En 1984, durante la presidencia de Raúl Alfonsín, con la mentoría de Jorge Roulet, surgió el Programa de Formación de Administradores Gubernamentales (Profag), inspirado en la École nationale d´administration (ENA) francesa, en un intento por democratizar y profesionalizar la administración pública, impulsando el desarrollo de planes de carreras en dicho ámbito y rompiendo una tradicional división entre roles políticos y administrativos. La cantidad de postulantes, con instancias de evaluación sumamente exigentes, superó inicialmente las expectativas pero, con el tiempo, los embates al programa desde el propio gobierno, impidieron su continuidad y con ello la transformación de la administración pública desde adentro.

Creado en 1963, el Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN) se consolidó como otra experiencia de larga trayectoria en la profesionalización de funcionarios que han sabido ganarse mayor reconocimiento social. Entre otros intentos, el Instituto Superior de Economistas de Gobierno, bajo la órbita ministerial de Domingo Cavallo, por su parte, tuvo corta vida.

Sin concursos, bastó la afinidad ideológica, el parentesco o el amiguismo para sumarse a las codiciadas filas del Estado, asegurándose un sueldo y eventualmente un haber jubilatorio cuando en infinidad de casos solo se tratara de “ñoquis” que ni siquiera quedaban expuestos en su incompetencia. En el Poder Judicial, por caso, donde rigen formalmente los concursos y las evaluaciones, estos han quedado también en manos de la discrecionalidad política, como la ineptitud y la falta de independencia de magistrados evidencia con tantísimos ejemplos. Se trata de “trampas que esconden los reglamentos, pero que consolidan la cultura de la discrecionalidad y el acomodo”, como describió el exmiembro del Consejo de la Magistratura de la Nación Pablo Tonelli.

Frente a un Estado sobredimensionado en el que poco y nada se han respetado las repetidas consignas de congelamiento de ingresos, los empleados idóneos comparten tareas con el personal “militante” que ha colonizado la administración pública, las empresas y entes estatales. Detrás de reducir el déficit fiscal, la motosierra oficial avanza allí en una cruzada de recortes y limpieza que demandará mucho tiempo. Con el año a punto de concluir y muchos contratos de estatales que integran la planta transitoria a punto de caer, el Gobierno condicionó las renovaciones a la aprobación de un examen de idoneidad –cuya apertura de inscripciones acaba de ser decidida–, así como el ingreso de nuevos contratados a partir del 1° del mes próximo. El Sistema de Evaluación Pública (SEP), un examen general de conocimientos y competencias, es independiente del régimen de selección que se establezca para la acreditación de la idoneidad, y se tomará una sola vez, como requisito obligatorio para trabajar en la administración pública nacional. El SEP fue incluido en el decreto reglamentario del capítulo sobre empleo público de la Ley Bases y su implementación está a cargo de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger. Una vez reservado el turno, cada persona dispone de tres oportunidades para aprobar el examen. La primera fase corresponde a trabajos en jurisdicciones y entidades con asiento en la región del AMBA.

Utilizando una plataforma digital, las evaluaciones serán presenciales y, en principio, no se tomarán en el lugar de trabajo, tampoco en el domicilio, sino en espacios por determinar. Quienes se presenten a rendir deberán generar un usuario y una contraseña que asegurará su anonimato, dejando fuera simpatías y afinidades. Habrá tres niveles de complejidad diferente en las pruebas, según se trate de trabajadores de servicios generales, administrativos o profesionales y, en todos los casos, se recurrirá a preguntas de opción múltiple por resolverse en una hora. Las temáticas abarcarán comprensión lectora, razonamiento lógico matemático (cálculos básicos y sobre probabilidades, análisis de gráficos) y administración pública nacional (derechos cívicos y normativas aplicables a la función pública), esta última solo para profesionales. En la web se encuentran ejercicios orientativos y de práctica que dan idea de cómo serán los exámenes. Hasta tanto se pueda garantizar la accesibilidad a los materiales de evaluación, solo quedarán exceptuados de la prueba quienes cuenten con el Certificado Único de Discapacidad.

En total son unos 40.000 empleados públicos los que deberán presentarse a rendir. Los gremios estiman que son 58.000 quienes deberán aprobarlo para renovar sus contratos, sin contar a quienes revisten en empresas públicas, el PAMI o la ANSES, y califican de “humillante” la medida para quienes tienen más de diez años de desempeño. Voceros de ATE afirman que las evaluaciones son un pretexto para estigmatizar y despedir ilegalmente a trabajadores. Sin embargo, fuentes del Gobierno aclararon que el examen no definirá la continuidad laboral y destacaron que no buscan perjudicar a los trabajadores.

Achicar el Estado presupone también mejorar la calidad de sus cuadros. Reinstaurar el sistema de concursos y evaluaciones que aseguren profesionalismo y competencia, debería ser el punto de partida. Lamentablemente, cada cambio de administración suma capas geológicas de empleados y busca imponer a los propios, con un sistema de afinidades que complica también el sostenimiento de políticas que deberían exceder un período de gobierno para llegar a buen puerto. Se necesita instaurar un cambio de paradigma cuando, además, los habitantes de tantas provincias se alimentan del empleo público garantizando la larga supervivencia de las autoridades de las que dependen ellos y sus familias ante la precarización del empleo privado. La presión sindical hace también lo suyo. Poner en caja tantas variables no va a ser fácil, pero resulta imperativo cuando la construcción de confianza se alimenta también de estas cuestiones.