La oposición vuelve a sembrarle presión al presidente Javier Milei desde el Congreso con tres temas sensibles: la emergencia en discapacidad (que ya consiguió dictamen de comisión), la baja de retenciones y la extensión o creación de un sistema que reforme la moratoria previsional que el Gobierno dejó caer en marzo.

El martes se reunió el plenario de las comisiones de Discapacidad, Acción Social y Presupuesto y aunque se dictaminaron cuatro proyectos diferentes para declarar la emergencia en discapacidad, el tema tiene respaldo de casi todas las bancadas. De hecho, la UCR, el PRO y el MID -que se mueven como aliados de La Libertad Avanza- también firmaron proyectos.

«Las diferencias están en los costos fiscales que tienen. Algunos son más ambiciosos el nuestro tiene casi costo cero», señaló una radical.

Al igual que ocurrió cuando se consiguieron las medias sanciones de financiamiento universitario y actualización de jubilaciones, la idea es consensuar puntos medios que permitan darle luz verde en el recinto, a pesar de que el oficialismo adelanta que está dispuesto a -como hizo en esas dos ocasiones- vetar las leyes.

Una señal clara de la falta de interés del oficialismo en el tema es que el presidente de la comisión de Presupuesto, José Luis Espert, ni se presentó a la reunión que por orden del pleno -que votó el emplazamiento- debía conducir junto a sus pares. Lo reemplazó su vice, Carlos Heller, de Unión por la Patria.

Por su parte, el martes que viene vuelve a reunirse el plenario de comisiones de Previsión Social y Presupuesto que tiene mandato para dictaminar el 13 de mayo los proyectos que buscan extender la moratoria previsional que Javier Milei dejó sin efecto en marzo o al menos crear un nuevo sistema -con algunas diferencias- que lo reemplace.

Hay 21 proyectos sobre la mesa: de legisladores de Unión por la Patria, la Izquierda, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y Democracia para Siempre. También uno de la salteña del bloque federal de los gobernadores Yolanda Vega.

Los de UP y la Izquierda apuestan a extender al menos dos años más la moratoria. Las demás iniciativas, como la de Nicolás Massot, plantean una prestación que tenga una base universal y sobre eso se sume un proporcional de acuerdo a la cantidad de años de aportes que tengan aquellos que no llegan a los 30 años necesarios.

La UCR originalmente tenía la postura de buscar una jubilación proporcional a la cantidad de años de aportes. De hecho esa había sido la propuesta cuando se debatió la Ley Bases. Con lo cual, al menos un sector podría acompañar.

Sin moratoria los adultos mayores solo pueden aspirar a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) que actualmente es de $ 228 mil y se puede acceder a los 65 años. Para las mujeres, que podían jubilarse con moratoria a partir de los 60, significa un retraso del beneficio de cinco años.

Se calcula que la caída de la moratoria afecta a 7 de cada 10 mujeres y a 1 de cada 2 hombres, en un país donde casi el 50 % del trabajo está en negro.

A su vez, el radical Atilio Benedetti ya convocó a la comisión de Agricultura para el miércoles próximo y todo indica que están listos para dictaminar. Hay proyectos más ambiciosos, que eliminan directamente las retenciones, y otros que proponen una baja gradual hasta llegar a cero.

Este tema, como golpea de lleno en el interior, atraviesa a todas las bancadas. De hecho hay un proyecto de los cordobeses del gobernador Martín Llaryora, otro del PRO y otro de legisladores de Encuentro Federal y Democracia para Siempre que también firma el diputado entrerriano que responde a Rogelio Frigerio.

Lo cierto es que el tema también tiene que pasar por la comisión de Presupuesto, que preside Espert, y nunca la va a convocar por este tema. Por eso, la oposición quiere apurarse para tener el dictamen de Agricultura y en la próxima sesión -que podría ser para aprobar la emergencia de Discapacidad y los cambios previsionales- votar el emplazamiento de esa comisión. Es decir, obligarla a reunirse.

El Gobierno analiza mudar a 19 condenados por delitos de lesa humanidad de un sector de la cárcel de Ezeiza a otro penal del Servicio Penitenciario Federal que se encuentra en el interior del predio militar de Campo de Mayo.

Se trata de una prisión que funciona desde 2007 que alberga, por ejemplo, al excapellán de la Policía Christian Von Wernich y donde murieron el expolicía federal Julio Héctor Simón,​ conocido como “el Turco Julián”, torturador del centro clandestino “El Olimpo”, y el capitán Héctor Pedro Vergéz.

Organismos de Derechos humanos dijeron que el traslado implicaba darle beneficios a los 19 detenidos, por la comodidad del lugar. Sin embargo, fuentes del gobierno dijeron a que no se trata de un penal VIP, sino de una cárcel que funciona desde la época de la gestión kirchnerista, donde se alojaron a militares condenados por violaciones a los derechos humanos.

El traslado a ese penal obedece a una restructuración en la distribución de los detenidos en cárceles federales, motivada por la falta de cupos para los presos federales que son arrestados en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires.

Ese incremento se suma a un cambio en el perfil de los detenidos y condenados, donde creció la cantidad de mujeres sentenciadas por delitos graves y que tienen un alto de grado de peligrosidad, dijeron las fuentes.

La unidad 4, que es exclusivamente para mujeres ya no tiene más capacidad. Y la Unidad 31 de Ezeiza alberga a hombres y mujeres.

Pero el Gobierno decidió trasladar a los hombres y que queden solo mujeres de alta peligrosidad.

Entre los presos que serán trasladados a Campo de Mayo están los 19 militares, incluido por ejemplo, Alfredo Astiz, Antonio Pernías o Ricardo Cavallo, todos con condena a prisión perpetua.

También está entre los trasladados Rodolfo Cionchi, Alberto González, Carlos Guillermo Suárez Mason, Adolfo Miguel Donda, Jorge Rádice, y Luis Navarro.

Otros detenidos en ese penal, como es el caso del exfuncionario kirchnerista Ricardo Jaime, será traslado a otro lugar. En ese lugar de Campo de Mayo ya había alojados otros 50 militares.

El 7 de agosto del año pasado trascendió que un grupo de diputados libertarios había visitado unos días antes a los represores alojados en el penal de Ezeiza. Quienes participaron de aquella visita, que fue criticada por el resto de diputados de La Libertad Avanza y bloques opositores, fueron: Beltrán Benedit, Lourdes Arrieta, Guillermo Montenegro, Rocío Bonacci, Alida Ferreyra y María Fernanda Araujo. El grupo se encontró en Ezeiza con Astiz, Cavallo y Raúl Guglielminetti, entre otros represores.

“Fuimos a ver a excombatientes que libraron batallas contra la subversión marxista por orden de un gobierno constitucional”, había explicado Benedit, el organizador del evento, a través de un mensaje de WhatsApp que se viralizó en las redes sociales y que ratificó a . Rocío Bonacci sugirió que la visita contaba con el aval de la Casa Rosada y del presidente de la Cámara baja, Martín Menem, aunque este luego lo desmintió.