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POLITICA

Guillermo Francos por Nicolás Posse: libertarios, a las cosas

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Varias novedades se produjeron este lunes en el Gobierno. La más importante es que el Presidente decidió reemplazar al jefe de Gabinete, Nicolás Posse, que acompaña a Javier Milei desde hace muchos años, por quien hasta ahora venía ministro del Interior, Guillermo Francos, que retendrá su cargo no sabemos por cuánto tiempo. Esta será la nueva organización del Gobierno. Es un cambio muy importante que revela bastante de cómo el Gobierno se ve a sí mismo, de cómo Milei ve a su gestión más allá del tono autocelebratorio que ha tenido el oficialismo en las últimas semanas.

Francos Por Posse Libertarios, A Las Cosas. El Editorial De Carlos Pagni (1)

Es necesario analizar qué significa esta modificación en la Jefatura de Gabinete. Habría que empezar por lo más elemental. El Gobierno se encuentra con un problema de todos los gobiernos, sobre todo al comienzo de la gestión, y es que la imagen del presidente tiene un nivel de aprecio superior a la imagen de la administración, del equipo y de la gestión. En este sentido, los gráficos confeccionados por Casa Tres, la consultora de Mora Jozami, comparan la situación de Mauricio Macri en el 2016 con la actual situación de Javier Milei. Es interesante la comparación ya que, si uno mira el comportamiento de la gente respecto de Macri entre enero y abril, tenía una consideración popular muy elevada, mucho más que la de Milei, probablemente porque no llevó a cabo el ajuste que lidera el oficialismo. Empezó en 68% y terminó en 66%. En el caso de Milei, daría la impresión que comienza en un nivel más bajo pero más estable y que, para el cuarto mes del año, se recuperó un poco. Pasa de 52% en enero a 53% en abril.

Otro gráfico de la misma consultora que exhibe la imagen del Gobierno muestra claras diferencias con la de Milei. En términos de imagen positiva, es mucho más baja. El Gobierno tiene una calificación del 47% contra un Presidente que tiene una calificación del 53%. Esto es lo que se quiere corregir con el cambio del jefe de Gabinete.

Encuesta sobre la imagen del Gobierno y Javier MileiEncuesta sobre la imagen del Gobierno y Javier Milei

Un ranking confeccionado por la Universidad de San Andrés, que esboza la opinión de los encuestados sobre los ministros y funcionarios públicos del Gobierno, exhibe que hay un “pelotón” de cuatro colaboradores de Milei a los que la gente valora más que a otros: Patricia Bullrich, Luis Caputo, Manuel Adorni y Karina Milei. Nicolás Posse está muy abajo en la consideración popular y existe sobre todo un muy alto nivel de desconocimiento. Daría la impresión de que Posse no asumió el rol de comunicador que uno espera de alguien que es el director de orquesta del equipo, más allá de otros reproches que le hace Milei a quien fuera hasta hace unas horas el jefe de Gabinete.

Encuesta sobre imagen de funcionarios públicos

¿Cuál es el centro del problema? Uno podría recordar una frase que se hizo histórica, que pronunció el filósofo español José Ortega y Gasset en una conferencia que dio en la ciudad de La Plata en 1939: “Argentinos a las cosas”. Significa ponerse las pilas y actuar, dejar el plano de la retórica y pasar a de las realizaciones concretas. En Milei hay dos almas, dos roles. Si uno quisiera ir a La Biblia, cosa que a él le gusta mucho, hablaríamos del rol del profeta, el que denuncia una circunstancia y señala a dónde hay que ir, y el rol del rey, que implementa, negocia, tiene sentido práctico y se resigna a que la perfección de la idea ceda ante la rebeldía de la realidad. En Milei parece haber mucho de profeta y poco de rey. Hay gente que trabaja con él que asegura que no sólo no delega, sino que se desentiende. Está en otra frecuencia, se sienta llamado a otro papel. Esta especie de negligencia respecto del mundo práctico hace que la figura del Jefe de Gabinete sea muchísimo más relevante. Si no hay un presidente que está siguiendo la gestión día a día en todos los campos, no solo en el aspecto monetario y en la lucha contra la inflación, hace falta que el Jefe de Gabinete sea alguien muy comprometido con la gestión cotidiana. Esto es lo que Milei y una parte del equipo de Gobierno le reprochaba a Posse no satisfacer. El propio Posse, que hoy renunció delante de Karina Milei y de su sucesor Francos, admite de manera muy sencilla, poco rencorosa: “Bueno, sí. Probablemente había sobre mí expectativas que yo no pude cumplir. A lo mejor no la pude cumplir por una diferencia de criterios que no me corresponde imponer porque debe prevalecer el criterio del Presidente sobre mi propio criterio”. Esto le dijo Posse a los que, en las últimas horas, le preguntaban qué había pasado y por qué se iba.

Nicolás Posse, en el Senado

Probablemente este problema, que es la falta de resultados o de efectividad, esté reforzado por una tendencia de Posse, que se podía apreciar desde el comienzo, a asumir demasiadas responsabilidades, acumular demasiadas funciones o fijarse varios objetivos en simultáneo. Cuando uno acumula demasiadas responsabilidades, esa acumulación se vuelve inhibitoria para la acción. “Argentinos a las cosas”. Habría demasiadas cosas a las que tendría que ir Posse. Se hizo cargo él de nombrar a todos los jefes de las fuerzas de seguridad y de las Fuerzas Armadas. Cuando llegaron Bullrich y Petri a Seguridad y Defensa, respectivamente, las cúpulas de las organizaciones en ambas carteras ya estaban designadas y reportaban a Posse. Sobre todo después de la disolución del Ministerio de Infraestructura, que se produjo cuando se alejó Guillermo Ferraro, Posse se hizo cargo de todas las empresas públicas y puso gente afín a él en la mayoría de ellas. Y como sabemos, este Gobierno, que se mira mucho en el gobierno de Menem, quiere mostrar un impulso privatizador, que transfiera al mercado funciones que hoy están en manos del Estado. Ahí parecería que hay mucha demora o que pasa lo que ocurre habitualmente: el funcionario al que le dicen “andá a esa empresa y privatizá” se siente más cómodo intentando demostrar que la empresa puede funcionar en manos del Estado. A Posse se le reprocha no haber tenido todo el ímpetu privatizador que esperaba Milei de su gobierno. Ahora esto lo va a tener que hacer Guillermo Francos. ¿Se va a ir Posse del Gobierno? Probablemente no. ¿Qué lugar va a ocupar? No sabemos. Hay quienes están imaginando una oficina para captar y canalizar inversiones en Estados Unidos. Habrá que ver si él acepta ese lugar.

Ante la salida de Posse, podría haber cambios en las gestiones de las empresas públicas

¿Qué significa que ahora en la Jefatura esté Guillermo Francos? Primero, es la apuesta de Milei a un funcionario que tiene una característica principal: el aplomo. Lo hemos visto en todo este tiempo en el que tuvo que negociar la Ley Bases, que podría llegar a tener dictámen este miércoles en el Senado. Francos demostró tener nervios de acero, inclusive para soportar una lógica que está en el corazón de La Libertad Avanza y que es un discurso muy antipolítico sin el cual Milei no se sostendría en las encuestas. Le tocó negociar a Francos con la política teniendo muy pocos elementos en la mano y lo hizo además con gran serenidad. Probablemente a Milei, por su personalidad intensa, esa serenidad le debe resultar atractiva. La segunda característica que refuerza Milei con la designación de Francos es una valoración de la política. Francos no es un profeta, es un negociador, alguien que quiere tener resultados, que está dispuesto a ceder alguna pureza de la idea en función del resultado. Es un dialoguista.

Hay muchos indicios de que Posse también se va movido o expulsado por una disputa muy fuerte con alguien central en el esquema de Milei, alguien que curiosamente no es un funcionario formal y tiene sólo un contrato de prestación de servicios: Santiago Caputo, el hombre que maneja la imagen del Gobierno y cómo el Ejecutivo se instala la opinión pública para operar sobre ella. Caputo, que ejerce cada vez más control sobre áreas de gestión, ha tenido mucho roce con Posse por el control de esas áreas. Por ejemplo ferrocarriles, donde Caputo logró ubicar al encargado de la política ferroviaria que es Adrián Luque, hombre que viene de la provincia de Buenos Aires y está ligado a alguien muy importante dentro de la estrategia comunicacional del Gobierno como lo es Carlos Romo. Algo parecido pasó en el área de Puertos y Vías Navegables, importantísima porque es probable que el Gobierno esté pensando en la privatización del Puerto de Buenos Aires. Hay allí además un gran y delicado negocio, como es la hidrovía. Fue desplazado Pablo Piccirilli, funcionario que duró 45 días, por alguien de Caputo: Iñaki Arreseygor.

Santiago Caputo y Javier Milei en la Casa Blanca

Ha habido hasta ahora una puja por el control de determinadas áreas de la administración ligadas a privatizaciones y negocios importantes del Estado. Y esta pelea la acaba de vencer Santiago Caputo a quien, por ese rol de administrador de la imagen y la comunicación del Gobierno, lo llaman “El Mago del Kremlin”. Dentro de este juego de tensiones, existe una alianza política entre Santiago Caputo y Karina Milei. No hace falta aclarar el papel decisivo que cumple la hermana del Presidente dentro del Gobierno. Uno podría decir que es una especie de figura anfibia entre la Jefatura de Gabinete, el Ministerio del Interior, más la asistencia que le presta al Presidente el Secretario General. Todo eso es Karina Milei, crucial al lado de su hermano. Caputo tiene una relación especialmente estrecha con Karina Milei, igual que la tiene Guillermo Francos. Este es el núcleo que impulsó la salida de Posse.

Karina Milei

Hay un cargo sobre el que todo el mundo se está haciendo preguntas ahora y que también dependía de Posse: la AFI. A Silvestre Sívori lo designó Posse. Fue Posse quien fue a Estados Unidos a entrevistarse con el jefe de la CIA junto con Sívori. Posse que, entre otras funciones, se reservó para sí el vínculo bilateral con los Estados Unidos, lo que significa que su salida es la de alguien crucial en el Gobierno. Habrá que ver cómo se reacomodan todas estas funciones. Sívori renunció apenas Posse lo hizo. Muchos creen dentro del Gobierno, observadores de esta microfísica del Gabinete, que también entre los motivos de la salida de Posse están ciertas tensiones provenientes del manejo de información y de determinadas versiones subrepticias descalificatorias, algunas de ellas de Santiago Caputo, provenientes de la AFI. No sabemos si verdaderas o falsas. Pero ha habido irritación con el manejo de los servicios de inteligencia. Eso también está detrás de la salida de Nicolás Posse, que muy probablemente quede dentro del Gobierno en otra función tangencial respecto de la que ejercía.

Hay otra pregunta para hacerse. Tiene que ver con otra víctima de Santiago Caputo: Mariano Cúneo Libarona, el ministro de Justicia. Hoy este ministerio está manejado por el viceministro de Justicia, el Dr. Sebastián Amerio, un amigo de la infancia de Santiago Caputo. Cúneo Libarona no pudo designar ni siquiera al delegado del Ministerio de Justicia en el Consejo de la Magistratura. Hoy apareció en la tapa del diario Clarín un problema escandaloso, que es la gran caja del negocio de los registros automotor financiados desde la cámara de concesionarios de venta de autos, una cifra millonaria que se maneja en el Ministerio de Justicia. Una investigación de Ignacio Ortelli, le puso la lupa a este negocio y descubre toda una ramificación, que como en casi todos los negocios que rozan algo institucional, aparece el juez Ariel Lijo. Lijo, cuyo pliego acaba de ser enviado al Senado junto con el del doctor Manuel García Mansilla. Un detalle: enviado antes de que se vaya Posse, como si alguien quisiera dejarlo a Posse ligado a esta decisión tan controvertida del gobierno de Milei. La más controvertida hasta ahora.

El ministro de Justicia Cúneo Libarona.

No es el único cambio que uno debe esperar en el mapa de Milei. Vamos a ver qué lugar ocupa Federico Sturzenegger, que hasta ahora está en una especie de limbo donde toca todo el teclado y nada. Aún contrariando la idea de no crear más ministerios, probablemente Milei le pueda dar un ministerio para la desregulación del Estado, que es su especialidad. Hay una relación muy estrecha entre Sturzenegger y el nuevo jefe de Gabinete, Francos. Porque ambos convivieron y en esa convivencia se hicieron amigos, cuando Francos era presidente del Banco Provincia, de Daniel Scioli, y Federico Sturzenegger era presidente del Banco Ciudad, con Macri. Estamos hablando del período que llega hasta más o menos 2013. Se hacen amigos y muy probablemente, una de las formas de llegada de Sturzenegger a Milei, uno de los puentes, haya sido Guillermo Francos. Con el ascenso de Francos a jefe de Gabinete, Sturzenegger se fortalece y hay que esperar que se concrete este nuevo lugar en el organigrama de quién es el gran impulsor de desregulaciones dentro de la estructura del Estado.

Federico Sturzenegger

Milei está buscando enriquecer su visión de la economía con otras voces. ¿Es en detrimento de Luis Caputo? No necesariamente. El Presidente, como sabemos, habla maravillas de Caputo, lo calificó como un rockstar. Pero el plan de Caputo, su política económica plantea una cantidad de signos de interrogación que se reflejan muchos de ellos en el mercado del dólar. Este lunes el Gobierno tuvo que salir de nuevo a operar.

Luis Caputo

¿Qué otras voces podría incorporar Milei? Lo tiene a Demian Reidel, muy amigo de Sturzenegger, un ortodoxo que además de economista es físico, y que preside el comité de asesores del presidente con temas de muy largo plazo, entre otros la incorporación de la IA a la economía y el Estado argentino. Reidel colaboraba con Sturzenegger durante la gestión de Macri en el Banco Central. ¿Van a acercar a algún otro economista al Gobierno? Ni siquiera sabemos si le ofrecieron esta posibilidad, pero hay un economista muy prestigioso en Nueva York, argentino por nacimiento, pero en realidad chileno, hijo de un diplomático trasandino; una persona de primera, muy agradable y muy buen profesional. Es José Luis Daza. A muchos en el gobierno les gustaría incorporarlo. Es un ultraortodoxo que fue socio de Reidel. Si en algún momento llegara al poder en Chile José Antonio Kast, que es el Milei chileno, no extrañaría que Daza fuera su ministro de Economía y ésta es probablemente una de las razones por las cuales no termine desembarcando en el gobierno de Milei. Pero nos indica hasta dónde están yendo. Hacia algo todavía más ortodoxo, más radical desde el punto de vista de una política “libertaria”, diría el presidente. Tiene su lógica.

Decíamos que como publicó en LA NACION hace un rato Javier Blanco hay un problema con la política cambiaria. Hay también un problema fenomenal con la recesión. Se han cerrado 275 mil cuentas-sueldo en los primeros tres meses del año, un dato objetivo, cuantitativamente irrefutable de pérdida de puestos de trabajo. Si esa línea sigue así no sabemos cuál va a ser la pérdida de acá a fin de año. Esto plantea un problema que tiene que ver con la caída de mucha gente de la clase media a la clase baja, el incremento de la pobreza y de la informalidad. Ha habido una homilía este fin de semana, el 25 de mayo, de Jorge García Cuerva, el arzobispo de Buenos Aires, muy contundente, muy equilibrada desde el punto de vista de la política de partidos pero muy dura respecto de lo que dijo de lo que me gustaría rescatar un párrafo, para rescatar una palabra que nos va a llevar por un segundo a otro tema. Dijo García Cuerva: “Hoy también nos ponemos delante de Dios como Nación, y le pedimos que nos cure, porque parecemos tener las manos paralizadas para el encuentro que construye fraternidad, las manos paralizadas para abrazar a los heridos por la soledad y la tristeza, las manos paralizadas para ser solidarios con los que menos tienen; y también le pedimos a Dios nos preserve de las manos manchadas de sangre por el narcotráfico, las manos sucias de la corrupción y de la coima, las manos en el bolsillo del egoísmo y la indiferencia”.

El arzobispo Jorge Ignacio García Cuerva, al impartir una bendición en el santuario de San Cayetano

En el centro de todo esto está una preocupación tradicional de la Iglesia y de alguien como García Cuerva, que es la preocupación por el más débil. Es un tema que no está en el discurso del Gobierno con suficiente énfasis. Daría la impresión de que hay una preocupación extraordinaria en el Gobierno -nunca más bienvenida- por transparentar los recursos que van a la pobreza, por terminar con las irregularidades, los delitos de la intermediación, la privatización de la acción social que se hizo durante todos estos años en la Argentina. Eso pone en la mira a algunos de los movimientos sociales que han hecho o hacen negocio con los pobres. Pero el Gobierno no tiene un discurso enfático, en un momento tan dramático, sobre la situación de los que están pasando muy mal. Se da por supuesto que la pasen mal. Es parte del modelo. Esa es la parálisis de la que habla García Cuerva, y de la que habla también, curiosamente, el juez Sebastián Casanello en la medida cautelar que dictó hoy a la mañana, pidiéndole al Ministerio de Capital Humano que le dé un plan y le explique cómo va a hacer para distribuir la comida que la Secretaría de Desarrollo Social tiene acumulada en depósitos en la Capital Federal y en Tucumán. Una cuestión que tiene que ver con la asistencia a la pobreza.

En el fondo de este paisaje sombrío hay muchas preguntas y una muy importante, que es el problema de la inversión: ¿Cómo se sale de esta recesión sin inversión? El Gobierno no emite todas las señales que uno espera que emita y emite algunas contrarias a las que se espera.

Hubo una decisión relevante del Gobierno la semana pasada, que fue defaultear la deuda que el Estado tenía con los generadores de energía eléctrica, sean usinas que generan electricidad o empresas proveedoras de gas para esa generación. Lo que hizo fue darles un bono que pueden canjear al 50%, es decir, liquidar esa deuda por la mitad. Se trata de una deuda de más de 1200 millones de dólares. El argumento, que está en los considerandos de la resolución, es insólito: dice que en tiempos de graves trastornos económicos, la seguridad jurídica es relativa. La seguridad jurídica no viene dada por el cumplimiento estricto de los contratos. Porque eso puede hacer daño. Un contrato que es bueno en tiempos de bonanza puede ser muy malo en tiempos de vacas flacas. Por lo tanto, vamos a interpretar nosotros, los funcionarios, cómo se deben administrar los contratos y los iremos flexibilizando. Esto es una pésima señal para un Gobierno que quiere atraer inversiones a un país que, como dice hoy Alberto Ades en una muy buena entrevista que le hace el semanario El Economista, es un país al que los inversores van a venir tarde y arrastrando los pies, por nuestra trayectoria. Entonces, lo que ha sucedido en el campo energético es gravísimo, no solamente por el tema de la violación del contrato, que ya de por sí es importante, sino porque ahora queda una gran incógnita respecto a quién paga los subsidios. ¿Lo va a pagar el Estado o lo va a pagar la empresa privada que produce energía eléctrica? La decisión de que tengamos energía barata, sigue siendo una decisión que el Gobierno mantiene porque se postergan los aumentos de tarifas. Es una crisis en una de las áreas más importantes que tiene la economía argentina que es la energética.

Esa decisión oficial es importante también porque el default es contagioso. Ya existe una causa en la Corte Suprema de las distribuidoras eléctricas de la provincia de Buenos Aires, de las cooperativas que distribuyen electricidad, diciendo ‘nosotros no le vamos a pagar a Cammesa así como Cammesa no le paga a los proveedores de electricidad’. Es una causa que se inició en el Gobierno de Alberto Fernández y que ahora está en manos de los jueces de la Corte. Esos jueces que hoy tuvieron la noticia de que les mandan a Lijo como compañero de trabajo.

Todo esto que tiene que ver con la administración explica que Milei piense ‘bueno, le tengo que dar otra dinámica a la gestión y tengo que poner a alguien que no va a ser el gestor de todas las áreas, que va a tratar de coordinar a los demás ministros, que es Francos’. Pero también hay una estrategia política detrás. Con la designación de Francos en la jefatura de Gabinete se sigue bloqueando la expectativa de ingreso de gente al Gobierno en un pacto con el Pro. Hay una estrategia política detrás de esta reorganización. Consiste en mirar el mapa de los partidos y fuerzas políticas, sobre todo el mapa de lo que no sabemos muy bien si es oposición u oficialismo, el mundo no peronista, y quebrarlo. Llevar al gobierno a gente de Pro. Ahí hay dos personajes que han ido solos a sumarse a las filas de Milei, a donde todavía no terminaron de incorporarse, sin pedir permiso en el partido, y los vimos en el Luna Park donde Pro oficialmente no fue invitado: Cristian Ritondo, “Pucho”, y Diego Santilli. Es un intento del Gobierno, un intento inteligente desde el punto de vista político, de pinzarle gente a Macri, como ya lo hicieron con Petri y Bullrich, que son ministros. Ya hay un flujo de gente muy convencida de que su destino está en La Libertad Avanza. Llama la atención Santilli, que era principal aliado de Larreta. Lo mismo está pensando el Gobierno respecto a algunos sectores del radicalismo, dejando a Martín Lousteau y a todo ese grupo en frente. Lo mismo están pensando respecto del peronismo. Ahí lo tienen a Osvaldo Jaldo, el gobernador de Tucumán. Lo miran al gobernador de Catamarca, a Raúl Jalil, pero no lo ven con el arrojo, la audacia como para romper y sumarse. Pero Milei está pensando en armar una alianza incorporando gente al Gobierno de otros partidos y aislando y dividiendo a esos partidos.

Todo está siendo pensando desde una lógica que a veces Santiago Caputo le explica a sus muy íntimos en estos términos: los que quieran entender cómo pensamos la política desde la Casa Rosada, lo primero es poner a la clase política, a la casta, de un lado la casta, y nosotros vamos a estar siempre discursivamente enfrente, nunca se van a equivocar. Casta allá, nosotros acá. Y después imaginen un cuadrilátero, donde hay cuatro figuras. Milei y Cristina en las antípodas, pero con dos proyectos de país en la cabeza, divergentes, opuestos. Anarcolibertarismo podríamos decir y populismo de izquierda. O populismo de izquierda y populismo de derecha. Y después otras dos figuras: Macri y Massa, que piensan en sí mismos. Ellos tienen dos proyectos personales. Esto es lo que piensan en la intimidad de la Casa Rosada y es importante saberlo para entender la conducta hacia Cristina Kirchner, hacia Massa y hacia Macri, que no debe estar contento con la huida de Santilli y Ritondo hacia las fuerzas del Gobierno.

Milei tiene la ventaja de la fragmentación de su propio campo y de una crisis crisis del peronismo, que tiene una fractura en el peor lugar para tenerla, en la provincia de Buenos Aires, que es la base territorial del kirchnerismo. Ahí se abrió una grieta. Ahí están Fernando Espinoza, Gabriel Katopodis -curiosamente ambos con problemas judiciales-. Ahí está Juan Zabaleta, ahí está Jorge Ferraresi buscando un líder que les permita ir al enfrentamiento de Máximo Kirchner. El más importante de todos es Andrés Cuervo” Larroque, que ya quebró La Cámpora. Miran a Kicillof y Kicillof dice, en un diálogo imaginario,” ¿por qué me miran a mí, si yo no me quiero pelear con Cristina?”. Si hay que enfrentar a Cristina el ejemplo de Alberto Fernández es el más desaconsejable: hay que enfrentarla en serio.

El desafío es tan grande que Máximo Kirchner salió a hacer una entrevista por primera vez en un medio independiente, una entrevista no controlada. Es una muy buena entrevista que le hizo Martín Sivak en el diario El País de España donde Máximo Kirchner, podrán gustar o no los contenidos, da respuestas muy solventes a lo que le preguntan. No se queda sin responder. Da respuestas inteligentes, desde su lógica. Es un Máximo Kirchner distinto del cliché de la Play Station. Pero importa algo: tiene que por primera vez salir, para aplacar a su grupo, para su base, a decir “acá estoy y doy explicaciones, no me quedo callado”.

Máximo Kirchner

Entre esas explicaciones habla de un tema muy interesante. Dice algo así como “la verdad que Milei frente a Pedro Sánchez tiene bastante razón. Primero porque un ministro de Pedro Sánchez, el ministro Oscar Puente de Transporte, lo trató de drogadicto. Algo tenía que decir. Y segundo porque Sánchez con nosotros no estuvo tan bien. ¿En qué tema? En el tema que más le preocupa a Máximo Kirchner, que es la relación con el Fondo.

Hay una picardía en esto de Máximo. De nuevo queda enfrentado a Alberto Fernández, que hoy es el principal abogado en la Argentina de Pedro Sánchez y de José Luis Rodríguez Zapatero. Al comienzo hubo una buena relación entre Fernández y Milei, tan buena que cuando Milei se entera de que Alberto se iría a vivir a España, le ofreció quedarse con el perro Dylan y cuidarlo.

Fernández le dijo: “No, no me voy para toda la vida, me voy un tiempo a establecer allá a mi mujer” -o a su exmujer, no sabemos-. Después vino el altercado porque Milei dijo que él tomaba champagne Cristal y Alberto Fernández le contestó de muy mala manera, irreproducible. Y finalmente aparece la pelea de Milei con Pedro Sánchez, dónde Fernández reacciona. ¿Por qué reacciona? No es porque, como dice el diario El Mundo, él es asesor de Pedro Sánchez. No. Pedro Sánchez y Zapatero le consiguieron a Alberto Fernández muy generosamente un cargo en una universidad española donde cobrará, más o menos, 5000 euros, con los cuales solventan la vida de Fabiola en España. Fabiola acaba de tener una propuesta que debe ser inquietante para su marido o su exmarido, que es hacer una serie que se llame “La Primera Dama”. Para comprar pochoclo: Fabiola volvería a su antigua profesión de actriz, volvería a las tablas. En el alineamiento Fernández-Milei, y esto explica mucho de la interna peronista, Máximo prefirió estar del lado de Milei antes que del lado de Fernández.

Máximo no se pudo definir sobre el juez Ariel Lijo, cuyo pliego acaba de ser enviado al Senado igual que el pliego de Manuel García-Mansilla. Hay mucha gente buscando el voto de Lijo, que no es la gente más amigable para el kirchnerismo. Hubo una fiesta de cumpleaños el sábado a la noche en Pilar y estaba uno de los gestores de la candidatura de Lijo, Lucas Nejamkis, hermano de Facundo, que organizaba la fiesta. Lucas es secretario privado del tenebroso Antonio Stiuso. Stiuso estaba también en la fiesta y se sentaba en la misma mesa que el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, jefe político de Martín Lousteau. También estaba el lobbista, por llamarlo de algún modo, Adrián Kochen. Y otros de los colaboradores de Stiuso, que es Guillermo Coppola. La mesa casi podría llamarse “Tabacalera Sarandí”. Ahí se habló de la candidatura de Lijo. Como consignó este lunes en LA NACION Candela Ini, uno de los que gestiona esa candidatura es Lucas Nejamkis y probablemente predice lo que va a hacer Martín Lousteau, a quien muchos radicales le están diciendo que no puede terminar con la historia del radicalismo votando por un candidato tan cuestionado por corrupción para ser juez de la Corte. Pero puede hacer incentivos que mandan más que la tradición institucional del partido.

El juez Sergio Moro junto a Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte, y el juez federal Claudio Bonadio

Problema en la provincia de Buenos Aires. Problemas en el discurso de Cristina. Lijo dice que ya tiene los votos de Cristina, los da por hechos. ¿Qué es darle los votos a Lijo? Es darle los votos a Comodoro Py. Es darle los votos a Ricardo Lorenzetti. Es darle los votos a los que Cristina Kirchner acusó de persecución: el mismo Lorenzetti, el juez Sergio Moro, que mandó preso a Lula, y el difunto juez Bonadio, que quería mandarla presa a Cristina. El pacto de Cristina con Milei, que en realidad es el pacto de Cristina con Lorenzetti, termina con la coartada del “lawfare”. Termina con la idea de que la corrupción del kirchnerismo es el producto imaginario de una persecución judicial arbitraria. Ese discurso se terminó si es que Cristina Kirchner le termina dando los votos a Comodoro Py para consagrar a Lijo. Problemas en la provincia de Buenos Aires. Problemas en el discurso. Y en el horizonte, un acuerdo que mañana va a leer explicado en un editorial del diario LA NACION “Pacto de Impunidad: Lijo en la Corte”. Hoy Milei dio un paso más en esa dirección con el envío de los pliegos.

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POLITICA

El nuevo Código Penal está en marcha y busca duplicar las penas en los casos de corrupción

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¿Cuánto cuesta robarle al Estado? Si se toma como vara las actuales penas que establece el Código Penal, la respuesta es: poco. Delitos como el enriquecimiento ilícito, la figura de la administración fraudulenta, tienen una pena máxima de seis años. El cohecho (las coimas) también, tienen una máxima de seis años, al igual que el tráfico de influencias y malversación de fondos públicos, las dádivas no más de dos años de cárcel, y la lista sigue.

Ahora el gobierno de Javier Milei espera que en tres meses la comisión que trabaja en la reforma del Código, entregue el proyecto que se enviará al Congreso. El mismo tiene un particular foco en los delitos de corrupción, duplicando la pena, agravándolas si se es ex presidente o vice, y hasta incluyendo en algunas figuras a líderes sindicales.

A lo largo de los últimos 30 años, existieron 19 iniciativas para modificar el Código Penal Argentino. Ninguno de los proyectos llegó a buen puerto. Algunos lograron avanzar un poco más en el Congreso pero nunca se logró una revisión integral. La última modificación fue hace cien años.

La comisión reformadora del Código Penal en tres meses entregará al Gobierno el proyecto que esperan logre tener el acuerdo político necesario para encaminarse a ser la nueva ley penal del país. Bajo dos resoluciones del Ministerio de Justicia de la Nación se creó este equipo de trabajo, integrado por el presidente de la Cámara de Casación Penal, Mariano Hernán Borinsky; los jueces Ricardo Ángel Basílico y Julio César Báez; los juristas Carlos Alberto Manfroni, Horacio Jaime Romero Villanueva, Fernando Oscar Soto, Valeria Onetto y Mercedes Rodríguez Goyena.

Una de las metas de la comisión es la redacción de un “único digesto, posible, lógico, moderno, acordado y con penas de cumplimiento efectivo”. En ese proyecto, aún en lápiz negro pero con un consenso amplio, hay un apartado destinado a los delitos de corrupción: duplicar las penas, incorporar figuras para agravar las mismas, incluir a sectores a los cuales ciertos delitos no los alcanza, son algunos de los lineamientos.

Las estadísticas oficiales exponen dos hechos que conviven: los plazos laxos en las investigaciones y las penas, consideradas por los expertos, muy bajas. Esta idea, según la explicación que el juez Borinsky le dio a Clarín, se entiende de la siguiente forma: “Al Estado le sale carísimo y al que lo comete le sale muy poco. Los dos extremos. Sale carísimo porque no vuelve el dinero que fue producto de un delito contra los caudales públicos porque no tenemos decomisos desde el comienzo del proceso penal. Al final del proceso, no encontrás absolutamente nada”.

El problema con los expedientes que acumulan años en Comodoro Py es la prescripción de los delitos de corrupción. “El paso del tiempo y la prescripción de la acción penal, se vincula con el máximo de la pena y si la pena es baja, prescribe antes. Por eso, hay que incrementar las penas, no sólo para evitar la prescripción, sino porque el Código Penal debe ser un eco de los intereses fundamentales de la sociedad”.

Algunas cifras permiten entender este escenario: de 1.784 causas de corrupción identificadas por las Cámaras de Apelaciones en la base de datos que administra la Corte, hay aún 391 causas se encuentran abiertas en la etapa de instrucción. De ese universo de casos, 271 (un 69,3%) llevan más de seis años en esa etapa si se tiene en cuenta el momento en el que se dio impulso a la investigación.

Otro de los porcentajes enciende las alertas en Comodoro Py: de ese número de causas aún en etapa de instrucción, 104 expedientes (un 26,6%) llevan ya más de diez años en el mismo nivel de avance.

Los delitos contra la administración pública -nombre técnico de los hechos de corrupción- los más investigados son el abuso de autoridad y el incumplimiento de los deberes de funcionario público, delito que se observa en 322 causas.

En segundo término, las denuncias se radican por la presunta comisión del delito de defraudación agravada por fraude en perjuicio de la administración pública, con 295 casos. La omisión o retardo de actos de oficio ocupa el tercer puesto con 170 expedientes, mientras que las negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública acumulan 143 casos en los que hay personas investigadas.

Las penas bajas

¿Qué nuclea a todos estos delitos? Su baja pena. Por ejemplo, José López fue el segundo ex funcionarios en décadas, en recibir una condena por enriquecimiento ilícito. Nunca logró explicar el origen de los nueve millones de dólares que intentó esconder en el convento de General Rodríguez. Le dieron la pena máxima: seis años.

Otro caso reciente. Cristina Kirchner fue condenada por haber defraudado al Estado en 80.000 millones de pesos, cuando ejerció la presidencia de la Nación a raíz del entramado que favorecía a Lázaro Báez con contratos viales en suelo santacruceño. La ex mandataria y su ex socio comercial, recibieron la pena máxima: seis años. El monto comprometido, no es un agravante.

Otro delito: el cohecho pasivo como activo, es decir, la recepción y el pago de coimas respectivamente. El actual Código Penal, le atribuye una pena que va de uno a seis años de prisión. Es una de las principales acusaciones en el caso conocido como los Cuadernos de las Coimas: la justicia investigó el circuito de sobornos que empresarios contratistas del Estado pagaban a ex integrantes de lo que fue el Ministerio de Planificación Federal.

En 2018 dos investigadores del Conicet y profesores de la UBA, determinaron que el costo de los sobornos en el expediente de los Cuadernos, podía ascender a US$ 36 mil millones, calculando un promedio de coimas del 20% en la obra pública, “en una década se perdió un 6% del PBI, similar al déficit fiscal total de hoy (por 2018)”, escribieron. No importa el monto, sino la acción y la pena máxima es de seis años, salvo que se lo concurse con otro delito.

¿Qué sucede con la malversación de fondos? Su pena es aún menor: tan sólo de tres años máximo. El peculado, la acusación que se le otorgó a Cristina Kirchner por haber usado la flota presidencial para trasladar muebles e insumos para sus hoteles de El Calafate, tiene una pena máximo de seis años. El prevaricato, por ejemplo, tan sólo una multa.

Son sólo, algunos ejemplos de un listado más extenso. El nuevo proyecto del Código Penal, busca modificar estas penas y duplicarlas en su totalidad.

Las penas aumentadas

El proyecto de Código Penal contempla un capítulo exclusivo dedicado a los delitos de corrupción de funcionarios públicos o equivalentes.

El delito de cohecho, en el nuevo proyecto, iría de cuatro a doce años. Pero si el mismo ya sea recibiendo o pagando las coimas, fue cometido por un funcionario público “se prevén penas de hasta quince años de prisión”.

El tráfico de influencias, aplicado a quienes utilizan la influencia de un puesto de poder para conseguir un beneficio económico, a través de un funcionario público, actualmente tiene una escala que va de uno a seis años de cárcel. El proyecto del nuevo Código, busca llevar ese delito a un mínimo de tres años, con un máximo de diez.

La admisión y ofrecimiento de dádivas. El proyecto establece una pena de prisión de seis meses a cuatro años. Actualmente la escala es de prisión de un mes a dos años. Por otra parte, se propone la pena de inhabilitación absoluta por el doble tiempo de la condena. Como novedad se incorpora la multa.

La acusación que pesa sobre José López, que supo tener María Julia Alsogaray, el enriquecimiento ilícito, sufrirá modificaciones de progresar el proyecto elaborado por la Comisión. La escala actual es de dos a seis años de cárcel. Se busca llevar la escala penal de 4 a 12 años , incluyendo a los titulares de las obras sociales.

La novedad en este delito que sólo recae sobre los funcionarios públicos, es que se busca que puedan ser los sindicalistas como todo sujeto obligado, investigados por esta figura penal.

En cuanto a la administración fraudulenta, es el único que mantiene su escala penal: de dos a seis años de cárcel, pero amplía la inhabilitación perpetua, es decir, no sólo se aplica contra el funcionario público sino también sobre el empleado público, constructor, empresario o vendedor de materiales, involucrado en la maniobra. Además, se le incorpora el decomiso.

Las negociaciones incompatibles, que en el actual Código tienen una sanción de uno a seis años, pasará de tres a diez años. Por otro lado, la malversación de caudales públicos que en la actualidad la ley indica que “será reprimido con inhabilitación especial de un mes a tres años, iría de uno a cuatro años de prisión.

La comisión fijó como objetivo principal la elaboración de un nuevo anteproyecto de Código Penal en el menor tiempo posible, con el compromiso de modernizar y mejorar el marco legal vigente. La otra finalidad es conducir al Poder Judicial “hacia una administración de justicia más eficiente”.

Entre otras reformas, el nuevo proyecto cuenta con un amplio consenso en otros temas centrales, como: incorporar la figura penal el terrorismo, los delitos tecnológicos, el decomiso desde el comienzo del proceso, un Código que hablará sobre violencia de género

“Un código penal debe ser un espejo de los intereses fundamentales de la sociedad actual, debe reflejar los tratados internacionales, debe buscar previsibilidad y seguridad jurídica”, indicó Borinsky a Clarín.

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