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POLITICA

Esmeralda Mitre: «En La Nación estaban ensobrando y corrompiendo periodistas»

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«Lamentablemente, en mi propio diario estaban ensobrando y corrompiendo periodistas, y eso yo no quiero. A mí no me conviene, porque mis dividendos son menores, pero esto no es solo una cuestión de patrimonio, es una cuestión de estado, una cuestión de la gente y del periodismo. La verdadera libertad de prensa es esa», declaró Esmeralda Mitre.

La interna de La Nación

Mitre no ocultó su satisfacción por la salida de varias figuras del medio: «Agradezco que se hayan ido, porque en mi propio diario se estaban haciendo cosas que yo no voy a permitir». Según ella, su lucha contra lo que denomina «la mafia» dentro del periodismo y su familia ha sido ardua, y la expuso a una situación de aislamiento y conflictos personales.

La empresaria también se refirió a su disputa por la herencia de su padre, Bartolomé Mitre, exdirector de La Nación, y la traición que asegura haber sufrido por parte de su familia. «Mi propia familia se entongó con los contrarios, pero perdieron todo. Los fallos salieron todos a mi favor», afirmó, asegurando que la justicia le ha dado la razón en su batalla legal.

La relación con Milei y «Yuyito» González

Durante la entrevista, Mitre también abordó su relación con el presidente Javier Milei y con la conductora «Yuyito» González. Aunque no dio demasiados detalles, dejó entrever su visión sobre la nueva coyuntura política y el impacto de los cambios en los medios de comunicación.

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«Tengo relación con él desde hace mucho tiempo. Soy amiga de ‘Yuyito’, siempre me llevé bárbaro. Con Javier nos conocemos hace varios años, cuando él iba a ser el vicejefe de Gobierno cuando se presentaron con Darío Lopérfido, mi exmarido. Después se bajaron. Quedé bastante amiga, lo fui a ver cuando hacía stand up y hablábamos de política siempre. Incluso le dije que no lo iba a votar», contó

Por último, la empresaria aseguró que su lucha por la transparencia en los medios no se detendrá. «Esto es solo el comienzo, hay muchas cosas que la gente aún no sabe«, concluyó. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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Más del 30% de los beneficiarios de pensiones por invalidez laboral no se presentó a las auditorías

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El Gobierno nacional inició la auditoría sobre las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral (PNCIL), con el objetivo de revisar más de un millón de subsidios en todo el país. La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el PAMI son un cargo del operativo, que busca garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa vigente. Durante enero, se realizó un muestreo en la Ciudad de Buenos Aires que reveló diversas irregularidades, entre ellas que el 31,6% de los convocados no se presentó a la evaluación.

El relevamiento, realizado sobre 1.108 beneficiarios, también evidencia que el 16,6% de los casos no cumple con los requisitos para percibir la pensión, mientras que se detectan 20 bajas por fallecimiento o renuncia voluntaria. La auditoría se enmarca en el plan del Gobierno para reforzar los controles sobre las prestaciones sociales. En un operativo previo realizado en 2024, se revisó 22.417 pensiones y se encontró que el 80% de ellas no cumplía con los criterios establecidos. Además, se dieron de baja 212 beneficios que eran cobrados desde cárceles y otros 150 correspondientes a personas fallecidas.

El polémico gasto de Axel Kicillof en tratamientos de hormonización para personas trans

Para mejorar la transparencia en la asignación de las pensiones, el Gobierno identificó la falta de digitalización de los registros como un problema clave. Como parte del proceso de auditoría, se está implementando la digitalización de documentos y la revalidación de cada caso mediante evaluaciones médicas presenciales y controles documentales. “La normativa está nutrida de los baremos confeccionados por expertos en medicina legal-laboral”, indicaron fuentes oficiales sobre los criterios de evaluación.

El proceso de auditoría se desarrollará de manera progresiva durante todo el 2025 y contará con cuatro etapas principales: verificación documental, evaluación médica en territorio, análisis de datos por parte de ANDIS y resolución de cada caso. Se espera que en marzo el Gobierno presente un informe con los resultados nacionales, lo que permitirá determinar cuántas pensiones se mantendrán y cuántas serán suspendidas por incumplimiento de los requisitos.

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