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Final y comienzo de un nuevo ciclo en Vialidad Nacional

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Como parte del proceso de reforma del Estado conducido por el ministro Federico Sturzenegger, se han anticipado anuncios de importantes cambios en el rol del gobierno en la construcción, el mantenimiento y la operación de la red caminera. Las medidas persiguen dos propósitos principales: aumentar la eficiencia del gasto estatal, y asegurar la competencia y transparencia para que la actividad constructora de caminos deje de ser un antro de corrupción.

Las decisiones anunciadas se limitan al ámbito nacional y no alcanzan a provincias y municipios. En todo caso marcarán un rumbo para los niveles subnacionales. El criterio aplicado, según declaraciones de Sturzenegger, se apoya en una previa definición de la función que debe desempeñar el Estado en la actividad en cuestión y desvincularlo de lo que no le corresponde. La reorganización apunta entonces a retener lo estrictamente necesario para cumplir esa función. En este caso, y en referencia al gobierno nacional, es planificar y asegurar en forma ordenada el desarrollo eficiente de la red troncal de caminos y autopistas. Esto, además, debe lograrse aplicando el principio de subsidiariedad tanto en la delegación a provincias y municipios como al sector privado en lo que hace al financiamiento, la ingeniería y la construcción.

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Estos cambios en el sector vial están concatenados con medidas recientemente adoptadas que flexibilizan y aseguran competencia en las licitaciones estatales. Por el decreto 105/24 se derogó el artículo 13° de la ley Nº 13.064, eliminándose el Registro Nacional de Constructores y de Firmas Consultoras de Obras Públicas, Posteriormente, mediante el decreto 206/25, se creó el Sistema de Información de Contratistas. De esta forma se sustituyeron las denominadas capacidades de contratación con otras exigencias más lógicas y menos utilizables para la cartelización de los oferentes en licitaciones públicas.

Es importante repasar la evolución del marco institucional con el que se desarrolló el sistema caminero argentino. El primer paso importante fue la sanción de la Ley 11.658 en 1932, por la cual se creó la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). En el mismo instrumento se creó un fondo proveniente de un impuesto a la nafta con destino específico a las obras y gastos de la DNV. El promotor de aquella iniciativa fue el ingeniero Justiniano Allende Posse, a su vez el primer director del nuevo organismo. Era necesario poner orden al desarrollo de una red caminera de carácter interprovincial e integrador. No era concebible que se fueran construyendo rutas a impulsos locales, sin coordinación y hasta sin continuidad. Esa ley establecía: “La Dirección Nacional de Vialidad efectuará el señalamiento y numeración de los caminos nacionales y propenderá a la adopción para todo el país de un sistema uniforme… hará levantar y publicar un plano general y los planos detallados que considere necesarios de los caminos de la República, haciendo constar sus características de mayor importancia… preparará la reglamentación general de tráfico para los caminos nacionales y propenderá a la adopción para toda la nación de los principios que la informen, poniéndose de acuerdo para ello con los organismos provinciales de vialidad.”

La DNV definió una red troncal de caminos, tanto existentes como por construir, que pudiera cumplir con esa calificación. Fue la Red Nacional de Caminos, que quedaría a cargo de la DNV. El resto de los caminos fueron clasificados como provinciales y municipales. La propia ley establecía una asignación territorial de los fondos. Las inversiones en la red nacional debían respetar proporciones por provincias: 20% según la superficie, 40% por la población y 40% por el consumo de nafta. Además del impuesto de 0,05 pesos m/n por litro, la ley preveía la emisión de bonos y la captación de la plusvalía de tierras e inmuebles beneficiados por el mejoramiento de cada ruta.

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La ley sancionada en 1932 sufrió sucesivas modificaciones, La Ley 12.625, de 1939, amplió los recursos y destinó una parte del fondo a la coparticipación a las provincias para ser aplicados a obras en sus redes. El Decreto Ley 505, de 1958, fijó el impuesto a las naftas y gas oil como un 35% del precio de venta al público, salvando de esta manera la desactualización por la inflación.

Desde fines de la década del 60, la DNV avanzó en la tercerización de su ingeniería en la elaboración de proyectos, la dirección de obras y los estudios de factibilidad y planeamiento. Este proceso tuvo los altibajos que imponía la ideología del gobierno de turno. En 1990 se produjo un cambio sustancial. Los decretos 435 y 2476, de 1990, y la Ley 24.354, de 1993, terminaron con el sistema de fondos viales de asignación específica, centralizando la programación en el Sistema Nacional de Inversión Pública y derivando el financiamiento al presupuesto nacional y a fideicomisos. La DNV abandonó su inmenso edificio de Comodoro Py y redujo su personal. Se amplió el uso de concesiones y contrataciones. Se creó el Órgano de Control de las Concesiones Viales (Occovi) para controlar las concesiones, A partir de la llegada de Néstor Kirchner al poder, los vientos cambiaron. En 2009, el Occovi pasó a depender de la DNV, confirmando la pérdida de su independencia y su capacidad para evitar la proliferación de la corrupción que caracterizó la actividad vial durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner.

Por vencimientos de plazos o por rescisiones, muchas concesiones pasaron a manos del Estado durante la presidencia de Alberto Fernández. Fueron consolidadas en la sociedad Corredores Viales. La nueva entidad que sucederá a la DNV incluirá a esa sociedad, seguramente para volver a concesionarla. También absorberá a la Agencia de Seguridad Vial. Las actividades retenidas por la nueva organización serán las de planificación y priorización de obras; los estándares de diseño; las especificaciones técnicas y los pliegos licitatorios; la selección, adjudicación y control de concesiones, obras y contratos de consultoría; las mediciones de tránsito y las normas de seguridad. Se prevé una dotación de 3800 personas comparable con las 5400 actuales. Seguramente se producirán sentimientos evocativos por la finalización de un ciclo de vida de Vialidad Nacional, que tantas obras nos ha dejado en sus 93 años. Sin embargo, el paso dado ahora debe ser aceptado como parte de la imprescindible reconstrucción del orden económico y social del país.

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En un revés para Horacio Rodríguez Larreta, la Justicia falló en favor del orden aleatorio en las boletas electrónicas

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El Tribunal Electoral de la Ciudad de Buenos Aires rechazó este miércoles el recurso interpuesto por los apoderados del espacio “Volvamos Buenos Aires” liderado por Horacio Rodríguez Larreta, por lo que no habrá modificaciones en la resolución 29° del Instituto de Gestión Electoral de la Ciudad de Buenos Aires (IGE), que dispuso que la visualización de las agrupaciones políticas en las boletas electrónicas en las elecciones porteñas del 18 de mayo sea aleatoria.

En específico, desde la fuerza del ex jefe de Gobierno de la Ciudad afirmaron que la medida contradice lo dispuesto en los artículos 115° y 116°, inciso 5, del Código Electoral del distrito e hicieron su planteo ante el organismo electoral que está a cargo de Roberto Requejo.

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El pedido lo planteó Claudio Romero, legislador larretista y uno de los apoderados del partido, junto a Diego García Vilas, otro de los representantes del espacio y dirigente de Confianza Pública, el sello aliado de Graciela Ocaña.

Expusieron que en el sorteo realizado el 7 de abril en la sede del IGE, destinado a asignar los espacios de publicidad en la vía pública y el orden de la oferta electoral -incluido el de las pantallas electrónicas- para las elecciones generales, se asignaron 17 paquetes de espacios de publicidad en la vía pública y se determinó el orden de todas las formas de exhibición de la oferta electoral.

Una semana después advirtieron durante la audiencia de diseño de boletas que “la visualización de la oferta electoral no respetaba el orden previamente sorteado”. Rodríguez Larreta había quedado en primer puesto en aquella oportunidad.

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Por ese motivo, según detalla el fallo del Tribunal, efectuaron la objeción a la Resolución 29-GCABA-IGE/2025, con el argumento de que aquel ente autárquico “decidió de manera unilateral establecer la aleatoriedad en la visualización de la oferta electoral en las pantallas del sistema de Boleta Única Electrónica”.

Remarcaron que “la decisión adoptada por el Instituto de Gestión Electoral implica una flagrante vulneración de los artículos 115 y 116 inciso 5 del CE e ignora abiertamente lo dispuesto por el ordenamiento jurídico vigente”.

La Justicia, después de leer el recurso presentado, concluyó en que “no se evidencia de manera explícita ni implícita cuál es el agravio, gravamen o afectación que genera en los derechos de la mentada alianza el eventual incumplimiento de las normas referidas a la visualización de la pantalla de la boleta única electrónica que se le endilgan al Instituto de Gestión Electoral”.

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“No se verifica en tal orden explicación puntual que contenga el rigor suficiente para demostrar la existencia de una lesión que trascienda la mera desaprobación del mecanismo que cuestionan”, señaló el Tribunal.

Subraya, además, que “la agrupación impugnante esboza una serie de explicaciones en torno a la interpretación que cabría efectuar sobre el contenido de los artículos aludidos, mas no explica– ni mucho menos logra someramente plantear- qué derechos vería conculcados con motivo de la presentación aleatoria de la oferta electoral en el instrumento de votación que ofrece el sistema que fuera adoptado por el Instituto de Gestión Electoral oportunamente”.

“En definitiva, el planteo de la entidad recurrente, en tanto carece de referencia a un derecho o interés vulnerado, se encuentra sustentado en abstracto y, por ende, persigue únicamente el control de mera legalidad por parte del tribunal lo que impide su admisibilidad por esta instancia y a través de la acción intentada”, explicó el Tribunal.

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El sistema de Boleta Única Electrónica cumplirá 10 años desde la primera vez que se implementó en una elección porteña, en 2015. Estará a cargo de la única empresa oferente en la licitación: Grupo MSA, que de acuerdo con lo que publicó la IGE en el Boletín Oficial, cerró un contrato por casi US$ 22 millones.

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Interna del PJ: el conflicto se trasladó a los plazos electorales y se dilata la posibilidad de un acuerdo

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“Esto es una guerra de desgaste. Hay que resistir”, aceptó un destacado funcionario del gobierno bonaerense en las últimas horas. Llegando a fines de abril, y después de cuatro meses de discusiones sobre cómo organizar el proceso electoral, Cristina Kirchner y Axel Kicillof aún no pudieron llegar a un acuerdo. No hay consenso por los plazos de presentación de listas y boletas. No hay acuerdo político para una propuesta de unidad.

Más allá de la entendible decisión de homenajear al Papa Francisco luego de su fallecimiento que tomaron los legisladores bonaerenses, en La Plata hay bastante fastidio porque se sigue posponiendo la suspensión de las PASO en la provincia. Es un tema que no termina de cerrarse.

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A esta altura, luego de varios cortocircuitos, que el debate no esté saldado expone las dificultades para funcionar como coalición que tiene Unión por la Patria (UP) en la provincia de Buenos Aires. Cada paso es pesado y eterno. Lento y discutido. Es una discusión enquistada en el ombligo de la política, que está distante de la realidad de la gente.

En el kicillofismo sienten, como tantas otras veces, que les van corriendo el arco para lograr un acuerdo sólido respecto a cómo enfrentar el proceso electoral. A la indefinición sobre las elecciones primarias se le agregó también la negativa del cristinismo a votar los plazos pedidos por el Gobernador para ordenar la elección antes de la fecha pautada.

La semana pasada el Senado aprobó la suspensión de las PASO en la provincia de Buenos Aires

Este martes la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires le hizo llegar al presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alexis Guerrera, una nota en la que le manifestaron su “inquietud” por los plazos previos al 7 de septiembre, día en que se llevará a cabo la elección.

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En el escrito aseguran que los plazos son “materialmente imposibles de cumplir” debido a que solo habrá “diez días corridos” para verificar y oficializar cerca de “10.000 candidatos”. En ese sentido, remarcaron que el “exiguo plazo perjudicaría a las agrupaciones políticas participantes” que deben resolver las observaciones realizadas por la Junta Electoral.

El organismo reclamó que haya una modificación de los plazos y que la presentación de las candidaturas sea 50 días antes de la elección y no 30 días antes, como lo marca la ley actual; y pidió también que 30 días antes sean presentadas las boletas de candidatos en vez de 20 días antes.

“Tanto el gobierno provincial como la Junta Electoral sabían que no tenían estructura para ordenar la elección. ¿Qué cambió ahora?“, se preguntó un importante dirigente del Frente Renovador (FR), donde no terminan de entender el grado de sorpresa que hay en La Plata.

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En la gobernación mantienen su planteo sobre la falta de acompañamiento a Kicillof. El oficialismo no acompaña el pedido del Gobernador. Eso es lo que resaltan una y otra vez. El mandatario decide desdoblar la elección y el cristinismo lo presiona para que sea concurrente. Pide suspender las PASO y demoran al máximo su suspensión. Reclama una modificación de plazos y no se la votan. Esa es la lectura que hacen en La Plata.

“Los plazos dificultan la organización de la elección. Se va a seguir discutiendo. Es realmente necesario. Es un tema que, además de a la Junta Electoral, le preocupa a la Cámara Nacional Electoral y a la Justicia Federal. Es un problema operativo para todos los que organizamos la elección, no es un problema de Kicillof o del gobierno bonaerense”, planteó el Jefe de Gabinete, Carlos Bianco, en diálogo con el canal de streaming Uno, Tres, Cinco.

A principio de la semana, un grupo de intendentes cercanos a Cristina Kirchner visitaron a Kicillof en su oficina. Llevaron un mensaje de unidad y, además de temas de gestión, hicieron un análisis sobre el escenario electoral y la posibilidad concreta de que haya una alianza entre La Libertad Avanza (LLA) y el PRO.

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En La Plata estuvieron Mayra Mendoza (Quilmes), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Federico Otermin (Lomas de Zamora) y Gustavo “Tano” Menéndez (Merlo), entre otros jefes comunales. En esa conversación quedó en claro que la unidad aún está lejos de concretarse y que la desconfianza sobrevuela, todo el tiempo, el vínculo entre las partes.

Cristina Kirchner pidió acompañar la suspensión de las PASO, pero no convalidó los plazos solicitados por Kicillof (Crédito: X @@FerRaverta)

En el kicillofismo aceptan que esa visita fue un “gesto de buena voluntad” pero resaltan que en el cristinismo siguen “haciendo maldades”, por dilatar la suspensión de las PASO y comerle días al calendario. La caída de las primarias será ley la semana que viene. El foco de conflicto ahora está en los plazos.

La tensión está latiendo en forma permanente. La ruptura del kirchnerismo tiene un costo para todos los que la protagonizan. De un lado y del otro ya no creen en el que tiene enfrente.

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En el universo peronista la idea de forjar un consenso está presente en todas las hipótesis. Son pocos los dirigentes que creen, con sustento, que la discusión puede terminar en una fractura del espacio político y la constitución de dos frentes electorales distintos.

“Si hay dos, hay tres”, suelen decir en las oficinas de Avenida Libertador donde pasa varias horas del día Sergio Massa. La posibilidad de una explosión del peronismo, en el contexto conflictivo actual, estará vigente hasta el momento en que se cierren las listas de la provincia de Buenos Aires. Hasta ese entonces todo será ruido y suspicacias.

El nuevo foco de conflicto del peronismo bonaerense son los plazos del proceso electoral (Franco Fafasuli)

Por estas horas en La Cámpora destacan lo sucedido en Brandesen, donde el intendente local, Fernando Raitelli, que pertenece a la agrupación ultra K, denunció un boicot del esquema de Kicillof -principalmente de su par de Ensenada, Mario Secco – contra un proyecto clave para el municipio, que iba a dar 300 puestos de trabajo.

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La ausencia del concejal Lucas Bronicardi, que responde a Secco, generó que el PJ no pueda aprobar un proyecto que impulsaba la rezonificación para la instalación de dos centrales termoeléctricas. “Ahí están los reyes de la unidad”, se quejaron en el corazón del espacio que lidera Máximo Kirchner.

La unidad sigue lejos. Bastante lejos.

verónica magario en el senado bonaerense

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Tensión en la marcha de jubilados: los manifestantes intentaron bloquear la avenida Rivadavia

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La marcha por los jubilados de este miércoles se tornó violenta minutos antes de las 16, cuando la Policía Federal (PFA) activó el protocolo antipiquetes para evitar que los manifestantes bloquearan la avenida Rivadavia.

En cuanto los agentes formaron un cordón frente al anexo de Diputados, comenzaron los empujones y varios de los manifestantes fueron rociados con gas pimienta.

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Una persona quedó detenida. La PFA trasladó al hombre por el vallado que rodea el Congreso hacia el antiguo estacionamiento del Senado y se lo llevó en una camioneta.

Los jubilados se congregaron en la Plaza del Congreso a las 15. En esta oportunidad, se sumaron movimientos sociales, sindicatos como la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), el Movimiento Evita, el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y Barrios de Pie, más piqueteros, entre ellos, el Polo Obrero.

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Varios manifestantes fueron rociados con gas pimienta. (Foto: Nicolás González/TN.)

A las 16:00 estaba previsto que marcharan hasta la Plaza de Mayo, pero la actividad quedó pausada unos minutos frente al Congreso por las tensiones entre los manifestantes y las fuerzas federales.

La concentración empezó a trasladarse a la Plaza de Mayo después de las 16:00. (Foto: Nicolás González/TN.)
La concentración empezó a trasladarse a la Plaza de Mayo después de las 16:00. (Foto: Nicolás González/TN.)

Alrededor de las 16:20, la concentración comenzó a trasladarse hacia la Plaza de Mayo. A esa hora se liberó gradualmente la avenida Rivadavia. En tanto, el personal de Gendarmería formó un cordón y habilitó un carril por la avenida de Mayo para que jubilados y manifestantes pudieran caminar.

Los manifestantes llegaron pasadas las 17:00 a la Plaza de Mayo. (Foto: Leandro Heredia/TN.)
Los manifestantes llegaron pasadas las 17:00 a la Plaza de Mayo. (Foto: Leandro Heredia/TN.)

En el Congreso quedó desplegado parte del personal de Gendarmería para resguardar el Palacio.

Los grupos sociales hicieron un acto en la plaza. (Foto: Leandro Heredia/TN.)
Los grupos sociales hicieron un acto en la plaza. (Foto: Leandro Heredia/TN.)

Leé también: La Ciudad de Buenos Aires definió la fecha para el debate de candidatos: cómo y cuándo será

Tras cruzar la avenida 9 de Julio, los manifestantes llegaron a la Plaza de Mayo alrededor de las 17:20. Allí estaba instalada una tarima para el acto de los sectores sociales. La manifestación se desconcentró gradualmente poco después.

Jubilados, Congreso de la Nación

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