El Gobierno nacional presentó una propuesta de mejora salarial para los trabajadores estatales que incluye un incremento acumulativo del 7,5 % entre junio y noviembre, con cuotas mensuales y bonos no remunerativos de $25.000 en los primeros tres meses y $20.000 en los siguientes.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), liderada por Rodolfo Aguiar, rechazó de plano la oferta. En términos duros, afirmó que es una “oferta miserable, inaceptable después de meses de congelamiento salarial” y denunció que “condena a la indigencia a la mitad de los estatales, y a la pobreza a casi la totalidad”.

Aguiar criticó que la propuesta sea semestral y no mensual como hasta ahora, recordando que en el último año la paritaria oficial fue del 20,8 %, muy por debajo de una inflación que alcanzó el 43,5 %, lo que implica una pérdida salarial del 22,7 %.

Mientras tanto, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) aceptó la oferta, lo que generó cruces dentro del sindicalismo. ATE fustigó ese acuerdo y acusó a UPCN de alinearse con “la patronal”, anticipando que podría haber un plan de lucha con nuevas medidas de fuerza.

La entrada ATE rechazó el aumento del 7,5% que ofreció el Gobierno para los trabajadores estatales se publicó primero en Nexofin.

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Lo que parecía ser el puntapié inicial de un debate sobre la maternidad, terminó en agresión. En su perfil de la red social X, la titular de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, María Emilia Orozco, escribió un posteo a partir de una supuesta crítica que las mujeres que integran las filas de La Libertad Avanza (LLA) reciben “por no tener hijos”.

Si bien la publicación tuvo varias réplicas, la de un periodista generó el malestar de la legisladora. “Vos sos una lacra”, cargó Orozco.

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“¿Puedo hacerles una pregunta fuera de la rosca política? Me puse a pensar esto cuando vi muchos comentarios en los que critican a algunas mujeres de LLA por no tener hijos. ¿Ustedes creen que vale la pena postergar la maternidad, la proyección de formar una familia o directamente resignar estas opciones por entregarle todo ese tiempo a la política? ¿Les pasa con otros trabajos?”, escribió, en el mensaje original, la legisladora.

La respuesta de Daniel Murillo, director de El Grito, una radio local de Salta, no tardó en llegar: “Por favor libertarios, no se reproduzcan. Cuidemos el planeta”. Minutos más tarde, la diputada salteña replicó: “Pero la naturaleza es sabia, vos sos una lacra y tus hijos son hermosos“.

El mes pasado, luego de que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA alertara sobre la “baja tolerancia a las críticas” y el “uso reiterado de calificativos estigmatizantes” por parte del Gobierno, Orozco manifestó: «Muchos periodistas e instituciones exageran cuando dicen que Milei daña la institucionalidad, cuando nunca actuó por fuera del límite de ninguna ley».

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Semanas atrás, Lorena Bolzon, doctora en Ciencias Jurídicas y decana del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral, visitó el estudio de LN+ para analizar las razones y consecuencias de un fenómeno que viene estudiando desde hace una década: el descenso de la natalidad en el país. Según los últimos datos, ese indicador cayó un 40% en la Argentina.

Para Bolzon, este fenómeno es transversal a todos los estratos sociales. “En los hogares urbanos hay cada vez menos cantidad de niños, pero lo mismo ocurre en los sectores más vulnerables, donde la medición se hace a través de la solicitud de asignaciones familiares”.

Respecto a la educación, hay una ecuación que se repite: las mujeres de mayor nivel educativo y mayor estrato socioeconómico son las que menos deseos tienen de convertirse en madre. Es decir, tendrían la posibilidad económica y sin embargo no lo eligen.

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Los coletazos del cierre de listas bonaerense llegaron al Congreso: los senadores de la Unión Cívica Radical (UCR) Mariana Juri y su comprovinciano y ex gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, presentaron en la Cámara alta un proyecto que incorpora un artículo en el Código Nacional Electoral para imponer una “sanción de inhabilitación por cuatro (4) años para postularse a cargos públicos electivos a los/las candidatos/as que, habiendo participado de un proceso electoral, no asumieran el cargo público para el que fueron elegidos”.

“Contribuyen decididamente a la baja paulatina de la participación ciudadana en las elecciones. ¿Qué interés podrían tener los ciudadanos de asistir a elegir personas que saben que no asumirán el cargo para el que se postulan? En las elecciones legislativas nacionales sustanciadas en el año 2009, los argentinos fuimos testigos de un bochornoso espectáculo de candidaturas a cargos públicos electivos legislativos que motivaron el origen del concepto de ‘candidatos testimoniales’”, manifestaron los senadores en los argumentos de la iniciativa.

Juri y Suárez advirtieron que “dieciséis años después, asistimos nuevamente al mismo espectáculo, donde una de las fuerzas políticas actuantes, incorpora este tipo de candidaturas, con la probable intención -y evidente resultado- de no asumir en el futuro los cargos para los que se postulan”. Luego, recordaron que “Mendoza, mediante la ley 8.967 (sancionada en fecha 26 de Abril de 2017) incluyó, en el artículo 17 del Código Electoral Provincial”, una sanción idéntica a la que se propone ahora en el proyecto que se impulsa en la Cámara alta.

“Al respecto, cabe tener presente que nuestra Cámara Nacional Electoral (CNE), en el caso ‘Novello Rafael Víctor apoderado de la UCR y otros s./impugna candidatura a diputado nacional, Expte. 4638/09 CNE’ (en el que se impugnaron las candidaturas expuestas precedentemente), dejó expresada -en el punto 18 de sus Considerandos- una sustancial aclaración sobre el lamentable fenómeno de las candidaturas testimoniales: ‘En las elecciones se materializa la relación entre quienes aspiran a ser designados y quienes con su voto realizan la designación (…) En otras palabras, en el supuesto de mención, habría candidatos que no pretenden ser representantes y por lo tanto no podrían ser oficializados por defraudar al elector, pues se habrá quebrantado la relación representante-representado que nuestros constituyentes han plasmado en la letra y en el espíritu de la Constitución Nacional y asimismo configurará un apartamiento ético, con la consiguiente desazón que producirá en parte del electorado’”, señalaron los legisladores.

Según Juri -es titular de la comisión de Turismo- y Suárez, “este comportamiento, justamente, es el que la Cámara Electoral entendió como defraudatorio y el que la ciudadanía en su conjunto estima como violatorio de los más básicos fundamentos del sistema de representación política que establece el artículo 1° de la Constitución Nacional”. Y agregaron: “Se trata de conductas que, en palabras de la Cámara Nacional Electoral (CNE), ‘importarían además fundamentalmente una inaceptable manipulación de las instituciones de la República, a la vez que una grave lesión al proyecto de Nación al que todos, electores y candidatos, deben tributar’ (Op. Cit., pto 25, 2º párrafo)”.

Para los radicales, las testimoniales implican “un daño a la sociedad en su conjunto y a los electores en particular, quienes son engañados a través de una opción electoral que es, desde su inicio, falsa”, y sumaron que el proceder en cuestión “requiere entonces una respuesta legislativa inmediata”.

“El cierre de las inscripciones de candidaturas en la Provincia de Buenos Aires ha puesto en evidencia la persistencia de las candidaturas testimoniales en la política argentina; ahora, a escala local. Intendentes de varios municipios, así como la actual vicegobernadora bonaerense encabezan listas, aunque pocos parecen dispuestos a dejar sus cargos para asumir una banca en la legislatura”, aseveraron los senadores alineados con el actual mandatario mendocino, Alfredo Cornejo.