POLITICA
Escándalo en EANA: Controladores denuncian abusos y amenazas de la PSA

Trabajadores de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) denunciaron maltratos, abusos y amenazas por parte de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en la Unidad Operacional Paraná, donde el jefe Víctor Arrieta, con antecedentes de violencia, ordenó impedir el ingreso de controladores y ahora buscan silenciar las denuncias.
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Un nuevo conflicto sacude a la Unidad Operacional Paraná de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), cuando seis controladores de tránsito aéreo de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) fueron impedidos de ingresar a su lugar de trabajo el pasado 14 de abril, a pesar de estar convocados formalmente y con credenciales vigentes. La orden habría partido directamente del jefe de la unidad, el subinspector Víctor Hernán Arrieta, viejo conocido por sus antecedentes de abusos y violencia en contra de integrantes de distintos organismos aeroportuarios e, incluso, de uniformados de la PSA a su cargo.
Los trabajadores, que se presentaron en la torre de control del aeropuerto Justo José de Urquiza, fueron interceptados por el oficial mayor José González, quien –alterado y sin justificación– les negó el ingreso. Incluso con la confirmación de sus superiores de EANA y PSA, el acceso fue demorado cerca de 30 minutos, frente a un menor de edad que, de manera insólita, se encontraba en el área operativa de la PSA, jugando con un equipo de rayos X en un punto de control y registro.
Violencia institucional frente a testigos
Al final de la jornada, uno de los controladores, Lucas Butus, fue víctima de una agresión física por parte del oficial Leandro Fernández –hijo del exdirector ejecutivo del CEAC, Mario Fernández–, quien le arrancó del cuello su credencial aeroportuaria y lo forzó a ingresar a la oficina de Guardia. Tras labrarle un acta por una supuesta «falta gravísima», Butus se descompensó y debió recibir asistencia médica.
Los testimonios apuntan a un patrón de violencia, discriminación y hostigamiento sostenido en el tiempo por parte del jefe Arrieta. Según denuncian, el maltrato se extiende también hacia el personal subalterno de la PSA, que estaría siendo obligado a replicar estas prácticas de abuso contra los trabajadores de EANA.
“Nos tratan como delincuentes”
Los controladores aseguran que desde hace años deben soportar un ambiente laboral hostil en los ingresos y egresos al aeropuerto. “Nos tratan como a delincuentes, siendo que solo somos trabajadores con muchos años de servicio, siempre correctamente identificados”, señalaron en la denuncia elevada al ministerio de Seguridad y al correo institucional de PSA.
También se presentaron llamados al 134 y otras vías oficiales, lo que generó un efecto dominó: al menos seis informes fueron elevados en las últimas horas, y el vicepresidente de EANA ya tomó contacto con los denunciantes.
Presiones, encubrimiento y miedo a denunciar
Según mensajes internos a los que accedió este medio, algunos de los trabajadores habrían sido presionados para no acudir a la Justicia. “Si voy a la Justicia me acusan directamente de amenaza de muerte y resistencia a la autoridad con veinte argumentos. Así que estoy rezando”, escribió uno de los denunciantes, que analiza sus próximos pasos jurídicos mientras mantiene reuniones con su abogado.
Por otra parte, desde el área de Legales de EANA se les habría pedido que realicen solo descargos administrativos y no avancen por ahora en la vía penal. La falta de respaldo institucional es tal que el denunciado Arrieta ya cuenta con defensa jurídica provista por la PSA, mientras que la víctima, Dechanzi –quien había denunciado al mismo Arrieta tiempo atrás por una agresión en 2016– quedó completamente desamparada.
ATEPSA y un patrón de impunidad en la PSA
La postura de la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) también genera sospechas. Según trascendidos, habría intentado enfriar la situación y evitar que la denuncia escale a instancias judiciales. No obstante, los controladores evalúan presentarse de forma colectiva y ya remitieron el caso al ministerio que conduce Patricia Bullrich.
ETIQUETAS DE ESTA NOTA
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POLITICA
La CGT busca el apoyo de la Iglesia para una movilización a Plaza de Mayo por el Día del Trabajador

La CGT reunirá este jueves a su Consejo Directivo para debatir y lograr consenso sobre sus próximos pasos. En plena batalla contra la reforma laboral en los Tribunales, los líderes cegetistas tuvieron un primer éxito con el fallo del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63, que suspendió de manera provisoria la aplicación de 83 de los 218 artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, al que se sumó una sentencia posterior del Juzgado Nacional del Trabajo N° 74 que frenó el artículo 101 de la reforma laboral que declaró a la educación como servicio esencial.
Mientras esperan que el Gobierno apele esta semana el primer fallo, los jefes cegetistas no quieren quedarse quietos y por eso citaron al encuentro de los 50 integrantes de su conducción para ampliar la discusión interna sobre la estrategia que se pondrá en marcha.
En principio, la cúpula de la CGT propondrá la realización de una movilización hacia la Plaza de Mayo el 30 de este mes para conmemorar el Día del Trabajador: la idea es que la concentración haga especial hincapié en el pensamiento del Papa Francisco en materia social y por eso se está hablando con representantes de la Iglesia para que se sumen de alguna forma a la convocatoria.

El lugar elegido no sólo tiene que ver con la importancia política de la Plaza de Mayo en la historia y con la ubicación de la Casa Rosada, a la que dirigirán fuertes críticas por la situación socioeconómica, sino también con la Catedral de Buenos Aires como escenario de un acto que reivindicará las ideas de Jorge Bergoglio.
Como sucedió en los últimos años, se propondrá hacer la movilización callejera un día antes del 1° de mayo “para que los trabajadores puedan descansar en su día”, explicó a Infobae uno de los directivos de la CGT.
Además de este tema, el triunvirato cegetista, integrado por Jorge Sola (Seguros), Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros), prevé que en la reunión del Consejo Directivo se analice la situación social, económica y laboral del país y la abultada deuda del Estado con las obras sociales, que, según los dirigentes, empeora la crisis del sistema de salud.

Para la central obrera, el desafío por delante es, más allá de mantener la estrategia judicial contra la Ley 27.802, es cómo encontrar soluciones ante el crítico panorama socioeconómico previsto para los próximos meses, con más cierres de empresas y despidos.
La CGT no pudo salir de lo discursivo para reaccionar ante el cierre de FATE, donde uno de los problemas para ofrecerse como mediador fue, según deslizan, la actitud “ultra” del Sindicato del Neumático (SUTNA), con preeminencia del trotskismo y el peronismo combativo.
“Tenemos que evitar de alguna forma el impacto en las empresas de las medidas que toma el Gobierno y por eso no podemos encerrarnos en un plan de lucha; también tenemos que dialogar para hallar soluciones”, afirmó un referente dialoguista de la CGT.

En la CGT predomina hoy esa mirada antes que la de quienes son partidarios de salir a la calle a protestar, como es el caso de los gremios del ala dura que, ante la pasividad cegetista, se agruparon en el Frente de Sindicatos Unidos (FRESU), para aplicar una estrategia propia de lucha contra la reforma laboral.
Además de anunciar que producirá sus propios índices socioeconómicos (como también lo hará la CGT), la dirigencia del FRESU, donde conviven la UOM, los Aceiteros, los pilotos, ATE y las dos CTA, confirmó que realizará el 1° de mayo un plenario de delegados de todas las entidades que lo integran para consolidarse como espacio ultraopositor y dar “el primer paso en la elaboración del programa del movimiento obrero para el país”, como sostuvo el titular de ATE, Rodolfo Aguiar.
POLITICA
Sorpresa en la causa AFA: a dos meses del Mundial, Toviggino se diferenció de Tapia en la causa por evasión y pidió apartar al juez que le prohibió salir del país

El Mundial y la Justicia le come los talones a la AFA. Faltan dos meses para el inicio de la Copa del Mundo y el Tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino Pablo Toviggino apuró el contraataque: apeló el procesamiento por la denuncia de ARCA y recusó al juez que le prohibió salir del país. Por primera vez, la estrategia judicial muestra una separación de la de Claudio Chiqui Tapia.
El mandamás del fútbol argentino presentará en las próximas horas la apelación, pero no acompaña el pedido de recusación contra el juez en lo Penal Económico, Diego Amarante.
Según pudo saber TN, el abogado de Toviggino, Marcelo Rocchetti, apeló el procesamiento que Amarante dispuso contra Toviggino por la retención indebida de aportes previsionales por $19 mil millones. También presentó un escrito para apartar al juez bajo la acusación de “enemistad manifiesta”, como se anticipó aquí el domingo.
Amarante embargó a Tapia y Toviggino por $350 millones cada uno y les mantuvo la prohibición para salir del país.
Los procesamientos a Chiqui Tapia y Pablo Toviggino
¿Por qué el juez Amarante responsabiliza a los popes de la AFA? Según consignó en el procesamiento, en las memorias y balances aportados por la Inspección General de Justicia desde los ejercicios 2017 en adelante, aparece la firma de Chiqui Tapia en carácter de Presidente; mientras que del padrón aportado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, Tapia aparece al menos 18 veces informado como cotitular de cuenta y/o vinculado a las cuentas bancarias de la AFA.
Para Amarante, “Tapia tenía conocimiento de la condición de agente de retención de la Asociación de Fútbol Argentino y el consecuente deber de depositar ante el fisco, en tiempo oportuno, los montos retenidos; por lo que es posible estimar que voluntariamente se sustrajo al cumplimiento de las obligaciones en cuestión”.
En el caso de Toviggino, el juez sostuvo que el tesorero de la AFA revistió el carácter de Vocal titular del Comité Ejecutivo, siendo este el máximo órgano de gobierno de la Asociación de Fútbol Argentino, cuyas atribuciones responden -entre otras- a la administración de la AFA y su representación en asuntos administrativos y judiciales, así como también la aprobación de la Memoria, el Balance General y el inventario y cálculo preventivo de recursos y gastos para cada ejercicio.
Como sucede con Tapia, la firma de Toviggino “aparece en las memorias y balances aportados por la Inspección General de Justicia respecto de los ejercicios con cierre el 30 de junio de 2023 y de 2024, siempre en carácter de Tesorero, cargo en el que fue renovado hasta el ejercicio 2028, según acta de asamblea del 17 de octubre de 2024″.
Además, en el padrón aportado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, Toviggino aparece al menos 12 veces informado como cotitular de cuenta y/o vinculado a las cuentas bancarias de la Asociación de Fútbol Argentino».

Con el procesamiento, Amarante ordenó restricciones a ambos, como:
- La obligación de no ausentarse de sus respectivos domicilios por un término mayor a las 72 horas sin poner en conocimiento dicha circunstancia al Tribunal.
- La prohibición de modificar sus lugares de residencia sin notificarlo al Tribunal.
- La obligación de comparecer ante este Tribunal cada vez que se les requiera.
- La obligación de mantener una fluida comunicación con sus defensas a los fines de cumplir con las eventuales citaciones que este Tribunal pudiese disponer.
Amarante procesó y embargó además a los exintegrantes del Comité Ejecutivo de la AFA Víctor Blanco Rodríguez, expresidente de Racing; Cristian Ariel Malaspina, presidente de Argentinos Juniors; y Gustavo Roberto Lorenzo, director general de la institución. Sin embargo, les levantó la prohibición para salir del país.
El abogado de Toviggino reclamó el cierre de la causa por la aplicación del artículo 59 inciso 6 del Código Penal sobre “conciliación o reparación integral del perjuicio”, con el argumento de la AFA finalmente pagó la deuda.
AFA, Claudio Tapia, Pablo Toviggino
POLITICA
Comienza el juicio contra una comunidad mapuche por usurpar un campo privado en Río Negro

Desde este martes las autoridades de una comunidad mapuche de Río Negro serán juzgados por la presunta usurpación de un campo en la naciente del río Chubut, al que ingresaron “para cuidar la veranada”.
Se trata de la Lof Cayunao, una comunidad conformada por pocos integrantes, que reside en la zona desde hace varios años.
El conflicto es con latifundio cercano cuya superficie, de acuerdo a la denuncia que radicaron, abarca la zona donde reside la comunidad mapuche.
La querella es representada por el ex polista Hugo Alberto Barabucci, vinculado al empresario qatarí Matar Suhail Ali Al Yabhouni Al Dhaheri, presidente del consejo directivo de la firma Emirates Stallions Group (ESG).
Al Dhaheri es el principal inversor del fideicomiso Amaike, un grupo de empresas vinculadas a inversiones y desarrollos inmobiliarios, donde Barabucci se desempeña como integrante del directorio.
La firma, con sede en Abu Dhabi, desarrolló un coto de caza en la naciente del Alto Río Chubut, zona que los mapuches utilizan como veranada para trasladar a sus animales.

El ex polista denunció a cinco integrantes de la Lof Cayunao por la usurpación de una fracción de tierras, dentro de las 14 mil hectáreas que en la Justicia rionegrina figuran a nombre de Barabucci.
Desde el comienzo del conflicto, las partes transitaron los Tribunales rionegrinos en la búsqueda de un acercamiento, que no ocurrió.
Desde 2020 en adelante hubo diferentes cruces entre empleados de la estancia que opera Barabucci y mapuches, en las que incluso hubo personas lesionadas.
El privado radicó una denuncia por usurpación y hurto, mientras que los integrantes de la comunidad denunciaron amenazas, hostigamiento y la sustracción de sus pertenencias.
Con el paso de los años, la disputa territorial incrementó el nivel de conflictividad. Desde 2023, la lof decidió instalarse en la zona de conflicto e inició “un proceso de resistencia mucho más intenso” con intercambios constantes entre los peones de la estancia y los mapuches.
El primer expediente judicial fue notificado a fines de septiembre de 2023 ese año, cuando el empresario que representa a los dueños del campo denunció judicialmente a la comunidad por la presunta usurpación de las tierras.

La vocera de la comunidad asegura que “el objetivo es proteger la naciente del río Chubut ante un posible desastre ambiental, teniendo en cuenta la riqueza de ese curso de agua, que es el más extenso de la Patagonia”.
El curso de agua tiene su origen en las laderas del cerro Carreras y desemboca en el océano Atlántico, luego de atravesar territorio rionegrino como de Chubut.
Los acusados denuncian el desvío de cauces naturales y lagunas, como también la afectación de las veranadas donde “históricamente pastaron los animales de la comunidad, desde hace muchos años atrás”.
Este martes comienza una nueva etapa del proceso en los Tribunales de Bariloche, en el que los querellantes buscan culpar a los mapuches por la usurpación de las tierras para luego solicitar su expulsión del sitio de conflicto.
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