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Fuerte ajuste en un canal K que retomó sus transmisiones, luego de varios días fuera del aire

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El Gobierno realizará el martes la primera reunión del Consejo de Mayo para tratar la reforma laboral

Luego de meses de inactividad, el Gobierno finalmente organizó el primer encuentro del demorado Consejo de Mayo, que se reunirá el próximo martes en la Casa Rosada para debatir principalmente una reforma laboral.
De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes vinculadas a los miembros del cuerpo, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, los recibirá en el Salón de los Escudos a partir de las 9:00.
Las gestiones las llevó adelante el funcionario que, tal como anticipó este medio, buscaba acelerar el diálogo con el mencionado organismo multisectorial para marcar la agenda en el Congreso.
Actualmente, los legisladores están discutiendo diferentes proyectos impulsados por la oposición, como un aumento a las jubilaciones, que la administración de Javier Milei considera que perjudican el orden fiscal.
Por esta razón, las autoridades nacionales quieres sumar al debate nuevas iniciativas y empezarían por una modernización laboral, por lo que se definió convocar al Consejo, creado el año pasado después de la firma del Pacto de Mayo.
Recientemente, un pequeño grupo de gobernadores -que hablaron en nombre de las 24 jurisdicciones- visitó a Francos en Balcarce 50 para reclamarle por la caída de los ingresos tributarios y plantearle medidas para compensar esta pérdida.
Los mandatarios provinciales, en tanto, tenían previsto encontrarse en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para seguir analizando las cifras de recaudación y conversar sobre los pedidos que le acercaron al jefe de Gabinete.
Puntualmente, le propusieron coparticipar el fondo remanente de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y modificar el impuesto a los combustibles líquidos, que tiene una asignación especifica que la Nación no está ejecutando.
En la mesa de discusión estarán también el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, en nombre del Poder Ejecutivo; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, en representación de las provincias; la senadora radical Carolina Losada y el diputado y jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo, por el Congreso; el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, por los sindicatos, y el titular de la UIA Martín Rappallini, como enviado del sector empresarial.
El grupo tiene la misión de plasmar en proyectos de ley los diez puntos que el presidente Milei acordó con un conjunto de mandatarios provinciales en el Pacto de Mayo, que se firmó el 9 de julio pasado en la Casa Histórica de Tucumán.
Solamente Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa),Ricardo Quintela (La Rioja), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego) no adhirieron a la propuesta.
El texto en cuestión establece el compromiso de acordar políticas de Estado que respeten la inviolabilidad de la propiedad privada; el equilibrio fiscal innegociable; la reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del Producto Bruto Interno; una educación inicial, primaria y secundaria útil y moderna, con alfabetización plena y sin abandono escolar, y una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio.
También plantea la rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar para poner fin al modelo extorsivo actual que padecen las provincias; el compromiso de las provincias argentinas de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país; una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal; una reforma previsional que le dé sostenibilidad al sistema y respete a quienes aportaron y la apertura al comercio internacional, de manera que la Argentina vuelva a ser protagonista del mercado global.
Los gobernadores cuestan con un informe que indica que los fondos que reciben de Nación en concepto de coparticipación se van a reducir un 4,2% respecto de 2024.
Las provincias cuestionan algunas de las medidas de la actual gestión, como los cambios en los impuestos internos para celulares, televisores y aires acondicionados importados o la modificación del cálculo de anticipos de ganancias para sociedades
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Leonardo Scatturice: el nuevo dueño de Flybondi, con pasado de espía y un creciente poder en el mundo libertario

Surgió de las calles picantes de Lanús, colaboró con la Policía bonaerense y abrevó en las aguas de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Montó una consultora y acumuló turbulencias judiciales, de las que salió indemne. Se marchó a Panamá y Estados Unidos, donde pugna por una residencia que no le dan. Armó sociedades, ganó millones y maneja fortunas propias y ajenas. Desde el año pasado levantó su perfil, haciendo de puente entre Donald Trump y Javier Milei. Ahora, a los 49 años, Leonardo Orlando Scatturice salta a los títulos periodísticos por la compra de Flybondi, la principal aerolínea lowcost de la Argentina.
El 22 de febrero pasado una nota de Infobae contaba: “Antes de la reunión oficial en el hotel Gaylord, el discurso de Trump fue observado desde la primera fila por el mandatario argentino, Karina Milei, [Gerardo] Werthein, [Luis] Caputo, [Manuel] Adorni, Santiago Caputo, Manuel Vidal, y los organizadores de CPAC [por la Conferencia de la Acción Política Conservadora] encabezados por Matt Schlapp, Mercedes Schlapp, Leonardo Scatturice, Laura Arrieta, Barry Bennett y Soledad Cedro”.
Apenas 18 días después, Scatturice y Arrieta protagonizarían una controversia que colocó al Gobierno a la defensiva, poco después del escándalo $LIBRA. ¿Motivo? Ella viajó en un avión de él desde Miami a Buenos Aires sobre el que, según reveló en el periodista Carlos Pagni, existían versiones de que habría bajado una “orden de arriba” para no controlar el equipaje. El avión estuvo una semana “en tránsito” en un hangar de Aeroparque y después partió hacia París, con escala en las Islas Canarias. Desde el Gobierno y cerca de Scatturice niegan cualquier suspicacia. Plantean que todo fue controlado, antes de partir, en Estados Unidos, y al arribar a la Argentina.
Scatturice sospechaba entonces de todo y de todos, incluso de algunos dentro del Gobierno. “Todo esto es una terrible opereta”, decían a su lado en aquellos días porque él no quiere hablar. Apuntaba a un pase de facturas dentro de la Aduana y a la Cancillería argentina.
¿Por qué a la Aduana? Es un secreto a voces que Scatturice le acercó el nombre de Andrés Edgardo Vázquez al “mago del Kremlin”, Santiago Caputo, para liderar la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), por debajo pero más allá de su titular teórico, Juan Pazo. Vázquez es quien da las órdenes, reconocen a fuentes del sector y hasta del propio gobierno, y se lanzó a una guerra subrepticia con Guillermo Michel, otro peso pesado que mandó en la vieja AFIP desde los tiempos de Sergio Massa. O antes, incluso.
Hay otro blanco de sus recelos. ¿Quién? El canciller. “La reunión de Milei con Trump en febrero la armó Scatturice y Werthein está celoso”, planteaban junto al otrora pibe de Lanús devenido magnate de Miami.
Las huestes de Scatturice van más lejos. Ven la mano de Antonio “Jaime” Stiuso moviendo hilos para perjudicarlo. Un señalamiento que no tiene sustento. Pero no sería el primer contrapunto entre ellos.
Clase 1976, Scatturice acumula tormentas desde chico. Expulsado de tres colegios, entró en el Liceo Naval gracias a un oficial de la Armada amigo de su padre, cuentan dos fuentes que lo conocen desde hace años. También vio la tarjeta roja. Y ese mismo oficial lo hizo entrar en la SIDE, como chofer. En la jerga, categoría C3. Tampoco duró mucho, apenas 8 meses, pero porque se marchó, para ahondar sus vínculos con policías como Mario de la Fuente o Alejandro Elorz, con quien terminó como socio en la firma AJS Jet.
Fueron tiempos arduos, de mucha calle, en los que fuentes consultadas por aluden a sábanas telefónicas; otros, a piratas del asfalto; y otros más a Inteligencia Criminal. Es decir, un área donde confluyen y compiten policías federales, de Seguridad Aeroportuaria, bonaerenses y de otras provincias, efectivos de Gendarmería y Prefectura, consultores y agentes de la SIDE, orgánicos y de los otros. No siempre del lado luminoso de la ley.
En 2012, no obstante, Scatturice montó su propia consultora: C3 Consulting, en un guiño a su categoría fugaz en la SIDE. Con domicilio social en Lanús, oficina en Puerto Madero y finalidades varias, en la práctica se abocó a tareas de inteligencia que más pronto que tarde la colocaron bajo la mira judicial, en un expediente llamado “Dark Star” que sacó a la luz cómo funciona el espionaje vernáculo.
En esa causa, radicada en 2015 en el juzgado federal de Sergio Torres, se acumularon las escuchas telefónicas a Scatturice y otros muchos jugadores de ese ambiente. Los diálogos abordan sobornos a jueces, amenazas de carpetazos entre funcionarios, seguimientos a periodistas, vínculos ocultos con barrabravas, testigos falsos en el juicio por la tragedia de Once, el rol del teniente general César Milani en tareas de inteligencia interna, datos sobre el entonces titular de la Corte Suprema y cruces de facturas dentro de la ex SIDE.
Para Scatturice, no fue el primer, ni último baile en los tribunales. En 2008, afrontó una causa por estafa. Varias demandas civiles, también. En 2016, Juan José Gómez Centurión, el hombre puesto por Mauricio Macri al frente de la Aduana, lo señaló públicamente como el responsable de grabar sus conversaciones telefónicas y editarlas de un modo que llevaron a la entonces (y actual) ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a denunciarlo.
Aquel episodio terminó con el cierre de la causa contra Gómez Centurión, que volvió a su cargo, Elisa Carrió denunciando a Scatturice y Bullrich firme en su lugar, aunque las miradas se centraron en los meandros donde también se mueve un empresario dedicado a la provisión de tecnología para el área de seguridad que adora el bajo perfil: Mario Montoto.
A diferencia de Carrió, no obstante, Gómez Centurión optó por una actitud zen cuando le preguntó meses atrás qué había detrás de toda la movida que había superado. ¿Respuesta? “Le mandé un mensaje a este chico Scatturice, que estaba atrás de esa operación”. El otrora militar carapintada no dijo más.
Vinculado también al ¿ex? agente de la CIA, Frank Holder, que reconoció que subcontrataba sus servicios pero jamás contó cómo se conocieron: por un personal trainer. Más allá de los detalles, Scatturice sobrevivió a esas y otras denuncias judiciales, como la que radicó el también ex SIDE y actual diputado nacional, Rodolfo Tailhade, y que investigó el fiscal Jorge Di Lello, por la empresa MacAir Jet contra Macri, Diego Colunga, socio de Scatturice en AJS Jet SA, junto al comisario Elorz.
“Todo aire aquello”, replican junto al otrora pibe de Lanús, que para entonces -2016- se codeaba con Holder, aludía a Stiuso como “el enano” y a Fernando Pocino como “el melena”, y hablaba de negocios con Matías Garfunkel. Pero los expedientes penales lo tenían sin cuidado. “Él no tiene problemas judiciales. ¡Ninguno! ¡Jamás fue procesado, ¡ni siquiera indagado!”, remarcan a su lado. Pero aún así, llegó un momento en que Scatturice le dijo adiós a la Argentina. Emigró a Panamá, donde montó varias sociedades offshore. Y de allí partió en 2020 hacia Estados Unidos, donde amasó una fortuna, pero también tuvo sus cortocircuitos. Cuestiones de papeles.
En el Norte, Scatturice se casó ese mismo año con Diana María Marquardt, una argentina nacionalizada estadounidense. Figura junto a él como dueña de un loft comprado por US$6,7 millones en Miami Beach, según los registros inmuebles cotejados por . Él sostuvo que se casaron por amor, pero las autoridades migratorias sospecharon que buscó conseguir la residencia. ¿Conclusión? Tras tres años de reclamar la “green card”, Scatturice demandó al Gobierno estadounidense por la demora.
En simultáneo, acentuó la senda corporativa. Montó OCP Tech y COC Global Enterprise (el fondo que ahora desembarca en Flybondi), tejió vínculos con el ala más dura y conservadora del Partido Republicano y creó una firma de lobby llamada Tactic Global, junto a Arrieta –la pasajera del avión de la controversia en Aeroparque- y varios pesos pesados. Entre ellos, el exdirector de Estrategia Política de la Casa Blanca, Matt Schlapp, y uno de los asesores de Trump durante sus campañas de 2016 y 2024, Barry Bennett.
Junto a Bennet, Scatturice posó el fin de semana pasado con Trump en el estreno de “Les Miserables, el musical”, en el Kennedy Center de Washington DC. También se sacó fotos con el vicepresidente JD Vance.
Schlapp y Bennett aparecen de manera habitual en el recorrido de Scatturice. Con ellos también ganó relevancia en la Conferencia de la Acción Política Conservadora (CPAC). En septiembre de 2024 inscribió en los registros del Estado de Florida una sociedad sin fines de lucro llamada CPAC Argentina Inc, donde figura como director y tiene a Laura Arrieta como tesorera.
No fue esa, sin embargo, la única sociedad comercial que constituyó en Estados Unidos o, siquiera en Florida. Sólo en ese estado de la Unión aparece como directivo en otras 35 empresas registradas, mientras él desplegaba sus redes y contactos entre Miami, Nueva York, Las Vegas y Washington.
Allí, en la capital estadounidense, selló reuniones para Santiago Caputo con Schlapp y Bennett. Con ellos decidió que harían un evento en la Argentina de la CPAC con Milei como protagonista estelar junto a Lara Trump, nuera del entonces presidente electo de Estados Unidos, y con ellos urdió el encuentro del 22 de febrero entre Milei y Trump.
“Hay varios en Buenos Aires que no se lo perdonan”, repiten, para luego insistir con los nombres de Werthein, Stiusso, Michel.
“Lo que no entienden es que Leo viene desarrollando ese vínculo desde 2022, que Bennett es su amigo, y que cuando decidieron hacer un encuentro de la CPAC en la Argentina, Trump aparecía perdiendo en las encuestas, así que Leo no apostaba ‘a ganador’, sino que iba a pérdida, porque encima pagó todo el evento, sin una sola empresa ‘sponsor’ por regla de compliance de Estados Unidos”, se indignan a su lado.
También a su lado confirman su vínculo con Vázquez –”son amigos hace 25 años”- y con Santiago Caputo, con quien se encontró en junio de 2024 y enero de este año y que se mueve en Estados Unidos a bordo de cualquiera de sus dos aviones. Algunos sostienen que Scatturice es el asesor del asesor del Presidente en la SIDE, la ARCA y la Unidad de Información Financiera (UIF); es decir, tres áreas donde se recibe y procesa muchísimos datos de inteligencia.
“Falso”, cortan a su lado. “Leo no es asesor de Santiago, ni mucho menos. ¿Es elemento de consulta? Sí. ¿A veces Santiago le pregunta? Sí. Pero de ningún modo lo asesora”, cortan a su lado, dolidos. “¿Le reprochan tener un pasado? Sí, claro. Pero no cuentan que laburó como un perro, que fue pobre hasta 2012 y que ahora tiene 600 empleados”.
Febrero le resultó un mes agridulce. El 3, Estados Unidos rechazó su formulario migratorio. El 5, Santiago Caputo colocó a su socio Colunga como director de Aerolíneas Argentinas. El 22, logró la cumbre entre Trump y Milei, y gozó de las mieles de la gloria desde la primera fila. El 24, la Justicia cerró su demanda por la “green card” que no fue. El 26, su avión aterrizó en Aeroparque, con Arrieta como pasajera.
“¿Sabés quién estaba en la pista cuando llegó el avión?”, desafían desde el círculo de Scatturice, que procesa e infiere como agente de inteligencia. “El yerno del ‘Nono’, un socio de Michel. ¿Vos te creés que eso es casual?”.
Sin aludir a los encuentros recurrentes con Caputo ni a los servicios prestados por Scatturice como abrepuertas oficioso en Washington, el vocero presidencial Manuel Adorni sostuvo en aquel momento que el Gobierno no tiene “ninguna relación” con él o Arrieta. “Excepto”, aclaró, “en situaciones fortuitas y contingentes como puede ser la CPAC”.
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Causa Vialidad: todos los condenados se presentaron en Comodoro Py y quedaron detenidos

Tras la confirmación de la condena por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, todos los condenados en la causa Vialidad se entregaron en Comodoro Py y quedaron detenidos.
En medio de un fuerte operativo de seguridad, el primero entregarse fue José López el martes y fue trasladado a un penal federal.
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La defensa de López solicitó la prisión domiciliaria por cuestiones de salud, particularmente problemas psiquiátricos del condenado, y por cuestiones de seguridad, ya que López es un testigo arrepentido en la causa Cuadernos.
Este miércoles se presentaron el extitular de Vialidad Nacional, Nelson Periotti. Su defensa también solicitó el arresto domiciliario porque tiene 80 años y problemas de salud y, hasta que se resuelva la solicitud, quedará alojado en una dependencia del Servicio Penitenciario Federal.
También quedaron detenidos Mauricio Collareda, con una pena de 4 años de cárcel y Raúl Daruich, condenado a 3 años y seis meses, ambos exfuncionarios de Vialidad.
Durante la mañana también se presentaron en los tribunales federales Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Santibáñez.
Pavesi pidió cumplir su condena en un domicilio de Mar del Plata, mientras que Villafañe, también extitular de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz, solicitó ser alojado en la cárcel federal de Río Gallegos en caso de que le nieguen la domiciliaria.
Todos los que requirieron prisión domiciliaria deberán ser revisados por el Cuerpo Médico Forense para que luego el tribunal determine si le otorga el beneficio o no. Mientras tanto, quedarán detenidos en la cárcel de Ezeiza.
Hasta el momento, el juez Gorini solo le otorgó la prisión domiciliaria a Cristina Kirchner, quien permanecerá detenida en su departamento del barrio de Constitución y deberá cumplir con una serie de condiciones impuestas por el tribunal, como el uso de una tobillera electrónica.
Otro de los condenados es Lázaro Báez que, tras la confirmación de la condena en la ruta del dinero k, fue trasladado por Gendarmería al Escuadrón 42 Cabo Víctor Manuel Guerrero en El Calafate para luego ser alojado en la Unidad Penal 15 de Río Gallegos.
La defensa de Báez busca que la condena en la causa Vialidad pase al tribunal que lo juzgó por la ruta del dinero k para unificar las condenas. De esta manera, se podría solicitar un cómputo de la pena con los años que el empresario ya estuvo preso.
Tras la confirmación de la condena por parte de la Corte Suprema, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 ordenó la ejecución de la pena y le dio a todos los condenados cinco días hábiles para presentarse en Comodoro Py.
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