POLITICA
Escándalo en EANA: Controladores denuncian abusos y amenazas de la PSA
Trabajadores de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) denunciaron maltratos, abusos y amenazas por parte de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en la Unidad Operacional Paraná, donde el jefe Víctor Arrieta, con antecedentes de violencia, ordenó impedir el ingreso de controladores y ahora buscan silenciar las denuncias.
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Un nuevo conflicto sacude a la Unidad Operacional Paraná de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), cuando seis controladores de tránsito aéreo de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) fueron impedidos de ingresar a su lugar de trabajo el pasado 14 de abril, a pesar de estar convocados formalmente y con credenciales vigentes. La orden habría partido directamente del jefe de la unidad, el subinspector Víctor Hernán Arrieta, viejo conocido por sus antecedentes de abusos y violencia en contra de integrantes de distintos organismos aeroportuarios e, incluso, de uniformados de la PSA a su cargo.
Los trabajadores, que se presentaron en la torre de control del aeropuerto Justo José de Urquiza, fueron interceptados por el oficial mayor José González, quien –alterado y sin justificación– les negó el ingreso. Incluso con la confirmación de sus superiores de EANA y PSA, el acceso fue demorado cerca de 30 minutos, frente a un menor de edad que, de manera insólita, se encontraba en el área operativa de la PSA, jugando con un equipo de rayos X en un punto de control y registro.
Violencia institucional frente a testigos
Al final de la jornada, uno de los controladores, Lucas Butus, fue víctima de una agresión física por parte del oficial Leandro Fernández –hijo del exdirector ejecutivo del CEAC, Mario Fernández–, quien le arrancó del cuello su credencial aeroportuaria y lo forzó a ingresar a la oficina de Guardia. Tras labrarle un acta por una supuesta «falta gravísima», Butus se descompensó y debió recibir asistencia médica.
Los testimonios apuntan a un patrón de violencia, discriminación y hostigamiento sostenido en el tiempo por parte del jefe Arrieta. Según denuncian, el maltrato se extiende también hacia el personal subalterno de la PSA, que estaría siendo obligado a replicar estas prácticas de abuso contra los trabajadores de EANA.
“Nos tratan como delincuentes”
Los controladores aseguran que desde hace años deben soportar un ambiente laboral hostil en los ingresos y egresos al aeropuerto. “Nos tratan como a delincuentes, siendo que solo somos trabajadores con muchos años de servicio, siempre correctamente identificados”, señalaron en la denuncia elevada al ministerio de Seguridad y al correo institucional de PSA.
También se presentaron llamados al 134 y otras vías oficiales, lo que generó un efecto dominó: al menos seis informes fueron elevados en las últimas horas, y el vicepresidente de EANA ya tomó contacto con los denunciantes.
Presiones, encubrimiento y miedo a denunciar
Según mensajes internos a los que accedió este medio, algunos de los trabajadores habrían sido presionados para no acudir a la Justicia. “Si voy a la Justicia me acusan directamente de amenaza de muerte y resistencia a la autoridad con veinte argumentos. Así que estoy rezando”, escribió uno de los denunciantes, que analiza sus próximos pasos jurídicos mientras mantiene reuniones con su abogado.
Por otra parte, desde el área de Legales de EANA se les habría pedido que realicen solo descargos administrativos y no avancen por ahora en la vía penal. La falta de respaldo institucional es tal que el denunciado Arrieta ya cuenta con defensa jurídica provista por la PSA, mientras que la víctima, Dechanzi –quien había denunciado al mismo Arrieta tiempo atrás por una agresión en 2016– quedó completamente desamparada.
ATEPSA y un patrón de impunidad en la PSA
La postura de la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) también genera sospechas. Según trascendidos, habría intentado enfriar la situación y evitar que la denuncia escale a instancias judiciales. No obstante, los controladores evalúan presentarse de forma colectiva y ya remitieron el caso al ministerio que conduce Patricia Bullrich.
ETIQUETAS DE ESTA NOTA
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PARIS – En ocasión de la reciente asunción de la presidencia argentina de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, el 26 de marzo la Embajada Argentina en París, reunió a más de 200 altos representantes del ámbito político, diplomático y cultural. Pero, sobre todo, contó con la participación de una decena de sobrevivientes de los campos de exterminio.
También dijeron presente las principales autoridades de la comunidad judía francesa.
Entre otros, el presidente del Consejo Representativo de las Instituciones Judías de Francia y el presidente del Consistorio; altas figuras políticas, como la ministra de la Lucha contra las discriminaciones, Aurore Bergé y su homóloga de Desarrollo Internacional, Éléonore Caroit; el embajador de los Estados Unidos, Charles Kushner y su colega el embajador de Israel, Joshua Zarka.
Sobreviviente de Auschwitz-Birkenau, Esther Senot hizo un relato conmovedor evocando el dolor y la resiliencia vividos por millones de judíos.
El encuentro combinó esos testimonios con espacios de reflexión sobre la importancia de la memoria en un contexto internacional marcado por la persistencia del antisemitismo.
En su discurso de bienvenida, el embajador Ian Sielecki evocó las palabras de Elie Wiesel para subrayar el carácter sagrado de la memoria: “el Holocausto es un tema sagrado (…) hay que temblar cada vez que se pronuncia esa palabra”.
El representante argentino rindió un profundo homenaje a los sobrevivientes, señalando que “han estado en el infierno y han vuelto para contarnos qué es”, y advirtió con claridad que ese horror “puede volver si simplemente lo olvidamos”.
Al mismo tiempo, afirmó la posición del presidente Javier Milei que. —dijo— busca impulsar “un nuevo impulso global a la causa de la memoria del Holocausto a través de su presidencia de la IHRA”, anclando ese compromiso en “el combate moral por la civilización libre”.
Sieliecki relató la historia del argentino Meir Berliner en Treblinka, que eligió resistir en el corazón mismo del horror. Mientras los demás prisioneros aceptaban un destino inevitable, él decidió resistir: rompió la fila y eliminó con sus propias manos a un oficial alemán. El caos estalló, pero él permaneció sereno. Eligió morir como un hombre libre. Y, con su coraje, inspiró el levantamiento del campo que permitió a 54 prisioneros escapar y sobrevivir. Fueron los únicos sobrevivientes de Treblinka, quizás el campo de exterminación más atroz de todos, en el que murieron 900.000 personas en pocos meses.
Para el embajador, “ese gesto constituye un espejo en el que todos debemos mirarnos”. En esa línea, sostuvo que los argentinos aspiran hoy a ser “modestos herederos de la dignidad, del coraje y, sobre todo, de la claridad moral de nuestro compatriota Meir Berliner”, reafirmando que frente al antisemitismo y al racismo “no se cede ni un milímetro”.
Para terminar, recordó a Jorge Luis Borges cuando decía que nuestra memoria es como un espejo que nos muestra quiénes somos. Si ese espejo se rompe, nuestro rostro se deforma y también nuestra conciencia. Y sostuvo “cuando es la memoria del Holocausto la que se resquebraja, es la conciencia de toda la humanidad la que se quiebra”.
“El espejo del Holocausto debe permanecer intacto para que el mundo se atreva a mirarse en él, para que las generaciones futuras puedan seguir viendo con claridad el rostro del peligro”, concluyó.
Ian Sielecki destacó que es muy importante que Argentina y Francia trabajen codo a codo en impulsar la memoria del Holocausto, ya que ésta sucederá a Argentina en 2027 en la presidencia de la IHRA.
Luisa Corradini,Conforme a
POLITICA
La Libertad Avanza se asegura el control de Diputados: domina comisiones clave y condiciona a la oposición
El oficialismo avanzó con fuerza en la Cámara de Diputados y logró consolidar una posición clave para manejar la agenda legislativa. El bloque de La Libertad Avanza se quedó con 17 de las 35 presidencias de comisiones ya conformadas y sumó otras 13 vicepresidencias, lo que le permite tener una influencia decisiva en el funcionamiento del Congreso.
El dato cobra aún más relevancia si se suman los espacios aliados, como el Propuesta Republicana y sectores de la Unión Cívica Radical. En conjunto, el oficialismo alcanza el control de más del 57% de los cargos clave dentro de las comisiones, es decir, aquellos que definen cuándo se reúnen y qué temas se discuten.
Este esquema le otorga al Gobierno una herramienta central: la capacidad de ordenar el debate parlamentario y priorizar su propia agenda, en un año donde ya anticipó el envío de proyectos clave como la denominada “Ley Hojarasca” y otras iniciativas vinculadas a la propiedad privada.
En medio de fuertes tensiones se desarrolló la primera audiencia por la Ley de Glaciares en Diputados
Además, el oficialismo busca ampliar su influencia en las comisiones que aún deben conformarse. Entre ellas se destaca la de Juicio Político, donde impulsa a la diputada Lilia Lemoine como presidenta, un movimiento que podría tener alto impacto político.
Pero el avance no se limita a las comisiones más técnicas. La estrategia también incluye espacios sensibles como Educación o Discapacidad, donde suelen emerger conflictos y reclamos sociales. El objetivo, según interpretan distintos sectores, es evitar que prosperen iniciativas impulsadas por la oposición.
Desde los bloques opositores advierten que este esquema complica seriamente cualquier intento de instalar temas por fuera de los que impulsa el Poder Ejecutivo.
“Nunca nos pasó algo así, ni siquiera con el kirchnerismo teníamos un oficialismo que avanzara de esta manera”, señaló un legislador con años de experiencia en la Cámara en diálogo con Infobae.
El oficialismo activa la Comisión de Juicio Político y propone a Lilia Lemoine para presidirla
El problema, explican, no es solo político sino también procedimental. Para avanzar con un proyecto sin aval oficialista, la oposición necesita reunir quórum, forzar el tratamiento en comisión, conseguir dictamen y luego volver al recinto, un proceso complejo que requiere mayorías difíciles de alcanzar.
En ese contexto, distintos bloques comenzaron a coordinar estrategias para intentar romper el control del oficialismo, con más convocatorias a sesión y acuerdos transversales. Sin embargo, reconocen que será un año legislativo “largo y difícil”.
Mientras tanto, el Gobierno avanza con una hoja de ruta clara: controlar las comisiones, ordenar los tiempos parlamentarios y garantizar que su agenda tenga prioridad en el Congreso.
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Cámara de Diputados,La Libertad Avanza,Ley Hojarasca,Lilia Lemoine
POLITICA
Ley de propiedad privada: el Gobierno busca eliminar las restricciones para la compra de tierras a extranjeros
El gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de ley titulado Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada para establecer un marco sobre el derecho de propiedad, destrabar inversiones y dinamizar el mercado inmobiliario.
El proyecto se estructura en seis áreas, desde la recuperación de inmuebles hasta la modernización del registro de la propiedad. En el primero de los casos, la medida propone un procedimiento sumarísimo para la restitución de inmuebles basado exclusivamente en la acreditación del título, sobre la base de una iniciativa de los diputados Christian Ritondo y Martín Yeza ambos del PRO. El procedimiento incluye garantías de debido proceso y control judicial en todas las etapas.
Desde el Ejecutivo señalan que “el acceso rápido a la recuperación de inmuebles aumentará la oferta y absorberá mejor la demanda habitacional”.
Otro de los puntos es que el Ejecutivo delega responsabilidad a provincias y municipios. El texto del proyecto señala la “preocupante ineficiencia de la ley 27.453: Solo el 0,08% del suelo de los barrios del RENABAP tiene título de propiedad privada”. Según el Gobierno, el mecanismo vigente bloqueaba rutas de regularización y dejaba a los habitantes de barrios en informalidad crónica, sin acceso progresivo a títulos legales.
Desde diciembre pasado circuló un borrador de esta nueva ley en la página del Consejo de Mayo. El texto enviado al Congreso opta por dejar atrás el “mecanismo centralizado que no funcionó”: transfiere la conducción del proceso de regularización a provincias y municipios e incorpora instrumentos jurídicos para la negociación entre partes como el acceso de las familias a la titularidad legal.
Un punto clave es la eliminación de la restricción general para la titularidad extranjera de tierras rurales. La ley vigente limitaba estas operaciones en zonas de frontera en busca de frenar la extranjerización de la tierra.
El nuevo esquema solo mantiene requisitos de autorización previa para Estados extranjeros y empresas con participación estatal. “Quien representa un riesgo para la seguridad o la soberanía nacional sigue sin poder comprar”, sostiene el texto. Queda eliminado el trato igual entre Estados y particulares privados extranjeros, que ahora estarán sujetos a las mismas reglas que cualquier inversor.
En materia de expropiaciones, las modificaciones buscan limitar la discrecionalidad del Estado. El nuevo régimen determina criterios precisos para la valuación: “actualización por IPC, reconocimiento de lucro cesante cuando corresponda y determinación del valor antes de que el acto estatal deprima el precio del bien”. Se fija en 60 días el límite para las ocupaciones temporales anormales, prorrogables solo ante emergencias.
En 2025, las escrituras en la Ciudad de Buenos Aires aumentaron un 70 % frente al 2023. Según el Instituto de Estadística y Censos porteño, la infraestructura de los registros inmobiliarios no acompaña esa dinámica: la mayoría opera aún sobre soporte físico, lo cual produce demoras y eleva los costos de transacción. El proyecto incorpora la digitalización integral, firma digital y la creación de una “Ventanilla única Federal Inmobiliaria” para la gestión remota de certificados e informes en cualquier registro del país.
El proyecto modifica también la llamada “ley del fuego” de autoría del diputado Máximo Kirchner. Desde 2020, las restricciones alcanzaban no solo a bosques nativos, sino también a bosques implantados y tierras productivas.
La nueva norma restringe la prohibición a bosques nativos y áreas específicas según el ordenamiento territorial.
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