Tras reconocer su culpabilidad en un juicio abreviado por sobreprecios en una obra de pavimento, este lunes fueron condenados a prisión condicional e inhabilitación para ejercer cargos públicos el exintendente de Larroque, Entre Ríos, Raúl Riganti (Partido Justicialista), y su exsecretario de Gobierno, Leonardo Hassel. Según informó la prensa local, la obra en cuestión fue ejecutada en 2015 por un convenio con el Ministerio de Planificación Federal, por entonces a cargo de Julio De Vido. Correspondió a asfaltado de calles, badenes y cordones cuneta a lo largo de 14 cuadras. Otros dos funcionarios públicos estuvieron involucrados en el delito.

A los cuatro exfuncionarios se les encontró culpables de haber defraudado en forma conjunta a la administración pública, más concretamente al municipio de Larroque, al haber realizado una serie de actos a través de los cuales se facilitó la contratación y acuerdo de pago en favor de la empresa constructora OIC SA, acordando precios desproporcionados con los valores reales. Según la sentencia que publicó el portal Análisis Digital, en la audiencia en la que se definió el juicio abreviado, los cuatro imputados reconocieron su participación y responsabilidad en los delitos denunciados y se mostraron de acuerdo con las penas acordadas.

A Riganti, quien era intendente al momento de los hechos, Arturo Dumón, vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú e Islas le otorgó la pena de dos años de prisión condicional e inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos por tentativa de fraude contra la administración pública. Para Hassell, quien era secretario de Gobierno de Riganti y luego fue intendente de la localidad entre 2019 y 2023, el magistrado estableció una condena de un año de prisión condicional e inhabilitación especial por el doble de tiempo para ejercer cargos públicos, al encontrarlo autor del delito de abuso de autoridad por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Los otros dos funcionarios que quedaron involucrados en el delito también recibieron una sentencia. Por un lado, Juan Carlos Rochelle, quien era secretario de Obras Públicas y quien fue declarado como coautor del mismo delito recibió una pena similar a Riganti. Por otro lado, a Norberto Marchesini, exsecretario de Hacienda, se le aplicó la misma pena que a Hassell.

El fiscal a cargo del caso fue Lisandro Beherán. Miguel Ángel Cullen, abogado paranense defendió a los cuatro imputados. Fabián Otarán acompañó al letrado como codefensor en el caso de Marchesini.

Según el fallo, para la obra se realizó un concurso de precios que culminó con la adjudicación a OIC SA, representada por Néstor Hereñú, por un monto apenas superior a los $21 millones “a sabiendas de que el valor económico contratado resultaba evidentemente desproporcionado con los valores reales de la obra a realizar”, que ascendían aproximadamente a $16 millones tomando la obra proyectada, y a $9 millones tomando la obra finalizada, de acuerdo al peritaje efectuado por el ingeniero Beltrán Uranga.

En la gestión de Riganti se abonaron a OIC SA en razón de la ejecución de la obra $8,6 millones. Restaba pagar la diferencia, pero el trámite no llegó a materializarse por el recambio de autoridades. Entre los acusados no estuvo presente Hereñú debido a que accedió a una suspensión de juicio a prueba, también conocida como probation.

La devolución de los fondos

En mayo de 2016, el entonces intendente de Larroque, Darío Benedetti de Juntos por Entre Ríos, y el gobernador de esa provincia, Rogelio Frigerio, que se desempeñaba como ministro del Interior, suscribieron un acuerdo por el cual el gobierno entrerriano le devolvería a Nación $13 millones producto de un sobreprecio en una obra de pavimento.

Benedetti, quien hoy se desempeña como concejal de la localidad, presentó una denuncia contra su antecesor, Raúl Riganti. El gobierno nacional había girado el dinero a la Municipalidad de Larroque para terminar de pagar la obra de 14 cuadras de asfalto iniciada en la gestión de Riganti. Como se mencionó anteriormente, la plata era para transferir a la empresa OIC SA, a cargo de los trabajos.

En diciembre de 2025, cuando asumió Benedetti, el intendente ordenó una auditoría: convocó a dos consultoras, una de carácter técnico y otra jurídica, y ambas constataron que la obra en cuestión no costaba más de $5 millones. Según destacó el medio local, la empresa ya había cobrado $8 millones y había $13 millones por ese concepto depositados en una cuenta del municipio en el Banco Nación.

En ese entonces Benedetti decidió devolver el dinero, denunciar a su antecesor y los otros tres funcionarios que estuvieron involucrados en el delito.