El fiscal Eduardo Taiano solicitó el llamado a indagatoria de Jorge Abello, el asesor legislativo del kirchnerismo que afirmó haber escuchado decir a Gerardo Milman, antes del atentado a Cristina Kirchner, “cuando la maten, estoy camino a la costa”.

Tras esa declaración, volcada por Abello en la causa que investiga el ataque a Cristina Kirchner y que puso a Milman bajo la lupa de la Justicia, el diputado de Pro denunció al asesor por falso testimonio y abrió así una causa aparte que tramita en el juzgado número 11, subrogado por Sebastián Casanello.

La escena que graficó el asesor Abello ante la Justicia habría ocurrido en un bar frente al Congreso, dos días antes del ataque. Milman estaba sentado junto a dos asesoras en el bar Casablanca y, a una mesas de distancia, Abello con su cuñado.

Según la versión de Abello -desmentida parcialmente por distintos testigos-, el diputado Milman soltó la frase ante Carolina Gómez Mónaco e Ivana Bohdziewicz, sus asistentes. “Cuando la maten, estoy camino a la costa”, les habría dicho, afirmó.

Ellas y otros testigos presentes en el bar desmintieron a Abello. Sí reconocieron haber estado presentes ese día en Casablanca, pero solo después de que le fueran mostradas las imágenes de registraron las cámaras.

La medida fue ordenada por Taiano luego de que Milman solicitara la declaración indagatoria de Abello y se encuentra bajo estudio del juez Casanello, que se hizo cargo del juzgado 11 en febrero de este año, luego de que venciera la subrogancia de Julián Ercolini.

En Comodoro Py no descartan que esta causa paralela eventualmente acabe en el juzgado de María Eugenia Capuchetti, donde se instruyó el caso central, hoy dividido en dos: una parte en juicio oral, donde están sentados los tres acusados materiales del ataque; y otra en etapa de instrucción, donde existen distintas líneas de investigación, como la supuesta participación de Milman y la actuación de la Policía Federal.

Cualquier avance podría tener implicancias en otro expediente, por eso, unificar las actuaciones evitaría potenciales sentencias contradictorias, razonan en la Justicia.

El diputado Milman decidió presentarse a declarar de manera espontánea este miércoles en el tramo de la causa que permanece en etapa de instrucción. No presentó nuevos elementos de prueba, pero sí facilitó la apertura de su teléfono celular que permanecía en manos de la Justicia pero bloqueado.

Cuando se activó la “pista Milman”, tras la declaración de Abello -hoy puesta en crisis por el fiscal- las secretarias del diputado, entonces man derecha de Patricia Bullrich, borraron el contenido de sus celulares, según justificaron ante la Justicia, para proteger su intimidad. En tanto, la explicación de Milman acerca de su reticencia a facilitar el acceso al suyo estuvo ligada al rol que ejerció como secretario de Seguridad de la Nación.

Atento al reclamo de las provincias por la caída en la recaudación, uno de los temas que seguramente se tratarán en el cónclave de gobernadores de este martes en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), el Gobierno ultima detalles del proyecto de ley para «sacar los dólares del colchón», como vulgarmente denomina a la iniciativa que busca impulsar la actividad económica, y presiona a los mandatarios para que apoyen su aprobación en el Congreso.

Este martes, desde las 11, la mayor parte de los gobernadores se dará cita en la sede del CFI con la excusa de debatir sobre temas técnicos -“Nuevas fuentes de financiamiento para el desarrollo de una infraestructura federal” será el lema de la convocatoria-, en un encuentro en el que también se abordarán las preocupaciones sobre la falta de recursos en un contexto de mayores obligaciones para las jurisdicciones, que deben hacerse cargo del Fondo de Incentivo Docente, subsidios al transporte y proyectos de obra pública.

Luego de la reunión por Zoom que el último martes el jefe de gabinete, Guillermo Francos, y el ministro Luis Caputo (Economía) mantuvieron con representantes de 17 provincias para informar sobre los considerandos del plan que busca favorecer el depósito de ahorros en dólares sin declarar, el Ejecutivo intenta sumar los mayores apoyos para el «blindaje» legislativo del mismo. Pese al optimismo oficial, que se sustenta en que la iniciativa «les sirve a todos» los sectores porque auxiliaría a las arcas provinciales al prever una mayor recaudación impositiva, aún hay dudas su implementación entre los mandatarios provinciales.

En principio, el proyecto se encuentra en «etapa de revisión». Fuentes gubernamentales consultadas por este diario indicaron el plan «está redactado» como toda la reforma impositiva pero que hay «dos o tres temas» en análisis por su aparente colisión con la normativa de la GAFI (Grupo de Acción Financiera). Trabajan en la eventual enmienda los asesores tributarios de «Toto» Caputo, la secretaría de Hacienda y los técnicos del ARCA, que comanda Juan Pazo.

Sin embargo, en Casa Rosada son optimistas en que en una semana Jefatura de Gabinete podría girar el texto «corregido» al Parlamento. Buscan abrir una negociación con los distritos para convencerlos de la conveniencia de respaldar en el Congreso esta suerte de blanqueo de divisas fuera del sistema bancario que, en última instancia, intentará impulsar la actividad y por ende elevar el cobro de impuestos coparticipables y los Ingresos Brutos que recaudan las provincias.

Un primer análisis realizado en Balcarce 50 indica que, salvo los «ultras» por temas ideológicos, la mayor parte de las administraciones provinciales podría apoyar un plan que les serviría para «mejorar la recaudación» para intentar compensar la caída proyectada para junio. «Hasta la provincia de Buenos Aires la ve con buenos ojos», arriesgó una fuente pese a que Axel Kicillof fue uno de los 7 gobernadores que pegaron el faltazo a la teleconferencia del martes pasado y que previamente había adelantado que -en principio- ARBA mantendría los controles sobre los fondos a blanquear.

Desde La Plata este domingo se remitieron a las declaraciones del titular del organismo recaudador bonaerense, Cristian Girard, que, tras reunirse con Pazo, indicó que es clave «conocer un mayor detalle» de la normativa y que «cualquier esquema de blanqueo debería contar con el respaldo de una ley aprobada por el Congreso porque eso es lo que garantiza seguridad jurídica, especialmente en lo referido a la utilización de dólares no declarados”.

Si bien la mayor parte de la provincias «dialoguistas» podría respaldar el plan a través de los legisladores que les responden, aún quedan dudas. Cerca del cordobés Martín Llaryora, por caso, esperan el texto definitivo sobre la reforma pero se preguntan si el programa finalmente posibilitaría una mayor cantidad de operaciones «en blanco» que sí impactarían en una mayor recaudación. El tema, como se sabe, son los alicientes que tendrán los contribuyentes y las expectativas sobre el devenir de la economía.

Las urgencias de las provincias se generan por las mayores obligaciones que deben atender y por la merma en la asistencia del Ejecutivo. El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) relevó que en el mes de mayo la Nación «envió al consolidado de provincias más CABA $5.567.000, que descontando el proceso inflacionario del período se traduciría en una baja real del 23,3%» respecto a lo girado en el mismo mes del año pasado.