POLITICA
«Es una campaña para que la gente no proteste»: la queja de los piqueteros tras los allanamientos de la Justicia
Referentes de las organizaciones sociales cuyas cooperativas y comedores fueron allanados este miércoles negaron que hubieran encontrado alimentos vencidos, armas y drogas, cuestionaron al Gobierno por no entregar mercadería desde diciembre y atribuyeron los operativos ordenados por el juez federal Luis Armella a una campaña para desacreditar a los movimientos sociales.
“En nuestro caso fueron a un comedor en Solano y no había comida, ni vencida ni en buen estado. No encontraron nada”, aseguró Eduardo Belliboni, del Polo Obrero. “Estamos frente a una campaña para que la gente no proteste, en el marco del ataque al salario y a las jubilaciones. Desde diciembre estamos siendo amenazados, reprimidos, enjuiciados. La dimensión que ha tomado esto no tiene límites”, completó el dirigente.
“Estuvieron en un espacio comunitario de Florencio Varela, hablaron con las personas, pero todo eso que están diciendo no es así”, coincidió Silvia Saravia, de Libres del Sur, y agregó: “Sobre generalidades montan un discurso y un relato no para buscar la transparencia en la ejecución de una política pública sino para desacreditar a las organizaciones y atemorizar, como ha sucedido con las detenciones en la movilización contra la Ley Bases”.
Los dirigentes también apuntaron contra Sandra Pettovello, titular de Capital Humano. “No pueden esconder la inoperancia de la ministra ni los datos de pobreza e indigencia y tratan de ensuciarnos. Ponen títulos sin pruebas para instar un enemigo interno que no es tal. El Gobierno genera una catástrofe social y le estamos dando un plato de comida a la gente que lo necesita”.
En el marco de la causa contra las organizaciones por la supuesta extorsión a beneficiarios de programas sociales, la Prefectura allanó a 24 cooperativas y comedores en la zona sur del conurbano bonaerense y trascendió que encontraron alimentos vencidos, pistolas y marihuana. Según informó el ministerio de Seguridad, del operativo participaron 250 agentes y se utilizaron 49 vehículos.
“Pasaron por un comedor de Barrios de Pie en Dock Sud. Hablaron con las personas que estaban preparando el pan y compraron una tortilla. Dijeron que estaba muy rica”, dijo Daniel Menéndez, subsecretario de Economía Popular bonaerense y referente de esa organización. “Es el humo de siempre. Que la Justicia haga lo que tenga que hacer, no tenemos nada que ocultar. Están armando un circo para desprestigiar, es una tontera que se cae por su propio peso”, cuestionó.
“Allanaron un comedor de Berazategui, donde también hay tratamientos de adicciones. Se llevaron cuatro computadores, grabaciones de entrevistas de los psicólogos con chicos adictos”, contó Juan Carlos Alderete, de la Corriente Clasista y Combativa (CCC). “Las acusaciones no tienen sustento jurídico, pero hay una intención del Gobierno de destruir a las organizaciones del campo popular. Se equivocan muy feo. Vamos a presentar lucha y una batalla política y de clase”, planteó.
Los dirigentes coincidieron en que el Gobierno sigue sin enviar alimentos a los comedores y anunciaron para este viernes una movilización a la Plaza de Mayo para reclamar por la entrega de comida y la liberación de los cuatro detenidos por la protesta frente al Congreso durante el tratamiento de la Ley de Bases. También lanzaron esta semana la campaña “La peor violencia es el hambre”, encabezada por Adolfo Pérez Esquivel.
POLITICA
La extraña crisis de Axel Kicillof: Su gestión gastará 200 millones en magos, payasos y globología
En un contexto de grave crisis económica en la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof ha tomado una decisión que promete polémica: destinar más de 200 millones de pesos a la organización de ferias y festivales, mientras la provincia enfrenta dificultades para cubrir necesidades esenciales como alimentación e inversiones productivas.
La licitación privada Nro 1/2025, autorizada por Kicillof y ejecutada por el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés «Cuervo» Larroque, contempla un presupuesto de 216.550.000 pesos para la contratación de servicios necesarios para la realización de eventos organizados por la subsecretaría de Organización Comunitaria, la dirección provincial de Economía Social y la dirección orovincial de Juventud. Estas últimas están lideradas por Florencia Villar, Santiago Fidanza y Ayelén Nahir López, respectivamente.
Mientras la provincia enfrenta dificultades presupuestarias, estos fondos se destinarán a la organización de espectáculos infantiles, presentaciones de malabaristas, payasos, magos y la adquisición de elementos promocionales como cartelería, banderas, gorras, vasos, mates y mochilas con el logo de la gestión del gobernador. Esto sucede en paralelo a una crisis financiera que, según el propio gobierno, justifica la solicitud de autorización a la Legislatura para tomar deuda por el equivalente en pesos a 1.200 millones de dólares.
Esta licitación no es un hecho aislado. Se enmarca en la estrategia de Larroque y Carlos Bianco, dos de los principales operadores políticos de Kicillof, para consolidar una red territorial propia con presencia en los 135 distritos de la provincia. Dicha estructura buscaría fortalecer la posición de Kicillof en una eventual interna contra La Cámpora y preparar el terreno para 2027. Bajo el eslogan «Es con Axel», el gobernador está impulsando la creación de mesas distritales en distintas secciones electorales y sumando el apoyo de dirigentes peronistas, gremiales y movimientos sociales.
El ministro Larroque, sin embargo, no solo está ocupado en la construcción política de su sector. Su gestión también ha sido objeto de críticas por la profunda crisis que sacude al Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia (OPNyA). Recientemente, se produjo una fuga en el instituto Pellegrini, un centro de contención juvenil, debido a la falta de personal. Este incidente se suma a denuncias previas sobre condiciones precarias y episodios de violencia dentro de la institución.
Mientras Kicillof y su equipo buscan consolidar su poder con recursos estatales, la administración se enfrenta a una crisis de financiamiento que podría afectar servicios básicos. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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