Luego de que Catamarca y Tucumán picaran en punta, ahora el Gobierno nacional firmó convenios de intercambio de información fiscal con las provincias de Chubut y Entre Ríos, en el marco de la implementación del nuevo Régimen Simplificado de Ganancias con el que la Casa Rosada busca que se saquen los dólares del colchón y se vuelquen al consumo.

La firma del acuerdo contó con la participación del jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos; el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo.

Por parte de las provincias presentes los gobernadores Ignacio Torres (Chubut) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos). De este modo, se sumaron a Catamarca y a Tucumán, que la semana pasada había sido la primera en adherir al convenio.

«El objetivo es claro: que el Estado no sea una amenaza para el ahorro y la inversión, y garantizar que los argentinos puedan disponer de sus recursos en libertad», sostuvo Francos en un mensaje publicado en su cuenta de X.

Tal como lo habían informado en un primero momento, el Gobierno recordó que las provincias que no adhieran al Régimen perderán el acceso a información clave, como los datos de facturación de personas físicas y jurídicas, y los consumos que superen los umbrales establecidos por ARCA, actualmente fijados en $50.000.000.

Junto al ministro de Economía, @LuisCaputoAR, el vicejefe de Gabinete del Interior, @catalanlisandro, y el director ejecutivo de @ARCA_informa, Juan Pazo, firmamos los convenios de adhesión con los gobernadores @frigeriorogelio (Entre Ríos) y @NachoTorresCH (Chubut) al régimen de… pic.twitter.com/tN3mN9xNd9

— Guillermo Francos (@GAFrancosOk) June 2, 2025

El vocero presidencial, Manuel Adorni, había indicado al presentar el régimen que la apuesta del Gobierno es «devolverles a los ciudadanos la libertad de usar su dinero como quieran, convocando a los gobernadores a ser parte de esta nueva era donde todos son inocentes hasta que ARCA demuestre lo contrario».

El martes pasado Francos y Caputo habían mantenido reuniones virtuales con representantes de 17 provincias para que se sumen al paquete de medidas destinado a atraer los dólares del colchón de monotributistas, autónomos, pymes y trabajadores en relación de dependencia.

Aunque en un inicio el gobierno de Axel Kicillof había puesto reparos y sugerido que podría no adherir al régimen y cobrar impuestos sobre los dólares de los ahorristas, este lunes el titular de ARBA le bajó el tono al tema y planteó la posibilidad de sumarse.

Cristian Girard reconoció en una conferencia de prensa desde La Plata que hubo de un encuentro «cordial» con Juan Alberto Pazo, de ARCA, para tratar este tema.

«No es que vayamos a perseguir a nadie que tenga un canuto, ni que estemos en contra que usen dolares, ni que se mueva la actividad», manifestó.

El fiscal federal Guillermo Marijuan imputó al ministro de Salud, Mario Lugones, y dispuso una serie de medidas de prueba para avanzar en la causa en la que la Coalición Cívica denunció al funcionario por “abuso de autoridad” y “violación de los deberes de funcionario público” por la gestión del Hospital Garrahan.

La exdiputada nacional Elisa Carrió y la legisladora Marcela Campagnoli firmaron la denuncia contra Lugones.

El juez federal Sebastián Casanello delegó la denuncia en el fiscal, que decidió imputar a Lugones.

Carrió y Campagnoli dijeron que Mario Iván Lugones había pedido, con anuencia de sus superiores, la renuncia de la totalidad del Consejo Directivo del hospital, “de manera arbitraria y contraria a la normativa”.

Ello ocurrió en octubre de año 2024, debido a que el Consejo Directivo del Hospital Garrahan había autorizado la entrega de un bono al personal, usando su facultad discrecional para hacerlo, “de manera inconsulta con la máxima autoridad de la cartera de salud”.

La denuncia señala que el bono entregado obedecería a una suma que habitualmente se entrega a los profesionales de la salud y que proviene de un fondo que el consejo administra y sobre el cual puede decidir, sin necesidad de consultar con el Ministerio de Salud, tal como históricamente se ha efectuado.

“Esa suma no correspondería a la pauta salarial, la cual se negocia en conjunto con el resto de los organismos y hospitales que dependen de la cartera de salud nacional”, advierte la denuncia.

Carrió señalo que “el único motivo por el cual fue tomada esta decisión [de Lugones], claramente arbitraria y contraria a la normativa que le permite discrecionalmente asignar esos fondos inconsultamente al Consejo, es un encono personal del ministro y las autoridades del Ejecutivo posiblemente motivado en evitar un efecto contagio en los reclamos salariales por parte de los restantes nosocomios ya que se ha recortado el presupuesto de salud”.

Carrió dijo que Lugones asumió atribuciones que no le son propias y que, por ende, actuó con “arbitrariedad e ilegalidad”.

Sostiene la denuncia que el pedido de renuncia tiene como fin “amedrentar a toda autoridad administrativa” para que “se someta al criterio del Ministerio de Salud de la Nación, aun cuando se actúe en contra de las normas legalmente vigentes”.

Ante ese panorama, Marijuan pidió al Hospital Garrahan que aporte, en cinco días, en formato digital, su organigrama con el cuadro completo de las autoridades del hospital, con indicación de sus cargos, funciones y dependencias.

Además, solicitó un informe sobre la integración del Consejo de Administración del hospital, antes y después de octubre de 2024, con los datos de sus miembros y si son profesionales del hospital.

Requirió asimismo copias de las resoluciones que habrían sido adoptadas por el Consejo de Administración del hospital para la entrega del bono el año pasado.

Los médicos y el personal no médico del Garrahan mantienen una medida de fuerza contra el Gobierno en reclamo de mejoras salariales.

El conflicto parecía encauzarse con una propuesta del Gobierno de aumentar las remuneraciones, pero no se formalizó, tras al reunión que mantuvieron hoy con las autoridades.

Residentes sostuvieron que continuarán con el paro “por tiempo indefinido”. Fuentes oficiales, sin embargo, indicaron a que la comunicación interna con la recomposición se concretará en las próximas horas.

En tanto, los jefes de servicio del hospital comunicaron públicamente que tampoco el personal de planta recibió una “propuesta concreta y formal” de la conducción del Garrahan o del Ministerio de Salud de la Nación “para participar de una mesa de diálogo en el marco de la conciliación obligatoria dictada por el gobierno nacional la semana pasada”.

Hacia el mediodía, desde la dirección empezaron a convocar en grupos a las jefaturas médicas.

Ayer, el Gobierno anticipó vía redes sociales que un residente de primer año pasará a ganar $1,3 millones a partir de este mes. Esto, como publicó , combina un 3,52% de aumento del ingreso por recibo, que hasta mayo era de $797.061 y será de $825.113,79 desde este mes, con una suba de $200.000 a $500.000 del bono mensual que percibe todo el personal de planta.

La comunicación iba a hacerse el viernes pasado, si los residentes se comprometían a retomar sus tareas, lo que no sucedió. En el Gobierno decidieron entonces postergarlo para que coincidiera con el día en que empezaba a funcionar el control de presentismo por datos biométricos.