Este lunes la justicia de Estados Unidos le ordenó a la Argentina que le entregue el 51% de las acciones de YPF. Tras la noticia, el Gobierno confirmó que apelará la medida, a través de la Procuración del Tesoro de la Nación, el organismo encargado de defender al Estado.

Sin embargo, el litigio no será encabezado por Santiago Castro Videla, el procurador que designó la Casa Rosada a finales de enero. Desde febrero que el abogado especialista en derecho administrativo se excusó del caso, según pudo confirmar TN.

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“El encargado de llevar el juicio desde el inicio de esta gestión es Juan Ignacio Stampalija, el subprocurador”, confirmó a este medio una fuente ejecutiva.

La decisión que tomó Castro Videla tiene que ver con su pasado como socio del estudio Bianchi, Galarce & Castro Videla, donde trabajó antes de ser funcionario público.

Alberto Bianchi, uno de miembros del estudio jurídico, es un abogado constitucionalista que se encarga de asuntos relacionados a las empresas, litigios con el Estado, municipios, asuntos tributarios y de derecho administrativo.

Por esta razón es que Burford Capital (el principal beneficiario por la expropiación de la petrolera) lo contrató como testigo experto para que declarara a favor de su postura en el juicio que este fondo mantiene contra la Argentina por la estatización de YPF. Es decir, Burford pidió su visión como especialista en derecho argentino durante un arbitraje.

Es por eso que, según especialistas en derecho administrativo, Castro Videla debió salir del caso. La relación laboral que tuvo con Bianchi lo exponía a un conflicto de intereses.

“Cualquier abogado que haya intervenido en la causa, representando a alguna parte con interés contrapuesto al del Estado Nacional, tiene que excusarse”, expresó María Eugenia Talerico, extitular de la Oficina Anticorrupción. Además, agregó: “Esto se basa en la Ley de Ética Pública, pero también en el buen desempeño de una función tan importante como es ser el jefe de todos los abogados del Estado. La ejemplaridad en el ejercicio del cargo es indispensable”.

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Los detalles del caso YPF

El 15 de septiembre de 2023, la jueza Loretta Preska condenó a la Argentina a pagar US$16.000 millones por la expropiación de YPF, que se realizó en 2012. Para llegar a esa conclusión, la magistrada entendió que la gestión de Cristina Kirchner nacionalizó la participación de Repsol de la compañía y le pagó con bonos. Pero, no hizo lo mismo con el resto de los accionistas, incumpliendo el estatuto de la petrolera.

Desde que salió la sentencia, la Argentina apeló las decisiones. Mientras tanto, los demandantes pidieron que se desarrollen embargos y se entreguen activos que posee el Estado argentino.

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Asimismo, cuando Javier Milei asumió la presidencia, debería haber presentado una garantía para evitar embargos, pero nunca ocurrió. Es por eso que en frente a esa situación, Preska quedó habilitada para pedir la ejecución del 51% de las acciones de Argentina en YPF.

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El presidente Javier Milei denunció formalmente ante la Justicia a la periodista Julia Mengolini por el delito de injurias, tipificado en el artículo 110 del Código Penal. El jefe de Estado tomó la decisión por los dichos que la comunicadora esgrimió en televisión, radio y redes sociales sobre el vínculo entre el mandatario y su hermana, Karina Milei, y sus perros.

La denuncia, a la que accedió Infobae, recayó en el juzgado criminal y correccional federal N° 7, a cargo de Sebastián Casanello. En ese escrito, el abogado de Milei, Francisco Oneto, detalla los hechos y fundamentos por los cuales el Presidente decidió denunciar a Mengolini.

Lo primero que menciona son los dichos de la periodista en el programa Duro de Domar, emitido por C5N: “Más allá de las ideas políticas, es un señor que vive con 8 perros y está enamorado de su hermana (…) No hice un juicio de valor, hice una descripción. Saquen las conclusiones en sus casas. Vive con 8 perros y todo el tiempo él mismo dice estar enamorado de su hermana (…) ‘Sería la primera dama mi hermana si yo fuera presidente’ (…) No porque no quiera formar familia, porque está enamorado de su hermana. Y esto no está bien. Cuando vos vas al CBC y estudias en el CBC Antropología, hay una de las cositas que te enseñan. Y es que en todo tiempo, cultura y lugar, en la historia de la humanidad, hay una sola cosa que permanece como un tabú, es el tabú del incesto. No me importa nada eh”.

Luego, hace referencia a un tuit de Mengolini del 12 de agosto de 2024, en el que la conductora publicó: ““Corrección presidente: dije que VIVÍA con sus perros, (no que dormía con sus perros). Y que estaba “enamorado” de su hermana”, no que se acostara con ella. Los archivos están para que todo el mundo los vea. Por otra parte, no hago más que defender las garantías constitucionales”.

Milei denuncia que Mengolini afectó su honor y reputación tanto personal como presidencial y argumenta que las expresiones fueron formuladas sin justificación y con conocimiento del daño que podían causar.

Además, la defensa del mandatario aduce que hubo dolo en las injurias, es decir, que Mengolini tuvo intención de ofender o, al menos, admitió la posibilidad de hacerlo y procedió igualmente. Y cita también el principio de real malicia ya que alega que la periodista actuó con despreocupación por la veracidad de sus afirmaciones, lo cual agrava su responsabilidad.

Para respaldar esto, la denuncia del Presidente presenta como prueba una entrevista que Mengolini le realizó al constitucionalista Andrés Gil Domínguez sobre la acusación de incesto en su contra que promovieron los últimos días a través de las redes los militantes libertarios. Allí, afirma Milei, la comunicadora reconoce el impacto de este tipo de acusaciones.

“Andrés ¿te puedo hacer una consulta personal? Este fin de semana, no me acuerdo bien cuando fue, una diputada nacional posteó que yo tenía relaciones incestuosas con mi hermano. Lo aseguraron y obviamente me atacaron las fuerzas de asalto digital. Estuvieron todo el fin de semana haciéndome tendencia, asegurando que yo tenía, eso, relaciones incestuosas con mi hermano. No pararon de llegarme mensajes, privado, público, por todas partes, ¿no? Un ataque realmente con esta cosa, como muy insólita. Sobre este tipo de cosas ¿se puede hacer algo? ¿Me lo recomendarías o no? Lo que pasa es que ¿la respuesta pública cuál sería? “No tengo relaciones sexuales con mi hermano”. Es muy insólita ¿no? A mí realmente con esta me dejaron impactada. Con esta no tengo nada que decir. Por ejemplo, si yo fuera y te pidiera que fueras mi abogado, vos me dirías, porque quiero hacer algo, por ejemplo, llegaron demasiado lejos. Vos me dirás, bueno, pedimos que se baje el tweet, que obviamente eso no implica nada porque el daño está hecho ¿O qué?”, le dijo Mengolini al abogado Gil Domínguez.

Ante esto, la denuncia de Milei expresa: “Así las cosas, es evidente que la querellada entiende que afirmaciones como las que ella misma expresó en mi contra resultan muy graves, en cuanto implican un daño que no es remediable con la simple respuesta pública, sino que ameritan iniciar acciones legales como la presente. Por lo tanto, es la misma Sra. Mengolini la que da lugar a sostener que ella ha llevado adelante un actuar delictivo, el cual se corresponde con lo contemplado en el art. 110 del CP”.

Al respecto, el escrito indica que en este caso Mengolini no podrá ampararse en que sus dichos estén protegidos por tratarse de un tema de interés público: “Se cita jurisprudencia para respaldar que las expresiones indudablemente denigrantes quedan fuera del alcance de dicha eximente”.

Además de citar fallos de la Corte Suprema que lo respaldan, el abogado de Milei cita el principio de razonabilidad: “Se argumenta que interpretar mecánicamente la eximente implicaría desconocer el derecho al honor de figuras públicas, lo cual sería inconstitucional”.

Sobre los fallos del máximo tribunal indica: “Afirmó que el especial reconocimiento constitucional del que goza el derecho de buscar, dar, recibir y difundir información e ideas de toda Índole, no elimina la responsabilidad ante la justicia por los delitos y daños cometidos en su ejercicio” (Fallos: 308:789; 321:667 y 3170; y 332:2559). Además, ha señalado que para considerar agraviante una opinión no es determinante la presencia de mala intención o de motivos disvaliosos. Antes bien, se trata del empleo de voces o locuciones claramente denigrantes y fuera de lugar, cuya prohibición en nada resiente las condiciones que dan base a la amplia discusión acerca de temas sobre los que descansa un interés público, que toda sociedad democrática exige como condición de subsistencia».