Un polémico entramado de maniobras políticas y judiciales vincula al Sindicato del Seguro de la República Argentina, su secretario General Jorge Sola, el Fondo Indemnizatorio y de Crédito para la Vivienda (FIDEC) y altas esferas del poder político y económico del país. Estos hechos han generado solapadas denuncias penales y cuestionamientos éticos que recién ahora salen a la luz.

El FIDEC, destinado a indemnizaciones de empresas aseguradoras cerradas y préstamos habitacionales para trabajadores del sector, maneja recursos millonarios. Según una denuncia que ingresó a Comodoro Py el 19 de noviembre del año que pasó, bajo expediente 4925/2024, el FIDEC tiene depósitos por 10.000 millones de dólares entre el Banco Provincia y el Banco Ciudad. Sin embargo, desde 2001 no se otorgan créditos para viviendas y las empresas aseguradoras cerradas que requerirían fondos son mínimas.

Un decreto firmado por Alberto Fernández cinco días antes de dejar el poder (689/23), con la rúbrica del vicepresidente Agustín Rossi y los ministros Sergio Massa (Economía), Kelly Olmos (Trabajo), eliminó la intervención del ministerio de Economía y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) en la transferencia de aportes provenientes de seguros de vida colectivos, permitiendo que la superintendencia de Seguros administre directamente los fondos del FIDEC. Este decreto consolidó una recaudación de 583.000 millones de pesos anuales, de los cuales el 80 por ciento se destina directamente al fondo, sin mayores controles.

Vale destacar que la mesa de autoridades del FIDEC cuenta con un síndico que es nombrado por el ministerio de Trabajo. Durante las últimas tres décadas, quien ocupó ese cargo en forma ininterrumpida fue Héctor Blanco Kuhne. Recién a mitad del 2024, fue reemplazado por Hernán Pablo Rodríguez. Los encargados de administrar el fondo, junto a este síndico, son dos delegados gremiales del Sindicato de Seguros, otro en representación de las cooperativas de seguros, y un cuarto, que hace años está acéfalo, en nombre de los sociedades anónimas.

Las denuncias contra Jorge Sola

Jorge Sola, secretario General del Sindicato del Seguro y vinculado políticamente a Alberto Fernández, enfrenta denuncias por malversación de fondos públicos y defraudación a la administración pública, según consta en una denuncia penal que recayó en el juzgado Federal Nro. 5, a cargo de María Eugenia Capuchetti.

Al prontuario del gremialista que estaría vinculado familiarmente a Sola Cereales, una enorme empresa ubicada en Rosario, se le sumaría en las próximas horas una denuncia por lavado de activos.

Según trascendió en medios nacionales, Jorge Sola era el candidato de Sergio Massa para ocupar el ministerio de Trabajo en caso de ganar las elecciones presidenciales del 2023. El decreto 689/23, firmado días antes del cambio de gobierno, habría sido un gesto de Alberto Fernández para favorecer a Sola, permitiéndole mayor control sobre los enormes recursos del FIDEC.

Además, se investiga si parte de estos fondos habrían sido utilizados para financiar la campaña electoral de Sergio Massa, lo que agrava las sospechas de corrupción y connivencia entre el poder político y sindical.

El rol de Claudio Aquino y la secretaría de Trabajo de Javier Milei

Claudio Aquino, director nacional de Asociaciones Sindicales y hombre cercano a Guillermo Francos, ha sido señalado por aplicar un doble estándar en la gestión sindical. Mientras decidió suspender sin miramientos un congreso en la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) por irregularidades, autorizó otro en el Sindicato del Seguro pese a que la Justicia no había resuelto cuestiones clave sobre la representación congresal y el proceso electoral previo. En ambos casos, sus secretarios generales están seriamente comprometidos por denuncias penales.

Fuentes sindicales aseguraron a REALPOLITIK que Aquino, incluso, se reunió horas antes del congreso del 28 de noviembre de 2024 con la abogada y apoderada del Sindicato del Seguro para garantizar la realización del congreso en cuestión. Este encuentro aprobó balances y convocó a un nuevo proceso electoral, excluyendo a las seccionales acéfalas de Buenos Aires y Santa Fe Sur, que, casualmente, son las que constituyen zonas claves en el esquema sindical.

El expediente congelado y la Justicia en jaque

La causa judicial 46958/2021, que aborda la cuestión de fondo sobre las irregularidades en el Sindicato del Seguro, está paralizada desde febrero de 2024 en la Cámara de Apelaciones del Trabajo Nro. 3. Tres antes, la denuncia corrió la misma suerte en el juzgado nacional de Primera Instancia del Trabajo Nro. 22 de la Capital Federal, que conduce Héctor Horacio Karpiuk. Este último había dado curso a la medida cautelar presentada por la oposición por irregularidades, pero en el transcurso de la noche siguiente, con apenas cuatro horas de diferencia, decidió cambiar el fallo.

Esta situación ha permitido que la organización sindical siga operando bajo un esquema cuestionado, sin resolución judicial definitiva.

El caso del Sindicato del Seguro y el FIDEC pone de manifiesto cómo la falta de controles y la connivencia política pueden desvirtuar instituciones clave en perjuicio de los trabajadores y la transparencia pública. Con denuncias en curso y expedientes judiciales congelados, el futuro de este entramado parece estar más ligado a la política que a la Justicia. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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