Javier Milei mencionó por primera vez que Karina Milei y Santiago Caputo eran sus principales laderos en el discurso posterior a haber ganado el balotaje, el primero como presidente electo. Al futuro asesor presidencial lo llamó “el verdadero arquitecto de esto, junto a El Jefe”, a decir de su hermana.

Tardaron meses para que el libertario comenzara a llamar a esta tríada el Triángulo de Hierro. Esto se consolidó de manera posterior a la debacle de Nicolás Posse, quien como entonces jefe de Gabinete tuvo una disputa de poder con Santiago Caputo por la administración del Gobierno, algo que Milei decidió delegar para centrarse más que nada en la confección de la política económica. Durante los días previos al despido de Posse, Milei había sentenciado que todo el Gabinete era pasible de ser removido, a excepción de su “Triángulo de Hierro”. “Somos ‘El Jefe’, o sea, mi hermana, Santiago Caputo y yo”, dijo durante una entrevista en mayo de ese año.

Ese recambio ministerial ordenó la dinámica de poder en el Ejecutivo. En los despachos de Casa Rosada afirman que, a grandes rasgos, Milei delegó en Karina todos los asuntos vinculados al partido (La Libertad Avanza) y en su asesor la administración política del Gobierno. Esas lógicas se sostuvieron hasta estos días. Además, la idea de un triángulo de hierro buscaba asentar la confianza que el Presidente tiene en ellos dos, a quienes considera de su absoluta confianza.

Hay dinámicas que comenzaron a variar este año, signado por el panorama electoral. Una fuente oficial que los conoce muy bien explica que en el entorno del caputismo comenzó a cobrar cada vez más importancia la estrategia electoral que se iba a adoptar para este año, ya que el resultado de octubre incidirá sobre las reformas que Milei pueda aprobar para el próximo año, necesarias -según ellos- para el programa económico y una eventual reelección. “Lo partidario y lo gubernamental ya no forman dos esferas separadas, al menos no en este contexto”, describen.

Así se gestaron diferencias conceptuales en relación a las decisiones electorales que toman hoy en día el vicepresidente de La Libertad Avanza, Martín Menem, junto al armador nacional Eduardo “Lule” Menem. Esto derivó en que el asesor presidencial decidiera en estas últimas semanas no compartir espacios físicos con estos referentes.

Las discrepancias llevaron a que el asesor presidencial decidiera correrse de la mesa electoral para los armados de listas. “Lo consideramos valioso para la estrategia y la comunicación, pero nosotros no queremos que se nos metan en lo que decidimos, así como no nos metemos en sus áreas del Ejecutivo”, desprenden desde el “karinismo”. La relación entre ambas facciones está prácticamente rota, aunque se espera que hayan gestos para recomponer cierto diálogo de cara a las elecciones nacionales.

El asesor suele definir en conversaciones con su círculo íntimo que, en rigor, la dinámica de poder del proyecto La Libertad Avanza solo tiene como accionistas a Javier Milei y su hermana Karina. “Ellos son los dueños de esta empresa. Todos los demás somos soldados”, afirman cerca de él, en donde agregan que nadie debía arrogarse el término “karinismo” porque, en teoría, no hay nadie en el Gobierno que no responda a la secretaria general de la Presidencia.

Varios meses atrás, una persona del entorno de Karina Milei contaba que estaban sugiriéndole al Presidente “dejar de hablar de triángulo de hierro” porque “en realidad no refleja la dinámica de cómo están pasando las cosas en el Gobierno en términos políticos y de gestión”. Aunque Milei siguió utilizando el término, en las semanas posteriores a esta versión comenzaron a aflorar los trascendidos de malestar entre el ala electoral -que responde a Karina- y los estrategas políticos del Gobierno -vinculados al asesor presidencial-.

El triángulo no está muerto, pero está sometido a situaciones de estrés -por el panorama electoral- que tensa la dinámica en la cúpula política del Gobierno. El Presidente, que detesta las peleas palaciegas, ha hecho gestos de apoyo con ambos sectores, buscando configurar una especie de equilibrio.

Por un lado, no intercedió en el cierre de listas bonaerense, lo cual, por la misma omisión, configuró un respaldo a los responsables partidarios que designó su hermana. Pero por otro, en Casa Rosada afirman que Santiago Caputo sigue firme como parte de la mesa de toma de decisiones. “Nunca se fue”, afirma contundentemente una fuente inobjetable, que lo coloca como una pata fundamental para la estrategia comunicacional y de la elección de ciertos candidatos de alto calibre. No resulta menor que haya provenido de ese despacho la insistencia para que el vocero presidencial, Manuel Adorni, fuera el elegido para la elección porteña de mayo, todo a pesar de que la Secretaria General buscó retenerlo.

Asimismo, sobre sus diferentes alfiles pesa la responsabilidad política en áreas clave del Ejecutivo, como el Ministerio de Salud y de Justicia, así como la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y la ex AFIP.

En los últimos días comenzaron a aflorar las versiones de que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, comenzó a ser tenido en cuenta como una especie de cuarto integrante del Triángulo de Hierro presidencial. “Son de esas cosas muy informales que pueden ser, como no. Pero lo seguro es que Javier lo tiene en su podio de funcionarios”, afirma un integrante del Ejecutivo.

Milei reconoce que cuando Francos asumió en reemplazo de Posse terminó por dinamizar la administración nacional. “Nicolás te hacía un doble chequeo de todas las acciones de gobierno y te paralizaba la gestión. Francos repartió la pelota y dejó jugar, solo se limita a coordinar y hacer un seguimiento de cada ministerio”, afirman en Casa Rosada. Al día de hoy, Francos tiene como roles complementarios la representación del Gobierno en los medios de comunicación (es el único que sale en canales y con periodistas a los que Milei aborrece) y uno de los pocos que tiene diálogo con amplísimos sectores políticos.

Prácticamente todos en la plana mayor del Gobierno ven a Francos como un equilibrio del segmento karinista y caputista. Tal vez, su mayor activo.

Es por eso que semanas atrás, cuando afloraron rumores que lo ponían como eventual candidato o con ligeros cuestionamientos, el Presidente no dudó en enfatizar públicamente que era “el mejor jefe de Gabinete de la historia”, incluso reconociéndole que era uno de los pocos que aún no había finalizado su proceso de talibanización libertaria. En diferentes despachos de Casa Rosada reconocen que la idea de un reemplazo de Francos implica, de manera inequívoca, un desequilibrio de poder en el Ejecutivo: “Guillermo te ofrece una especie de asepsia que no te lo asegura nadie. Cualquier reemplazo te desperfila el triángulo, y Milei lo sabe”.

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La incógnita sobre el sospechoso borrado del teléfono de Fernando Sabag Montiel, el principal acusado por el atentado a Cristina Kirchner, seguirá abierta. La Cámara de Casación rechazó un recurso de la querella y de esa manera quedó firme el sobreseimiento de los tres peritos involucrados: Alejandro Heredia, Camila Dafne Seren y Pablo Kaplan.

Heredia fue el primer perito que revisó el teléfono, pasada la medianoche, en el juzgado de María Eugenia Capuchetti. A las 2:49 de la madrugada se labró un acta que se recibía el teléfono marca Samsung, modelo SM-A50 5G con una memoria Micro SD marca Sandisk de 64 GB de capacidad, un SIM con el logo de la empresa Movistar N° 895407514458444373.

Llamativamente, la Policía Federal convocó a Heredia, que no tenía experiencia. “Se intentó la extracción entre cuatro y seis veces y daba negativo, no se pudo desbloquear”, declaró el entonces jefe de Cibercrimen de la Policía Federal, Adrián Eduardo Acosta, en el juicio oral.

A esa altura, solo se había podido acceder al contenido de la tarjeta de memoria. Ahí se encontraron varias fotos, entre ellas las que Sabag Montiel y Brenda Uliarte están con el arma con la que se intentó matar a Cristina Kirchner.

El teléfono se guardó en un sobre de papel madera y se mandó a una sede de la PSA.

La encargada del traslado fue Priscilla Santillán, una oficial de la PFA que sigue trabajando como custodio de la jueza Capuchetti. Esa mujer declaró en el juicio que el sobre estaba cerrado. En cambio, los peritos que lo recibieron en la PSA (Dafne Seren y Kaplan) aseguran lo contrario. Es más, afirmaron que llegó encendido.

La segunda pericia también fue un fracaso: el aparato terminó reseteado a valores de fábrica.

Por ese motivo se abrió una causa en el juzgado de María Servini. Los peritos de la PSA se desligaron desde el comienzo. “No hay ninguna evidencia que permita inferir que este reseteo pudo haber estado vinculado causalmente a alguna irregularidad cometida en la órbita de nuestras funciones (…) Sí, en cambio, fueron detectadas irregularidades en otros tramos de la cadena de custodia”, sostuvo Kaplan.

Por su parte, el fiscal Ramiro González terminó pidiendo el archivo y en febrero de este año la jueza Servini sobreseyó a los tres peritos involucrados.

Servini llegó a la conclusión que “con los medios que se cuentan resulta imposible ir un paso más allá y determinar con un mínimo de probabilidad las razones que efectivamente motivaron el reinicio del celular de Sabag Montiel”.

El último intento de abrir el teléfono ocurrió en marzo, a pedido de la fiscal del juicio, Gabriela Baigún. Intervinieron los especialistas de la defensa de Sabag Montiel, de la querella de la expresidenta, los de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) de la Procuración General de la Nación y de la Gendarmería Nacional.

Luego de retomar la investigación, la jueza Capuchetti le pidió colaboración al Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos, más conocido como Homeland Security, pero la respuesta nuevamente fue negativa.

El sobreseimiento de los peritos fue apelado, pero la Cámara Federal confirmó la decisión de la jueza a fines de abril. Contra esa decisión, la querella presentó un recurso de casación. Ese intento fue rechazado el último día antes de la feria. “La conclusión a la que se arribó cuenta con fundamentos jurídicos mínimos, necesarios y suficientes que impiden la descalificación del fallo como acto jurisdiccional válido”, dice el voto mayoritario de los integrantes de la Sala I.