En un balance de su gestión, el ex presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF) Ignacio Yacobucci reivindicó que «hemos ejercido con valentía el rol de querellante que nos compete, sin temor a represalias ni presiones» en causas contra la ex presidente Cristina Kirchner, el ex intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde y el líder del PO, Eduardo Belliboni, entre otros.

El informe es una respuesta a las críticas del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona y el asesor presidencial Santiago Caputo quienes adelantaron que tras el reemplazo de Yacobucci por el fiscal Paul Starc, el organismo antilavado dejará de querellar contra políticos en causas por corrupción, argumentando que solo lo debe hacer contra narcos y lavadores de dinero. Yacobucci, un académico de bajo perfil, rechazó dar entrevistas a la prensa.

Mientras en el Grupo de Acción Financiera (GAFI) “existe preocupación” por las presiones del Gobierno sobre los ex presidente y vicepresidente de la Unidad de Información Financiera (UIF) que terminaron con sus renuncias, según dos fuentes que conocen ese sistema internacional.

El GAFI es una organización creada en 1989 por los países integrantes del Grupo de los 7 que integran Italia, Canadá, Francia, Alemania, Japón, el Reino Unido y los Estados Unidos para luchar contra el lavado de dinero.

En octubre pasado, el Gobierno presionó para sacar al vicepresidente de la UIF que ellos mismos habían nombrado: Manuel Tessio porque el organismo había logrado ser querellante en la causa por lavado de dinero contra el ex intendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde.

Y la semana pasada, renunció su presidente Ignacio Yacobucci ante falsas denuncias de sobregastos en pasajes aéreos de primera e ineficiencia y claros mensajes de que la UIF se retirará como querellante en las causas contra políticos por corrupción como el caso Hotesur en que está procesados Cristina y Máximo Kirchner por supuesto lavado de dinero.

La misma «preocupación existe en el llamado Grupo Egmont» que es una organización conformada por 177 Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) de todo el mundo, que proporciona una plataforma para el intercambio seguro e inmediato de datos de inteligencia financiera para combatir el lavado de dinero.

La UIF es un organismo que tiene autarquía y autonomía aunque depende del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

“No es común, ni genera confianza, que un gobierno destituya a los dos titulares de una UIF a menos de un año de haberlos designado”, comentó una fuente consultadas por Clarín.

La autonomía e independencia operativa de la UIF “es un tema central en las discusiones internacionales, ya que en varios países ha habido problemas” con los gobiernos.

De hecho, en estos días la UIF de Colombia se encuentra suspendida del Grupo Egmont porque el presidente de Colombia Gustavo Petro filtró a la prensa reportes remitidos por la UIF de Israel sobre “la compra del software Pegasus, con el objetivo de perjudicar a su antecesor Iván Duque”. Pegasus es un programa de espionaje.

Los desplazamientos en la UIF de Argentina “preocupan” en el GAFI, insistieron las fuentes. En el informe de evaluación del GAFI sobre Argentina del año pasado, tras evitar el paso a la lista gris de países no cooperantes, “ya se señalan advertencias sobre la falta de autonomía luego de que el gobierno echó a Manuel Tessio en plena evaluación” del país, comentó otra fuente.

Las referencias de ese informe “no lo mencionan explícitamente a Tessio ni hablan de este gobierno, pero dejan en claro que es un tema que preocupa”, agregó.

La desprolijidad con que el jueves pasado se consiguió la renuncia de Yacobucci se confirma con otro dato: hasta este martes aún no había salido el decreto del presidente Javier Milei aceptando su renuncia.

Antes de dimitir, Yacobucci presentó un informe de gestión de 160 páginas en el que destacó que destacó que “hemos colaborado activamente con el sistema de justicia y ejercido con valentía el rol de querellante que nos compete, sin temor a represalias ni presiones”, en una respuesta implícita al Gobierno.

En un año de gestión, se logró “un récord histórico” en materia de recupero de activos incorporando al patrimonio del organismo: decomisados: $ 736.075.501 en efectivo; 46 inmuebles y 17 vehículos.

Y destacó que la UIF interviene en causas de acuerdo a estos porcentajes: corrupción 24,74%, contrabando 8,08%, narcotráfico 31,31%, intermediación financiera no autorizada 10 5,05%, régimen penal tributario 19 9,59% ,trata de personas 13 6,56%, lesa humanidad 5 2,52% y otros 24 12,12%.

La UIF se constituyó en querellante en el expediente que procesa a Eduardo Belliboni y a otros dirigentes del Polo Obrero por administración fraudulenta y amenazas coactivas. También se constituyó en carácter de querellante en la causa que tramita ante el Juzgado Federal Nro. 2 de Lomas de Zamora, en la cual se investiga al ex-intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Y obtuvo ante la Cámara Federal porteña una sentencia que la habilita a profundizar la hipótesis de investigación por enriquecimiento ilícito de la ex presidente Cristina Kirchner. Y por otro recurso, se anuló el os sobreseimientos, entre otras personas, de Julio de Vido y la Constructora Odebrecht S.A. Antes de que llegara Yacobucci, la UIF era querellante en Hotesur y Los Sauces.

Durante el año 2024, la UIF recibió 93.257 Reportes de Operaciones Sospechosas de lavado y 38 Reportes de Operaciones Sospechosas de financiamiento de terrorismo. Y se tramitaron colaboraciones solicitadas por el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial por un total de 594 informes de inteligencia.

Se actualizó el marco normativo y sancionó 19 nuevas resoluciones que actualizaron «los lineamientos de cumplimiento mínimo que los sujetos obligados de alertar sobre operaciones sospechosas», finaliza el informe de Yacobucci.

Por otra parte, está pendiente, también, la designación como nuevo titular de la UIF del fiscal federal de San Martín Paul Starc para reemplazar a Yacobucci. Seguramente, se está esperando el regreso del presidente del país, tras su viaje a Estados Unidos y el foto de Davos.

Mientras Starc apareció el sábado pasado en Miami junto a su esposa, Eleonora Zocco, en la ceremonia en que el Presidente habló ante unas 1200 personas en el salón Regency, y la plataforma financiera Latino Wall Street (LWS). En el acto la ex modelo y ahora empresaria radicada en Miami Natalia de Negri le entregó al Presidente el “Premio LWS 2025 – Titán de la Reforma Económica” por sus aportes “al avance de la libertad, el capitalismo y la propiedad para la comunidad latina”.

En tanto, en Argentina en forma sorpresiva desde el kirchnerismo duro salieron el ex director de Contrainteligencia de la SIDE y diputado ultra K Rodolfo Tailhade y el ex número dos de ese organismo y actual ministro de Justicia bonaerense Martín Mena a apoyaron el desplazamiento de Yacobucci impulsado por el asesor presidencial Santiago Caputo.

En una nota en Twitter, Mena afirmó que «las querellas de la UIF, hasta el 2015, fueron contra traficantes de personas (clan Ale, secuestrador de Marita Verón), narcotraficantes (“Carbón Blanco”, “Manzanas Blancas”, “Los Monos” en Rosario, entre otras) y contra mega lavadores de dinero, como por ejemplo los bancos BNP o HSBC», añadió Mena.

«Hasta 2015 la UIF no investigó, ni acusó a ningún político, se avanzó en las investigaciones del delito precedente para crímenes organizados hasta que llegó Mauricio Macri. Nombró vicepresidenta en la UIF a María Eugenia Talerico, cuyo único antecedente era ser la abogada del HSBC», sostuvo. Talerico nunca fue abogada del HSBC.

Pero lo más grave es que quien dio a la UIF la autorización para querellar fue de la ex presidenta Cristina Kirchner a través del decreto 2226 de 2008. Este decreto dice “autorízase a la Titular de la Unidad de Información Financiera a intervenir como parte querellante en los procesos en los que se investigue la comisión de los delitos tipificados por la Ley Nº 25.246”. Y cita la «Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas» aprobada mediante la Ley Nº 24.072, el «Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo» aprobado, mediante la Ley Nº 26.024, y la «Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional» aprobada mediante la Ley Nº 25.632.

Luego el decreto de Cristina afirma que “la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo es una preocupación prioritaria del Estado Nacional, toda vez que dichas conductas delictivas constituyen un serio riesgo, no sólo para la estabilidad de los sistemas democráticos y el desarrollo de sus economías, sino fundamentalmente para la libertad de los ciudadanos”.

En consecuencia, “corresponde autorizar a la titular de la UIF a intervenir como parte querellante en los procesos en los que se investigue la comisión de los delitos tipificados por la Ley Nº 25.246 y modificatorias, en aquellos casos en que la gravedad de los hechos bajo investigación así lo amerite”.

Cristina cita a la ley Nº 25.246 que dice explícitamente, que además de delitos de narcotráfico y terrorismo, la UIF investigará “personas expuestas políticamente (PEP): Personas humanas que cumplen o a quienes se les han confiado funciones públicas prominentes internamente, en otro país o en organismos internacionales, respecto de las cuales la reglamentación respectiva establecerá medidas de debida diligencia adicionales (o especiales) que deberán cumplir en razón de aquello”. Los PEP son los funcionarios del gobierno en todos sus niveles, los legisladores, los sindicalistas y los miembros de las fuerzas armadas y seguridad, es decir Cristina autorizó a querellar en casos de corrupción.