del domicilio elegido por Cristina Kirchner para cumplir la pena. Es un departamento en el barrio de Constitución, adonde se mudó tras sufrir el ataque en 2022 frente a su casa de Recoleta.
Además, se solicitó al Ministerio de Seguridad que dirige Patricia Bullrich que informe qué lugares pueden recibir a la expresidenta teniendo en cuenta que que ha sido dos veces presidenta, una vice, y que su figura requiere “estándares especiales” puesto que fue víctima de un atentado. El oficio fue recibido ayer por la tarde por la cartera de Seguridad.
Asimismo, el tribunal rechazó el pedido de la expresidenta de permanecer en su casa hasta tanto se defina si puede o no cumplir la pena allí. Es decir, se deberá presentar personalmente en el tribunal sin excepciones.
Como parte de las primeras medidas también se comunicó a la Cámara Electoral que Cristina Kirchner ya no podrá postularse como candidata, dado que su condena por fraude al Estado contempla la inhabilitación perpetua a cargos públicos, además de los 6 años de prisión.
El juez Gorini dio un plazo de cinco días hábiles para que los condenados se presenten para ser detenidos. Ese lapso se definió, explicaron fuentes judiciales, en función de algunos de los condenados residen en otras provincias y algunos domicilios están desactualizados.
POLITICA
El gobierno bonaerense vuelve a poner en duda la fecha de las elecciones aunque mantiene las advertencias por la logística

El ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, Andrés “Cuervo” Larroque, evitó dar una respuesta contundente sobre la realización del desdoblamiento electoral en territorio bonaerense, aunque reiteró que existen serias dificultades logísticas para realizar una elección conjunta con el cronograma nacional. “Es difícil comprender lo que es la provincia de Buenos Aires, las dimensiones y el padrón, y una elección que define mucho. Esto añade un condimento”, planteó.
En una entrevista por Futurock, Larroque fue consultado espefíciamente por la posibilidad de dar machar atrás con el desdoblamiento electoral, que fue dispuesto para el próximo 7 de septiembre. En ese sentido, el funcionario bonaerense evitó dar una declaración concreta: “No estamos hablando del proceso electoral. No es la centralidad de lo que estamos discutiendo”, afirmó.
Sin embargo, justificó la posición de la gestión de Axel Kicillof en relación con la imposibilidad operativa de modificar el esquema actual. “El que desdobla la elección es Milei, porque claramente rompe el proceso electoral argentino”, sostuvo. En esa línea, agregó: “Esto fue explicado en infinidad de oportunidades y hay imposibilidades materiales de establecer una elección conjunta porque la ley que sancionó el Congreso plantea imposibilidades operativas”.
Larroque detalló que, según esa normativa, una elección conjunta requeriría duplicar la infraestructura electoral: “Estamos hablando de la necesidad de dos urnas en lugar de una, porque así lo plantea la ley, y eso logísticamente en la provincia de Buenos Aires es irrealizable”.
Las declaraciones del funcionario provincial se suman a las del gobernador Kicillof, quien días atrás también había evitado confirmar si se mantendrá el desdoblamiento. “Estamos en otro país en este momento”, afirmó entonces, en referencia al impacto que tuvo la detención de Cristina Fernández de Kirchner tras su lanzamiento como candidata en la Tercera Sección Electoral.
“La verdad es que acaba de ocurrir. Yo todavía no me termino de acomodar a esta situación por la gravedad que tiene”, sostuvo. Y agregó: “La verdad que estuvimos reunidos estos días con compañeros. Yo no me puse a pensar y elucubrar escenarios en esta situación por lo histórico, como vergüenza nacional”.
Ante la insistencia por una definición concreta sobre ese punto, respondió: “No, no sé. Sé que ha pasado algo muy tremendo y que bueno, las consecuencias de toda índole las vamos a ir viendo con el paso del tiempo. Sí creo que hay una vocación importante de todos los sectores de ver cómo buscando una lista en común, era lo de lo que veníamos hablando”.
En ese contexto, Larroque rechazó las especulaciones sobre posibles candidaturas o listas: “Hablar de listas en este momento es una falta de respeto”, sentenció. Su mensaje apunta a enfriar el debate interno en Unión por la Patria tras los cuestionamientos que surgieron desde el propio kirchnerismo, como los expresados por la senadora Anabel Fernández Sagasti, quien señaló que Cristina “quedó sola en la batalla” por haberse descalzado la provincia del calendario nacional.
Kicillof insistió en que todavía no puede tomar una posición sobre el futuro político inmediato de la provincia: “Obviamente hoy no te puedo decir nada, nada, nada nuevo ni nada distinto, porque estamos ante una situación como vos me decís, che, ocurrió algo tremendo, un terremoto político, histórico, judicial, un cambio de reglas, un cambio de perspectiva. Bueno, no, no sé, me parece todo medio de detalle”.
La entrevista incluyó además una consulta sobre la posibilidad de un indulto a Cristina Kirchner en caso de que él accediera a la Presidencia. Kicillof esquivó una respuesta tajante pero se mostró crítico con la situación judicial de la exmandataria: “Hubo algunas discusiones sobre eso. Creo que también el que recibe el indulto… hubo discusiones de todo tipo”.
POLITICA
Agremiación Médica Platense: “Pasamos de héroes a ser el último orejón del tarro”

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“Durante la pandemia fuimos héroes, pero eso no se tradujo en mejoras concretas para el sistema de salud ni para los profesionales”, señaló Gastón Quintans. Según su análisis, la salud sigue sin ser prioridad política ni social, a pesar de ser un derecho fundamental y una necesidad constante. “En ningún debate presidencial se habló realmente de salud, ni se votó para mejorar el sistema”, lamentó.
Uno de los problemas centrales es el desactualizado nomenclador del Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA), que data de 1958. Este listado de prácticas médicas con sus correspondientes valores económicos no sólo está obsoleto, sino que tampoco se actualiza ni se negocia adecuadamente con los médicos. “Intentamos modernizarlo durante 2024, con mesas técnicas y especialistas, pero no se logró ningún avance”, explicó el dirigente. Como consecuencia, los honorarios profesionales no reflejan la formación, el tiempo y el costo real de las prácticas médicas modernas.
La precarización se extiende también al sector privado, donde los médicos cobran por prestación, pero enfrentan recortes y ajustes que siempre afectan sus ingresos. “Los financiadores, en especial el IOMA, ajustan siempre por el honorario médico. Es la variable de ajuste”, afirmó Quintans, quien también denunció que los pacientes sufren demoras, cancelaciones y dificultades para acceder a consultas y tratamientos.
Además, advirtió que la situación laboral y económica provocó un éxodo importante de profesionales, especialmente en 2023, año en que muchos médicos con familia y trayectoria decidieron emigrar en busca de mejores condiciones. “Se fueron cerca de cincuenta médicos altamente especializados, lo que deja un vacío difícil de cubrir en el sistema”, contó.
El colapso también se refleja en las guardias hospitalarias, saturadas y sobrepasadas, particularmente en el hospital San Martín de La Plata, donde la falta de camas y la insuficiente atención periférica obligan a que pacientes con dolencias menores saturen los grandes nosocomios. “El sistema no está funcionando, y eso se nota en la calidad de atención”, advirtió Quintans.
«El hospital público es el único que no te va a dejar a pata porque nunca va a cerrar, mientras que en el sector privado, si no pueden sostenerse, tienen que cerrar la puerta», explicó al describir la dura realidad del sistema sanitario local.
En relación a la disparidad de pagos, indicó: «Hay una gran diferencia entre lo que paga IOMA y otras obras sociales, especialmente en prácticas y cirugías. Las consultas están un poco mejor, pero también pedimos una recomposición general».
Sobre los policonsultorios, el presidente de la Agremiación Médica Platense explicó que la mayoría de los médicos que trabajan allí no están agremiados y que, aunque existen médicos extranjeros que vienen a trabajar, no están integrados formalmente en la agremiación. “No nos metemos en su funcionamiento, pero sabemos que no son la solución al problema de accesibilidad médica, que incluso empeora”, sostuvo.
Quintans también destacó que la vocación médica sigue intacta, pero la tolerancia y la paciencia de los profesionales frente a la precariedad laboral se están agotando. “Nunca dejamos de atender a los pacientes, pero la actitud cambió y muchos médicos ya prefieren no hacer determinadas prácticas por la falta de condiciones y reconocimiento”, agregó.
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