POLITICA
Encubrimiento: El crimen que golpea al Partido Justicialista de Córdoba

La causa por el asesinato de Joel Ruiz, un joven trabajador golondrina peón de albañil, quedó atrapada entre intereses políticos, pactos de silencio judiciales y maniobras para proteger a dirigentes del Partido Justicialista (PJ) cordobés. A más de tres años del crimen, la fiscal no cambia la calificación legal y desoye pruebas clave. La familia denuncia amenazas, encubrimiento y un entramado de complicidades que alcanza hasta la intendencia local.
“Lo mataron a palos, lo filmaron, se supo todo, y sin embargo siguen diciendo que fue un accidente”, denuncia Mariela Escudero, abogada querellante, y Ramón Ruíz, padre del Joel, en la causa que investiga la muerte del joven que apareció sin vida tras haber sido brutalmente golpeado en las inmediaciones de un campo de la zona de Los Cerrillos, donde trabajaba, cerca de Villa Dolores. La causa, sin embargo, continúa caratulada como homicidio culposo, y la fiscal Lucrecia Zambrana -de la fiscalía de Primera Nominación de esa localidad– se niega a modificar la calificación, a pesar de las pruebas y testimonios presentados.
Detrás del expediente judicial se esconde una verdadera olla a presión de poder político, pactos territoriales y complicidades institucionales. En el centro de la escena aparece la familia Vargas, vinculada al oficialismo provincial. Según el testimonio de la querella, uno de los hijos y el hermano del exintendente José Alberto “Chapino” Vargas –un peso pesado del peronismo cordobés– habría participado directamente en la golpiza que terminó con la vida de Joel. A su vez, otro de los implicados, Lucas, fue presentado como un supuesto testigo falso que intentó hacerse pasar por el joven que aparece en el video del crimen.
Actualmente el exintendente José Alberto “Chapino” Vargas se encuentra preso.
El video en cuestión, que circuló en redes sociales y fue incorporado a la causa, muestra con crudeza lo que habría sido la golpiza sufrida por Joel Ruiz. Un testigo clave reconoció públicamente haber capturado el material desde un estado de WhatsApp y presentó su declaración ante la fiscalía. No obstante, la fiscal Zambrana nunca lo incorporó debidamente a la investigación ni ordenó pericias fundamentales, como la comparación de voces.
Una testigo presencial silenciada
Una joven llamada Melis, testigo directa del hecho, declaró haber estado presente durante la golpiza a Joel, pero su testimonio fue ignorado. “No toman en cuenta su declaración, la dejan ahí parada, como si no hubiera dicho nada, sin argumentos. Acusaron a la abogada querellante como de haber instigado al falso testimonio a Melis, es decir acusan de estar ‘preparada’ la declaración, cuando ni siquiera la conocíamos, sólo nos contactó por videollamada preocupada por lo que había visto”, explicó Escudero. La joven fue evaluada por una psiquiatra y se presentó voluntariamente.
https://www.youtube.com/watch?v=L6hLjBis6yM
Una fiscal que no investiga, un poder que protege
La fiscal Zambrana no sólo se negó a cambiar la carátula del expediente, sino que ignora sistemáticamente los pedidos de pronto despacho y de intervención urgente presentados por la querella. En uno de los escritos presentados, se pide expresamente que se realice una pericia de comparación de voces entre el video del hecho y audios del propio Joel Ruiz, pericia que podría realizarse en la Policía Federal. Pero no hubo respuesta.

Mariela Escudero, abogada querellante, y Ramón Ruíz, padre del Joel.
Según denuncian familiares y abogados, la fiscal actúa bajo presión política y trabaja para el poder político a quien le debe favores, y no es la primera vez: “Hay muchas causas en su fiscalía que duermen el sueño de los justos. Nadie hace nada. Hay una impunidad estructural”.
La interna política detrás del crimen
El caso de Joel Ruiz estalló también en el terreno de la interna política de la provincia que conduce el dirigente peronista Martín Llaryora. El exintendente “Chapino” Vargas, cuyo entorno está implicado directamente en el crimen, fue detenido por otro caso de violencia, luego de que la actual intendenta –su exesposa, también del espacio K– decidiera correrlo del juego.
“Lo bajaron porque se quiso cortar solo, no porque les importara lo que le pasó a Joel. Hay una pelea por tierras, por un camino que conecta Córdoba con La Rioja, y ahí se están sacando los ojos entre varios políticos”, afirma la querella. El campo donde ocurrió el crimen se presume que pertenece a un socio de Vargas y González, otro personaje central en el territorio que está imputado por haber atropellado y matado a una mujer, y dejar a una niña en silla de ruedas. Actualmente, González se encuentra detenido por una causa federal por malversación de fondos públicos, aunque sigue teniendo influencia en Villa Dolores gracias a sus contactos políticos.

La fiscal Lucrecia Zambrana (Foto: La Voz).
Justicia bloqueada
A pesar de todos los indicios y pedidos formales, la fiscal Zambrana sigue manteniendo la calificación de «homicidio culposo», lo que implica que la muerte de Joel fue un accidente, no un asesinato. “No toman declaraciones a testigos claves, no citan al dueño del campo, no se investiga nada. La causa está bloqueada”, explican desde la querella.
El padre de Joel, querellante particular, también ha elevado escritos y pruebas sin obtener respuesta. Las amenazas a testigos, la falta de intervención de otros fiscales y la complicidad de todo un aparato judicial y político hacen que el caso sea, hasta ahora, una herida abierta para la familia y un escándalo tapado para la opinión pública.
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El PRO presentó un proyecto en Diputados para que se investiguen las causas del escándalo del corte de luz

El PRO presentó un proyecto en Diputados para que se investiguen las causas del escándalo del corte de luz en el cierre de listas para las elecciones legislativas bonaerenses.
El jefe del partido en provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, pidió el esclarecimiento de las interrupciones del servicio eléctrico en La Plata. El dirigente advirtió que “afectaron directamente a las sedes institucionales involucradas”.
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Los cortes derivaron en la prórroga del plazo para las inscripciones, de última hora del sábado a la tarde del lunes, lo que benefició al peronismo, que ganó tiempo y logró llegar a un acuerdo en medio de fuertes internas entre el kirchnerismo duro, el massismo y el sector que responde al gobernador Axel Kicillof.
El jefe de bloque del PRO en la Cámara Baja presentó un proyecto de resolución en Diputados para que se investiguen los cortes de luz registrados en La Plata durante el cierre de listas electorales. “Estos apagones impidieron el normal desarrollo del proceso electoral y afectaron directamente a las sedes institucionales involucradas», señaló Ritondo.
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“Los bonaerenses merecen elecciones transparentes y sin maniobras que generen sospechas. No vamos a parar hasta saber la verdad. Los atropellos tienen que terminar en la Provincia», enfatizó el legislador, al anunciar la iniciativa.
En paralelo, el presidente del bloque del PRO en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Matías Ranzini, presentó un pedido de informes con el mismo objetivo: esclarecer los hechos, determinar si hubo avisos previos, identificar posibles responsables y garantizar que no se repitan situaciones que pongan en riesgo la transparencia electoral.
El proyecto nacional impulsado por el PRO solicita al Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA) y al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) que informen las causas de la interrupción del servicio, si se iniciaron investigaciones y qué medidas se prevén para fortalecer la infraestructura eléctrica.
“El hecho resulta llamativo, no solo por el horario del corte, sino por las zonas afectadas, que coinciden con las instituciones claves del proceso electoral», advirtió Ritondo.
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El proyecto presentado en el Congreso Nacional fue acompañado por los diputados Alejandro Finocchiaro, Florencia de Sensi, María Sotolano, Martín Yeza, Silvia Lospennato, Silvana Giudici, Fernando Iglesias, Alejandro Bongiovani, Sabrina Ajmechet, José Núñez, Martín Ardohain, Javier Sánchez Wrba, Marilú Quiroz, Laura Rodríguez Machado, Martín Maquieyra, Sergio Capozzi, Nancy Ballejos y Patricia Vázquez, entre otros.
Los cuestionamientos al peronismo por el apagón no solo llegaron del PRO. Durante el fin de semana, tanto Javier Milei como varios funcionarios nacionales pusieron en duda el origen del corte y sugirieron que pudo haber sido una maniobra deliberada para favorecer el cierre de listas del PJ.
De hecho, Alejandro Dichiara, primer candidato a diputado provincial por la sexta sección y dirigente cercano a Cristina Kirchner, reconoció en una entrevista que el corte de energía “les dio un tiempito más” para alcanzar un acuerdo interno entre los distintos sectores.
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El Gobierno trabaja en un proyecto para que el Congreso habilite el traspaso de la justicia nacional a la Ciudad de Buenos Aires

El Ministerio de Justicia mantiene reuniones con todas las cámaras de la justicia nacional para elaborar un informe que elevará al Congreso a fin de año para que legisle sobre el traspaso de la Justicia Nacional a la Ciudad de Buenos Aires.
El traspaso de la justicia nacional a la Ciudad es resistido por los jueces nacionales nucleados en la Asociación de Magistrados.
El debate se dio a partir de la reforma Constitucional de 1994, que dotó de autonomía a la Ciudad de Buenos Aires.
Esta situación se superpuso con la existencia anterior de la justicia nacional, que incluye a los jueces que tramitan casos ordinarios, no federales, en tribunales con asiento en la Ciudad. Son los que intervienen en quiebras, divorcios, causas civiles, o delitos como homicidios o robos con armas.
Esos jueces nacionales se resisten ser convertidos en jueces de la Ciudad, que hoy son los que atienden otros casos de delitos menores o faltas, o asuntos contenciosos de la administración porteña.
En ese contexto la Corte viene avanzando con diversos fallos que reconocen la autonomía porteña y en el último (en el caso Levinas) le dio potestad al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad para que sea el que resuelva en las apelaciones de las causas civiles, comerciales, o criminales de los jueces nacionales.
En el avance, el Ministerio de Justicia de la Nación dispuso además la creación de una comisión que analice el traspaso de la justicia nacional ordinaria a la órbita de la Ciudad Autónoma. El ministro Mariano Cúneo Libarona, basó su decisión de realizar esta tarea en el fallo Levinas.
La comisión está presidida por el asesor del ministerio Marcelo Ruíz, designado como representante nacional. Los vocales son Alberto Nanzer, Pablo González y Mariano Loprete.
Esta comisión se reunió con las autoridades porteñas, entre ellas con el ministro de Justicia, Gabino Tapiab y luego con los camaritas a quienes les pidió un informe de cada fuero.
La idea es avanzar en una legislación reconociendo que la justicia nacional ordinaria en la Ciudad de Buenos Aires es “de carácter transitorio”, dijo el Gobierno citando a la Corte.
El 27 de diciembre de 2024, en el caso Levinas, la Corte Suprema reiteró la necesidad de avanzar en la adecuación de las leyes para garantizar el ejercicio pleno de la autonomía jurisdiccional de la ciudad de Buenos Aires. Y lo reiteró al semana pasada al firmar “Levinas 2″, donde mantuvo el mismo criterio que en el anterior, solo que ahora con la firma de conjueces, que acompañaron los votos de Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti. El juez Juan Carlos Maqueda, que firmó “Levinas 1″ se jubiló.
“Tenemos la convicción de que la Ciudad debe ser plenamente autónoma. Contar con las competencias judiciales, laborales, penales y civiles que nos corresponden nos va a permitir dar respuestas más rápidas, cercanas y eficientes a los porteños”, dijo Tapia. “La Corte Suprema volvió a ratificar que estamos en el camino correcto. Seguiremos trabajando para concretar la transferencia de competencias de manera coordinada, progresiva y consensuada con la Nación”, expresó en la red X.
Según se recordó en la resolución del ministerio, la Corte había exhortado a los poderes políticos a adoptar las medidas necesarias para cumplir con lo establecido en la Constitución Nacional.
Entre las propuestas que analizan están la de formular propuestas de leyes, identificar los costos presupuestarios del traspaso, y los temas relacionados con la estabilidad laboral de los empleados para asegurar el funcionamiento continuo del sistema judicial en ambas jurisdicciones.
Durante las reuniones con los camaristas se exploraron diversas alternativas, por ejemplo, en el fuero laboral. Ante la demora en la transferencia o al firma de convenios, la Ciudad avanzó con la creación de sus propios fueros. El último es el laboral, que es visto con atención por el mundo empresarios.
Marcela De Langhe
La puesta en marcha del fuero laboral porteño quedó frenada por un fallo de la semana pasada dictado a instancias de la Asociación de Magistrados de la Justicia Nacional. La Cámara Contencioso Administrativo Federal, con la firma de Sergio Fernández y Jorge Morán, confirmó una medida cautelar y frenó la implementación.
En la Ciudad explicaron que seguirán adelante con los procesos de concursos en el Consejo de la Magistratura hasta llegar a las ternas y ahí esperarán a que la Corte Suprema de Justicia resuelva.
Uno de los asuntos más espinosos para jueces y abogados es la índice que se aplica para la actualización de las indemnizaciones y de la multas. A pesar de que la Corte dictó dos fallos en los que limitó esos exagerados ajustes, la Cámara del Trabajo no llegó a un consenso sobre como ajustar.
La mayoría de las salas aplica un índice de ajuste basado en el Índice de Precios del Consumidor (IPC) más un 3 por ciento. Excepto la Sala 10, que aplica un ajuste solo por IPC y la Sala 8, que aplica el índice de ajuste del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER).
Actualmente en la Cámara hay diez vacantes. Está en trámite en el Consejo de la Magistratura el concurso 451 destinado a cubrir cuatro vacantes en la Cámara de Apelaciones del Trabajo. Son las vacantes existentes en la Salas 2, 3, 5 y 7. Y además tramita el concurso 486 con el que se busca cubrir otras cuatro vacantes.
Mayoritariamente el concurso 451, que es el más próximo a salir, esta dominado por candidatos cercanos al gobierno bonaerense. Incluso hay una postulante que es hija de un sindicalista. Entre los primeros diez candidatos hay dos jueces de primera instancia: Raul Ojeda y Alberto Calandrino.
Ojeda fue funcionario del Ministerio de Trabajo durante la gestión de Carlos Tomada y Calandrino viene de la vida tribunalicia. Ojeda integra el grupo de jueces propensos a elevar los montos de sus sentencias, Calandrino en cambio es más prudente. El tercer juez que se encontraba entre los diez primeros, Mariano Candal, renunció al concurso. Más atrás viene el juez Claudio Loguarro. La futura integración de la Cámara laboral es fundamental para el destino del fuero y para valorar la influencia del peronismo bonaerense, en una línea jurisprudencial cuestionado por la Corte Suprema.
Actualmente, el concurso 451 está en las vocalías de los consejeros Alberto Lugones (concejero juez de la Lista Celeste) y Roxana Reyes (consejera diputada radical) para definir el orden de mérito luego de las entrevistas realizadas por el Consejo de la Magistratura.
La Cámara Laboral es un tribunal donde el sindicalismo pesa. La CGT y uno de sus históricos abogados, el fallecido Héctor Recalde, maniobraron para ocupar casilleros en el fuero de modo de conseguir sentencias en beneficio de los trabajadores.
Ahora, los ajustes de los cálculos indemnizatorios deberán ser analizados por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, que tiene en sus manos más de 1000 casos laborales, pero aún no se pronunció en ninguno de ellos.
El TSJ ya armó una secretaría laboral y designó a un secretario. Se trata del juez laboral Juan Carlos Cerruti, que renunció al juzgado 29 para protagonizar esta etapa fundacional en el Poder Judicial porteño.
El Gobierno analiza en este contexto, presentar un proyecto de ley para ratificar el indice de ajuste establecido en el capítulo laboral del DNU 70, fundacional del Gobierno de Milei, y suspendido por la justicia laboral.
Allí se establecía aplicar el ajuste del 3 por ciento más el Indice de Precios al Consumidor (IPC), casi la misma solución que aplican las mayoría de las salas de la Cámara del Trabajo.
diversos fallos que reconocen la autonomía porteña,el caso Levinas,reación de una comisión,El último es el laboral,a Corte dictó dos fallos en los que limitó esos exagerados ajustes,July 21, 2025,Hernán Cappiello,Justicia Federal,Conforme a,,Cambios en Cancillería. Las razones de la salida del número dos y el rearmado que dispuso Werthein,,La Derecha Diario. Así es el periodismo que no odia Milei: militancia libertaria, insultos y datos sin rigor,,Revés para Bullrich. Citan a indagatoria al gendarme que disparó la granada que hirió al fotógrafo Pablo Grillo,Justicia Federal,,Un vergonzoso aval al escrache,,Pesos en dólares. Levantan el secreto bancario del pastor evangélico que recibió a Milei en su megaestadio,,Recién asumido. El nuevo juez federal en la zona estratégica de la Triple Frontera acumula graves denuncias en su contra
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El Gobierno negocia con siete gobernadores para sostener el veto al aumento de las jubilaciones

En los últimos cinco días, la Casa Rosada recibió a los gobernadores de Salta, Jujuy, Neuquén, Mendoza, Catamarca, Chaco y Entre Ríos en una serie de encuentros destinados a “recomponer vínculos” y construir consensos de cara a las elecciones de octubre e iniciativas legislativas clave, como los vetos por jubilaciones y discapacidad, que se oficializarían en agosto.
La negociación centraliza el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la posible modificación a la distribución del impuesto a los combustibles. El Ejecutivo propone conceder transferencias discrecionales sin comprometer el equilibrio fiscal, al mismo tiempo que busca evitar que las provincias presionen en el Congreso para modificar la distribución actual.
El FMI alertó al Gobierno por la escasez de reservas en medio de la corrida cambiaria
Los encargados del diálogo por parte del Gobierno fueron el jefe de gabinete Guillermo Francos, el presidente de Diputados Martín Menem, el vicejefe de Interior Lisandro Catalán y el subsecretario Eduardo “Lule” Menem, acompañados por el secretario de Hacienda Carlos Guberman, quien exploró mecanismos para transferencias sin desbalancear las cuentas públicas.
Ese mecanismo incluye propuestas cuidadosamente diseñadas, como ceder solo la porción del impuesto a combustibles destinada al Sistema Vial Integrado (SISVIAL), mientras se mantiene intacto el grueso del Fondo de Infraestructura de Transporte y se evita cambios arriesgados en el superávit fiscal.
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AUMENTO DE JUBILACIONES,Fondos,Gobernadores,veto
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