POLITICA
Garrahan: el Gobierno les descontará los días de paro a los residentes y amenaza con desvincularlos y desaprobarlos
Luego de una reunión que duró prácticamente toda la tarde del jueves, este mediodía los residentes del Garrahan, ante la falta de respuesta del Ministerio de Salud, ratificaron las medidas de fuerza, y la reacción del Gobierno fue endurecer la postura. Advirtieron que les descontarán los días de huelga a los médicos en formación que protesten; que los echarán si superan los cinco días de ausencia, y deslizaron que está en riesgo su aprobación como especialistas en pediatría en caso de que continúen con las protestas.
Este mediodía, los residentes del Garrahan desoyeron el pedido del Gobierno para que suspendan las medidas de fuerza por 48 horas para llegar a un acuerdo. “Seguiremos firmes”: dijeron en un acto frente al centro de salud. «La decisión de continuar con las medidas de fuerza se basa en la falta de propuestas concretas y la experiencia con acuerdos incumplidos“, explicaron. E hicieron referencia a un aumento que el exministro de Salud, Mario Russo firmó el año pasado y dio de baja horas más tarde.
Poco después, en Salud dijeron a Infobae que, en caso de que siga el conflicto, se van a descontar los días que se pare. Y advirtieron que en caso de que las faltas acumuladas lleguen a cinco, los médicos “quedarían automáticamente desafectados, como sucede con cualquier empleado de la Administración Pública Nacional”.
Además, les avisaron a los residentes que, ante las reiteradas ausencias, “están frente al peligro de perder o desaprobar la residencia, lo que extendería su colación final como profesional”.
“Los residentes son profesionales en formación, y este gobierno quiere profesionales formados para potenciar al país. Necesitamos que los residentes se formen y haya cada vez más profesionales”, argumentaron en la administración libertaria. Pero demoraron cualquier respuesta concreta sobre una recomposición de los ingresos, a pesar de que sus altos funcionarios reconocieron públicamente en los últimos días que los salarios de los residentes son extremadamente bajos e insuficientes, incluso en comparación con la Provincia y la Ciudad. “Se está trabajando en opciones para acercar el ingreso de los residentes del Garrahan a los de CABA”, dijeron, apenas, en Salud.
También insistieron con dos conceptos que ya habían manifestado ayer: propusieron crear una mesa de dialogo con reuniones periódicas (la novedad es que querrían que ocurran cada 15 días) y aseguraron que “todo ahorro que se genere de la eficiencia del hospital irá al personal sanitario equipo de Salud”. En este último punto, incorporaron una salvedad: informaron que parte de los fondos que se generen estarán destinados al incremento en la cantidad de camas. “Es un centro de referencia de la región y se debe continuar potenciando”, argumentaron.
El endurecimiento de la postura se informó poco después de que Milei asociara el conflicto en el hospital pediátrico, directamente, con la existencia de “ñoquis” en los hospitales. En una entrevista por el streaming Neura, más temprano, en la línea que había marcado ayer su vocero, Manuel Adorni, el Presidente ninguneó los reclamos de los trabajadores de la salud al reducirlos a un tema de exceso de empleados públicos.
“La situación la han politizado. ¿Estamos de acuerdo que es un tema delicado? Estamos de acuerdo también que los recursos son escasos, a pesar de que se les ha girado una cantidad récord de recursos y mucho más que el comparativo. Ahora, ¿usted está de acuerdo con que haya ñoquis que le filtre los recursos a gente que no trabaja? Empleados administrativos dibujados por el kirchnerismo», expresó Milei.
Antes, como otros delegados que trabajan en el hospital, Alejandro Lipcovich, trabajador del hospital y secretario general de la Junta Interna de ATE dijo que las cifras que da el Gobierno son imprecisas: “El personal asistencial es el 70%. No solo médicos, hay enfermeras, bioquímicos, farmacéuticos y muchos trabajos necesarios, como la esterilización”, sostuvo.
La cartera está a cargo de Mario Lugones, que responde directamente al asesor de Javier Milei, Santiago Caputo. Pero la encargada de la comunicación del Gobierno sobre la problemática en el Garrahan es, desde hace unos días, la viceministra, Cecilia Loccisano. Lugones sólo se mostró recientemente para las fotos que se tomó en Casa Rosada con Robert Kennedy, su par en la administración de Donald Trump en Estados Unidos.
Esta última determinación, muy dura, del Gobierno, no fue anunciada aún en la voz de la funcionaria, que al igual que Milei salió en distintos medios de comunicación y redes sociales a relativizar la protesta, durante los últimos días. Pero sí fue informada por la cartera oficialmente “Es necesario fortalecer el Hospital: Por eso se está puliendo la burocracia, queremos sacar a todos los que lo utilizan para hacer política. El médico no es el enemigo, su labor es indispensable”, dijeron en Gobierno, pero sin hablar de las condiciones en que esos médicos y residentes trabajan.
La Justicia se encuentra investigando al laboratorio HLB Pharma, responsable de la distribución del lote 31202 de fentanilo contaminado, que causó la muerte de al menos 48 personas. El producto fue distribuido por Laboratorio Ramallo, mientras que la ANMAT ordenó su retiro tras detectar contaminación bacteriana.
El presidente de HLB Pharma al momento de la elaboración fue Sebastián Nanini, abogado vinculado al entorno de Mario Ishii y exapoderado de Lázaro Báez, según registros públicos.
Paso a decirles que el Laboratorio del fentanilo, que ya mató a 48 personas, es el mismo de Tailhade en la Sociedad Taiser cuyo comprador es la mano derecha de Mario Ishii. Perlita? Tiene el mismo domicilio del abogado de Lázaro Báez. Señores, mostremos lo que muchos medios… pic.twitter.com/OOGCmHyyr9
— Diego Álzaga Unzué (@atlanticsurff) June 26, 2025
Vínculos societarios y domicilios coincidentes
Según documentos compartidos por el usuario de X @atlanticsurff, la firma Taiser S.A., creada en 2007, tenía como uno de sus socios al actual diputado nacional Luis Rodolfo Tailhade, quien fijó su domicilio en Lavalle 1447, piso 5°, oficina 12, el mismo inmueble donde se encuentra inscripto legalmente el domicilio de HLB Pharma.
Otro de los firmantes de Taiser, el abogado Sergio Pizarro Posse, también fijaba domicilio en esa misma dirección, según se desprende de las escrituras. La imagen aportada muestra que tanto Pizarro Posse como Tailhade compartieron esta dirección con la sociedad.
Además, la dirección figura como domicilio fiscal y legal confirmado por AFIP en documentación actualizada.
La conexión con Lázaro Báez
En una nota de Infobae de 2021, se menciona al abogado Gonzalo Díaz Cantón, con estudios en Lavalle 1447, como defensor de Báez en una causa por evasión impositiva. Si bien no hay constancia de participación directa en Taiser o HLB Pharma, el cruce de domicilios plantea interrogantes que podrían ser incorporados a la causa judicial que lleva el juez federal Ernesto Kreplak.
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Luis D’Elia y el empresario Mauro Stendel tuvieron un enfrentamiento cargado de acusaciones personales, insultos y referencias cruzadas al conflicto entre Israel y Palestina, en una discusión que incluyó temas como el rol de Irán en Medio Oriente, los atentados en la Argentina y la legitimidad de grupos como Hamas y Hezbollah. La disputa derivó en descalificaciones mutuas.
El intercambio, que sucedió durante un programa de Laca Stream, escaló luego de que Stendel, empresario y creador de contenido vinculado a la comunidad judía, cuestionara la publicación de un contenido en la cuenta de X de D’Elia, donde se mostraban supuestas imágenes de festejos por un “triunfo de Irán” frente a Israel. D’Elia negó haber compartido un video y sostuvo que se trataba de una imagen estática. El dirigente social también reivindicó su origen judío y justificó el mensaje con una defensa a los países que, según su visión, resisten al “sionismo nazi”.
Stendel respondió con críticas al apoyo de regímenes como los de Irán y Corea del Norte, y lo acusó de justificar dictaduras que persiguen minorías y oprimen a las mujeres. “No hay debate posible con alguien que celebra muertes”, sostuvo. El empresario también lo interpeló por su vínculo con líderes islámicos acusados de terrorismo y recordó episodios como su agresión a un jubilado durante una protesta.
El dirigente piquetero, por su parte, aseguró que los verdaderos judíos se oponen al sionismo, reivindicó a grupos como Hezbollah y Hamas como parte de “la resistencia palestina” y señaló a Israel como responsable de “crímenes masivos” contra civiles. Citó cifras de víctimas palestinas difundidas por un estudio de Harvard y sostuvo que los ataques contra Gaza constituyen una “limpieza étnica”. También repitió su hipótesis de que el Mossad, el servicio de inteligencia israelí, estuvo detrás de los atentados a la AMIA y la Embajada de Israel en Buenos Aires.
El empresario calificó a D’Elia de “nazi antijudío” y “asesino”. El conductor intentó sin éxito moderar el tono de los participantes, pero el intercambio se volvió caótico e incluyó referencias a cifras no verificadas, menciones cruzadas al Corán, la ley Sharia, y los atentados en la Argentina. En el tramo final, D’Elia aseguró que habló personalmente con Hassan Nasrallah, líder de Hezbollah, y negó que el grupo tuviera motivos para atacar a la Argentina.
La discusión derivó además en menciones al fallecido fiscal Alberto Nisman, al expresidente Raúl Alfonsín, a acuerdos de paz firmados por Israel con países árabes y a la presencia de comunidades judías en Teherán. El tono fue subiendo hasta volverse insostenible, D’Elia decidió levantarse e irse. En ese momento, Stendel comenzó a insultar al dirigente piquetero, quien respondió acercándose para también increparlo. En ese marco, el conductor del ciclo intervino varias veces para calmar los ánimos y finalmente D’Elia se retiró de la transmisión.
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POLITICA
Eliminaron las jornadas obligatorias en las escuelas sobre educación vial y violencia de género
A través de la publicación del Decreto 436/2025, el gobierno de Javier Milei derogó artículos clave de las leyes de educación vial y prevención de la violencia de género en el ámbito educativo. Esto implica la eliminación de obligaciones y organismos que, según el Ejecutivo, ya no resultan necesarios en el marco de la actual estructura estatal y la distribución de competencias entre la Nación y las provincias.
La medida, publicada este viernes en el Boletín Oficial, elimina el artículo 3° de la Ley 27.234 y los artículos 5° y 6° de la Ley 27.214. La decisión afecta directamente a la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano y a organismos como el Observatorio de la Educación Vial, que queda disuelto.
El decreto, refrendado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, se fundamenta en la necesidad de evitar la duplicación de funciones estatales y optimizar el uso de recursos públicos.
Según el texto oficial, la coexistencia del Observatorio de la Educación Vial y el Consejo Federal de Seguridad Vial generaba “una superposición de funciones que resulta contraria a los principios de eficiencia administrativa y racionalidad presupuestaria, al duplicar esfuerzos, estructuras y recursos para la consecución de objetivos similares”.
La medida se apoya en las facultades delegadas al Ejecutivo por la Ley 27.742, que declaró la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética.
El decreto sostiene que la derogación de los artículos mencionados permitirá “mejorar el funcionamiento del Estado para lograr una gestión pública transparente, ágil, eficiente, eficaz y de calidad en la atención del bien común, así como reducir el sobredimensionamiento de la estructura estatal con el fin de disminuir el gasto y equilibrar las cuentas públicas”.
En el caso de la Ley 27.234, que establecía la jornada “Educar en Igualdad: Prevención y Erradicación de la Violencia de Género” en todos los establecimientos educativos del país, el Ejecutivo argumenta que la responsabilidad de organizar estas jornadas no corresponde al Estado nacional, ya que la administración de los servicios educativos fue transferida a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la Ley 24.049.
El decreto afirma: “Lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley N° 27.234 establece una responsabilidad innecesaria sobre el Poder Ejecutivo Nacional, al que no le compete realizar jornadas educativas durante el ciclo lectivo”.
En enero pasado, el Gobierno nacional inició un proceso de revisión de los contenidos de Educación Sexual Integral que se darán en las escuelas. La tarea está en manos del Ministerio de Capital Humano con le objetivo de garantizar su adecuación a la normativa vigente en la materia.
Respecto a la Ley 27.214, el Observatorio de la Educación Vial nunca llegó a funcionar, según el propio decreto. El Ejecutivo considera que su existencia, junto al Consejo Federal de Seguridad Vial, implicaba una duplicación de estructuras y funciones.
El decreto también remite la medida a la Comisión Bicameral Permanente del Honorable Congreso de la Nación, en cumplimiento de la Ley 26.122, que regula la intervención parlamentaria sobre los decretos de delegación legislativa. El artículo 4° del decreto ordena: “Dese cuenta a la Comisión Bicameral Permanente del H. Congreso de la Nación”.
La decisión se enmarca en la política del Gobierno nacional de reducir el tamaño del Estado y eliminar organismos considerados innecesarios o redundantes.
El decreto cita expresamente las bases de la Ley 27.742, que incluyen “reducir el sobredimensionamiento de la estructura estatal con el fin de disminuir el déficit, transparentar el gasto y equilibrar las cuentas públicas”.
La entrada en vigencia del decreto se fijó para el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial, es decir, el 28 de junio de 2025.
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