En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, varias entidades representativas de los periodistas alertaron sobre restricciones oficiales a la libertad de expresión y de prensa, que provienen del gobierno de Javier Milei.

La Academia Nacional de Periodismo (ANP) publicó una solicitada de una página en los principales diarios del país, donde sostiene que en la Argentina «periodistas y medios periodísticos están siendo acosados, insultados y difamados desde la cima del poder».

«El Jefe de Estado no tiene derecho a lanzar manifestaciones degradantes, descalificatorias e intimidantes cuando se refiere al periodismo», advirtió la ANP, cuyo presidente es Joaquín Morales Sola, columnista de La Nación y conductor del programa «Desde el llano», en TN (cadena de noticias del Grupo Clarín).

La entidad pidió conferencias de prensa del presidente Milei y reclamó que sus funcionarios sean «ecuánimes en la relación profesional con el periodismo». Además, recordó que la democracia «se convierte en un sistema político devaluado cuando carece de la vigencia plena de la libertad de prensa».

En la misma sintonía, este viernes el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) presentó su Informe Anual de Libertad de Expresión. Allí su presidenta, Paula Moreno Román, planteó que desde que asumió Milei se impuso un «nuevo modo de comunicación».

«Lo que siguió fue de mal en peor. El tono fue de burlón a agraviante y la intensidad del Presidente, funcionarios y representantes del Estado nacional marcan el mayor registro de ataques al periodismo en su conjunto y a los periodistas, en particular, al menos en los primeros meses de gobierno», aseguró la presidenta de FOPEA, Moreno Román, directora del portal de noticias EQSnotas, de la ciudad de Esquel, en la provincia de Chubut.

De hecho, cuando se cumplieron 100 días del gobierno de Milei, FOPEA destacó que «el 40% de los ataques al periodismo provienen del Gobierno».

«La cifra resume la dinámica de la relación entre el nuevo jefe de Estado y la prensa: Milei descalifica, insulta, acusa y agrede verbalmente con asiduidad a periodistas y medios en sus discursos o en las entrevistas que brinda», planteó en ese entonces FOPEA. Y agregó que, «en este tiempo, la mayoría de los periodistas tuvieron acceso limitado y restringido al Poder Ejecutivo y muchos de ellos sufrieron agresiones directas que luego fueron replicadas por seguidores y militantes del Presidente, desde las redes sociales e incluso en las calles».

Este viernes, en el Día Mundial de la Libertad de Prensa, FOPEA presentó el informe correspondiente a los ataques contra periodistas y medios durante 2023. Allí la entidad de periodistas registró 117 ataques a la libertad de expresión, un 33% más que el año anterior.

Más de la mitad de esos ataques, «el 54,7% fue originado por el poder político y/o dirigencial. Tendencia que seguimos viendo inclusive con una notable intensidad en el camino que transitamos hasta este 3 de mayo del 2024″, dijo Moreno Román.

El mes pasado la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) difundió un comunicado, donde alertó que «en las últimas semanas se reiteraron descalificaciones presidenciales injuriantes a medios y periodistas».

ADEPA sostuvo allí que los funcionarios del gobierno pueden criticar y desmentir una información o una opinión con la que no coincidan. Pero «reemplazar esa actitud, aún firme y vehemente, por la argumentación descalificante, el ataque ad hominem (personal), la injuria o la generalización estigmatizante de la profesión, genera un clima de hostilidad e intimidación de la labor periodística en sí. Esto puede provocar efectos nocivos como la autocensura y el acoso digital, que incluso podría traducirse en violencia de otro tipo».

En la jornada previa al Día Mundial de la Libertad de Prensa, directivos de medios de América latina, España y Portugal suscribieron en Chile la «Declaración de Santiago + 30«, que exhorta a los gobiernos, organizaciones, empresas de tecnología, medios y al periodismo a asumir “un esfuerzo de colaboración” que consolide «la libre expresión como un derecho humano fundamental y piedra angular de las sociedades democráticas e informadas».

Entre sus aspectos más destacados, el documento pide a los Estados «evitar el discurso y las narrativas de polarización política»; proteger a periodistas y medios de «amenazas, ataques y violencias»; garantizar el libre flujo de información y el acceso a información pública; apoyar la sostenibilidad de los medios y del periodismo independiente y alentar «condiciones de negociación equilibradas» entre medios y plataformas digitales por la distribución de contenidos periodísticos.

También solicita a organizaciones intergubernamentales impulsar políticas públicas a favor de la existencia de una prensa plural e independiente, fomentar la creación de medios en zonas rurales e incentivar campañas de «alfabetización mediática y digital».

A las empresas de tecnología, las exhorta a transparentar sus políticas de moderación de contenidos, combatir la desinformación, respetar las leyes de derechos de autor y propiedad intelectual, explorar «nuevos modelos de negocio sostenibles para las partes» que garanticen una compensación justa por los contenidos noticiosos que las plataformas distribuyen; y observar los principios de competencia en el ecosistema publicitario, así como «prevenir prácticas comerciales que perjudiquen a los medios de comunicación y al periodismo independiente».

A los medios y al periodismo, el Documento les pide «mantener la independencia ante las presiones políticas y comerciales»; resistir la censura, la autocensura y la influencia indebida; sostener su «compromiso con la búsqueda de la verdad, la calidad y la transparencia»; crear protocolos de seguridad para periodistas y su personal; «practicar un periodismo de calidad, que incluye la investigación, la transparencia y la búsqueda de soluciones a los problemas sociales, así como defender los estándares éticos, revelar los conflictos de interés, corregir los errores con prontitud y utilizar mecanismos eficientes de verificación para combatir la desinformación».

También se les sugiere a los medios abordar nuevos modelos de negocio y herramientas que los doten de mayor sostenibilidad.

Se trata de una nueva mirada sobre la “Declaración de Santiago” publicada en 1994, en la propia capital chilena y bajo los auspicios de la UNESCO.

Algunas de las entidades firmantes de la «Declaración de Santiago + 30» son la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la Asociación Mundial de Editores de Noticias (WAN-IFRA), el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), así como asociaciones nacionales de medios de comunicación de Argentina Chile, Brasil, Colombia, México, Perú, Ecuador, España y Portugal, como ADEPA, entre otras.