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POLITICA

Escándalo en la Legislatura: los secretos del celular de “Chocolate” Rigau que tienen en vilo al oficialismo

El empleado de la Legislatura Julio «Chocolate» Rigau que cayó infraganti y después fue liberado con un fallo escandaloso (Foto TN).El concejal Facundo Albini junto al candidato presidencial y ministro de Economía, Sergio Massa.

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“Hacen de todo para cerrar la causa, pero tenemos el celular”. Julio “Chocolate” Rigau ya está en su casa, pero su teléfono, una portentosa caja de Pandora, sigue en poder de la Justicia, a la espera de que la Casación le devuelva vida a la investigación que persigue revelar un acto de corrupción de “inmensurable trascendencia”. Esa fue la advertencia del juez de Garantías Guillermo Atencio -que puso nervioso al oficialismo- cuando rechazó la excarcelación del puntero del PJ platense.

Leé también: Denuncian a los jueces que anularon el caso del puntero que vaciaba las cuentas de empleados de la Legislatura

Como reveló TN, Rigau cayó infraganti el sábado 9 de septiembre con 48 tarjetas de débito de empleados de la Legislatura bonaerense, sacando dinero del cajero automático más céntrico de La Plata, y con $1,2 millones en una bolsa negra. “Chocolate” estuvo 11 días preso. Mientras crecía el silencio escandaloso de todo el poder político y el pánico de que el hombre vencido por el encierro hablase, el jueves último la Cámara de Apelaciones de La Plata dictó en tiempo récord la anulación de la causa en una sentencia aún más lascivia que el mutismo del oficialismo y la oposición.

“Yo no sé nada”, “No me meto”, se desentendían unos y otros, pero en un hilo de voz algunos asentían: “Fue así siempre”. Dicen que el escándalo fue parte de la sobremesa de un off con periodistas de Sergio Massa, Máximo Kirchner y Eduardo “Wado” de Pedro. Solo eso. En la causa no hay querellantes.

En los subsuelos del poder deschavan el pacto político detrás del caso Rigau: “Nadie habla porque están todos hasta las manos. Esto es así: a los contratos del oficialismo los firma la oposición y viceversa. Así que están todos agarrados. Por eso nadie dice nada. ¡Ni en campaña política! Imaginate hasta dónde llega eso”.

La detención del electricista, empleado de la Cámara de Diputados provincial, y relacionado con el concejal del FR Facundo Albini que busca la reelección en la lista de UP, cayó como una bomba que el oficialismo logró por ahora desactivar con jueces conocidos. El nombre de Raúl “Cabezón” Pérez, un dirigente operador de Massa aparece en la trama del “operativo chocolate blanco”.

Leé también: La trama de la causa de “Chocolate” Rigau y sus tarjetas: una apelación que acelerará los tiempos judiciales

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Los jueces que decidieron anular la causa son Alejandro Villordo y Juan Alberto Benavides. Villordo recaló en la Cámara en 2009, cuando “el Cabezón” Pérez presidía el bloque del PJ de Diputados. Benavides fue nombrado camarista en 2021, propuesto por Axel Kicillof. “Tuvo una carrera meteórica. Arrancó en mesa de entradas en el fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de La Plata, después fue fiscal y ahora camarista. Es Rayo Mcqueen”, ironiza un funcionario judicial.

“Así se maneja todo con el peronismo en la Provincia. Jueces, fiscales y la política, todos en el mismo esquema de reparto. Un asco todo. El tema es que los jueces también fueron nombrados por la política y responden al PJ en su gran mayoría. Nada nuevo”, se quejan en la oposición. ¿Van a hacer algo? “Te aviso”, responden. Ya van casi tres semanas del escándalo.

El escandaloso fallo

La actuación del personal policial que requisó sin orden judicial a Julio Rigau no puede ser convalidada, al no quedar comprendida la misma en lo normado por el art. 294 inc. 5 del CPP en tanto su labor no condice con los supuestos allí establecidos específicamente ni menos aún pueden ampararse en el estado de sospecha razonada o causa probable”, escribió Benavides y adhirió Villordo.

El juez Fernando Mateos, el otro integrante de la Cámara, votó en disidencia. “En el caso concurren circunstancias previas y concomitantes que razonable y objetivamente permitieron justificar el accionar policial”, sostuvo.

Sin embargo, Villordo y Benavidez no solo consideraron que la Policía detuvo a Rigau sin autorización judicial, sino que anularon la declaración de la clienta del banco que relató cómo “Chocolate” sacaba dinero del cajero con las diferentes tarjetas. “Los que intervinieron inicialmente eran de la guardia urbana local. Luego tomó intervención la Policía bonaerense tras el llamado al 911″, cuentan cerca del intendente Julio Garro (JxC).

El concejal Facundo Albini junto al candidato presidencial y ministro de Economía, Sergio Massa.
El concejal Facundo Albini junto al candidato presidencial y ministro de Economía, Sergio Massa.

“Disparate monumental”

“Es un disparate y un escándalo monumental. Que los jueces anulen la investigación porque dicen que la Policía no le comunicó a Rigau sus garantías procesales es un delirio”, le dicen a TN en los tribunales platenses. Y agregan: “Hasta un civil puede detener a una persona en la vía pública si está cometiendo un delito y llevarlo a la Policía. Qué garantías le va a comunicar en la calle, si ni siquiera las sabe. Ya eso es ridículo, pero encima en este caso también anularon la declaración de la testigo, es decir, voltearon la concomitancia. Es un sinsentido. Fueron por todo”.

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No soñó tanto ni siquiera el abogado defensor de altos honorarios de Rigau, Alfredo Gastón Cotti, que en vez de apelar ante Atencio recurrió directamente a la Cámara con un hábeas corpus. Así también esquivó a la fiscal de instrucción, Betina Lacki, que iba a fondo con la investigación y ya había tomado declaraciones a la mitad de los dueños de las tarjetas. “Era previsible: todos salieron a defender a “Chocolate” porque si no son cómplices de la corrupción. Para salvarse inclusive tienen que decir que le dieron las tarjetas para que les haga la gestión del sueldo. Si no caen también”, dicen en La Plata, donde también es vox populi que la contraprestación para los prestanombres es, por ejemplo, con esos contratos completarles los años de aportes para que puedan acceder a una jubilación.

El fiscal de La Plata Héctor Vogliolo ya hizo reserva para apelar la decisión de la Cámara de Apelaciones y tiene un plazo de 20 días a partir de la notificación del fallo de la Cámara. Entonces, se sorteará la sala de Casación que intervendrá en el caso. “Como en Botica, algunos son serios y otros…”, dicen en los tribunales de la ciudad de las diagonales, cada vez más zigzagueante hacia la Justicia.

Sin embargo, el azar mete la cola y puede torcer el destino. “Chocolate” Rigau se queja de su mala suerte: un hombre al que le negó plata en la puerta del banco lo delató en la garita y terminó en la comisaría. Y los magistrados que estaban de turno -Atencio y Lacki- esa noche del 9 de septiembre sí quieren que avance la investigación. Encima, desde chico, Atencio es alérgico al chocolate.

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Confirmaron las condenas a Julio de Vido y Ricardo Jaime por la compra de «trenes chatarra» a España y Portugal

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La Cámara Federal de Casación Penal declaró este viernes inadmisibles la totalidad de los recursos extraordinarios federales interpuestos por las defensas de Julio De Vido y Ricardo Jaime y así quedaron confirmadas sus condenas en la causa por la compra de Trenes Chatarra a España y Portugal.

La decisión la tomó la Sala III del Máximo Tribunal Penal Federal del país, integrada por los doctores Carlos A. Mahiques, Gustavo M. Hornos y Diego G. Barroetaveña.

En el 2022, el Tribunal Oral Federal 6 (TOF 6) dio a conocer su veredicto y dictó una condena de cuatro años para De Vido como coautor de administración fraudulenta, y ocho años para Jaime, a quien también hallaron culpable de enriquecimiento ilícito durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

La sentencia completa del ex secretario de Transporte K ofrece un paseo por casi todos los delitos contra la administración pública, explicó una fuente judicial. Se lo condenó por enriquecimiento ilícito de funcionario público en concurso real con los delitos de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en calidad de coautor y cohecho en calidad de autor, se le dictó también una inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos y una multa de 14.991.385 de pesos. Casi 15 millones.

El objeto del juicio oral estuvo constituido básicamente por dos imputaciones. Por un lado, la causa conocida como “Enriquecimiento ilícito”, donde se investigó principalmente el incremento patrimonial del mencionado Jaime durante el período en que se desempeñara como Secretario de Transporte de la Nación. Jaime actualmente está preso por la condena de la Tragedia de Once y De Vido con arresto domiciliario en su quinta de Zárate.

Concretamente, Jaime presentó un incremento exorbitante de su patrimonio, a través de la adquisición de numerosa cantidad de bienes muebles e inmuebles, acciones de empresas y dinero, bienes puestos a nombre de distintas personas allegadas a él que también han sido condenadas como partícipes. Sobre el punto, se puede mencionar la compra de automóviles, lotes, casas, departamentos, un avión privado, una embarcación, etc.

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La otra parte de la causa se trataba de la conocida como “Compra de material rodante a España y Portugal”, donde De Vido, Jaime y un asesor, fueron condenados por administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública y un caso de cohecho, por la adquisición de material ferroviario inservible, que nunca pudo ser utilizado, causando un perjuicio para las arcas del Estado de grandes dimensiones.

El cohecho se relacionaba con el dinero recibido indebidamente por los funcionarios de parte de una empresa que iba a efectuar asesoramiento y control de ese material rodante, servicio que jamás se prestó.

Por su parte, el Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal también dedujo recurso extraordinario federal, agraviándose por la absolución de los co-imputados Lisandro Damián López y Alfredo Alejandro Pielach, así como de la consecuente modificación de la sanción impuesta a Ricardo Raúl Jaime.

Sobre este aspecto, los doctores Carlos A. Mahiques y Diego G. Barroetaveña declararon inadmisible el remedio interpuesto por la Fiscalía, quedando en disidencia el doctor Gustavo M. Hornos, quien postuló la concesión de la impugnación intentada por el Ministerio Público Fiscal, para su elevación a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

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