Las paredes de la amplia oficina de Andrés Rodríguez están tapizadas de fotos y cuadros. Pero tal vez lo más novedoso se encuentre en una blibloteca de madera recostada en una esquina. Se amontan allí imágenes que son un viaje en el tiempo: un apretón de manos con el presidente de los Estados Unidos George Bush padre en la Casa Blanca cuando Carlos Menem sumó a una comitiva de sindicalistas a una gira oficial por Washington, en los 90; audiencias con los papas Juan Pablo II y Francisco, y diferentes encuentros con Cristina Kirchner y Alberto Fernández, a quienes señaló por no haber hecho “un buen gobierno” con el Frente de Todos.

Rodríguez es desde 1992 el jefe de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), el gremio más representativo de la administración pública. Es, además, una suerte de número tres en el escalafón jerárquico de la CGT. De buen diálogo con todos los gobiernos, chocó ahora con la gestión de Javier Milei, que hizo de la motosierra en el Estado una marca registrada.

“En un año y pico se fueron más de ciento y pico de funcionarios de primera línea. No es una señal de estabilidad. El Gobierno está entrando en un callejón sin salida. Lo lógico sería que haya una convocatoria, mesas de acuerdos. Lo estamos viendo con los gobernadores y en el Congreso”, advierte el dirigente estatal en una entrevista con . Durante la charla, además, reconoció una caída salarial superior al 20% entre los estatales y reconoció que La Libertad Avanza pactó con la CGT para que el año pasado no avancen en el Congreso los proyectos de ley de la UCR y Pro para limitar los mandatos sindicales y el poder de recaudación de los gremios.

– ¿Qué siente cuando ve a Milei celebrar que se van echando a casi 51.000 empleados estatales?

-Mucha pena y una gran desilusión porque son familias que se quedan sin trabajo de la noche a la mañana, lo cual es muy cruel, utilizando las mismas palabras del Presidente. Se está desarmando en todo sentido el Estado. Se hizo con mucha fuerza este famoso examen de idoneidad para medir la capacidad de los trabajadores y el 95% lo aprobó. Quiere decir que hay un buen nivel de formación dentro del empleo público. Este recorte tan brutal genera un perjuicio a muchas familias, pero también el desarme de un Estado. Y no es que se desarma para rearmarlo mucho más eficiente, se lo desarma y se lo deja semidestruido. Para un montón de lugares es imprescindible la función del Estado. Hay un concepto que se está equivocando este Gobierno. El Estado no pertenece a un gobierno, pertenece a la comunidad. Los que aportan al Estado es el pueblo, es la gente. Por lo tanto, no tendrían que manejarse con tanta arbitrariedad.

–Da la sensación de que la política de motosierra va a continuar: Vialidad…

–Tenía un período de caducidad de acuerdo a la Ley Bases. El 8 de julio vencía. Esperemos que esto termine acá. Tomando Vialidad, estamos percibiendo el descuido de las rutas, lo cual perjudica doblemente. Por las rutas pasa el mayor transporte de comercio en nuestro país y el deterioro de esas rutas perjudica ese comercio al margen de también de aumentar los accidentes viales, como está ocurriendo.

– Usted es secretario general de UPCN desde los 90. Le tocó negociar con diferentes gobiernos. ¿Cómo es el de Milei?

– Negativo. Muy malo. Nos sentimos mucho más cómodos negociando con gobiernos afines al peronismo, pero no obstante eso, en gobiernos no peronistas hemos establecido buenas relaciones que dieron fruto a través de consensos y negociación. Este Gobierno prácticamente no acuerda. Es decir, las pocas veces que nos han llamado institucionalmente a conversar con la CGT, que fuimos con temas concretos de agenda, no han dado resultado, no se ha avanzado en absoluto. Es delicado querer manejarse desde una élite, sin abrir el juego y lejos de la realidad. Lo estamos viendo con los gobernadores y ha pasado también con ciertos sectores del empresariado. No hay un clima de búsqueda de acuerdos.

– ¿Ve un Gobierno aislado?

-Totalmente. O por lo menos que no le interesa entablar una relación con los sectores de la sociedad.

-Con su experiencia, ¿qué consecuencia cree que puede tener que haya un Presidente aislado?

– El deterioro de un criterio de gestión gubernamental. Es una gestión con muchos idas y vueltas. En un año y pico se fueron más de ciento y pico de funcionarios de primera línea. No es una señal de estabilidad. El Gobierno está entrando en un callejón sin salida. Lo lógico sería que haya una convocatoria, mesas de acuerdos y lo que pasa es un aislamiento en todos los rubros.

– ¿A qué se refiere que está en un callejón sin salida?

-Ambicionamos que haya diálogo, pero eso depende de la actitud del Gobierno. No es que estamos en una realidad económica y social de paraíso. Al contrario, hay un ajuste que es muy fuerte, con una carencia de un plan económico. Es un ajuste que no está centrado en una construcción de un plan que en determinado período se genere crecimiento sostenido, inversiones y que eso vaya a una suerte de progreso generalizado de la sociedad y del país. Vemos que esto es un ajuste que termina simplemente en eso, con algunas variables macroeconómicas acomodadas, pero que no culmina en un paso de progreso, de desarrollo, de producción, de creación de empleo genuino. En muchas actividades se está expulsando mano de obra, no solamente en el Estado nacional sino también en actividades privadas y han cerrado un montón de pymes. Las industrias tienen dificultades por la importación indiscriminada de productos, o sea, hay un montón de realidades que están indudablemente atravesando una zona negativa.

– ¿De cuánto es la caída salarial en el sector público desde diciembre de 2023 a la actualidad?

– Aproximadamente un 20 y algo por ciento, pero esto les pasa a todos los trabajadores argentinos. Todos están lamentablemente teniendo que negociar por debajo de la inflación. Esto impacta en el consumo y en la economía en general. Por eso no sabemos a dónde quiere llegar este Gobierno con un ajuste esta naturaleza. Es simplemente trabajar con un dólar planchado, con un salario deprimido y generar ese índice inflacionario a una baja ficticia.

– Ajuste, salarios deprimidos, despidos… ¿Cuál es la reacción de la CGT?

-La CGT fue la institución más vanguardista, con un montón de acciones dentro de lo que es el derecho constitucional de huelga, que también nos quisieron suprimir y la Justicia lo declaró inconstitucional. La CGT hizo paros, movilizaciones, acompañó un montón de protestas de otros sectores. La única ventaja que tiene este Gobierno es que lamentablemente todavía no hay una oposición política sólida y estructurada porque si esto no fuera así tal vez tantas cosas no hubiesen pasado. Esto ya depende un poco del escenario político. Calculo que de alguna forma se van a empezar a reordenar las fuerzas políticas, ya está sucediendo en el Congreso.

– ¿Descarta entonces una serie de paros a repetición, como sucedió durante el gobierno de Alfonsín?

– Tenemos que dosificar esta acción en la lógica aceptación de la sociedad. Por ejemplo, el año pasado, el segundo semestre, yo creo que muchas partes de la sociedad creían que con la baja inflacionaria salía del de este pozo. Y en realidad se está dando cuenta ahora que no puede, que no sale y que los ingresos no le alcanzan, que no se llega a fin de mes. Ir a un paro, a un conflicto o una movilización es un costo político, no es deseable. Ahora, si no hay un cambio de actitud, indudablemente no nos deja otro camino que enfrentar esta realidad. La CGT no puede vivir del conflicto ni tampoco en una negociación sin resultados.

– Mencionó que no hay una oposición sólida. ¿Cómo está hoy el PJ?

– El peronismo tiene un gran desafío, tiene la posibilidad de reorganizarse. Pero es un proceso. Hay que hacer una autocrítica de lo que pasó en el gobierno pasado, que no fue verdaderamente un buen gobierno, y generar un proyecto que vuelva a incentivar y a cautivar a la mayoría de la sociedad. Cuando fue la renovación en la época del gobierno alfonsinista tardó dos años, no fue de la noche a la mañana. Estamos capacitados para llegar competitivos a la elección de 2027.

-¿Allana el proceso de recambio que Cristina Kirchner no pueda ser candidata?

-No, yo no mezclo eso. La prisión de Cristina es totalmente injusta, es una persecución política.

-Pero, ¿cree que puede acelerar este proceso de recambio?

-Naturalmente se va a dar, pero no desde la Justicia. Se va a dar por la acción propia de la dirigencia del peronismo. Los matices se dirimirán a partir de internas o por consenso con líderes claros que lleven a cabo una posibilidad cierta de llegar al gobierno.

-¿Ve algún liderazgo claro?

-No, está muy repartido por distrito, está repartido por provincia, lógicamente que eso necesita de toda una coordinación nacional. Hay que volver a lo que fue la Liga de Gobernadores.

-El año pasado en el Congreso se debatieron proyectos para limitar los mandatos sindicales y el poder de recaudación. El oficialismo no acompañó estas iniciativas y se insinuó sobre un pacto con la CGT. ¿Fue así?

-Esa inquietud se la llevamos a algunos sectores del Gobierno. Ellos consideraron que era necesario que el oficialismo no interviniese en esa mecánica y por eso quedó desarmado. De cualquier manera, aunque lo hubiesen impulsado en comisión, creo que en el recinto no pasaban ese tipo de proyectos porque son estrictamente provocativos y que no atentan contra el dirigente sindical, atentan contra la estructura gremial, que es otra cosa. Un gremio no es el dirigente. Era escupir para arriba.

– Uno de los proyectos tenía que ver con la alternancia en el poder. Usted lleva casi 35 años como jefe de UPCN. ¿No ve necesario un recambio?

– La ley me lo autoriza, no tengo por qué ponerme colorado por ese tema. La reelección de los dirigentes sindicales está permitida por ley.

-¿Cree que el año que viene, con otra composición del Congreso, el Gobierno reflotaría estos proyectos?

-Espero que no. Pero primero no creo que esta elección de medio término cambie demasiado la composición de fuerzas dentro del Congreso. Lo veremos en octubre. Son realmente iniciativas motivadas para debilitar la estructura sindical. Se deberían dedicar a impulsar proyectos que generen empleo en vez de atacar a la estructura gremial.

– ¿Qué autocrítica hacen desde la CGT por la falta de crecimiento del empleo?

-Es que nosotros no somos parte de la solución, somos demandantes. Demandamos de que los sectores lógicos de la política a través del Congreso y a través de los gobiernos generen empleo genuino, recreen un trabajo digno como tiene que ser. Son ellos los responsables de generar políticas de esta naturaleza. Nosotros demandamos que esas políticas se ejerciten.

-¿Y la reforma o modernización laboral?

-Todos los convenios colectivos se han modernizado. Esto de decir que los convenios datan del año 75 y no se han tocado es mentira. Naturalmente tenemos que modificar esos convenios porque las etapas que van pasando exigen que haya cambio por la incorporación de tecnología, modalidades de trabajo. Lamentablemente la palabra reforma se ha mal utilizado. Se ha generado detrás de esa palabra un deseo de conculcar derechos y por eso nos hemos opuesto. Pero no nos oponemos a que haya medidas en consenso con el sector empresario para optimizar la creación de empleo formal y decente.

-Ninguna actividad adoptó el Fondo de Cese Laboral que impulsa el Gobierno. ¿Por qué?

– Es optativo y se tiene que hacer por convenio. A veces se cree que el convenio es un patrimonio del sindicato, y no lo es. Es un patrimonio del sindicato y de la representación empresarial. Es necesario pactar acuerdos. Ahora, si hay dos partes que libremente pactaron salarios y el gobierno no homologa los convenios, el que está siendo autoritario unilateralmente es el gobierno, no las partes.

– ¿Es lo que está pasando hoy con las paritarias?

– Exactamente. Tendrían que dejar que se negocien libremente las paritarias. Estas son las cuestiones que demuestran que hay gobiernos que tienen políticas unilaterales y casi autoritarias que no pretenden en serio generar un consenso para que algo se progrese o sea mejor.

– La intención oficial de moderar paritarias pasó en todos los gobiernos, no solo en el de Milei…

-Hubo, no voy a decir que no. Hubo hasta gobiernos más identificados con el que hacer del peronismo que sí se pactaba un horizonte de común acuerdo. Se buscaba ganarle o empatarle por lo menos a la inflación.

-¿Cómo imagina el fin de año?

-En este momento la atención está puesta en la elección de medio término, se ha politizado el momento. Pero ojo que puede haber reacciones en la gente cuando va perdiendo ingresos, consumo.

-A fin de año hay renovación de autoridades en CGT. ¿Imagina una nueva conducción tripartita o de un solo líder?

-Algunos compañeros han dicho que era mejor unificar con un solo dirigente a la cabeza, pero no sé si es el momento. El triunvirato sirvió para mantener la unidad. No hay que descartarlo. Es muy difícil encontrar un dirigente que reúna todas las condiciones para ser reconocido como único secretario general. La unidad es lo que le da fuerza al movimiento obrero.

-¿Cree que la CGT está en una etapa de debilitamiento, con su representación cuestionada?

-No. El debilitamiento en todo caso es porque se ha incrementado el trabajo informal y esto le resta al movimiento obrero capacidad cuantitativa y cualitativa.

Luego de que senadores y funcionarios de La Libertad Avanza (LLA) primero quisieran hacer caer la sesión en la Cámara alta para tratar proyectos incómodos para el gobierno de Javier Milei bajo el argumento de que no fue válida debido a que la oposición la “autoconvocó”, ahora el ministro de Economía, Luis Caputo, dijo que fue “lo mejor” que podía pasar, y apuntó contra los medios y los legisladores.

“El periodismo tradicional habla de la ‘derrota’ de ayer con frases como ‘duro revés para el gobierno’, ‘golpe autoinflingido’, ‘torpeza política’, etc. Permítanme disentir y decir que lo de ayer, es lo mejor que pudo haber pasado”, introdujo el funcionario de la cartera de Hacienda en su cuenta de X.

Tras eso, continuó: “La casta política no nos va a cambiar nunca. Son los mismos que vetaron a los jubilados el 82% móvil, que les robaron sus ahorros al llevarse las AFJP, y que en el 2023 les bajaron las jubilaciones un 30%”. Argumentó además que tras la llegada al poder de Milei “se evitó el infierno hiperinflacionario” que había “plantado” el kirchnerismo y que gracias a eso “las jubilaciones ya recuperaron un 15%, y seguirán mejorando”.

“La táctica de la oposición es siempre la misma: cuando no están gobernando, van a hacer lo imposible por destruir al país, porque es su única posibilidad de volver a manejar lo que para ellos es el negocio de la política”, aseveró el ministro. Y cerró: “Lo que necesita el país es que cada vez más gente se dé cuenta. Votaciones como la de ayer son pruebas contundentes que confirman esto. El equilibrio fiscal no se negocia. TMAP [por ‘todo marcha de acuerdo al plan’]”.

El mensaje de Caputo llega luego de que el oficialismo nacional asegurara que la sesión en la que se aprobó el aumento de las jubilaciones, la prórroga de la moratoria, la emergencia en discapacidad y la distribución de recursos a las provincias es inválida porque no fue convocada formalmente por la titular del Senado y vicepresidenta, Victoria Villarruel. Es en base a eso que los libertarios dicen que la sesión fue “autoconvocada” por la oposición, una discusión que podría terminar en la Justicia.

Sin embargo ahora el ministro de Economía, uno de los miembros del Gabinete más elogiados por Milei, ignoró los pedidos del oficialismo e insistió en que ese revés que sufrió el Gobierno por la aprobación de proyectos fue “lo mejor” que podía haber pasado en este contexto, en una especie de demostración de “la táctica de la oposición”.

En una tensa sesión este jueves, se aprobaron varios proyectos: un aumento jubilatorio del 7,2%, el incremento del bono mensual de $70.000, una prórroga a la moratoria previsional, la declaración de la emergencia nacional en discapacidad, y el reparto de los recursos de los aportes del tesoro nacional (conocidos como ATN) a las distintas provincias de varios fondos fiduciarios y de una porción importante del impuesto a los combustibles.

Con este escenario, tanto el Presidente como su jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmaron que se vetarán los seis proyectos de ley (si bien los de los fondos a las provincias de momento cuentan con media sanción) ya que -según el Ejecutivo- ponen en peligro el superávit fiscal de las cuentas públicas, una de las banderas de la administración libertaria.

Si bien el Gobierno aseguró que todo el paquete de leyes tiene un costo fiscal del 2,5% del PBI (y que esto impide que la Argentina pueda cumplir con la meta de superávit que se fijó con el Fondo Monetario Internacional), la actualización de jubilaciones tiene un peso sustancialmente mayor al resto de los proyectos.

En tanto, con el foco puesto en Diputados, la prioridad del oficialismo será salvar el veto a la ley de jubilaciones en la Cámara baja, donde hay más chances de conseguir -al igual que el año pasado, cuando se vetó una ley previsional- un grupo de legisladores “héroes” del Poder Ejecutivo.