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POLITICA

Guillermo Francos: «Milei tiene una capacidad de penetración mucho más grande que la que puede tener el PRO»

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Sereno y satisfecho, menos de 24 horas después de que el Congreso sancionara la Ley Bases y el paquete fiscal -las primeras leyes desde que asumió Javier Milei- el jefe de Gabinete Guillermo Francos recibe a Clarín y otros medios nacionales en el Salón de los Escudos del ministerio del Interior, en la planta baja de la Casa Rosada, que no piensa abandonar a pesar de haber ascendido a la cúspide del organigrama gubernamental.

-El Presidente había dicho que la Ley de bases iba a ser un hito de gestión. ¿Qué etapa se abre ahora y cuáles son las prioridades del Gobierno?

-Un hito en la gestión quiere decir que conseguimos aprobar una ley desde un espacio absolutamente minoritario. Desde mi punto de mi vista y entiendo que desde el del Presidente también representa un hito institucional. Hemos demostrado que se puede tener una institucionalidad partiendo de un espacio que tiene un presidente y una minoría parlamentaria absoluta. Hay un complejo normativo que está compuesto por el DNU 70 y la Ley Bases -en particular -la facultades delegadas por un año- que permite una desregulación del Estado que puede transformar la Argentina. (…) La cajita con la ley (que mostró el jefe de bloque de UxP Germán Martínez para chicanearlo) permite generar una cantidad de transformaciones que todavía no se imaginan. Ellos (por el kirchnerismo) se negaban a la aprobación, porque saben que detrás de estas normas hay, si somos eficientes en su gestión, una posibilidad de transformación muy grande.

-Los gobernadores de JxC y buena parte de la política dicen que ya les dieron las herramientas que pedían. ¿El Ejecutivo ya tiene la caja de herramientas que necesitaba para mejorar la vida a la gente?

-Nosotros pedimos esta ley a principios de enero y está saliendo a fines de junio. Se demoraron seis meses en darnos -no todos los instrumentos que pedimos- pero sí una parte muy importante. ¿Cuándo le va a cambiar la vida a los argentinos? Cuando comience a sentirse un bienestar económico que hoy no se tiene, cuando la gente vaya al supermercado y vea que hay infinidad de ofertas a precio más bajo, que puede comprar llenar el changuito. Eso es lo que percibe la gente común, sensaciones, mejoras, si se puede o no ir de vacaciones y todas las cosas que hacen al nivel y la calidad de vida. ¿Eso va a ser mañana? No, va a ir siendo. Yo no veo una situación de euforia. Veo una mirada positiva del mundo hacia la Argentina por lo que pasó y que se va a ir dando pasos. Petronas estaba esperando la sanción del RIGI para avanzar con el proyecto de planta de licuefacción.

-El kirchnerismo advirtió con que podría judicializar los artículos -Ganancias y Bienes Personales- que había rechazado el Senado. ¿Qué creen que hará la Justicia y la Corte?

-Es el kirchnerismo en su desesperación por obstruir. El kirchnerismo no terminó de asimilar la derrota, pero pensó que todo esto era muy transitorio. Yo me acuerdo del pochoclo en la playa y “Esperemos a Semana Santa”. Estamos en junio con una ley aprobada siendo 38 diputados y siete senadores. Algo pasó. Hoy están más nerviosos. Su interpretación es ridícula. No se consiguieron los dos tercios para el artículo 111 de la Ley de Bases y no se aprobó. (…) La Corte mira todo el proceso. Me parece ridículo ir a la Justicia cuando las cosas no salen como querés en el Parlamento.

Entrevista al jefe de gabinete Guillermo Francos

-La reacción del mercado fue casi nula hasta ahora: los bonos no subieron, el riesgo país no bajó y el blue hasta subió un poco. ¿El mercado y los inversores todavía están expectantes con este proyecto político?

-Yo no esperaba una reacción inmediata, porque los mercados reaccionaron cuando se aprobó en Diputados la primera vez. Después se generó esta confusión del Senado y ahora todo se aprobó. El mercado todavía está analizando si hay estabilidad institucional. Nosotros creemos que va a haber en el futuro y ya empiezan a ver medidas o decisiones económicas concretas del mercado. Va a rebotar, la Argentina está muy barata en términos de mercado, todo está muy barato en Argentina en términos de mercado salvo el supermercado.

-¿Pero siguen evaluando el proyecto de Milei?

-Yo he recibido en este despacho a 150 fondos y bancos que querían entender cómo era la situación política de la Argentina, pero todos miran con mucha expectativa porque la Argentina en términos de mercado está barata. Es una oportunidad de negocio para muchos. Estaban buscando una respuesta sobre la institucionalidad política, si había condiciones para avanzar en este proceso de apertura y libertad económica. Yo siempre pensé que íbamos a terminar aprobando las leyes. El mapa político no lo armamos nosotros. No había chance de que fuéramos mayoría. Si vienen después de la elección de 2025, nosotros vamos a ser 80 diputados mínimo. Si vos tenés un bloque de 80 diputados y en lugar de 7 tenés 20 senadores, tu proceso de reforma va ser de una manera diferente. No va a ser un crecimiento explosivo en un día, pero va a ser un proceso en que los mercados y los fondos de inversión y los bancos de inversión van a ir tomando conocimiento de que la situación de la Argentina marcha hacia una estabilidad institucional.

-¿Cuándo piensa el Gobierno levantar el cepo?

-El Presideten lo está analizando con mucha cautela, pese a los que hay algunos que no consideran que la tenga. Está analizando la evolución de los números para tomar la decisión, que es un objetivo final como las retenciones, que en algún momento bajaremos, pero no cuando el déficit depende de ello.

-El oficialismo tardó siete meses en conseguir las leyes que necesitaba. ¿Viene ahora un proceso más rápido? ¿Cuáles serán las prioridades?

-Hay hay muchos temas de la agenda legislativa que son del Ejecutivo, que no son del Parlamento. Ahora viene un proceso de reglamentación de ambas leyes y otras pendientes del DNU. Irán al Parlamento temas de otras características y por ahí el día de mañana nos aparece una oferta por Aerolíneas Argentinas y la llevamos el Parlamento.

-Pero el Presidente habló de la Ley hojarasca, se habla de reforma política. ¿Hay prioridades?

-La ley hojarasca es un proyecto en el que Federico (Sturzenegger) ha estado trabajando mucho tiempo y que se la planteó al Presidente con ese nombre, que tal vez no le hace honor. Es una propuesta para reformar y derogar regulaciones. Nosotros estamos trabajando en un proyecto de reforma electoral que le vamos a proponer al Parlamento. Tal vez no vayamos con una reforma integral para que no nos pase lo que nos pasó con la Ley Bases, pero sí con algunos temas de reformas concreta: boleta única papel, la eliminación de las PASO, ficha limpia: son todos temas en los que hay consensos para avanzar. Ahora que tenemos experiencia en conseguir mayoría podemos ayudar a los diputados y senadores a sacar leyes que están guardadas (risas).

-El PRO apoyó la Ley Bases incondicionalmente. ¿Qué pretende el Gobierno de ese vínculo?

-La relación con el PRO es casi natural. Hemos trabajado muy cómodos con ellos, con Cristian (Ritondo), con (Silvia) Lospennato. Depende mucho del lineamiento que cada uno de los liderazgos políticos le marque a su espacio. Nosotros competimos con un espacio común y a lo mejor cada uno también con su espacio diferenciado. Mirando hacia el futuro, Javier Milei ha penetrado en sectores de la juventud muy amplios y el PRO, por el rol que le tocó jugar en estos últimos 20 años, por ahí no tiene. Somos el espacio político del futuro, pero de ninguna manera creemos que podamos no considerar el valor político que tiene el PRO, que es un partido con experiencia, con cuadros y con muchos legisladores. Tenemos que trabajar en conjunto y encontrar la forma de poder armar una propuesta común.

-¿Con una alianza como quiere Macri o con una fusión como impulsa Bullrich?

-No quiero dar una opinión sobre un tema que depende de los liderazgos políticos dentro del PRO. Tenemos que buscar la forma que más nos convenga a cada uno. Tenemos una gran parte electorado común y eso también lo saben. Es muy difícil definir una posición electoral con tanto tiempo de anticipación. Mi expectativa es que al Gobierno le vaya muy bien y lleguemos al mes de febrero en un posición predominante en la que me voy a sentir mucho más cómodo para negociar una posición política. Puede ser que no nos vaya también y el PRO se siente un poco más cómodo para negociar. La política se maneja por etapas. Disputamos un electorado común y hoy te diría que Milei tiene una capacidad de penetración mucho más grande que la que puede tener el PRO. Lo que representa Milei hoy tiene una fuerza que se refleja en todos los análisis de opinión pública.

-¿Si llegaran a un acuerdo con el PRO deberían cambiar las autoridades legislativas? Trascendió que ud sugirió en su momento que Ritondo no fuera presidente de Diputados (como proponía Macri).

-Tenía que ver solamente con una estrategia política. Consideramos que era mejor para para un espacio que podía parecer débil desde el punto de vista parlamentario. Tenemos un presidente de la Cámara que ha hecho un gran trabajo y que es de nuestro espacio y no vemos en ningún motivo para para tener que cambiarlo salvo que en algún momento vaya a otro tipo de función.

-El Presidente había dicho que todo el Gabinete estaba en evaluación y que podría haber más cambios después de la ley. ¿Se vienen más cambios en el Gabinete?

-El Presidente dijo: «todos mis ministros están en evaluación permanente». Eso a mí no me no me muevo un pelo, es lo lógico. Estamos firmes todos y estamos en observación todos. El Presidente evalúa. Yo no veo hoy ningún cambio en el equipo en función de algo concreto.

-¿Caputo es un ministro de transición como dicen algunos?

-El Presidente suele definirlo como el mejor ministro de Economía de la historia por los resultados. No creo que sea un ministro de transición. A veces los ministros también se cansan y se van. No es el caso de Caputo, no lo ha expresado nunca ni tampoco el resto de los ministros, pero es cierto que este laburo te contractura, por ejemplo, ahora yo tengo toda la espalda contracturada.

-¿Por qué hubo cambios importantes en el Gabinete y se fueron más de 40 funcionarios de segunda línea en tan poco tiempo?

-Tiene mucho que ver con cosas de la gestión. Con que el ministro del área habrá tenido en observación a determinados funcionarios y con cortocircuitos por diferencias de opinión. Otras (renuncias) tienen que ver con la relación costo-beneficio de la gestión. Vos trabajas con mucho costo y con pocos beneficios, con salarios para funcionarios públicos que son bajos. El funcionario público se sostiene con mucha vocación, con mucho riesgo y con poca remuneración, es una ecuación compleja.

-¿No hay que corregirlo?

-En un momento de crisis económica social es difícil corregir todo eso. Sí creo que el funcionamiento del sistema político va a tener que cambiar en algún momento. No puede ser que un funcionario sea denunciado por cualquier cosa y tenga que afrontar a la salida de su gestión una cantidad de denuncias para lo cual no tiene cobertura jurídica.

-Paradójicamente Pettovello y Bullrich denunciaron a sus dos principales subalternos.

-Las dos ministras hicieron la presentación del caso a la Oficina Anticorrupción qe les dijo que lo presenten en la Justicia.

-Cuando el Presidente dice que los diputados son degenerados fiscales o el Congreso un nido de ratas, ¿coincide? ¿Le simplifica el trabajo o se lo complica?

-Tiene su estilo y tiene esa forma de cuestionar a la política que a veces ayuda y a veces no ayuda. También tiene que ver cómo presionas para obtener una ley desde una posición minoritaria y la forma que tiene Milei de presionar tiene mucho que ver con eso. Yo no confronto de esa manera, pero él fue electo presidente por su forma de expresar ideas y de entender la política y eso ha servido para que nosotros tengamos leyes también. Confrontar con la casta ha servido para que esos sectores políticos sientan la necesidad de dar alguna respuesta. No fue inocuo, la posición de Milei está bien. Yo voy detrás conversando y tratando de buscar puntos de coincidencia.

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Cómo no salir nunca más de los 70

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Cuando los Estados Unidos y la Unión Soviética dispusieron que el combate armado –la parte caliente de su Guerra Fría– debía desarrollarse en territorios no nuclearizados, Corea primero, Vietnam luego y, poco después, África Septentrional y América Latina se constituyeron en teatros de operaciones bélicas. A causa de ello, nuestro continente recibiría a partir de los 60 la más importante agresión armada de su historia moderna, producto de diseños estratégicos financiados desde el exterior. La actuación de formaciones celulares clandestinas con capacitación y organización castrenses, mediante asaltos a unidades militares y policiales, asesinatos, secuestros extorsivos y colocación de explosivos, rebasó las estructuras policiales y judiciales creadas para dar respuesta a la delincuencia común. La escalada generó la convocatoria de las Fuerzas Armadas para aniquilar el accionar subversivo y luego, en casi todo el continente, asumirían el poder público, aun en naciones con un historial democrático invicto, y adherirían a la ilegalidad, respondiendo con secuestros, torturas y penas de muerte sin procesos judiciales. El resultado no pudo ser otro que el dolor, la muerte y la desaparición de miles de personas.

La Argentina hizo respecto de la tragedia todo lo necesario para no librarnos jamás de ella. El “nunca más” con el cual el fiscal Julio Strassera finalizaría su acusación en el histórico Juicio a las Juntas Militares por violaciones de los derechos humanos se ha transformado en un nunca más saldremos del desprecio mutuo ni del enfrentamiento que nos separó; nunca más nos perdonaremos ni abandonaremos el rencor que nos divide.

Todo futuro se construye en el presente. La dirigencia debe decidir si será el de la concordia política o el del rencor y el odio perpetuos

Con las leyes del perdón, el presidente Raúl Alfonsín y el Congreso pretendieron cerrar las heridas. Les siguieron los indultos de la administración Menem a los comandantes condenados y a los jerarcas de las organizaciones terroristas, disponiendo indemnizaciones para los damnificados por el accionar ilegal del Estado. Pero con el gobierno kirchnerista todo volvería a cambiar. El presidente Néstor Kirchner les entregó la política de derechos humanos a las víctimas del accionar ilegal del Estado argentino, sus familiares y simpatizantes. Así, rápidamente se crearon nuevos organismos gubernamentales, se desplegaron decenas de programas de gobierno y nuevos beneficios económicos para las víctimas, sumando a aquellos que alegaran haberse exiliado por cuestiones políticas durante el gobierno militar y a los hijos nacidos en el exterior o llevados allí cuando eran menores; se modificó la enseñanza de la historia en los colegios, enalteciendo a los guerrilleros y demonizando a los militares; se crearon espacios para la memoria y parques conmemorativos en los cuales figuran solo las víctimas del accionar represivo del Estado y ninguna de las miles producidas por las organizaciones terroristas, y las leyes del perdón pasaron a ser llamadas “de impunidad”. Simultáneamente, la nueva mayoría instalada por el kirchnerismo en la Corte Suprema de Justicia, para eludir los “obstáculos” que impedían reanudar la persecución judicial contra las Fuerzas Armadas, impondría –contra la opinión de los doctores Fayt, Belluscio y Vázquez– una nueva doctrina: aniquilando la garantía constitucional consistente en que todo delito debe estar contemplado en una ley previa y que ella no podrá nunca ser aplicada retroactivamente, se declaró que determinados comportamientos delictivos no debían estar contemplados por escrito en leyes antes de su producción. Los llamados delitos de “lesa humanidad” obedecerían a una norma no escrita, una “costumbre internacional” que los consideraría desde siempre como tales y, por tanto, imprescriptibles. Y, lo más desconcertante, tampoco serían perdonables. Las amnistías y los indultos vigentes, válidos para todos los delitos sin distingo según los tratados internacionales de derechos humanos incorporados a la carta magna, pasaron a ser declarados inconstitucionales, eso sí, solo aquellos que amparaban a las fuerzas legales. El Congreso no solo aceptó mansamente la privación de la facultad excluyente y por ende irrevisable, destinada a consolidar la paz interior y la unión nacional, sino que avanzó haciendo suya una potestad que es exclusiva del Poder Judicial, declarando la nulidad de las leyes del perdón. La reapertura de los juicios sobre la base de estos criterios fue duramente criticada en sendos dictámenes de la Academia de Derecho y rechazada por prestigiosos juristas, entre los cuales se encontraban tanto el fiscal Strassera como la casi totalidad de los miembros de la Cámara que condenó a los comandantes. Se procedió desde entonces a la formación de miles de causas judiciales; se crearon secretarías especiales de derechos humanos en cada tribunal y la Justicia Federal argentina –responsable de investigar la corrupción y el narcotráfico– pasó a empeñar sus recursos ocupando sus agendas, hasta el día de hoy, en la revisión de hechos ocurridos hace medio siglo. Coetáneamente, se impuso a los procesados por estos delitos una doctrina diferenciada del resto de la ciudadanía. Considerando que por el tiempo transcurrido y la clandestinidad del método estatal se habían perdido las pruebas, se le otorgó a la menos confiable de todas, la testimonial, valor indiscutible. Eso hizo que centenares de personas –acompañadas por organismos de derechos humanos– se presentaran y se sigan presentando en las causas como nuevas víctimas, afirmando que estuvieron detenidas en tal o cual centro secreto, con la seguridad de que nadie habrá de desmentirlas. Las prisiones preventivas se prolongan mucho más allá de lo permitido en la ley y triplican en tiempo las de los delincuentes comunes. No se otorgaron en muchos casos libertades condicionales, salidas transitorias o la detención domiciliaria contemplada en las leyes aun cuando los detenidos superen los 70, 80 o más años. Así, han muerto en prisión detenidos sin condena que tenían incluso más de 90 años, en una muestra de salvajismo y abandono del trato digno a un ser humano. Esta doctrina especial generó la atribución de responsabilidades penales no por lo que la persona hizo o dejó de hacer, sino por el cargo que tenía o el lugar en el cual estaba destinada, sentando un tan peligroso como nefasto precedente contrario a la recta doctrina penal. Suboficiales y agentes penitenciarios que en los años 70 tenían apenas 20 años y hasta baqueanos que prestaron servicios en las fuerzas han sido encarcelados, mientras los miembros y las más altas jerarquías de Montoneros, ERP, FAP, FAR, Todos por la Patria y otras organizaciones terroristas no solo viven desde hace años en libertad, amnistiados e indultados, y acceden a la función pública, sino que además recibieron suculentas indemnizaciones con nuestros impuestos. Y por más que consideraremos siempre más grave el comportamiento delictivo llevado a cabo por un agente estatal que el perpetrado por un particular, si no se puede juzgar a las cúpulas terroristas, debemos preguntarnos si es moral y jurídicamente aceptable que se juzgue y condene a las más bajas jerarquías de nuestras Fuerzas Armadas, de seguridad y policiales.

Resulta insostenible que una persona que siempre ha estado a derecho tenga que estar esperando 30, 40 o 50 años a que a un supuesto testigo, un fiscal o un juez se le ocurra imputarla de un delito.

Con el reciente fallecimiento del último general que estaba en actividad en aquellas épocas, es hora de que la Justicia y la política empiecen a cumplir los altos fines que les impone el Preámbulo. El compromiso del Nunca más fue desterrar el uso de la violencia como método para dirimir las contiendas políticas locales. Nunca se necesitó para ello debilitar las garantías que protegen a los ciudadanos, ni mucho menos violar el principio por el cual nos hicimos libres: la igualdad ante la ley. Todo futuro se construye en el presente. La dirigencia debe decidir si será el de la concordia política o el del rencor y el odio perpetuos.

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