En la última presentación ante la jueza Loretta Preska en el caso de la expropiación de YPF, el gobierno de Javier Milei solicitó una prórroga para postergar la apelación al fallo que condena a la Argentina a pagar U$D 16.000 millones. La solicitud incluye extender el plazo para depositar una garantía que evite embargos, inicialmente fijado para el 10 de enero, proponiendo ahora un mes adicional.

El escrito presentado por los abogados del país ante la justicia de Estados Unidos destaca las difíciles condiciones económicas y la necesidad de implementar reformas urgentes, argumentando que la Argentina no puede comprometer activos como garantía debido a la crisis. De esta manera, la petición también sugiere retrasar la apelación hasta el 22 de febrero, en lugar de la fecha originalmente prevista para el 23 de enero.

“Por las condiciones económicas muy difíciles y la necesidad de implementar reformas urgentes, la Argentina no está en condiciones de comprometer activos como depósito de garantía por US$16.000 millones”, sostiene el escrito, que asegura que ese monto representa 32% del Presupuesto 2023, a la cotización oficial.

“En teoría, Preska ya dio una extensión de la fecha original el 5 de diciembre al 10 de enero, a pedido del anterior gobierno. No sé si la jueza lo aceptará, pero es difícil pensar en una aceptación sin un guiño de los demandantes (por el fondo Burford)”, comentó el analista Sebastián Maril, de Latam Advisors, en diálogo con TN.

Jueza Loretta Preska (Foto: Reuters)

En el escrito presentado ante la justicia de Nueva York, los representantes de la República remarcaron que el gobierno de Javier Milei recién empieza su mandato y si bien nombró a Rodolfo Barra como el Procurador General del Tesoro, todavía falta la designación de quién será el encargado de llevar adelante los litigios internacionales contra el país.

La presentación, además, hace hincapié en las circunstancias excepcionales del nuevo gobierno. “Más allá de este obstáculo legal, el nuevo gobierno asumió en un contexto económico muy difícil, con una inflación interanual del 160% a noviembre y una importante sequía que redujo de manera significativa las exportaciones del agro, la falta de reservas internacionales y el 40% de su población en la pobreza”, detalla el escrito.

A su vez, reseña que el país no tiene acceso a financiamiento y que afronta una reestructuración de la deuda con el FMI por el préstamo de US$44.000 millones que tomó el gobierno de Mauricio Macri y luego reestructuró la gestión de Alberto Fernández; destacando así las medidas anunciadas por Milei, incluyendo reformas fiscales y monetarias, como también ajustes en el gasto público.

“Circunstancias excepcionales justifican retrasar hasta el 22 de febrero -y no el 23 de enero- el plazo para los argumentos de la apelación”, indica el escrito elevado ante la jueza de primera instancia.

La jueza Loretta Preska, que falló en contra de la Argentina en septiembre de 2023, había otorgado una extensión del plazo hasta el 10 de enero a solicitud del gobierno anterior. La nueva administración busca ahora ampliar esa prórroga para poder abordar de manera más informada el caso YPF.

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