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POLITICA

Escándalo en UATRE: intentaron desarmar una cámara antes del allanamiento a su obra social

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El secretario general de UATRE, José Voytenco, se encuentra en una situación cada vez más complicada a nivel judicial. En esta ocasión, se descubrió que su secretaria y un empresario del seguro intentaron desarmar una cámara de seguridad antes del allanamiento a dicha obra social a raíz de una denuncia por supuesto lavado de dinero. La información surge a raíz de un video registrado por esta misma cámara de seguridad que las personas implicadas intentaron desarmar.

Allanaron a la obra social de UATRE por supuesto lavado de dinero

El allanamiento tuvo lugar hace dos semanas y fue ordenado por el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena. El accionar judicial-policial tuvo como base una denuncia realizada por el secretario general de la seccional La Plata de UATRE, Marcelo Andrada, quien cuestiona el lujoso estilo de vida del líder sindical a nivel nacional de los peones, de quien afirma que tiene bajo su propiedad una mansión de lujo en un barrio privado ubicado en Cañuelas, relojes muy caros y que viaja en aviones privados.

El video surge cuando la Justicia todavía intenta corroborar si Voytenco tiene efectivamente ese nivel de vida y la fuente de financiamiento de sus consumos lujosos. En el registro audiovisual aparece el empresario de seguros José Giani, co-titular junto al ex presidente de Independiente Julio Comparada, cercano al líder gremial gastronómico Luis Barrionuevo, de una empresa del rubro llamada El Surco. También aparece una secretaria de Voytenco. Ambos intentan cortar los cables de una cámara de seguridad con micrófono instalada en uno de los ascensores de Osprera, que conduce a la oficina del secretario general de UATRE.

Los empresarios Giani y Comparada ganaron cercanía con el líder de los peones gracias a que les fue concedido el negocio de los seguros de sepelios para el sindicato. Una relación rubricada a partir de un contrato en el que UATRE le paga a El Surco la suma de 400 millones de pesos mensuales, y que constituye una de las ramas a partir de la que se investiga el enriquecimiento de Voytenco, ya que el denunciante Andrada señaló que el secretario general tiene ingresos declarados por 40 millones de pesos mensuales y se relaciona con una empresa de seguros y una consultora.

OSPRERA, la obra social de los trabajadores de UATRE, se encuentra intervenida desde marzo de 2023 en base a un fallo del juez federal de La Pampa, Juan José Baric. Dicha acción judicial habría fungido como capa protectora de Voytenco para que no tuviera encima eventuales allanamientos como el acontecido hace dos semanas en la obra social. Con la Justicia siguiendo las pistas por supuesto lavado, el secretario general se victimiza y habla de una intencionalidad política detrás.

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El escandalo en UATRE y su relación con el opaco mundo de los seguros, la política y las obras sociales se inscribe un marco en el cual salieron a la luz negocios millonarios vinculados a la trama de corrupción con los seguros de ANSES y brokers amigos del ex presidente Alberto Fernández. En el caso del gremio de los peones también habría figuras relacionadas a la anterior presidencia vinculadas al enriquecimiento de Voytenco, quien lidera dicho sindicato desde 2022 luego de una interna salpicada por el asesinato a tiros del chofer de quien fuera el vicepresidente de OSPRERA y candidato opositor al secretario general, Pablo Ansolini, hoy diputado nacional por La Libertad Avanza.

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Otra pelea por Lijo: si Milei lo nombra por decreto, el juez piensa tomarse licencia, pero en la Corte lo rechazan

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El Ministerio de Justicia transita la cuenta regresiva para resolver si designa por decreto a los dos candidatos de Javier Milei, para que integren la Corte Suprema de Justicia. Si esto ocurriese, Ariel Lijo hizo trascender que se tomará licencia en su juzgado federal cuando el esa designación por decreto sea admitida en el Senado. En tanto, en el máximo tribunal insisten en que debe renunciar al cargo que ostenta desde hace más de veinte años.

«No está todo dicho», fue una frase que el magistrado y candidato del Jefe de Estado deslizó ante personas de su confianza cuando naufragó la sesión de la semana pasada en la que se iba a tratar su pliego para que, finalmente, pueda integrar la Corte.

Pese a que Lijo logró el dictamen de la Comisión de Acuerdo que respalda su candidatura con firmas de kirchneristas, libertarios, peronistas y radicales, el gobierno no logró que ese dictamen sea votado el viernes en el Senado.

La Constitución Nacional exige que los postulantes para integrar el máximo tribunal cosechen los dos tercios de los senadores presentes en la sesión del Senado en que sean tratados sus pliegos, una mayoría especial. Si los 74 senadores están en sus bancas, son 48 los votos que requiere el juez de Comodoro Py y para obtener ese número. Para lograrlos, el Gobierno necesita el acompañamiento del kirchnerismo.

En medio del escándalo por la criptomoneda $LIBRA, el espacio que responde a Cristina Kirchner pidió el juicio político del Jefe de Estado, que comenzó a ser investigado por la justicia federal desde el viernes pasado. Con las negociaciones en absoluta tensión, el Gobierno espera designar a sus dos candidatos por decreto: a Lijo y el académico Manuel García-Mansilla.

El decreto debería firmarse antes del inicio de las sesiones ordinarias que se inauguran el sábado próximo. Desde el Ministerio de Justicia aguardaban el regreso del presidente Milei de su viaje a Estados Unidos para ultimar detalles del trámite, que según fuentes del oficialismo sería inminente.

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Esa posibilidad abre otra discusión. El presidente de la Corte Suprema será la responsable de tomar juramento a Lijo y García-Mansilla.

Según pudo saber Clarín de fuentes judiciales, durante el fin de semana el juez federal no recibió ninguna comunicación oficial sobre los próximos pasos a seguir. De hecho relataron personas de su entorno que Lijo dudaba de que se avance con la vía del Decreto para su nombramiento.

Con la expectativa colocada en la sesión del jueves pasado donde el oficialismo logró, únicamente, la suspensión de las PASO, el magistrado había solicitado una licencia en su cargo, pero sólo por una semana.

Este lunes, el juez se reincorporó al juzgado federal 3, del que es titular desde hace más de dos décadas.

Lo cierto es que durante todo el proceso de debate sobre el pliego del magistrado, hubo un mensaje sostenido desde su entorno, algo que él mismo deslizó ante personas de extrema confianza: no iba a aceptar ser designado por decreto. Consideraba que integrando el Poder Judicial, la posibilidad de llegar a la Corte, el máximo escalafón al que un miembro de la justicia puede aspirar, debía ser mediante los mecanismos institucionales habituales, con la votación en el Senado de su pliego.

Pero como esa instancia no se logró en el período de sesiones extraordinarias, tal como pretendía el gobierno, se volvió a poner en marcha la opción de remitir las designaciones vía decreto presidencial.

Esa medida modificó -en principio- el criterio del juez Lijo quien, ahora sí aceptaría una designación por decreto. “No es lo ideal, ni lo que hubiese elegido”, deslizaron desde su entorno, pero observan que el Poder Ejecutivo no quiere ceder, por el momento, en la designación de sus candidatos iniciales.

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Pero ese escenario es hoy el más probable. Y Lijo hizo saber que si Milei firma el decreto de designación, recién entonces pedirá una licencia por cargo de mayor jerarquía. “No antes de eso”, explicaron a Clarín personas allegadas al magistrado.

Esta determinación abre en la Corte otra discusión que en el Ministerio de Justicia no desconocen.

Dentro del máximo tribunal están quienes consideran que para tomarle juramento a Lijo con una designación por Decreto, él debe renunciar a la titularidad de su despacho en el tercer piso de Comodoro Py.

Para sustentar este criterio, acudieron a una extensa lista de antecedentes que convalidan esta línea de pensamiento.

Como dato central se habla del caso “Daffis” de 1975, en el que la Corte Suprema sostuvo que cuando un juez acepta un cargo en comisión “implícitamente renuncia a su cargo anterior. La razón es que nadie puede ser juez con acuerdo del Senado y ser -al mismo tiempo- juez designado por decreto”.

Este criterio plantea otro concepto: “los jueces por decreto no son jueces estables”. Sobre este punto las voces en los pasillos de la Corte no son unánimes.

Otro ejemplo: el caso José Francisco Bidau, quien en 1955 asumió como juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Federal y Contencioso Administrativo, en la Sala Civil y Comercial. Desempeñó ese cargo hasta que el presidente José María Guido lo nombró juez de la Corte por medio del decreto 9753, de septiembre de 1962.

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La designación fue en comisión, al encontrarse disuelto el Congreso, y expiraba al finalizar el primer período de sesiones parlamentarias posterior a ella, hecho que se produjo el 30 de septiembre de 1964. Tras no obtener el acuerdo, Bidau dimitió el 1 de octubre de 1964.

Este último ejemplo no es menor: se señala un antecedente en el que un juez dejó su cargo después de ser nombrado en comisión en la Corte, pero renunció al cargo anterior. Como no obtuvo el acuerdo del Senado, se quedó sin ningún puesto dentro del Poder Judicial.

Ese escenario es el que evitará bajo cualquier circunstancia Ariel Lijo. No dejará el despacho de Comodoro Py hasta que esté garantizado el acuerdo correspondiente para asumir como Ministros de la Corte, y por el momento sólo habla de tomar una licencia, no de presentar su renuncia.

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