El procurador del Tesoro de la Nación Sebastián Amerio destacó hoy que el gobierno del presidente Javier Milei rechaza la expropiación de empresas como política de Estado y definió el reciente fallo de la justicia de Nueva York sobre YPF como un hito porque libera a la Argentina de un pasivo de USD 18.000 millones. Afirmó que la posición contraria a las expropiaciones responde tanto a convicciones políticas como a la incertidumbre y el costo jurídico que generan estos procesos para el país.

El titular de la Procuración del Tesoro realizó estas declaraciones en diálogo con Radio 10, donde remarcó el reconocimiento internacional a la estrategia argentina y la participación de doce países como “amicus curiae”, entre ellos Estados Unidos, Francia, Brasil y Chile, que respaldaron la postura jurídica nacional ante la Corte de Apelaciones de Nueva York.

“La sentencia de la Cámara del Distrito Sur de Nueva York revocó la condena inicial de USD 16.000 millones más intereses, lo que ascendía a algo más de USD 18.000 millones. Ahora la Argentina no debe pagar absolutamente nada; el costo bajó a cero”, precisó Amerio, al ser consultado por el alcance concreto del fallo. El funcionario explicó que el gobierno nacional recibió la gestión con una sentencia adversa y diseñó una “estrategia distinta”, enfocada en revertir el resultado, resistir presiones para negociar y buscar apoyos diplomáticos internacionales.

Amerio puntualizó: “La expropiación es un mecanismo legal. Desde el plano ideológico o político de este gobierno, nosotros estamos en contra de la expropiación. El presidente lo manifestó ayer en cadena nacional. No la tomamos como algo apropiado para el desarrollo del país”. El funcionario sostuvo que la discusión sobre YPF excedía la mera legalidad, y que el verdadero riesgo fue la situación financiera y de inseguridad jurídica en que quedó la Argentina por la decisión de 2012.

Durante la entrevista, el procurador del Tesoro insistió en que la estrategia actual se apartó de la asumida por gestiones anteriores. “La estrategia fue distinta porque ya teníamos una condena en contra. Teníamos que hacer una apelación. Desarrollamos, bajo pedido expreso del presidente Milei, una política de no negociar cualquier cosa y de no ceder a presiones internas o internacionales para llegar a un acuerdo que no iba a favorecer a la Argentina”, detalló Amerio.

El funcionario resaltó el papel “muy relevante” de los países que se presentaron ante la Corte estadounidense para avalar la posición argentina: “Estados Unidos, Francia, Israel, Italia, Brasil, Chile, Uruguay, Ecuador y otros actuaron como amigos del tribunal y dijeron públicamente que Argentina tenía razón en su posición jurídica. Eso, como parte del expediente, es de mucha importancia para que los jueces escuchen”.

A la hora de evaluar si la expropiación de YPF trajo beneficios a largo plazo –por ejemplo, balances energéticos favorables gracias a Vaca Muerta–, Amerio relativizó esa lectura y profundizó en los riesgos macroeconómicos del litigio: “Tener la espada de Damocles y 18.000 millones de dólares en expectativa no es solo un monto económico. Es imposibilidad de ingresar a los mercados. Este país no tolera más la incertidumbre ni la falta de seguridad jurídica que se llevó adelante durante muchos años”.

Al abordar eventuales privatizaciones, el procurador se excusó de anticipar opiniones por su rol técnico: “Quizás desde la Procuración deba participar en dictámenes legales sobre privatizaciones que decida el Poder Ejecutivo”. Sobre las negociaciones alternativas que se propusieron antes del fallo, Amerio fue enfático: “Siempre aparecen lobistas, intermediarios, operadores, que ofrecen soluciones mágicas o acuerdos de montos siderales sobre la base de una sentencia fresca. Resistimos esas presiones internas y externas, convencidos de que nuestros argumentos eran sólidos”.

La decisión de la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York concluyó con un fallo que libera a la República Argentina de la multa por la expropiación de 2012. El fiscal del Tesoro, consultado por Radio 10, sintetizó: “Si hoy algún gobierno piensa en expropiar, se lo va a tener que pensar muchas veces, porque puede pasar que perdamos y estamos hablando de montos muy perjudiciales para las arcas del Estado. Ese riesgo que se corrió fue revertido el día de ayer”.

Luisa Corradini,Conforme a

El oficialismo avanzó con fuerza en la Cámara de Diputados y logró consolidar una posición clave para manejar la agenda legislativa. El bloque de La Libertad Avanza se quedó con 17 de las 35 presidencias de comisiones ya conformadas y sumó otras 13 vicepresidencias, lo que le permite tener una influencia decisiva en el funcionamiento del Congreso.

El dato cobra aún más relevancia si se suman los espacios aliados, como el Propuesta Republicana y sectores de la Unión Cívica Radical. En conjunto, el oficialismo alcanza el control de más del 57% de los cargos clave dentro de las comisiones, es decir, aquellos que definen cuándo se reúnen y qué temas se discuten.

Este esquema le otorga al Gobierno una herramienta central: la capacidad de ordenar el debate parlamentario y priorizar su propia agenda, en un año donde ya anticipó el envío de proyectos clave como la denominada “Ley Hojarasca” y otras iniciativas vinculadas a la propiedad privada.

En medio de fuertes tensiones se desarrolló la primera audiencia por la Ley de Glaciares en Diputados

Además, el oficialismo busca ampliar su influencia en las comisiones que aún deben conformarse. Entre ellas se destaca la de Juicio Político, donde impulsa a la diputada Lilia Lemoine como presidenta, un movimiento que podría tener alto impacto político.

Pero el avance no se limita a las comisiones más técnicas. La estrategia también incluye espacios sensibles como Educación o Discapacidad, donde suelen emerger conflictos y reclamos sociales. El objetivo, según interpretan distintos sectores, es evitar que prosperen iniciativas impulsadas por la oposición.

Desde los bloques opositores advierten que este esquema complica seriamente cualquier intento de instalar temas por fuera de los que impulsa el Poder Ejecutivo.

“Nunca nos pasó algo así, ni siquiera con el kirchnerismo teníamos un oficialismo que avanzara de esta manera”, señaló un legislador con años de experiencia en la Cámara en diálogo con Infobae.

El oficialismo activa la Comisión de Juicio Político y propone a Lilia Lemoine para presidirla

El problema, explican, no es solo político sino también procedimental. Para avanzar con un proyecto sin aval oficialista, la oposición necesita reunir quórum, forzar el tratamiento en comisión, conseguir dictamen y luego volver al recinto, un proceso complejo que requiere mayorías difíciles de alcanzar.

En ese contexto, distintos bloques comenzaron a coordinar estrategias para intentar romper el control del oficialismo, con más convocatorias a sesión y acuerdos transversales. Sin embargo, reconocen que será un año legislativo “largo y difícil”.

Mientras tanto, el Gobierno avanza con una hoja de ruta clara: controlar las comisiones, ordenar los tiempos parlamentarios y garantizar que su agenda tenga prioridad en el Congreso.

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