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POLITICA

Ficha sucia, más poder peronista en el Congreso y el nuevo cajero del Senado

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El atajo del mal menor

En la democracia de streaming es esperable que un reforma de fondo, como Ficha Limpia, se resuelva por la diferencia de apenas un voto del cual nadie puede dar razón. El primer mandatario se ampara en el pedido de una rinoscopia de celulares para decir que no tuvo nada que ver con el rovirazo. Lo arrincona el lema “Con Lospennato, no”, que lastima a su candidato Adorni. Todo muy poco serio, pero es lo que hay.

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El Gobierno camina por el ring golpeado por el affaire de la Ficha Sucia. Se adapta a la necesidad de elegir siempre el mal menor. Es la condena de los gobiernos débiles, una disfunción institucional que lleva a la dictadura de las minoría. Un gobierno tiene la obligación de ser fuerte, pero que nazca ya débil es algo injustificable en una república. En la Argentina ese lujo se explica por la solidez del sistema, que pone presidentes por imperio del balotaje, la fortaleza de la sociedad civil y la riqueza que tiene.

El Gobierno se sentó en el timbre de hacerle un favor a Cristina de Kirchner. Cree que le rinde más que desairar al electorado de centroderecha que comparte con el PRO de los primos Milei. Valora más el botín provisorio del poder que el programa. Para los débiles la gobernabilidad es más importante que los mandatos.

Andá, esperalo a Caputo

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Esta semana prefiere pagar el costo de que Luis Caputo y otros funcionarios se ausenten a la interpelación por el CriptoGate para el martes 14 que votó Diputados, antes de que abran la boca sobre ese tema ante las cámaras. Ese compromiso lo tomó Martín Menem en la última sesión para pacificar los ánimos.

El jefe de los diputados demora la convocatoria a la sesión y orejea el mazo a la espera de que los legisladores insistan en el pedido y que junten ellos el quórum. Le deben estar reprochando desde el Ejecutivo que se haya comprometido a lo que no puede cumplir. El viernes los jefes de los bloques de la oposición amigable y la otra le reclamaron que cumpla con la cita.

Será el último retablo de la campaña para las elecciones del domingo 18 en CABA en donde el PRO se juega la vida para retener el distrito que ha gobernado en gloria y majestad durante 16 años. Sólo la ambición de poder de sus caciques ha podido fragmentar su representación en seis listas que se devoran unas a otras.

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El acuerdo más importante desde 2023

Hay vida después de Ficha Limpia, fetiche que se convirtió en el fiel de la balanza de las elecciones porteñas del domingo 18. Había vida antes, lo prueba el hecho de que 24 horas antes de la caída del proyecto en el Senado el oficialismo y la oposición cerraron el entendimiento más importante desde que asumió el Gobierno.

El acercamiento busca superar el bloqueo que paraliza todas las iniciativas, alimenta el cesarismo de Milei, que gobierna al borde de la legalidad e impide la certidumbre que necesita la economía. Los caciques del Senado acordaron el martes pasado, en presencia de Victoria Villarruel, que el peronismo aumente su representación en las comisiones de la cámara según la nueva relación de fuerzas que surgió de la destitución de Edgardo Kueider en diciembre pasado.

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Esta nueva relación es lo que ha producido una serie de derrotas del oficialismo en el Senado que culminó el miércoles con la caída de Ficha Limpia, iniciativa que formalmente patrocinaba el Gobierno, más allá de las picardías que la hicieron caer.

El PJ se queda con 15 sillas

La nueva integración de las fuerzas de la cámara debilitó al arco del no pejotismo que construyó Juan Carlos Romero con 39 voluntades en diciembre de 2023 y que le permitió quedarse con el control de la Cámara alta.

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Durante el primer año ese grupo, calificado por Anabel Fernández Sagasti como «La secta de los 39» desplazó al peronismo de todas las secretarías de la cámara y les restó participación en las comisiones. Fue el activo más importante del Gobierno, pero bajó a 38 por la expulsión de Kueider. El peronismo pasó de 33 a 34 por el ingreso de Stefanía Cora en su reemplazo.

En la reunión de jefazos del Senado del martes el no pejotismo admitió el reclamo de más representación del peronismo de ocupar quince sillas en comisiones clave. Diez de ellas ya están asignadas y cinco quedan por decidir porque implican la salida de los no pejotistas.

Juró el cajero de Villarruel

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En esa reunión del martes José Mayans arrinconó a Villarruel con crudeza: «¿Qué han conseguido achicándonos en las comisiones? Nada». Y eso que todavía no le habían volteado Ficha Limpia. La derrota más dolorosa para el oficialismo fue el rechazo de las designaciones de Lijo y García Mansilla a la Corte.

Más comprometedor para la vicepresidenta es que el peronismo se negó a hacer la sesión preparatoria, y a aprobar la designación del nuevo secretario administrativo de la Cámara. Acordada la cesión de posiciones, la Cámara aprobó el miércoles el nombramiento del cordobés Emilio José Viramonte Olmos, el nuevo «cajero» de la casa.

Música acuerdista

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El proyecto de ampliación de la Corte que presentó Romero el jueves sigue la misma música. Expresa el acuerdo informal que se cerró en charlas con Mayans y Miguel Pichetto, que conviven en otra comisión de conciliación, que es la Bicameral que administra la Auditoría General de la Nación (Revisora de Cuentas) para destrabar la designación de una Corte de siete miembros. De arrastre busca avanzar en la designación del Procurador, el Defensor, y si se puede, los nuevos auditores y hasta un elenco de jueces a decenas de vacantes en todo el país.

La ampliación de la Corte a siete miembros se discute hace más de una década. Se lo propuso Pichetto cuando era jefe de la bancada del peronismo a Macri presidente. No avanzó. Ahora el peronismo pide más: una nueva ley de Consejo de la Magistratura que saque a la Corte de la presidencia de ese organismo. También pide que se revisen designaciones de magistrados durante la era Macri (Bertuzzi, Bruglia).

País bloqueado

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El trío Romero-Pichetto-Mayans administra la política en las dos cámaras y busca salir del bloqueo institucional que surge de la extrema debilidad del Ejecutivo, que hace crisis con el conflicto entre el PRO macrista y el mileísmo. Es sencillo dibujar organigramas como el de la nueva Corte, pero nada andará si antes no se discuten los nombres y los mandatos.

El gobierno de Milei ha adoptado la consigna trumpista de que antes hay que destruir la maquinaria del Estado. Milei dijo, cuando amagó una queja por la caída de Ficha Limpia, que era un éxito del Partido del Estado. Creó un nuevo enemigo imaginario con el cual pelearse. Se desentiende de estos emprendimientos reformistas, al punto de que se entera por los diarios.

El viernes «Lule» Menem lo buscaba a Romero para preguntarle de qué se trataba el proyecto de ampliar la Corte. Este primo Menem milita la idea de que hay que esperar a los resultados de diciembre para hablar de la Corte, como si el oficialismo fuera a sacar una diferencia a su favor que le permita tener los 2/3 del Senado para imponer nombres. También el viernes el comisario judicial del gobierno, Sebastián Amerio, admitía a quien lo consultase que no tenía idea del proyecto de Romero.

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¿Qué polarización gana?

Las elecciones porteñas son el banco de prueba de varias apuestas. Decidirán, por ejemplo, cuál es la contradicción fundamental para el electorado de los grandes distritos. El Gobierno busca nacionalizar la dialéctica, para dar señas de identidad a las listas candidatos que se amparan en la franquicia Milei. Ha tratado de imponer la polarización mileísmo vs. cristinismo. Es difícil que después del escándalo de Ficha Limpia no haya ahondado la polarización entre macrismo vs. mileísmo.

También pondrá a prueba los efectos de las medidas económicas en las urnas. La experiencia indica que no siempre lo económico impacta en la decisión del voto. La prueba de esa percepción es el voto a Sergio Massa en el ballotage de 2023: sacó 44% de los votos en representación de un funcionario, un partido y un gobierno que había llevado la inflación a extremos insoportables. No afectó al voto, cuya explicación es multicausal, como afirman los heterodoxos cuando explican la inflación.

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La campaña confusa en el país confuso

La elección se presenta confusa porque el país está gobernado por funcionarios sin voto propio: voto prestado, funcionarios prestados, programa prestado. Hay funcionarios votados para hacer oposición que hoy están en el oficialismo. Esa contradicción genera sospecha, reflejada en el Senado con Ficha Limpia, donde oficialismo y oposición se acusan de adueñarse o hacer fracasar el proyecto. Es una confusión estructural que se manifiesta en sus protagonistas, decisiones y alianzas.

En este escenario, el gran aclarador será la urna. Allí se verá si hay castigo a los tránsfugas y si el voto de Cambiemos que fue a Milei se mantiene fiel o se disgrega. También se medirá la fuerza de las formaciones que han mantenido su integridad, como el peronismo en la Ciudad de Buenos Aires. Un espacio históricamente derrotado que, por mantener la unidad, hoy tiene intención de voto cercana a registros anteriores.

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Esa percepción alimenta la idea de que el resultado mostrará una división en tercios -peronismo, macrismo, mileísmo-. Al tratarse de una elección parlamentaria y no ejecutiva, la mirada hay que ponerla en la sumatoria futura de bancas en la nueva legislatura. Allí el actual oficialismo puede ver reafirmado su control del distrito y también el payador perseguido Horacio Rodríguez Larreta podrá valorar su aventura.

El jubileo del cepo llega a la urna

El Gobierno ha hecho campaña con el levantamiento del cepo, que para algunos ha sido una desregulación parcial. ¿Tendrá efecto en el público de CABA, híper informado y atento a esas medidas tan complejas y para pocos, pero que crean audiencia? El alivio del cepo ya motivó medidas judiciales que despenalizan con efecto retroactivo las infracciones cambiarias.

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El juez Marcelo Aguinsky, del juzgado Penal Económico 6, ya dictó sentencias en ese sentido. Respalda este jubileo del arbolito con el argumento de que rige ya la eliminación de restricciones en la política cambiaria, que se viene dando de forma gradual (comunicación «A» 8226 del 11 de abril de 2025 del Banco Central).

«Las modificaciones favorables de las leyes penales en blanco -dice una sentencia de la última semana de abril- producidas como consecuencia de las variaciones de las normas extrapenales que las complementan, deben favorecer a los imputados por la aplicación del principio garantizador de la retroactividad de la ley penal más benigna».

Aguinsky considera que «es esperable que sean los jueces quienes en primer lugar adviertan, y consecuentemente recojan en sus pronunciamientos, los cambios en el humor social que a la larga se plasman como modificaciones a las leyes vigentes».

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Los efectos del «humor social» en el voto popular son de los misterios más inextricables de la tarea política. En este caso, ¿premiará el público este jubileo del cambista? El cálculo estándar habla de unos 1000 sumarios en el BCRA, de los cuales la mitad aterrizaron en los juzgados federales de todo el país.

Los bancos avisan cuando detectan una infracción y el Central tiene que abrir un sumario. El directorio del banco debería sacar una circular de inmediato para mandar a degüello todo el stock que tiene y así acompañar de manera concreta el discurso del Gobierno, si cree que las medidas económicas lo pueden ayudar.

Javier Milei

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El PRO presentó un proyecto en Diputados para que se investiguen las causas del escándalo del corte de luz

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El PRO presentó un proyecto en Diputados para que se investiguen las causas del escándalo del corte de luz en el cierre de listas para las elecciones legislativas bonaerenses.

El jefe del partido en provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, pidió el esclarecimiento de las interrupciones del servicio eléctrico en La Plata. El dirigente advirtió que “afectaron directamente a las sedes institucionales involucradas”.

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Los cortes derivaron en la prórroga del plazo para las inscripciones, de última hora del sábado a la tarde del lunes, lo que benefició al peronismo, que ganó tiempo y logró llegar a un acuerdo en medio de fuertes internas entre el kirchnerismo duro, el massismo y el sector que responde al gobernador Axel Kicillof.

El jefe de bloque del PRO en la Cámara Baja presentó un proyecto de resolución en Diputados para que se investiguen los cortes de luz registrados en La Plata durante el cierre de listas electorales. “Estos apagones impidieron el normal desarrollo del proceso electoral y afectaron directamente a las sedes institucionales involucradas», señaló Ritondo.

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“Los bonaerenses merecen elecciones transparentes y sin maniobras que generen sospechas. No vamos a parar hasta saber la verdad. Los atropellos tienen que terminar en la Provincia», enfatizó el legislador, al anunciar la iniciativa.

En paralelo, el presidente del bloque del PRO en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Matías Ranzini, presentó un pedido de informes con el mismo objetivo: esclarecer los hechos, determinar si hubo avisos previos, identificar posibles responsables y garantizar que no se repitan situaciones que pongan en riesgo la transparencia electoral.

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Fernando de Andreis, Guillermo Montenegro, Mauricio Macri y Cristian Ritondo en un encuentro del PRO en Mar del Plata. (Foto: X @deAndreis)

El proyecto nacional impulsado por el PRO solicita al Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA) y al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) que informen las causas de la interrupción del servicio, si se iniciaron investigaciones y qué medidas se prevén para fortalecer la infraestructura eléctrica.

“El hecho resulta llamativo, no solo por el horario del corte, sino por las zonas afectadas, que coinciden con las instituciones claves del proceso electoral», advirtió Ritondo.

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El proyecto presentado en el Congreso Nacional fue acompañado por los diputados Alejandro Finocchiaro, Florencia de Sensi, María Sotolano, Martín Yeza, Silvia Lospennato, Silvana Giudici, Fernando Iglesias, Alejandro Bongiovani, Sabrina Ajmechet, José Núñez, Martín Ardohain, Javier Sánchez Wrba, Marilú Quiroz, Laura Rodríguez Machado, Martín Maquieyra, Sergio Capozzi, Nancy Ballejos y Patricia Vázquez, entre otros.

Los cuestionamientos al peronismo por el apagón no solo llegaron del PRO. Durante el fin de semana, tanto Javier Milei como varios funcionarios nacionales pusieron en duda el origen del corte y sugirieron que pudo haber sido una maniobra deliberada para favorecer el cierre de listas del PJ.

De hecho, Alejandro Dichiara, primer candidato a diputado provincial por la sexta sección y dirigente cercano a Cristina Kirchner, reconoció en una entrevista que el corte de energía “les dio un tiempito más” para alcanzar un acuerdo interno entre los distintos sectores.

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PRO, Elecciones 2025, Diputados, corte de luz, Provincia de Buenos Aires

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POLITICA

El Gobierno trabaja en un proyecto para que el Congreso habilite el traspaso de la justicia nacional a la Ciudad de Buenos Aires

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El Ministerio de Justicia mantiene reuniones con todas las cámaras de la justicia nacional para elaborar un informe que elevará al Congreso a fin de año para que legisle sobre el traspaso de la Justicia Nacional a la Ciudad de Buenos Aires.

El traspaso de la justicia nacional a la Ciudad es resistido por los jueces nacionales nucleados en la Asociación de Magistrados.

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El debate se dio a partir de la reforma Constitucional de 1994, que dotó de autonomía a la Ciudad de Buenos Aires.

Esta situación se superpuso con la existencia anterior de la justicia nacional, que incluye a los jueces que tramitan casos ordinarios, no federales, en tribunales con asiento en la Ciudad. Son los que intervienen en quiebras, divorcios, causas civiles, o delitos como homicidios o robos con armas.

Esos jueces nacionales se resisten ser convertidos en jueces de la Ciudad, que hoy son los que atienden otros casos de delitos menores o faltas, o asuntos contenciosos de la administración porteña.

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En ese contexto la Corte viene avanzando con diversos fallos que reconocen la autonomía porteña y en el último (en el caso Levinas) le dio potestad al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad para que sea el que resuelva en las apelaciones de las causas civiles, comerciales, o criminales de los jueces nacionales.

En el avance, el Ministerio de Justicia de la Nación dispuso además la creación de una comisión que analice el traspaso de la justicia nacional ordinaria a la órbita de la Ciudad Autónoma. El ministro Mariano Cúneo Libarona, basó su decisión de realizar esta tarea en el fallo Levinas.

La comisión está presidida por el asesor del ministerio Marcelo Ruíz, designado como representante nacional. Los vocales son Alberto Nanzer, Pablo González y Mariano Loprete.

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Esta comisión se reunió con las autoridades porteñas, entre ellas con el ministro de Justicia, Gabino Tapiab y luego con los camaritas a quienes les pidió un informe de cada fuero.

La idea es avanzar en una legislación reconociendo que la justicia nacional ordinaria en la Ciudad de Buenos Aires es “de carácter transitorio”, dijo el Gobierno citando a la Corte.

El 27 de diciembre de 2024, en el caso Levinas, la Corte Suprema reiteró la necesidad de avanzar en la adecuación de las leyes para garantizar el ejercicio pleno de la autonomía jurisdiccional de la ciudad de Buenos Aires. Y lo reiteró al semana pasada al firmar “Levinas 2″, donde mantuvo el mismo criterio que en el anterior, solo que ahora con la firma de conjueces, que acompañaron los votos de Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti. El juez Juan Carlos Maqueda, que firmó “Levinas 1″ se jubiló.

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“Tenemos la convicción de que la Ciudad debe ser plenamente autónoma. Contar con las competencias judiciales, laborales, penales y civiles que nos corresponden nos va a permitir dar respuestas más rápidas, cercanas y eficientes a los porteños”, dijo Tapia. “La Corte Suprema volvió a ratificar que estamos en el camino correcto. Seguiremos trabajando para concretar la transferencia de competencias de manera coordinada, progresiva y consensuada con la Nación”, expresó en la red X.

Según se recordó en la resolución del ministerio, la Corte había exhortado a los poderes políticos a adoptar las medidas necesarias para cumplir con lo establecido en la Constitución Nacional.

Entre las propuestas que analizan están la de formular propuestas de leyes, identificar los costos presupuestarios del traspaso, y los temas relacionados con la estabilidad laboral de los empleados para asegurar el funcionamiento continuo del sistema judicial en ambas jurisdicciones.

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Durante las reuniones con los camaristas se exploraron diversas alternativas, por ejemplo, en el fuero laboral. Ante la demora en la transferencia o al firma de convenios, la Ciudad avanzó con la creación de sus propios fueros. El último es el laboral, que es visto con atención por el mundo empresarios.

Los miembros del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires: Santiago Otamendi , Alicia E. C. Ruiz, Inés Weinberg, Luis F. Lozano y Marcela De Langhe

Marcela De Langhe

La puesta en marcha del fuero laboral porteño quedó frenada por un fallo de la semana pasada dictado a instancias de la Asociación de Magistrados de la Justicia Nacional. La Cámara Contencioso Administrativo Federal, con la firma de Sergio Fernández y Jorge Morán, confirmó una medida cautelar y frenó la implementación.

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En la Ciudad explicaron que seguirán adelante con los procesos de concursos en el Consejo de la Magistratura hasta llegar a las ternas y ahí esperarán a que la Corte Suprema de Justicia resuelva.

Uno de los asuntos más espinosos para jueces y abogados es la índice que se aplica para la actualización de las indemnizaciones y de la multas. A pesar de que la Corte dictó dos fallos en los que limitó esos exagerados ajustes, la Cámara del Trabajo no llegó a un consenso sobre como ajustar.

La mayoría de las salas aplica un índice de ajuste basado en el Índice de Precios del Consumidor (IPC) más un 3 por ciento. Excepto la Sala 10, que aplica un ajuste solo por IPC y la Sala 8, que aplica el índice de ajuste del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER).

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Actualmente en la Cámara hay diez vacantes. Está en trámite en el Consejo de la Magistratura el concurso 451 destinado a cubrir cuatro vacantes en la Cámara de Apelaciones del Trabajo. Son las vacantes existentes en la Salas 2, 3, 5 y 7. Y además tramita el concurso 486 con el que se busca cubrir otras cuatro vacantes.

Mayoritariamente el concurso 451, que es el más próximo a salir, esta dominado por candidatos cercanos al gobierno bonaerense. Incluso hay una postulante que es hija de un sindicalista. Entre los primeros diez candidatos hay dos jueces de primera instancia: Raul Ojeda y Alberto Calandrino.

Ojeda fue funcionario del Ministerio de Trabajo durante la gestión de Carlos Tomada y Calandrino viene de la vida tribunalicia. Ojeda integra el grupo de jueces propensos a elevar los montos de sus sentencias, Calandrino en cambio es más prudente. El tercer juez que se encontraba entre los diez primeros, Mariano Candal, renunció al concurso. Más atrás viene el juez Claudio Loguarro. La futura integración de la Cámara laboral es fundamental para el destino del fuero y para valorar la influencia del peronismo bonaerense, en una línea jurisprudencial cuestionado por la Corte Suprema.

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Actualmente, el concurso 451 está en las vocalías de los consejeros Alberto Lugones (concejero juez de la Lista Celeste) y Roxana Reyes (consejera diputada radical) para definir el orden de mérito luego de las entrevistas realizadas por el Consejo de la Magistratura.

Alberto Lugones. miembro del Consejo de la Magistratura, tiene bajo su órbita los concursos para cubrir vacantes en la justicia laboralricardo-pristupluk-11511

La Cámara Laboral es un tribunal donde el sindicalismo pesa. La CGT y uno de sus históricos abogados, el fallecido Héctor Recalde, maniobraron para ocupar casilleros en el fuero de modo de conseguir sentencias en beneficio de los trabajadores.

Ahora, los ajustes de los cálculos indemnizatorios deberán ser analizados por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, que tiene en sus manos más de 1000 casos laborales, pero aún no se pronunció en ninguno de ellos.

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El TSJ ya armó una secretaría laboral y designó a un secretario. Se trata del juez laboral Juan Carlos Cerruti, que renunció al juzgado 29 para protagonizar esta etapa fundacional en el Poder Judicial porteño.

El Gobierno analiza en este contexto, presentar un proyecto de ley para ratificar el indice de ajuste establecido en el capítulo laboral del DNU 70, fundacional del Gobierno de Milei, y suspendido por la justicia laboral.

Allí se establecía aplicar el ajuste del 3 por ciento más el Indice de Precios al Consumidor (IPC), casi la misma solución que aplican las mayoría de las salas de la Cámara del Trabajo.

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diversos fallos que reconocen la autonomía porteña,el caso Levinas,reación de una comisión,El último es el laboral,a Corte dictó dos fallos en los que limitó esos exagerados ajustes,July 21, 2025,Hernán Cappiello,Justicia Federal,Conforme a,,Cambios en Cancillería. Las razones de la salida del número dos y el rearmado que dispuso Werthein,,La Derecha Diario. Así es el periodismo que no odia Milei: militancia libertaria, insultos y datos sin rigor,,Revés para Bullrich. Citan a indagatoria al gendarme que disparó la granada que hirió al fotógrafo Pablo Grillo,Justicia Federal,,Un vergonzoso aval al escrache,,Pesos en dólares. Levantan el secreto bancario del pastor evangélico que recibió a Milei en su megaestadio,,Recién asumido. El nuevo juez federal en la zona estratégica de la Triple Frontera acumula graves denuncias en su contra

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El Gobierno negocia con siete gobernadores para sostener el veto al aumento de las jubilaciones

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En los últimos cinco días, la Casa Rosada recibió a los gobernadores de Salta, Jujuy, Neuquén, Mendoza, Catamarca, Chaco y Entre Ríos en una serie de encuentros destinados a “recomponer vínculos” y construir consensos de cara a las elecciones de octubre e iniciativas legislativas clave, como los vetos por jubilaciones y discapacidad, que se oficializarían en agosto.

La negociación centraliza el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la posible modificación a la distribución del impuesto a los combustibles. El Ejecutivo propone conceder transferencias discrecionales sin comprometer el equilibrio fiscal, al mismo tiempo que busca evitar que las provincias presionen en el Congreso para modificar la distribución actual.

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El FMI alertó al Gobierno por la escasez de reservas en medio de la corrida cambiaria

Los encargados del diálogo por parte del Gobierno fueron el jefe de gabinete Guillermo Francos, el presidente de Diputados Martín Menem, el vicejefe de Interior Lisandro Catalán y el subsecretario Eduardo “Lule” Menem, acompañados por el secretario de Hacienda Carlos Guberman, quien exploró mecanismos para transferencias sin desbalancear las cuentas públicas.

Ese mecanismo incluye propuestas cuidadosamente diseñadas, como ceder solo la porción del impuesto a combustibles destinada al Sistema Vial Integrado (SISVIAL), mientras se mantiene intacto el grueso del Fondo de Infraestructura de Transporte y se evita cambios arriesgados en el superávit fiscal.

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