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Filtraron el contrato de la UNSAM con Andrea del Boca: le pegaron 715.000 dólares por una novela que no salió

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Pese a que las obras de construcción del Campus de la Universidad Nacional de San Martín fueron iniciadas en el año 2011 y que recibieron más de 50 millones de pesos durante la gestión de Alberto Fernández, el edificio aún sigue inconcluso por “falta de fondos”. No obstante, en 2015 fue la misma institución la que tuvo capacidad para financiar con 18 millones de pesos una producción televisiva de Andrea Del Boca.

Originalmente, el Campus contaría con cinco edificios (el Instituto Antártico Argentino, el Centro del Virología Animal, el Complejo de Aulas, el Instituto de Nanosistemas y el Taller de Restauración de Obras de Arte) que tendrían como base viejos galpones ferroviarios que serían transformados y modernizados, pero las obras continúan incompletas.

Fue el mismo Consejo el que, en 2013, decidió aportar 18 millones de pesos para la realización de una telenovela para la TV Pública, que estuvo a cargo de la productora de Andrea Del Boca, quien además protagonizó la tira en cuestión.

Según datos oficiales de la Universidad, los pagos se hicieron mediante un anticipo financiero de 12.800 millones (más IVA) y luego en dos cuotas de 2.600 millones (más IVA) cada una, que fueron a dar sustento a la telenovela “Esa mujer”. Los pertenecían a un plan de fomento a la producción de contenidos audiovisuales digitales nacionales que aportaba el Ministerio de Planificación Federal, el mismo que aportaba la plata para la construcción del campus.




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Cúneo Libarona cambió el reglamento para que los jueces que cumplan 75 años pidan 5 años más de mandato

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El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, cambió este viernes el reglamento para la extensión por 5 años más del mandato de jueces que hayan cumplido 75 años y estableció que deberán pedirlo un año antes de llegar a esa edad. En esas condiciones, el Gobierno podrá enviar su legajo al Senado para que apruebe su nominación.

Entre los cambios que Cúneo introdujo al reglamento que había hecho su antecesor Martín Soria, redujo de 15 a 5 días el plazo para que esas entidades de la sociedad civil presenten observaciones sobre los candidatos.

Según fuentes judiciales, el reglamento no precisa cuáles serán los “elementos de convicción» que tendrá el Gobierno para aceptar o no la prórroga.

Se trata de un tema clave porque en la actualidad la justicia federal tiene 143 vacantes, 33 defensorías públicas y 15 fiscalías, según el presidente del Colegio Público de Abogados de la CABA y ex camarista Ricardo Gil Lavedra.

En una nota, Gil Lavedra le pidió que el presidente Javier Milei acelere la elección de candidatos de las 100 ternas que tiene desde principios de años.

En los considerandos del nuevo reglamento, se dice que la modificación es para «adoptar mecanismos que permitan a la sociedad civil, los colegios profesionales, asociaciones que nuclean a sectores vinculados con el quehacer judicial, de los derechos humanos y otras organizaciones que por su naturaleza y accionar tengan interés en el tema, dar a conocer sus observaciones fundadas, puntos de vista y objeciones respecto de los Magistrados que soliciten el nuevo nombramiento» (…) «el PODER EJECUTIVO NACIONAL contará con mayores elementos de convicción para disponer en la materia, contribuyendo al mejoramiento de la prestación del Servicio de Justicia.»

En el artículo 1º, se dice que “los Jueces que pretendan un nuevo nombramiento en los términos de la presente, podrán requerirlo ante el MINISTERIO DE JUSTICIA, durante el año anterior a la fecha en que alcancen la edad de SETENTA Y CINCO (75) años”.

Y en el artículo 3º se establece que la cartera de Justicia “publicará en la página web del Ministerio y en el BOLETIN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA durante UN (1) día, la solicitud referida en el artículo 1º. Cuando el cargo involucrado tuviere asiento en una Provincia, la citada publicación deberá efectuarse también en UN (1) diario de circulación en la jurisdicción correspondiente”.

Desde el día de publicación “en el BOLETIN OFICIAL y por el término de CINCO (5) días hábiles, la sociedad civil, los colegios profesionales, asociaciones que nuclean a sectores vinculados con el quehacer judicial, de los derechos humanos y otras organizaciones que por su naturaleza y accionar tengan interés en el tema podrán hacer llegar al MINISTERIO DE JUSTICIA, por escrito y de modo fundado y documentado, las observaciones, objeciones, posturas y demás circunstancias que consideren de interés expresar con relación al Magistrado solicitante, ello junto con una declaración jurada de su propia objetividad respecto de los profesionales en cuestión”.

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