En medio del fin de semana XL, Río Negro quedó sumida en un escándalo. El gobernador Alberto Weretilneck, del partido provincial Juntos Somos Río Negro (JSRN) y que está en plena negociación paritaria, fue a la Justicia y denunció penalmente a dos médicos por emitir más de 400 certificados médicos «truchos» que significaron 6602 días no trabajados y un perjuicio para el Estado provincial de más de $400 millones. Tanto la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) como el gremio de la Salud respondieron a las acusaciones: hablaron de «hechos puntuales».

«Entre diciembre 2023 y mayo 2024 los dos médicos de General Roca y Villa Regina que denunciamos ante la Justicia entregaron 472 certificados a trabajadores de la Policía de Río Negro, del Ministerio de Educación y del Ministerio de Salud. Operaban en distintas localidades de la provincia y emitían los certificados a través de WhatsApp, sin consulta previa», destacó Weretilneck en sus redes sociales.

En su mensaje, el gobernador marcó un detalle: «Esto se traduce en 6602 días no trabajados que a la Provincia le insumieron un costo de más de $400.000.000. Este es el monto que tuvimos que pagar todos los rionegrinos por personas que lograron licencias ilegales y no se presentaron a trabajar como corresponde».

Una de las médicas denunciadas por el Ejecutivo local aparece en la denuncia identificada con las iniciales CL y, según los registros del Gobierno, emitió 320 certificados.

«La denuncia se origina en preocupaciones por el alto nivel de ausentismo registrado en la zona. Investigaciones internas revelaron una gran cantidad de certificados médicos, todos ellos firmados por los dos médicos implicados. La similitud entre los certificados y la extensión de las licencias otorgadas despertaron sospechas, llevando a la formalización de la denuncia ante el Ministerio Público Fiscal. La Provincia de Río Negro se ha constituido como querellante en este caso», señaló oficialmente el gobierno rionegrino.

La denuncia es por fraude en perjuicio de la administración pública en concurso ideal y expedición de certificado médico falso. Los certificados diagnosticaban trastornos de ansiedad en diversos grados, trastornos ansioso-depresivos reactivos y trastornos por estrés postraumático. «Había renovaciones de licencias temporales que terminaban extendiéndose por más de un año sin detallar la progresión de la enfermedad», detallan en Río Negro.

Pero por fuera de la denuncia, en Río Negro investigan a otros 20 profesionales de la salud por las mismas conductas. «Cuando hablamos de falsificación de certificados, también hablamos del impacto económico negativo que tienen este tipo de conductas para el Estado provincial. Vamos a seguir hasta que los médicos que tenemos bajo investigación pierdan su matrícula profesional, no vamos a permitir que ejerciendo ilegalmente sigan perjudicando al Estado provincial y a todos los rionegrinos», remarcó Weretilneck.

La investigación se extiende a las ciudades de General Roca; la capital, Viedma; Los Menucos, y Cipolletti.

Weretlineck asumió el poder en Río Negro en enero de 2012, cuando el gobernador Carlos Soria fue asesinado por su esposa, Susana Freydoz. Desde entonces, solo dejó el poder en los cuatro años en los que gobernó Arabela Carreras, entre 2019 y 2023. El año pasado fue electo por el 31,38% de los votos.

A partir de la denuncia, Clarín consultó a ATE Río Negro. «Es una denuncia que realizó el Gobierno y de la cual todavía no conocemos detalles, por ejemplo ni el nombre de los profesionales, ni las identidades de los trabajadores a los que se les habría extendido la certificación falsa. Las pruebas estarán aportadas en el expediente de investigación y más allá de lo que han venido sosteniendo los funcionarios, tanto el gobernador como la secretaria de la Función Pública, se trata de algunos profesionales que emitían un número desproporcionado de certificados, los atendían en la misma fechas y en distintas ciudades de la provincia», remarca Rodrigo Vicente, secretario general de ATE Río Negro.

«Se trata de hechos puntuales y tampoco se conoce a qué sectores pertenecen los agentes, si son docentes o trabajadores de salud, o de que poder del Estado. En todos los casos son conductas individuales que deben ser investigadas. Por supuesto que si hay responsabilidades deberán ser condenados», destaca Vicente.

«Estas conductas no se deben tomar como generalizadas entre las y los trabajadores estatales de la provincia. Nuestro sindicato defiende a trabajadoras y trabajadores que se esfuerzan todos los días, que dejan gran parte de su vida para garantizar el funcionamiento del Estado, aún en condiciones laborales que no son las óptimas y deben ser mejoradas», diferenció Vicente ante la consulta de Clarín.

Y concluyó: «Por supuesto que no se descarta que esta denuncia forme parte de una estrategia del gobierno para intentar deslegitimar el justo reclamo de aumento salarial que tiene el frente de sindicatos estatales en la provincia».

A su vez, Clarín también consultó a la Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro (ASSPUR). «Claramente la postura del gremio es que se investigue absolutamente todo y que se llegue a saber cuál es realmente la situación», destacaron. Y en ese sentido, agregaron: «Si hay alguien que cometió una ilegalidad debe ser primero comprobado y por supuesto sancionado».

Por otro lado, desde ASSPUR sostienen que aún no tuvieron acceso a la denuncia de la gobernación. «No sabemos si se trata de profesionales del sector público o privado, aunque sabemos que es indistinto a los fines de la investigación», indicaron.

La denuncia de Weretilneck ante la Justicia se da mientras un sector de los estatales negocia las paritarias. Uno de los puntos de conflicto es el «blanqueo» de parte del salario que figura como no remunerativo, como pasa en el sector de la Salud.