La Fundación Apolo, representada por su director ejecutivo (y legislador porteño) Yamil Santoro; junto con los letrados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, denunció a varios exfuncionarios y entidades públicas, así como particulares vinculados con la gestión del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), creado mediante el Decreto 819/2019.

En particular, se destaca la actuación de Tandanor S.A.C.I.yN., empresa pública naval, involucrada en el convenio con el FISU para la realización de obras de Integración Socio Urbana, las cuales habrían sido ejecutadas de manera irregular y sin cumplir con los términos establecidos.

Entre los denunciados figuran:

*Fernanda Miño, ex-Secretaria de Integración Socio Urbana y Presidente del F.I.S.U.
*Victoria Tolosa Paz, ex-Ministra de Desarrollo Social
*Jorge Taiana, ex-Ministro de Defensa
*Los miembros del Directorio de BICE Fideicomisos S.A.
*Los miembros del Directorio de Tandanor S.A.C.I.yN.
*Los miembros del Comité Ejecutivo del F.I.S.U.
*Los miembros de la Mesa Nacional de Barrios Populares creada por Decreto 358/2017 durante la vigencia del Decreto 819/2019.

Victoria Tolosa Paz figura entre las principales denunciadas

La presentación judicial se fundamenta en la posible comisión de delitos tipificados en los artículos 173 incs. 7 y 12, 248, 249, 260, 261 y 265 del Código Penal, relacionados con el manejo irregular de fondos públicos y el incumplimiento de deberes de funcionario público.

“El FISU se conformó con más de 30 millones de dólares para proveer infraestructura urbana (paradas de colectivos, bicicleteros, etc) en barrios irregulares, pero sus administradores contrataron su producción con la empresa pública Tandanor, cuyo objeto exclusivo son actividades de la industria naval . El contrato fue rescindido antes de su cumplimiento, no obstante haberse erogado 20 millones de dólares”, expresaron desde Apolo.

Y concluyeron: “Una enorme cantidad de los bienes producidos fue retirado por el FISU e instalado en los barrios objetivo, no obstante el rol asignado a representantes de los barrios en la Mesa Nacional de Coordinación para Barrios Populares”.

La causa, que lleva el número 2722/2024 quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 8, a cargo del Dr. Martínez Di Giorgi.