POLITICA
Gremios de Río Negro frenan el regreso de FUNBAPA a las barreras sanitarias
La presión ejercida por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Río Negro logró frenar la injerencia del consorcio privado Fundación Barreras Patagónicas (FUNBAPA) en la gestión de las barreras sanitarias del Servicio Nacional de Sanidad Animal y Calidad Agroalimentaria (SENASA). Desde el sindicato, habían advertido que su regreso significaría «la vuelta de la desidia y la corrupción, el fracaso y la malversación de fondos públicos».
La confirmación se dio durante una reunión entre delegados gremiales, encabezados por Walter Wertmuller, y autoridades del organismo sanitario, incluido su presidente, Pablo Cortese, el coordinador nacional de Barreras y Fronteras, Facundo Frick, y el director de la regional Patagonia Norte, Ricardo Sánchez.
Semanas atrás, ATE Río Negro había señalado que el retorno de FUNBAPA representaría un retroceso en materia de transparencia y eficiencia en el control sanitario. Además, recordaron las denuncias históricas que llevaron a su desplazamiento en 2015 y 2016, gracias a las movilizaciones del sindicato. La gestión directa por parte de SENASA, desde entonces, ha recibido elogios de organismos internacionales como Estados Unidos, Japón y la Unión Europea.
En el encuentro, las autoridades de SENASA informaron que una reciente auditoría a FUNBAPA arrojó resultados contundentes: se detectaron cuentas bancarias no declaradas, uso indebido de recursos públicos y fondos cuyo destino no pudo ser justificado. Estos hallazgos fortalecieron la decisión de no permitir que una entidad tercerizada vuelva a administrar las barreras sanitarias.
De esta manera, SENASA ratificó su compromiso de mantener el control directo sobre las barreras sanitarias, garantizando mayor transparencia y eficiencia en su funcionamiento, un reclamo histórico de ATE Río Negro que, una vez más, logró hacerse escuchar y evitar posibles negociados políticos y económicos. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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POLITICA
Privatización de IMPSA: la empresa estatal sería adjudicada a una compañía ligada a Donald Trump
El gobierno de Javier Milei avanzó en la primera privatización de su gestión con la preadjudicación de IMPSA, la empresa metalúrgica y energética mendocina, a ARC Energy, una compañía estadounidense vinculada a donantes de la campaña de Donald Trump. La toma de posesión está prevista para mediados de febrero, según confirmó el comité de adjudicación.
ARC Energy, única oferente en el proceso de licitación, ofreció una capitalización de 27 millones de dólares, con un pago inicial de 7 millones y el resto a completarse en 2025. La empresa busca renegociar contratos vigentes con entidades como YPF y el Ministerio de Defensa, además de asegurar acuerdos con los principales acreedores de IMPSA, cuyo pasivo asciende a 570 millones de dólares. Entre estos acreedores destacan el Banco Nación, el BID y el BICE.
El Gobierno está cerca de privatizar la primera empresa estatal en la gestión de Javier Milei
La privatización de IMPSA, estatizada en 2021 durante el gobierno de Alberto Fernández, marca un cambio en la estrategia económica del país. ARC Energy tiene planes de expandir la presencia de la empresa en el mercado estadounidense, enfocándose en la fabricación de grúas para puertos y en el mantenimiento de centrales hidroeléctricas. “Esperamos cerrar las cartas de intención con los acreedores antes de mediados de febrero”, indicó un asesor de ARC.
La decisión de adjudicar IMPSA a ARC Energy no estuvo exenta de tensiones. El personal de la empresa, compuesto por 660 empleados, enfrenta demoras en el cobro de salarios, mientras las negociaciones sobre deudas y contratos se prolongaron más de lo esperado. Sin embargo, la gerencia aseguró que los sueldos pendientes se pagarán en los próximos días.
Fundada en 1907, IMPSA es líder en tecnología para energía hidroeléctrica, nuclear, petróleo y gas. El proceso de licitación internacional, abierto en octubre de 2024, reflejó el interés estratégico de ARC Energy en esta histórica empresa, con vistas a aprovechar el cambio de administración en Estados Unidos y los planes de infraestructura impulsados por Donald Trump.
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