El proyecto de Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, también llamado “Ley Ómnibus” sigue generando rechazos en distintos sectores. En esta oportunidad, la polémica se generó en torno a la desregulación que propone el Gobierno de la industria pesquera.

Las críticas llegaron desde el sur del país, luego de que los gobernadores Alberto Weretilneck (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz) se proclamaran en favor de “defender la actividad pesquera de nuestra región, su sostenibilidad y principalmente la soberanía de nuestro país”.

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A través de un comunicado, indicaron que “los tres ejes principales que consideramos afectan gravemente la economía nacional y el desarrollo de la actividad pesquera al abrir el acceso del Mar Argentino a buques extranjeros son: modificación en la obligatoriedad de descarga en puertos argentinos; competencia desigual en la asignación de cupos de captura; y la eliminación de la obligatoriedad de contratar personal de nacionalidad argentina”.

En este sentido, los mandatarios señalaron que “en primer lugar vemos con preocupación la derogación del Artículo 25 del Régimen Federal de Pesca, Ley 24.922, que con anterioridad a esta reforma obligaba a descargar toda la pesca de los barcos que tengan licencia argentina en puertos nuestro país, con el claro fundamento de generar empleo directa e indirectamente en suelo argentino. Con su derogación, nuestros recursos se podrían descargar fuera de nuestro país, lo que afectaría considerablemente la industria nacional en términos laborales y económicos.

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El segundo aspecto que señalaron los mandatarios tiene que ver con “el Articulo 27, también del Régimen de Pesca, que sufriría una modificación ya que con anterioridad, para acceder a los distintos cupos de especies, se tenía en consideración el historial de capturas de los últimos 10 años de una empresa, su capacidad de inversión y el empleo que habían generado de manera efectiva, entre otros aspectos. Hoy, la modificación indica que nada de todo esto tiene valor, sino que queda sujeto únicamente a una licitación pública entre empresas argentinas y extranjeras, una competencia absolutamente desigual”.

Asimismo, el artículo 40 de la misma Ley, “establecía que el 75% del personal embarcado debía ser de nacionalidad argentina con diez años de residencia. A partir de ahora, eso no sería obligatorio, teniendo las empresas la posibilidad de contratar personal extranjero, que no están alcanzados por los convenios colectivos de trabajo que rigen la actividad hace más de 30 años, punto que afectaría fuertemente el sistema de empleo de la región”.

En la misma línea, agregaron que “resulta preocupante que la reforma pretendida sobre el art. 9 de la Ley federal de pesca, provoca una pérdida de representatividad de las provincias en las decisiones pesqueras por cuanto la modificación remueve atribuciones del Consejo Federal Pequero para que sean ejercidas de forma exclusiva por parte del funcionario designado por el Poder Ejecutivo Nacional. De tal manera, las decisiones en materia pesquera dejan de ser determinadas de manera democrática y se cercena la voluntad de las Provincias que delegaron facultades en el Consejo Federal Pesquero al momento de adherir a la Ley Federal de Pesca”.

Por último, sentenciaron: “Rechazamos las modificaciones impuestas y consideramos que es momento de defender la soberanía, los recursos que son de nuestra región y de igual forma los empleos para trabajadores argentinos, dado que en caso de llevarse adelante las reformas planteadas, habrá consecuencias devastadoras para la totalidad de la industria pesquera de las Provincias Patagónicas, el empleo nacional y la sostenibilidad de los recursos, además de debilitar la soberanía económica”.

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