El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció el cese definitivo de los planes sociales. “Estamos dando un paso más en el cambio de paradigma de la política social”, destacaron en un comunicado.

A su vez, informaron la creación de un programa de capacitación y empleo: “Es una política social justa que no condena a las personas al asistencialismo y que, por intermedio del trabajo, les da libertad y dignidad”.

La política, firmada por el jefe de Gobierno Jorge Macri, elimina la intermediación y establece transferencias directas a los beneficiarios, con un plazo de transición de un año y la obligatoriedad de asistir a instancias de formación laboral y educativa. Y alcanza a unas 5 mil personas y contempla una transición de un año hasta el cierre definitivo del esquema actual.

Desde el gobierno porteño apuntaron a que la medida apunta a dejar atrás el modelo asistencialista para introducir criterios de permanencia basados en residencia, situación socioeconómica y cumplimiento de requisitos formativos, en articulación con el sector privado mediante convenios con empresas y cámaras.

“Se terminó el negocio de los gerentes de la pobreza. Chau intermediarios. Chau planes manejados por organizaciones. En la Ciudad ahora la ayuda es directa, temporal y con una condición indispensable: capacitarse y trabajar. La única salida es el trabajo”, remarcó Macri desde sus redes sociales.

En el proceso de revisión del antiguo sistema, el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño detectó y eliminó 1.274 beneficiarios irregulares. El esquema previo implicaba convenios con 85 organizaciones y representaba un gasto de $10 mil millones anuales, según datos oficiales citados por la gestión de la Ciudad.

El nuevo programa reemplaza el pago mensual por un esquema en el que la formación educativa y la capacitación laboral son requisitos ineludibles. La iniciativa incluye acuerdos con nueve cámaras empresariales, empresas del sector servicios, salud, hotelería y mantenimiento —entre ellas, Hilton, Limpiolux, Farmacity y Trasa—, así como universidades para facilitar prácticas y empleo.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Humano, Gabriel Mraida, subrayó: “Le estamos devolviendo dignidad a personas que hace muchos años solo cobraban para ir a una marcha sin ningún horizonte de progreso”. El funcionario remarcó que la experiencia de transformar el sistema de comedores sociales —donde ya implementaron controles digitales mediante DNI— será replicada y perfeccionada en este nuevo esquema de transferencia directa.

Además, una auditoría reciente a cargo del Gobierno porteño detectó la existencia de más de 5.000 raciones irregulares y casos de beneficiarios fallecidos, así como titulares de bienes de alto valor y jubilaciones elevadas dentro del sistema de comedores. Esto derivó en el cierre de 40 comedores y el fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización.

El nuevo programa se sostiene en cuatro pilares fundamentales: la formación obligatoria para todos los beneficiarios, su carácter transitorio con plazo máximo de un año, la articulación con el sector privado para permitir pasantías y prácticas laborales en empresas y el establecimiento de criterios claros de elegibilidad. Los pagos se realizarán de manera directa y quienes no cumplan con las condiciones perderán el beneficio.

La administración porteña sostuvo que este enfoque no solo evita el “negocio de la pobreza” y la intermediación, sino que busca devolver la “dignidad” al transformar el asistencialismo en una herramienta de acceso a la autonomía económica. El resultado es un esquema cuyo eje central es la «inserción laboral real y la transparencia» en la asignación de recursos, con la meta de “dejar atrás 20 años de políticas asistencialistas que no mejoraban la vida cotidiana y no llegaban en todos los casos a quienes realmente lo necesitan”.

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El Gobierno oficializó la designación de la Guardia Revolucionaria de Irán como grupo terrorista, como anticipó TN. La inscripción fue incorporada al Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) y formalizada a través de una resolución conjunta del Ministerio de Seguridad y de la Cancillería.

La resolución conjunta 3/2026 publicada en el Boletín Oficial advirtió que la CGRI “representa una amenaza externa real o potencial a la seguridad nacional, con riesgo para la vida, bienes y patrimonio de los habitantes de la Nación”. Está firmada por los ministros, Alejandra Monteoliva (Seguridad) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores).

La advertencia surgió de “informes de carácter reservado elaborados por las áreas competentes de los Ministerios de Seguridad Nacional y de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto que justifican la presente resolución conjunta”.

Los detalles de la declaración como organización terrorista a la Guardia Revolucionaria de Irán

La resolución que formalizó la declaración como organización terrorista a la Guardia Revolucionaria de Irán mencionó que “de conformidad con los precitados informes, se advierte la existencia de una amplia evidencia en lo referente a la participación directa de la organización terrorista (CGRI) en el financiamiento y ejecución de atentados terroristas”.

Destacó que la inclusión del (CGRI) en el (RePET) “se presenta como una herramienta necesaria, proporcional y adecuada para fortalecer los mecanismos de prevención, detección temprana y represión del terrorismo y su financiamiento, en consonancia con los estándares internacionales vigentes y con las obligaciones asumidas por la República Argentina en la materia”.

Explicó que “la complejidad y el alcance del abordaje de las conductas criminales vinculadas con el crimen organizado demandan un esfuerzo a nivel nacional para concebir estrategias de intervención adecuadas que permitan la optimización en la asignación de recursos y contribuyan a la mejora de los resultados de las investigaciones”.

Advirtió que el crimen organizado “constituye una amenaza grave para la seguridad nacional y el orden público que demanda respuestas urgentes y contundentes por parte de los distintos actores del Estado involucrados en la prevención, la investigación y la represión de la criminalidad organizada».

Destacó que “la colaboración y el intercambio de información facilitan desarrollar una estrategia más efectiva que contemple aspectos vinculados con la prevención, el enjuiciamiento y el castigo de los responsables de delitos de crimen organizado”.

El Gobierno mencionó la semana pasada en el anuncio de la medida los atentados a la Embajada de Israel en 1992, “por el brazo operativo del CGRI en la región, la organización Hezbolá”, y el de 1994 en la AMIA, “el peor ataque terrorista en suelo argentino”.

Irán

Luego de que el gobierno de Javier Milei ofreciera una recompensa de $20 millones por información sobre el paradero del exguerrillero chileno Galvarino Apablaza, su abogado defensor, Rodolfo Llanzón, sostuvo que Apablaza es un “refugiado político en Argentina” y dijo que denunció a Chile por torturas.

“Apablaza fue víctima de torturas tanto durante la dictadura de Augusto Pinochet como en los años posteriores”, dijo el letrado, por lo que justificó la vigencia de su estatus de protección internacional.

La declaración se dio en el marco de una entrevista que le hizo el periodista Feinmann en Radio Mitre, que estuvo marcada por fuertes cuestionamientos por su situación judicial. De hecho, Feinmann lo definió como “un prófugo acusado de delitos graves vinculados al terrorismo”.

En ese contexto, Llanzón defendió la posición de su cliente y enfatizó que la discusión debe centrarse en el derecho internacional y no en consideraciones políticas o mediáticas. “En el día de la fecha hemos presentado una denuncia ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas contra el Estado chileno”, afirmó el abogado al inicio de la conversación.

Frente a la insistencia del periodista sobre las acusaciones en su contra, Llanzón profundizó que el reconocimiento de Apablaza como refugiado político no responde a una decisión circunstancial de un gobierno, sino a estándares internacionales. “Entre las causales por las que fue reconocido como tal, está la de haber sido torturado, secuestrado y enviado a un centro clandestino de detención durante la dictadura de Pinochet”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó que el estatus de refugiado se mantiene vigente: “Eso implica que Apablaza es refugiado político hasta el día de hoy y desde el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973”.

Llanzón también amplió la denuncia presentada ante el organismo internacional, al señalar que los episodios de tortura no se limitarían al período dictatorial. “Entre los argumentos está la existencia de torturas durante el gobierno del señor Patricio Aylwin, cuando Pinochet continuaba siendo jefe de las Fuerzas Armadas en 1991”, indicó.

Según explicó, estas prácticas habrían sido sistemáticas en el marco de las investigaciones judiciales contra miembros de organizaciones armadas. “El organismo a cargo de la investigación en Chile ha sometido sistemáticamente a torturas a todas las personas involucradas, acusadas y en definitiva muchas de ellas condenadas por estos crímenes”, denunció.

Como ejemplo, mencionó el caso de Ricardo Palma Salamanca, quien también obtuvo estatus de refugiado en Francia. “Hoy está refugiado políticamente en los términos de la Convención de Refugiados de Naciones Unidas desde el año 2018”, precisó.

Además, el abogado subrayó que la presentación ante el Comité contra la Tortura busca garantizar la continuidad de la protección internacional de su defendido. “Lo que estamos requiriendo es mantener la protección del señor Apablaza Guerra porque, insisto, hasta el día de hoy es refugiado político”, reiteró, y añadió que en estos casos “prima un principio esencial del derecho internacional de los refugiados”. Feinmann, por su parte, criticó a las administraciones argentinas que en el pasado le otorgaron protección. “Usted me lo quiere pintar como si fuera Heidi”, lanzó en tono irónico, rechazando la caracterización del abogado.

Llanzón respondió elevando el tono del intercambio: “Aquí no se trata del señor Milei o del señor Alberto Fernández o quien fuera. El señor Apablaza Guerra es refugiado político en los términos de Naciones Unidas, no por un gobierno caprichoso”. En ese sentido, intentó desmarcar el caso de la coyuntura política argentina y llevar la discusión al plano jurídico internacional. Mientras el periodista insistía en que se trata de un prófugo, el abogado evitó referirse directamente a su paradero y cuestionó las decisiones recientes del Ministerio de Seguridad. “Usted abrió la nota hablando de una recompensa ridícula y caprichosa que envía el Ministerio de Seguridad”, criticó.

Para entender la polémica, hay que retrotraerse a 2010, cuando Cristina Kirchner le otorgó a Apablaza el estatus de refugiado político para evitar que fuera detenido y extraditado. La decisión fue revocada años después por Mauricio Macri.

Recientemente, la jueza María Servini pidió la detención del ex guerrillero con fines de extradición por los crímenes que se le imputan en Chile, entre ellos el asesinato de un senador.

El abogado destacó que el caso se encuentra en la Corte Suprema de Justicia, lo que —según su visión— refuerza la complejidad del proceso. “El juez federal que lo tomó dijo que se iba a poner a estudiar el caso porque es sumamente complejo”, explicó, en contraste con la rapidez que atribuyó a otras decisiones judiciales.

Del otro lado, el conductor insistió en remarcar el trasfondo penal del caso, recordando que Apablaza está acusado en Chile por el asesinato del senador Jaime Guzmán, entre otros hechos. También subrayó que distintos gobiernos chilenos, incluso de signo progresista, solicitaron su extradición en reiteradas ocasiones.