En un nuevo capítulo del “escándalo de los seguros”, se reveló que el ex Ministerio de Desarrollo Social, durante el gobierno de Alberto Fernández, pagó comisiones millonarias a la empresa Castello Mercuri para asegurar a los beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo, un programa que reciben 1,2 millones de personas y que el Gobierno acaba de desdoblar en dos programas diferentes. 

Se trata de una firma vinculada al ex presidente, ya que su titular, Oscar Alberto Castello, fue uno de los principales aportantes a la campaña presidencial del Frente de Todos en 2019. 

“Hemos detectado que en la órbita del ex Ministerio de Desarrollo Social se advirtió la existencia de un seguro emitidos por Nación Seguros figurando como broker la firma Castello Mercuri”, dice parte del escrito que presentó el Ministerio de Capital Humano ante el juzgado federal de Julián Ercolini.

Según reveló Infobae, la póliza número 2348, firmada el 23 de agosto de 2023 durante la gestión de Victoria Tolosa Paz, aseguraba a personas incorporadas a los programas Potenciar Trabajo y Potenciar Empleo ante accidentes. 

Dichos programas involucraban tareas relacionadas con la ejecución de módulos contractivos referidos a: “saneamiento urbano, infraestructura urbana, equipamiento urbano y/o mejoras del patrimonio comunitario, módulos constructivos y/o proyectos especiales, Instalaciones internas de agua potable en hogares, colocación de tanques de agua, conexiones a redes y mejoramiento del núcleo húmedo, ejecución de veredas, pintura y el reacondicionamiento de lugares públicos, saneamiento, clasificación de basura y recuperación de espacios verdes”.

Además, de acuerdo a la información oficial revelada por Clarín, ese mismo 23 de agosto pasado, Nación Seguros y la intervención de Castello Mercuri firmaron la póliza 2349, correspondiente a un seguro colectivo de sepelio.

La revelación de esta póliza surgió después de una auditoría realizada en el marco de una investigación “que se lleva a cargo luego de la denuncia penal realizada por el Ministerio de Capital Humano, ANSES y Nación Seguros”, explica la subsecretaria Legal del ministerio que conduce Pettovello, Leila Daniela Gianni.

Cuáles son los contratos de Castello Mercuri con el Estado

La empresa Castello Mercuri es una de las tres compañías que más dinero ha recibido del Estado por contratos firmados con el Invap, la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, alcanzando un total de 285.956.773 pesos. 

Héctor Martínez Sosa, el broker casado con la secretaria de Alberto Fernández, y la empresa Bachellier, vinculada a él, fueron los únicos que recibieron más dinero, sumando un total de 1.665 millones de pesos.

El juez Ercolini solicitó a la Secretaría Electoral del Juzgado Federal 1, a cargo de María Servini; al Juzgado Federal con Competencia Electoral en la provincia de Buenos Aires, y a la Cámara Nacional Electoral, que informen si Oscar Alberto Castello, uno de los accionistas de la empresa, realizó aportes al Frente de Todos “en el marco de las elecciones presidenciales del año 2019 y del Partido “Frente de Todos” para las elecciones legislativas del año 2021”.

Escándalo de los seguros: nuevas pruebas complican al principal aportante de Alberto Fernández

Actualmente, el juez tiene bajo su jurisdicción dos causas relacionadas con el escándalo de los seguros. Una de ellas se inició a partir de una denuncia de la abogada Silvina Martínez, en consonancia con una presentación de los diputados de la Coalición Cívica Juan Manuel López y Paula Oliveto. La otra denuncia fue presentada por el Gobierno debido a los seguros contratados para dar cobertura a los jubilados y pensionados que tomaban créditos.

Según fuentes oficiales, Castello Mercuri actuó como intermediaria en 27 pólizas de Nación Seguros emitidas entre los años 2022 y 2023, a favor de la cartera educativa. Estos seguros fueron contratados para cubrir “diversas contingencias” relacionadas con la institución educativa, como sepelios, obras de arte, automotores, inmuebles, entre otros, por un monto total de 600 millones de pesos. Ahora, la Justicia deberá investigar qué comisión cobraba el broker en cuestión.