La fiscalía ante la Cámara de Casación, representada por Mario Villar, pidió que se deje sin efecto la resolución del Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) que determinó que hasta que la Corte no se pronuncie sobre el caso Hotesur – Los Sauces, no se avance con las medidas de pruebas preliminares, de cara al juicio oral. En estos expedientes Cristina Kirchner, Máximo Kirchner y Lázaro Báez, son los principales acusados por los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero. La causa está en la instancia de juicio oral desde marzo de 2017, aunque con varios vaivenes.

Al menos doce funcionarios judiciales de diversas instancias, coincidieron en plantear que la mejor instancia para que Cristina Kirchner y su hijo -al igual que trece imputados más entre ellos Cristóbal López, Fabián De Sousa, Lázaro Báez- se defiendan es el debate oral. A ese criterio se sumó la Sala I de la Cámara de Casación, el 18 de septiembre de 2023, cuando ordenaron la reapertura del expediente y en consecuencia, la realización del juicio.

La ex presidenta y vicepresidenta acudió a la Corte Suprema para revertir ese criterio y evitar que, una vez más, la sienten en el banquillo de los acusados. La llave de este caso la tiene, en esta instancia, el máximo tribunal que recientemente ordenó una nueva sentencia en el caso Oil Combustibles SA donde había terminado absuelto Cristóbal López y Fabián De Sousa, siendo Ricardo Echegaray el único condenado por administración fraudulenta.

Será la Corte Suprema, también la que reciba en pocas semanas, un recurso de apelación de la defensa de Cristina Kirchner tras la confirmación por parte de la Sala IV de Casación, de la condena por corrupción en el caso Vialidad. De esta manera, los ministros del máximo tribunal, tendrán cuatro expedientes para definir el futuro judicial de la ex vide: Hotesur – Los Sauces, Dólar Futuro, Pacto con Irán y el caso de las obras viales a favor de Báez.

Mientras se aguarda la decisión de los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el fiscal general de juicio -Diego Velasco-, había ampliado una serie de medidas de prueba que considera, deben ser incorporadas al expediente de cara al debate oral y público. Ese primer planteo se formuló el 24 de febrero de 2022 (previo a la decisión del máximo tribunal penal), se reiteró el 23 de septiembre cuando se conoció el fallo de reapertura de la causa y ahora volvió a solicitar que se haga lugar a su pedido.

El 12 de julio de este año el Tribunal de juicio respondió a todos esos pedidos y resolvió que no se realizará ninguna prueba preliminar, es decir, suspender el caso hasta que no haya una decisión tomada por parte de la Corte Suprema.

Frente a este criterio el fiscal de juicio, Diego Velasco, presentó un recurso de apelación para que esa resolución se deje sin efecto. El planteo fue sostenido por su par de dicha instancia, Mario Villar, quien presentó un escrito -al que accedió Clarín-, insistiendo en que se avance con estos dos expedientes que tienen como principal imputada a Cristina Kirchner, con una condena por corrupción recientemente confirmada en segunda instancia.

Este expediente conocido como Los Sauces – Hotesur investiga una maniobra de lavado de activos en la que, según sostiene la acusación la inmobiliaria como la firma hotelera respectivamente, nunca tuvieron un giro comercial genuino sino que se utilizaron como “pantallas societarias”, para el reciclado de una porción de los fondos que Lázaro Báez (a través de la obra pública vial) obtenía y bajo este esquema a modo de retorno, regresaba al patrimonio de la familia Kirchner.

El fiscal general, Mario Villar, planteó en su dictamen que la resolución del Tribunal de Juicio, “es inválida, en tanto la decisión de los jueces del TOF” que -sostuvo- “mediante la omisión de la normativa aplicable al caso y de las circunstancias particulares que rodean a la imputación, los magistrados concluyeron que no corresponde continuar con el trámite del proceso (especialmente, mediante la realización de diversas medidas de prueba) mientras no haya adquirido firmeza la revocación del sobreseimiento”.

Para el Ministerio Público Fiscal el criterio adoptado, “equipara incorrectamente la resolución en cuestión a una sentencia condenatoria y consideraron que la queja interpuesta por la defensa tiene efecto suspensivo”.

A la hora de hablar sobre las particularidades del caso, el fiscal Villar indicó que “la decisión de los jueces ignora” que en estos expedientes “están implicadas un sinnúmero de personas y se investiga a una estructura criminal dentro del seno mismo del Poder Ejecutivo Nacional, con las dificultades que ello conlleva”.

Instando que haya un avance concreto hacia la instancia del juicio oral y público, el fiscal manifestó que esta causa Hotesur – Los Sauces, “involucra hechos de corrupción llevados a cabo de manera sistemática por funcionarios estatales y ciudadanos particulares”.

Ante tal situación, continuó el fiscal, es “sumamente relevante tener presente que el Estado asumió diversos compromisos a nivel internacional que lo obligan a investigar este tipo de hechos, aplicar sanciones proporcionadas a la gravedad de esos delitos, tales como la privación de libertad, inhabilitación y decomiso, a neutralizar los efectos de la corrupción y a recuperar los activos producto de estos hechos”.

Por otro lado, la fiscalía indicó que se puede correr el riesgo de que el caso proscriba. “No puede soslayarse que es un proceso que se inició hace ya varios años, que incluyó un sinfín de impugnaciones y que no tiene un punto final cercano”. Este letargo, “genera una situación de gravedad institucional, que extiende indebidamente el proceso y pone en peligro no sólo la vigencia de la acción penal, sino también los derechos de los propios imputados y sus defensas”.

En otros términos, el fiscal consideró que el proceder del Tribunal de juicio, “pone en peligro la realización oportuna del debate oral, pudiendo, a su vez, repercutir sobre el plazo razonable o la prescripción de la acción, pues una vez determinada la suerte del recurso ante la Corte no será posible fijar fecha de debate porque faltará producir la prueba ofrecida por ambas partes y admitida por el propio tribunal como pertinente”.

Al analizar el caso y la última resolución del Tribunal Oral Federal 5, la fiscalía enfatizó que la demora en la adquisición de prueba y en el incremento de la posibilidad de que esa prueba “no pueda recolectarse por el paso del tiempo”, es una situación que “perjudica, al día de hoy, tanto a la defensa como a la acusación”.

De esta manera, la fiscalía expresó que “no existe ninguna norma que disponga el efecto suspensivo, las sentencias condenatorias no pueden ejecutarse inmediatamente, sino que es necesario esperar su firmeza”. Y a continuación recordó que en esta circunstancia, “no se discute aquí la posible ejecutoriedad de una sentencia condenatoria (y, por ello, carece de sentido hacer referencia a la presunción de inocencia), sino un caso distinto: la revocación de un sobreseimiento”.

Bajo la convicción de que el caso debe avanzar lo más inmediatamente posible hacia la instancia de debate oral, el representante de la fiscalía, reiteró que suspender el caso “pone en riesgo la propia realización del derecho penal en una causa de claro interés social, favoreciendo una demora innecesaria” y la causa “debe continuar hacia el debate y lo antes posible”.

Estos dos expedientes por lavado de dinero, tienen su punto de contacto con la causa Vialidad donde Cristina Kirchner fue condenada por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

Mientras Austral Construcciones se imponía en cuanta licitación se presentaba, la firma de Báez pagó sólo en concepto de alquileres 40 millones de pesos a los ex presidentes. Además, permutó un terreno tasado en 14,7 millones de pesos con la vicepresidenta y compró diez propiedades por 2 millones de dólares.

Los hoteles también fueron parte de los vínculos comerciales. Entre los años 2008 y 2009, Néstor Kirchner y sus empresas Hotesur y Los Sauces encomendaron el gerenciamiento de los hoteles Alto Calafate, Las Dunas y La Aldea del Chaltén a la empresa Valle Mitre, de Lázaro Báez.

Desde 2009 a julio de 2013, el empresario condenado por lavado de dinero pagó a la ex presidenta 27.592.110 pesos a través de Valle Mitre, por la explotación del hotel Alto Calafate, la hostería Las Dunas (que originalmente perteneció a Lázaro Báez y la vendió a los Kirchner para después alquilarlo) y La Aldea de El Chaltén, que se construyó sobre un terreno a nombre del dueño del Grupo Austral.

El alquiler del Alto Calafate incluyó otro valor significativo: entre 2010 y 2011, el 50% de lo facturado por el complejo turístico fue gracias a seis empresas de Báez que alquilaron habitaciones y el salón de conferencias del lugar. Una misma caja.

A esos acuerdos se debe sumar el alquiler de habitaciones por parte de siete empresas del Grupo Austral, garantizando ingresos por 11 millones de pesos. Muchas de esas habitaciones, además, jamás se usaron.

¿De dónde provenían los ingresos de Valle Mitre y de las demás empresas de Báez? de Austral Construcciones. La compañía que recibía contratos viales, proporcionaba dinero a las demás empresas del Grupo, y después estas emitían cheques a favor de los hoteles de Cristina Kirchner. La principal empresa del holding inyectó 70 millones de pesos a la gerenciadora de los hoteles y esos fondos terminaron en el patrimonio de la ex vice.