POLITICA
Escándalo en EANA: Controladores denuncian abusos y amenazas de la PSA

Trabajadores de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) denunciaron maltratos, abusos y amenazas por parte de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en la Unidad Operacional Paraná, donde el jefe Víctor Arrieta, con antecedentes de violencia, ordenó impedir el ingreso de controladores y ahora buscan silenciar las denuncias.
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Un nuevo conflicto sacude a la Unidad Operacional Paraná de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), cuando seis controladores de tránsito aéreo de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) fueron impedidos de ingresar a su lugar de trabajo el pasado 14 de abril, a pesar de estar convocados formalmente y con credenciales vigentes. La orden habría partido directamente del jefe de la unidad, el subinspector Víctor Hernán Arrieta, viejo conocido por sus antecedentes de abusos y violencia en contra de integrantes de distintos organismos aeroportuarios e, incluso, de uniformados de la PSA a su cargo.
Los trabajadores, que se presentaron en la torre de control del aeropuerto Justo José de Urquiza, fueron interceptados por el oficial mayor José González, quien –alterado y sin justificación– les negó el ingreso. Incluso con la confirmación de sus superiores de EANA y PSA, el acceso fue demorado cerca de 30 minutos, frente a un menor de edad que, de manera insólita, se encontraba en el área operativa de la PSA, jugando con un equipo de rayos X en un punto de control y registro.
Violencia institucional frente a testigos
Al final de la jornada, uno de los controladores, Lucas Butus, fue víctima de una agresión física por parte del oficial Leandro Fernández –hijo del exdirector ejecutivo del CEAC, Mario Fernández–, quien le arrancó del cuello su credencial aeroportuaria y lo forzó a ingresar a la oficina de Guardia. Tras labrarle un acta por una supuesta «falta gravísima», Butus se descompensó y debió recibir asistencia médica.
Los testimonios apuntan a un patrón de violencia, discriminación y hostigamiento sostenido en el tiempo por parte del jefe Arrieta. Según denuncian, el maltrato se extiende también hacia el personal subalterno de la PSA, que estaría siendo obligado a replicar estas prácticas de abuso contra los trabajadores de EANA.
“Nos tratan como delincuentes”
Los controladores aseguran que desde hace años deben soportar un ambiente laboral hostil en los ingresos y egresos al aeropuerto. “Nos tratan como a delincuentes, siendo que solo somos trabajadores con muchos años de servicio, siempre correctamente identificados”, señalaron en la denuncia elevada al ministerio de Seguridad y al correo institucional de PSA.
También se presentaron llamados al 134 y otras vías oficiales, lo que generó un efecto dominó: al menos seis informes fueron elevados en las últimas horas, y el vicepresidente de EANA ya tomó contacto con los denunciantes.
Presiones, encubrimiento y miedo a denunciar
Según mensajes internos a los que accedió este medio, algunos de los trabajadores habrían sido presionados para no acudir a la Justicia. “Si voy a la Justicia me acusan directamente de amenaza de muerte y resistencia a la autoridad con veinte argumentos. Así que estoy rezando”, escribió uno de los denunciantes, que analiza sus próximos pasos jurídicos mientras mantiene reuniones con su abogado.
Por otra parte, desde el área de Legales de EANA se les habría pedido que realicen solo descargos administrativos y no avancen por ahora en la vía penal. La falta de respaldo institucional es tal que el denunciado Arrieta ya cuenta con defensa jurídica provista por la PSA, mientras que la víctima, Dechanzi –quien había denunciado al mismo Arrieta tiempo atrás por una agresión en 2016– quedó completamente desamparada.
ATEPSA y un patrón de impunidad en la PSA
La postura de la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) también genera sospechas. Según trascendidos, habría intentado enfriar la situación y evitar que la denuncia escale a instancias judiciales. No obstante, los controladores evalúan presentarse de forma colectiva y ya remitieron el caso al ministerio que conduce Patricia Bullrich.
ETIQUETAS DE ESTA NOTA
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POLITICA
El Gobierno prepara la documentación para responderle a la Justicia por el viaje de Adorni a Punta del Este

El Gobierno avanza en la recolección de documentación para responder a los requerimientos judiciales por el viaje de Manuel Adorni a Punta del Este. En el Ejecutivo aseguran que remitirán todo lo que solicitó el juzgado de Ariel Lijo y sostienen que ya se ordenó reunir registros fílmicos, constancias administrativas y papeles vinculados con el traslado del jefe de gabinete y su familia, mientras la causa suma medidas para reconstruir quién pagó los vuelos y bajo qué condiciones se hizo el viaje.
Entre el material que preparan organismos del Estado, figuran las cámaras de la PSA y de otras áreas del aeropuerto, oficios con pedidos a la Secretaría General de la Presidencia, planes de vuelo requeridos a la ANAC, informes sobre movimientos y facturación, ingresos y egresos de hangares, y presentaciones vinculadas con la UIF. Fuentes al tanto del expediente aseguran que luego seguirán las declaraciones testimoniales.
En la Casa Rosada admiten dificultades para contener la escalada de tensiones y las atribuyen a la interna oficialista, en una lógica que argumentan que se replica en el caso Libra. Mientras un sector de Balcarce 50 empuja una estrategia de confrontación con el kirchnerismo y busca correr el eje hacia las causas judiciales de Cristina Kirchner, otro espacio interno se inclina por esperar a que “baje la espuma”.
En el entorno del jefe de Estado reconocen que Adorni sigue firme en su cargo, aunque lo describen “golpeado” y le reprochan haber salido a dar explicaciones sin una estrategia consolidada. “Todo estuvo mal manejado”, sintetizan en despachos oficiales.
En el plano judicial, la causa ya avanzó sobre medidas concretas. Lijo dispuso levantar el secreto fiscal de Imhouse y de Agustín Issin Hansen, además de pedir información bancaria para reconstruir la trazabilidad del dinero que financió el viaje.
Según la documentación incorporada al expediente, el vuelo de ida fue facturado por US$4830, mientras el regreso aparece dentro de un paquete de diez vuelos por US$42.250. También se requirieron informes a ARCA, ANAC, Aduana y a la Secretaría General para determinar si existió algún tipo de autorización, expediente, comisión de servicio, viáticos o respaldo institucional del traslado.
La causa por el vuelo fue impulsada por los diputados Esteban Paulón, Pablo Juliano y Maximiliano Ferraro, mientras que en paralelo tramita otra denuncia promovida por Marcela Pagano, que incorporó cuestionamientos sobre el patrimonio familiar de Adorni y los contratos de la consultora de su esposa. En tribunales no descartan que los expedientes terminen concentrándose bajo una misma órbita.
Leé también: El ministro de Defensa visitará el Pentágono para profundizar la cooperación militar con EE.UU.
En el Gobierno siguen de cerca los avances de la causa y conviven diferentes posturas: mientras que en un sector creen que el caso no va a escalar, en otro espacio interno advierten que puede aparecer más material que profundice los cuestionamientos al jefe de gabinete. En los distintos despachos oficiales unifican esfuerzos en intentar correr el eje y apuntar contra la trabajadora del aeropuerto que aseguran haber identificado como la que filmó al ministro coordinador.
Según pudo saber TN, es empleada de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y no hay ningún sumario ni investigación judicial en contra. Tampoco está previsto por el momento apartarla, más allá de que algunos funcionarios hablan de una denuncia judicial. El Ejecutivo apunta a blindar al ministro coordinador y busca reactivar la agenda legislativa con el envío de un paquete de reformas y el tratamiento de la Ley de Glaciares en Diputados.
Gobierno, Manuel Adorni, interna
POLITICA
Milei: “Dejamos claro dónde nos paramos ahora que EEUU e Israel decidieron ponerle fin al régimen iraní”

El presidente Javier Milei fue el principal orador en el acto por el 34° aniversario por el atentado a la embajada de Israel en la Argentina. Allí el jefe de Estado defendió la alianza estratégica que mantiene su gobierno con las potencias de occidente y destacó: “dejamos claro dónde nos paramos en este momento en el que EEUU e Israel decidieron ponerle fin al régimen iraní”, en alusión a la guerra en medio oriente.
El acto se desarrolló con un fuerte operativo policial y en medio de una tormenta que se posó sobre el área metropolitana de Buenos Aires. Como cada 17 de mazo, se recordó el ataque que destruyó la sede diplomática en 1992. Del acto participaron, además del presidente Javier Milei, la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni, el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, el canciller Pablo Quirno, el ministro del Interior Diego Santilli, de Justicia Juan Bautista Mahiques, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Jorge Macri, la senadora Patricia Bullrich, entre otros funcionarios. Se dio en medio de las tensiones en Medio Oriente, los ataques entre Irán y Estados Unidos y la búsqueda para tratar de lograr una solución al conflicto en la región.

Bajo la campaña “La primera vez no se olvida” la iniciativa busca renovar el debate sobre la memoria colectiva y la preservación del registro histórico de un episodio que muchas veces fue catalogado como “el atentado olvidado”, según el comunicado.
Habla el presidente Javier Milei en el acto

El presidente Javier Milei abrió con su discurso el acto por el 34° aniversario del atentado a la embajada de Israel. Al inicio de su alocución, el jefe de Estado definió al hecho como un “cobarde ataque del terrorismo iraní”.
Luego valoró la relación entre Argentina e Israel. “Firmamos un memorando estratégico para la defensa de la libertad y la democracia”, resaltó el presidente. “Hoy Argentina es socia de Israel en la lucha contra el terrorismo”, remarcó.
“Lo hacemos porque estamos convencido de que es lo correcto. El respeto a los valores de occidente es la base de todo buen gobierno, que conduce a la mayor prosperidad”, añadió luego.
“Tenemos más que claro que el virus el antisemitismo es extremo opuesto a los principios que defendemos”, dijo más adelante Milei.

“Tanto el atentado a la Embajada como el de la AMIA intentaron cercenar, mediante el terror, la claridad moral de nuestro pueblo. La claridad moral sin la cual se pierden el respeto por la dignidad de la persona, la libertad y el respeto por la vida”, remarcó el presidente Milei.
“Recordamos hoy a las víctimas. Honramos a quienes perdieron la vida en estos atentados y acompañamos a sus familias, que durante más de tres décadas han sostenido con dignidad una búsqueda incansable de justicia. Como presidente de la Nación, quiero reafirmar que la Argentina hace propio ese reclamo y mantiene intacto su compromiso con la verdad”, finalizó Milei.
La conmemoración especial y el sonido de las alarmas

La organización dispuso que la conmemoración realice un sonido de campanas minutos antes de las 15, momento en el que, hace 34 años, explotó la bomba en el edificio de la embajada de Israel en la Ciudad de Buenos Aires.
Mientras aguardan ese momento, los funcionarios de la primera línea del gobierno nacional fueron arribando al lugar. El presidente Javier Milei será el principal invitado del Poder Ejecutivo.
El acto se desarrollará mientras en el Área Metropolitana de Buenos Aires transcurre una tormenta, que cobra mayor intensidad en algunos lugares. En CABA, el cielo se puso negro, hubo precipitaciones intensas y fuertes vientos, lo que llevó a reacomodar las sillas y las ubicaciones previstas para el acto.

Fuerte operativo policial en la Embajada de Israel

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POLITICA
Rogelio Frigerio advirtió sobre “una nueva Botnia”: “La refinería proyectada en Paysandú tiene que relocalizarse”

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, lanzó una advertencia contundente sobre el avance del proyecto de una refinería de combustibles sintéticos en la ciudad uruguaya de Paysandú, frente a la costa entrerriana, y reclamó que la planta “tiene que relocalizarse”.
Frigerio comparó la situación con el conflicto ambiental que generó la instalación de la recordada pastera en Fray Bentos y aseguró que la provincia no permitirá “otra Botnia” en la región. El mandatario provincial remarcó que, a diferencia de lo que sucedió en el pasado, su administración inició gestiones diplomáticas y técnicas desde el primer momento para evitar que la iniciativa prospere en su actual localización.
Durante un discurso pronunciado este lunes en Colón, Frigerio repasó los antecedentes del caso Botnia y subrayó la necesidad de aprender de los errores cometidos hace dos décadas.
“No podemos permitir una nueva Botnia. No, no podemos, después de ese tremendo mal paso que dio la Argentina, repetirlo. Y yo creo que es importante analizar lo que pasó. En el 2002 se confirma la inversión de Botnia, en 2005 arranca la obra y en 2007 se termina. ¿Saben cuándo fue la primera reunión bilateral del gobierno argentino en aquel momento? Del presidente, 11 de marzo del 2005; del gobernador, 29 de marzo del 2005; y del canciller de aquel entonces, 5 de mayo del 2005. Yo ya mantuve tres reuniones. El canciller me acompañó en dos de esas reuniones. No fueron cuando la obra estaba en marcha. O sea, estamos haciéndolas justamente para evitar que esto prospere”, afirmó el gobernador.
Frigerio insistió en que la provincia está a tiempo de actuar y que el trabajo conjunto, tanto a nivel institucional como político, será clave para evitar un nuevo conflicto de larga duración con Uruguay. “Estamos aprendiendo de los errores que cometió la Argentina no hace mucho tiempo. Insisto con eso. Son datos constatables. Nosotros estamos analizando el estudio de impacto ambiental para ir con todas las de la ley para evitar que esto prospere. Ese es el compromiso que yo di. Trabajemos en conjunto, depongamos los intereses berretas de la política y trabajemos codo a codo para lograr el objetivo de preservar la identidad, la cultura y los puestos de trabajo de la región, que es lo único que nos debe interesar a todos los que estamos acá”, planteó.
El mandatario provincial explicó que, a diferencia de la experiencia anterior, la administración entrerriana mantuvo varias reuniones “desde el minuto cero” con autoridades del gobierno uruguayo para dejar clara la posición de Entre Ríos con respecto a la refinería.
En su cuenta de X, Frigerio afirmó: “Mantuve varias reuniones desde el minuto cero con autoridades de Uruguay para dejar clara nuestra posición: la refinería de combustibles sintéticos proyectada en Paysandú tiene que relocalizarse. Logramos que el estudio de impacto ambiental incluya a Colón y vamos a seguir muy de cerca sus conclusiones para definir los próximos pasos”.
El gobernador recalcó que la provincia no dudará en recurrir a instancias internacionales si fuera necesario. “Y si tenemos que ir a La Haya, vamos a La Haya. Si tenemos que ir a la Corte de Derechos Humanos, vamos a la Corte de Derechos Humanos. A todos lados vamos a ir”, advirtió, en referencia a los organismos multilaterales donde, en el pasado, se dirimieron controversias ambientales binacionales.

El proyecto de refinería en Paysandú prevé la instalación de una planta de combustibles sintéticos sobre la margen oriental del río Uruguay, frente a la costa entrerriana. La iniciativa generó preocupación en el gobierno provincial y en organizaciones ambientales, que advierten sobre el impacto potencial en la calidad de las aguas y los ecosistemas compartidos. La experiencia de la pastera Botnia, convertida en símbolo de la resistencia ambiental en la región, marcó un antecedente de movilización social y controversia diplomática que Frigerio busca evitar.
En febrero de este año, la fiscal federal Josefina Minatta presentó una denuncia por presunto daño ambiental contra el proyecto de la planta de hidrógeno verde que la empresa HIF impulsa en Paysandú, Uruguay. En el escrito, advirtió que el emprendimiento podría generar contaminación con impacto en territorio argentino y sostuvo que el Gobierno uruguayo incumplió el Estatuto del Río Uruguay, según consta en una presentación ante el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay.
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