Luego de que productores del departamento sanjuanino de Angaco denunciaran que el intendente municipal, José Castro, había comenzado un proceso para expropiar casi 450 hectáreas de unos 40 productores con ordenanzas aprobadas bajo el paraguas de que son de “utilidad pública”, tras una reunión con dirigentes del agro el jefe comunal se comprometió a derogar dichas ordenanzas. Alertaban que este escenario amenazaba la actividad en la zona e impactaba de manera directa en las economías regionales.

“Esto se logró después de una ardua discusión porque atenta contra la propiedad privada. También se rectificó que esto no es político como anteriormente lo había manifestado. En un plazo de una semana va a emitir una nueva ordenanza que habrá que estudiar. La Mesa Vitícola a la que pertenezco va a seguir muy de cerca este tema”, dijo a LA NACION Eduardo Sánchez, productor de Angaco e integrante de la Mesa Vitícola.

Ubicado en el centro de la provincia cuyana, en el valle de Tulum, el pueblo tiene alrededor de 15.000 habitantes. Allí, según contaron a este medio, la movida contra los productores de Castro, de origen peronista, se remonta a 2018 cuando era intendente y, en esa oportunidad, comenzó con la expropiación de varios terrenos para lotear y vendérselos en teoría a vecinos de bajos recursos a un precio acomodado.

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Ya en ese momento los productores se movilizaron y presentaron amparos judiciales. Cuando Castro acabó su mandato, al asumir otro intendente, Carlos Maza Pezé, paró la pelota e inclusive ofreció devolver los terrenos quitados. Sin embargo, hace casi un año Castro regresó al poder y este 2024 con varios proyectos de ordenanzas no solo retomó la iniciativa, sino que había duplicado la apuesta expropiatoria.

“Habían mandado unas ordenanzas municipales, declarando de interés público muchos terrenos sujetos a expropiación. De hecho ya había empezado este proceso. En total, son 344 hectáreas para lotear y otras 84 hectáreas para un parque industrial”, contó.

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Según los cálculos que realizaron, saldrían entre 3000 y 5000 lotes, donde los adquirentes pagarían solo $5000, “que es lo que vale un metro cuadrado”.

“Está vendiendo los lotes, sin tener aun un lugar definido, porque todavía no está la sentencia de expropiación. Ya existe una inhibición de los bienes por lo que los casi 40 productores afectados ya no pueden disponer de sus propiedades. Además hay que sumar otros tantos productores afectados por el parque industrial que quiere instalar en la región, cosa que va directo al fracaso porque no hay rutas cercanas para que eso funcione”, remarcó Sánchez.

Pese a que Castro dijo en varias oportunidades que no se iba a expropiar esa enorme cantidad de hectáreas productivas, con mayoría en el Concejo Deliberante las ordenanzas dicen todo lo contrario y detallan todos los establecimientos rurales a expropiar, bajo utilidad pública.

“No hemos solicitado ninguna expropiación desde que asumimos el 10 de diciembre pasado. No hemos comprado ni un metro cuadrado de terreno mediante ningún mecanismo, ni compra directa ni por expropiación ni hemos solicitado ningún trámite de expropiación a la Justicia sanjuanina. Es una movida política para desmerecer a la gestión. Tuvimos reuniones con productores y tenemos el compromiso político de mantenerlos informados de cualquier situación”, dijo en declaraciones a un medio local el jefe comunal. En esa entrevista, afirmó que los terrenos expropiados no eran productivos sino que las expropiaciones recaían en superficies “que no servían productivamente y que no se afectaba a los productores”.

Sánchez recordó que fue durante el mandato de José Luis Gioja como gobernador provincial cuando se modificó la Ley de Expropiaciones 1000 y que fue la que abrió el camino para dar rienda suelta a los municipios para que pueden actuar como sujetos expropiantes.

La zona pasible de expropiación es una región, donde pequeños productores tienen plantaciones de hortalizas (cebollas), frutas rastreras (como melones y sandías), viñedos y alfalfares. Allí realizan pozos de agua para regar sus cultivos: “Los poquitos terrenos fértiles que tenemos hay que cuidarlos porque de eso vivimos. No van a los terrenos incultos porque hay un gran negocio inmobiliario detrás”.

Dijeron que muchos productores no fueron ni siquiera notificados. Ese fue el caso del productor Andrés Barber, que tiene 35 hectáreas, donde siembra melones y sandías y que luego de unas pedradas que destruyó su producción, decidió lotear unas hectáreas del frente de su finca. Fue a Planeamiento del municipio y ahí se enteró que estaba en proceso de expropiación.

“Lo tienen contra las cuerdas, por eso el lunes [próximo] los integrantes de la Mesa Vitícola hacemos una fuerte movida en los Tribunales para apoyar a este productor, presionar a los jueces y poder voltear esta expropiación muy injusta como el resto, donde le quieren pagar unos $30 millones irrisorios por esas 35 hectáreas fértiles y donde, además, hay un pozo de agua que cuesta US$70.000. Es una vergüenza lo que está pasando”, enfatizó antes de conocerse la decisión del intendente tras la reunión.